El Partido Socialista Obrero Español, que timonea este hombre como
primer secretario, no marcha hacia el Gobierno: se dirige hacia la alteración
de los esquemas políticos del sur de Europa. Dice no querer ahora carteras de
ministro ni alianzas electorales con el resto de la izquierda. Quiere la
mayoría parlamentaria para que gobierne su partido. No sólo eso. Aspira a que
un Gobierno PSOE cuente con el respaldo logístico de lo que espera sea la más
potente central sindical del país: la Unión General de Trabajadores. Si conduce
a su partido a esa meta habrá sobrepasado las nostalgias imposibles de Nenni,
las esperanzas periódicamente renovadas de Mitterrand o las dificultades
crecientes de Soares. Ahora mismo, con las elecciones sindicales, Felipe
González trata de sentar al PSOE como el primer partido de las izquierdas. A
corto plazo, en los comicios municipales, pretende cambiar por poderes
tangibles el 34 % de votos que sumó el pasado 15 de junio y que, por el momento
-según sus palabras-, sólo le sirven para que el Gobierno rechace uno detrás de
otro los proyectos de ley de su partido. Pero aun cuando exige las municipales
«ya» (porque cree que las puede ganar) asegura que no hará que un triunfo de
las izquierdas en los ayuntamientos signifique el 14 de abril de la UCD. Si se
respetan los acuerdos de la Moncloa, no buscará la mayoría parlamentaria, a
través de unas nuevas elecciones generales, hasta la primavera del 79. Martin
Prieto, adjunto a la dirección de EL PAIS, mantuvo con él esta larga
entrevista.
EL PAIS: ¿Cómo contempla usted el proceso de desamortización
del antiguo régimen durante el pasado año?
Felipe González: El año pasado y el que comienza se insertan
en un proceso cuyas fronteras no son delimitables cronológicamente. El proceso
de transición comienza antes del 77 y, presumiblemente, la consolidación ha de
prolongarse más allá del 78.
En 1977 se produjo el hecho
fundamental para la transición: las elecciones generales del 15 de junio. El
pueblo expresó su voluntad soberana, voluntad inequívoca de cambio democrático,
concentrando sus opciones en dos alternativas básicas, completadas por algunas
más de carácter secundario. La interpretación del voto del 15 de junio se hizo
desde muchos ángulos y según los intereses de los propios intérpretes. Pero, en
primer lugar, destacó el deseo de este pueblo por superar las viejas
estructuras dictatoriales y darse una estructura democrática de tipo europeo
occidental, según el proyecto ofrecido por los dos partidos que obtuvieron la
inmensa mayoría del apoyo popular.
Es un mandato legitimador para el
desmontaje del autoritarismo que recayó como obligación ineludible sobre los
grupos de representación parlamentaria que hicieron esta oferta electoral. Fue
también evidente que el pueblo no deseaba mantener la multiplicidad de siglas
que poblaban el panorama político en la primavera del 77, y, por el contrario,
se orientó hacia lo que podíamos considerar un bipartidismo imperfecto,
clarificador y eficaz. Los últimos sondeos de opinión confirman esta corriente.
Y hasta los señores Tierno Galván y Fernández de la Mora han llegado a hacer un
indirecto canto al bipartidismo en su reciente debate televisado.
EL PAIS: El PSOE continúa,
por tanto, descartando un Gobierno de concentración o de coalición.
F. G.: Nosotros tenemos
una estrategia que seguimos en varios frentes: el parlamentario, el sindical y
el municipal. Planeando sobre los tres estudiamos la lucha contra la crisis
económica como elemento condicionante del afianzamiento de la democracia. Pero
dos meses después de las elecciones y de la constitución del Gobierno de UCD,
se nos plantearon nuevos problemas que nos han obligado a complementar ese
diseño. Sobre todo la fragilidad de la coalición gubernamental, que crea una
permanente situación de crisis de Gobierno, obligándonos a pensar en un posible
vacío de poder en plazo inferior al previsto.
Pero antes de entrar en el análisis de
nuestra estrategia convendría aclarar la posición de otros partidos. El Partido
Comunista, por ejemplo, ha propugnado un Gobierno de concentración y, si esto
no fuera posible, uno de coalición entre UCD y PSOE. Para el Partido Comunista
el análisis tendría que ser necesariamente distinto, dado su escaso resultado
electoral. El Gobierno de concentración era el sustitutivo del Gobierno
provisional «previsto» para la transición, y el único instrumento de acceso al
poder del Partido Comunista. Si se consideraba un Gobierno monocolor y se
perfilaba una alternativa socialista a ese Gobierno, el Partido Comunista vería
alejarse por tiempo indefinido su acceso al poder ejecutivo, con todo lo que
ello puede implicar. Caso de no cubrir este objetivo, yo diría que prioritario,
la propuesta de una coalición PSOE-UCD permitía al PCE la ocupación de un
espacio político más amplio y más claro desde la oposición al Gobierno, cosa
que difícilmente puede realizar si el PSOE, como lo está haciendo, permanece
como partido de oposición a UCD. Como posición del PCE lo comprendo, pero no lo
comparto por razones obvias.
Pienso que un Gobierno de
concentración es, en sí mismo, la negación del juego parlamentario democrático,
por ser esencialmente un Gobierno de plenos poderes. En definitiva: a mi
juicio, si se pretende consolidar la democracia, un Gobierno de concentración
sólo se entiende como el último recurso para defenderla de un peligro inminente
y grave. La coalición PSOE-UCD, propuesta alternativa del PCE y de otros, lleva
aparejada también una cierta desnaturalización de las dos alternativas más
claras que se ofrecen ante los ciudadanos, y sólo es explicable en una emergencia.
Para nosotros, la normalización del juego poder-oposición es la mejor garantía
de estabilidad democrática.
El PSOE aspira a la mayoría absoluta y
en función de esto ha diseñado su estrategia. Tal vez en España se produzca una
quiebra del modelo del sur de Europa, posibilitando el acceso del Partido
Socialista al poder con mayoría absoluta de representación parlamentaría, y en
función de esto estamos realizando nuestro trabajo partidario.
EL PAIS: ¿Por qué el voto
particular del PSOE sobre la forma de gobierno, prevista en la Constitución
como Monarquía parlamentaria?
F. G.: En la Constitución
existen problemas de mayor envergadura que la forma de gobierno: el problerna
de las autonomías, el problema de la educación, problemas de carácter
económico, de libertades, etcétera, que afectan más a nuestras posiciones de
partido; pero, sin embargo, es más llamativo desde el punto de vista de los
medios de comunicación de masas el tema de la forma de gobierno. Nuestro
partido es republicano, eso es sabido ampliamente, pero, como hemos dicho,
aceptará la voluntad mayoritaria del pueblo. Creemos que no es posible una
democracia sin aceptar hechos de esta naturaleza, y pensamos que en el momento
histórico actual no es oportuno plantear un trauma, añadido a la transición,
como puede ser el problema de la alternativa de la forma de gobierno.
Yo creo que en el país no existe una
conciencia peculiar, definida, sobre una forma de gobierno concreta. Existe, en
realidad, un proceso de transición, que ha sido encabezado, en el sentido
etimológico del término, por la institución monárquica. Yo diría que existen
pocos monárquicos vocacionales convencidos. También diría que no existe un
republicanismo asumido por el pueblo. Sin embargo, existen unos partidos
políticos que tienen que definirse en cuanto a la forma de gobierno y definirse
por una u otra alternativa. El Partido Socialista, por su tradición, por su
historia y por su racionalidad interna, es un partido republicano, pero, al
tiempo, es un partido que tiene que vivir próximo a la realidad política. Por
consiguiente, al PSOE lo que le interesa es dejar claro y manifiesto que sigue
siendo un partido republicano y que va a seguir siéndolo, pero, al mismo
tiempo, va a respetar lo que diga la voluntad popular. Si ésta, que hoy día
indubitablemente está depositada en las Cortes, se expresa por la forma
monárquica de gobierno, el partido va a respetarlo. Al mismo tiempo no va a
hacer reivindicación permanente de la alternativa de forma de gobierno, y si la
voluntad popular es la de convertir al Partido Socialista en partido
mayoritario, estamos dispuestos a gobernar en esa situación sin plantear
problemas que no nos parece oportuno plantear ahora. Ahora bien, no se nos
puede pedir que cambiemos de forma de pensar, como hacen algunas formaciones
políticas simplemente porque conviene por razones de oportunidad.
EL PAIS: Personalmente
estima usted que el Rey ha sido un condicionante del cambio democrático.
F. G.: Sí. Eso lo he dicho
públicamente en más de una ocasión. Yo creo que el Rey ha sido un referente
triangulizador para el proceso de democratización, que ha realizado una serie
de tareas que probablemente sólo podía haberlas realizado él, que, en
definitiva ha coadyuvado seriamente al proceso de transformación democrática del
país.
Nuestra posición, por eso, no es
beligerante, es simplemente definitoria. Si nosotros no somos monárquicos no
tenemos por qué decir que somos monárquicos.
EL PAIS: ¿El PSOE irá
definitivamente solo a las municipales?
F. G.: Siendo coherente
con el diseño estratégico del partido, iremos a las municipales solos, y por
muchas razones: entre otras porque en las próximas legislativas el partido
espera lograr el suficiente número de votos como para constituirse en
alternativa política de poder. La etapa municipalista forma parte de ese
conjunto estratégico; nosotros pensamos que el partido puede afianzar su poder,
puede introducir su poder en el tejido social, a través de las municipales. En
este momento cualquier tipo de coalición en que el partido entre resta votos,
no suma votos.
EL PAIS: ¿No le interesa
al PSOE ir a las municipales solo y cuanto antes para aprovechar la polémica en
que está sumido el Partido Comunista?
F. G.: Nuestro análisis de
las municipales no tiene como referente al Partido Comunista. Acaso sí en las
elecciones sindicales, pero no en las municipales. Las sindicales van a
delimitar las relaciones de poder en el seno de la izquierda, en tanto que las
municipales van a delimitar las relaciones de poder entre izquierda y derecha.
Las prioridades de referencias de análisis en el caso de las municipales se
realizan con la UCD y con la derecha en general;, las municipales son para
nosotros el afianzamiento del PSOE ante la UCD, el combate con la derecha, pero
no guardan relación con el Partido Comunista más que en segundo plano.
EL PAIS: ¿Tiene algo que
opinar sobre la polémica levantada por Jorge Semprún con su autobiografía de
Federico Sánchez?
F. G.: Tengo una voluntad
decidida de no intervenir en esa polémica. No jerarquizamos las decisiones
hasta el extremo de impedir que los militantes hablen sobre cualquier tema,
pero es decisión de la dirección del PSOE, seria y pensada, el no intervenir
absolutamente para nada en esta polémica. Es un problema del Partido Comunista
que debe resolver el Partido Comunista.
EL PAIS: ¿Pero acaso no
era partidario antes el PSOE de resolver provisionalmente el tema de los
ayuntamientos mediante la creación de comisiones gestoras?
F. G.: En junio del año
pasado, desde cuando las elecciones generales, dijimos dos cosas absolutamente
claras. Primero, que no queríamos comisiones gestoras, y así se lo dije al
presidente del Gobierno: que no íbamos a propiciar la crisis de los municipios
para crear comisiones, y en segundo lugar que, como consecuencia de ello, para
completar el proceso democrático del país se debería mantener la promesa
gubernamental de que las municipales se celebrarían o bien a finales de 1977 o
a principios de 1978. Y hemos mantenido esa tesis hasta que en el último comité
federal estuvimos estudiando la posibilidad de un retraso pretendido por el
Gobierno en las municipales, y decidimos presionar al máximo para su
celebración. Si el Gobierno se empeña en retrasar, en demorar sine die las
municipales, si las trata de colocar en octubre, nosotros podríamos ir a la
alternativa de las comisiones gestoras, que no queremos, porque no creemos en
su eficacia. Las comisiones gestoras por representación proporcional, según el
resultado del 15 de junio, supondrían la parálisis de los municipios, con un
coste social añadido al de la crisis económica. Por otra parte, se produciría
una quiebra del modelo de cambio político general. Ha habido un problema con el
Partido Comunista, que en el Pleno del jueves pedía municipales cuanto antes, y
me parece que no hace más de un mes Carrillo pedía comisiones gestoras en unas
declaraciones a la prensa y el aplazamiento de las municipales mientras durase
el debate constitucional; curiosamente, la posición del Gobierno es coincidente
con ésta.
EL PAIS: ¿Han pensado que
un triunfo de las izquierdas en las municipales puede ser el 14 de abril de
UCD, desplazándola del Gobierno?
F. G.: No, a menos que el
Gobierno lo quiera interpretar así. Lo que la opinión pública va a pensar, y el
Gobierno también, en un análisis correcto, es que ha habido un desequilibrio de
fuerzas en favor de la izquierda y a nivel de poder local, cosa que me parece
correcta y que podría suceder en beneficio del Partido Socialista. Nuestra
actitud no es asimilar un triunfo municipal a una crisis del Gobierno. Si
conseguimos situamos en primera fila en las municipales vamos a respetar el
proceso político hasta las nuevas elecciones generales.
EL PAIS: Qué perspectivas
de triunfo ve el secretario del PSOE para la UGT en las elecciones sindicales
que se están celebrando.
F. G.: Las elecciones
sindicales son otro campo de desarrollo de nuestra táctica política, y tienen
en España un interés peculiar. No hay más que observar a los países que nos
rodean. En Portugal tenemos a Soares, con una capacidad de representación
política importante y, sin embargo, con grandes problemas en el terreno
sindical, porque no ha tenido un referente sindical de carácter socialista y
democrático. En Italia, el Partido Socialista ha dispersado su militancia sindical
en tres centrales distintas sin que haya un referente sindical claramente
socialista. Y en Francia ocurre exactamente lo mismo con la evolución de la
SFIO, y se plantea ahora una crisis de relación entre el Partido Socialista y
el Comunista, y el principal problema para la alternativa socialista de poder
en Francia no es Marchais, sino Segui.
También en España lo sindical está
ligado a lo que pase en política. Se quiera o no se quiera. Lo demás son
falsificaciones de la realidad, Entonces tenemos que hay una central comunista,
que es CCOO (aunque en ella militen algunos no comunistas), hay una central
sindical socialista, que es UGT, (aunque haya quienes no sean socialistas), y
hay otra todavía en desarrollo, que ya veremos cuál es su techo, al margen de los
partidos, que es la CNT. Puede haber otras, pero en éstas está, creo yo, la
realidad de la clase obrera.
El tiempo histórico ha superado
algunos modelos sindicales, por ejemplo del tipo de los que podrían tener una
obediencia a UCD. Históricamente, además, el movimiento obrero en España nunca
se alineó con el centro o centro derecha; por consiguiente, la batalla
sindical, como dije antes, va a definir la influencia en el seno de la
izquierda de los distintos campos ideológicos y a condicionar la alternativa de
poder. Creo que la relación de fuerzas en el movimiento obrero va a tardar en
definirse por lo menos un año, porque la cuantificación de los resultados se
hace infinitamente más difícil en el campo sindical que en el campo político.
La consolidación de las grandes
centrales empieza ahora, y durará hasta las próximas elecciones generales, y no
descartamos que la UGT, con la que no negamos, como otros, nos unen lazos
estrechos y fraternales, sea la central dominante, la mayor central del país. Y
esa es una condición ineludible para que el Partido Socialista pueda gobernar
en tanto que tal. Hay una relación de causa a efecto entre Partido Socialista
fuerte y la UGT fuerte, y viceversa.
Así como UCD tendría que empezar a
gobernar, de una vez, con el apoyo logístico de los empresarios, los
socialistas no pueden aspirar a gobernar sin el apoyo sindical.
EL PAIS: Pero sectores de
la pequeña y la mediana empresa pueden aspirar a que sus intereses también sean
representados por un Partido Socialista.
F. G.: En efecto. No se puede
hacer un planteamiento decimonónico y trazar, en una sociedad industrial como
la nuestra, un surco entre la clase obrera y la clase patronal, sin ninguna
matización. La realidad es que ahora muchos pequeños y medianos empresarios
debieran alinearse, y de hecho se están alineando, con posturas progresistas
como las que ofrece el PSOE, porque en su alternativa pueden ver mejor
defendidos sus intereses que en la de partidos de derecha. Eso es lo que ocurre
en el resto de Europa.
EL PAIS: El desarrollo de
los acuerdos de la Moncloa está suscitando serias reservas, especialmente entre
esos pequeños y medianos empresarios.
F. G.: El descontento de
este sector empresarial nos parece un problema muy grave. Ya se lo dije al
presidente del Gobierno antes del viaje a la URSS, en unos términos que ahora
quiero aclarar públicamente. Le dije que tenía noticias de que las
disponibilidades líquidas del Banco de España habían estado en octubre y
noviembre muy por debajo del acuerdo al que habíamos llegado en la Moncloa. El
presidente me dijo que esas disponibilidades líquidas no podían estar por
debajo más que un punto o dos del 17 % previsto. Luego, en la discusión de
presupuestos, recordamos públicamente en las Cortes que las disponibilidades
líquidas para octubre habían sido de 10,5 y nosotros habíamos negociado en la
Moncloa un diecisiete. Bajón intolerable e incomprensible de disponibilidades
líquidas cuando preveíamos una flotación de más o menos un punto. Y de esta
operación de restricción crediticia es responsable el Gobierno, que pone en
riesgo de desaparición a muchas pequeñas y medianas empresas. En las Cortes
dije, recientemente, que entendía que una serie de empresas tenían que
desaparecer -como se dijo por el Gobierno en la Moncloa-, lo mismo que en la
vida biológica los seres nacen y mueren, pero que entendía también que si se
aplicaba el bisturí con excesivo rigor, no sólo iban a desaparecer las empresas
que tenían que morir, sino otras muchas rentables y útiles para el país.
Si la banca no recibe el dinero
previsto del Banco de España corta la corriente crediticia, diga lo que diga la
gran banca, a la empresa que no dependa de ella. Porque es cierto que existen
circuitos privilegiados de crédito. El modelo económico de este país ha llevado
a muchos bancos a quedarse con la propiedad de parte o la totalidad de muchas
empresas. Y cuando son propietarios de una gran empresa, no pueden dejarla caer
por dificultades financieras. El Estado no puede desamparar a las empresas que,
pese a ser rentables, se encuentran en dificultades. En Italia existe lo que se
llama «sanatorio de empresas», a las que el Estado apoya con créditos
especiales. Incluso las empresas que tienen que desaparecer deben disponer de
un plazo previsto por el Estado para que su hueco sea cubierto por nuevas
inversiones que compensen el coste social de los cierres. Este es el aspecto
más peligroso de los fallos que se producen en los acuerdos de la Moncloa;
esperamos que sean corregidos y mantendremos una presión constante sobre él y sobre
otros, como pensiones, cierre de abanicos salariales, etcétera.
EL PAIS: Dado el
detrimento que ha sufrido la vida parlamentaria, ¿era totalmente necesaria la
suscripción de los acuerdos de la Moneloa?
F. G.: Totalmente necesario en
política no hay casi nada. Hay co sas que se ven más convenientes o menos
convenientes. Los acuerdos eran necesarios por la crisis económica que
atravesamos. Lo que ocurre es que el pacto de la Moncloa no debería incidir
para nada en la vida parlamentaria. Se están produciendo cosas muy curiosas,
que tal vez constituyan el diseño táctico del Gobierno. El Gobierno trata de
realizar una política de consenso en materias específicas del ejecutivo, y, a
la vez, está segando permanentemente la iniciativa parlamentaria de todos los
grupos parlamentarios, porque quien únicamente lleva proyectos de ley que se
admiten es el Gobierno (que, para colmo, aún no es Gobierno estrictamente
parlamentario). De alguna forma, en el modo (no digo en la representación,
porque detrás de sí tienen sus votos), este es un Gobierno que sale de las
instituciones del pasado.
EL PAIS: ¿Pedirá el PSOE
nuevas elecciones legislativas inmediatamente después de que sea aprobada la
Constitución?
F. G.: Ya dijimos que la tarea
de estas Cortes consistía en hacer la Constitución y después disolverse para
unas nuevas elecciones legislativas. Mantenemos esa posición pese a que algunos
dudaban de que lo hiciéramos por estar ahora bien colocados numéricamente en el
Congreso. La mantenemos, y con rigor. Con ello quiero decir que si la
Constitución se refrenda a mitad de este año, creo que las legislativas deben
ser convocadas después. Tal vez no se deben de producir en 1978, porque
acumularíamos elecciones sindicales, elecciones municipales, el referéndum
constitucional y las nuevas elecciones legislativas; y, además, creo que si el
Gobierno está decidido a llevar adelante los acuerdos económicos, hay que dar
un plazo de tranquilidad al país, en 1978, para ver cuál es el resultado de
esos pactos a los que se llegó en la Moncloa. Por tanto, en el PSOE prevemos
que las elecciones generales se podían y se deberían realizar tras la nueva
Constitución, en la primavera de 1979, entre otras cosas porque las Cortes
habrían ya realizado una serie de proyectos de ley de carácter fundamental para
la vida democrática, de tal forma que no sólo tendríamos el cuerpo
constitucional, sino algunos complementos de ese cuerpo constitucional.
EL PAIS: ¿Cómo cree que se
está desarrollando el proceso autonomista en el Estado?
F. G.: Las preautonomías sólo
cubren un espacio político simbólico. No se puede pretender que funcionen como
instituciones montadas sobre auténticos estatutos autonómicos. Esa es una
primera aproximación al tema. Cataluña es un caso muy especial. Cataluña ha
tenido un desarrollo autonómico muy peculiar, en el que el Gobierno ha sido el
protagonista. Y eso ha sido un buen caldo de cultivo para que otras regiones
buscaran recuperar las instituciones autonómicas perdidas o a las que aspiraban,
aun cuando fuera a los niveles simbólicos en que ahora se están concediendo.
Pero el Gobierno ya no ha tenido tanta iniciativa en la evolución de más
preautonomías. El tema de las autonomías habría que descargarlo del contenido
demagógico que está empezando a adquirir hoy, y que puede ser peligroso-, las
autonomías hay que afrontarlas con mucho rigor. El proceso autonómico español,
que es un proceso desde un Estado central a un Estado descentralizado, que
quiere encarar una estructura federativa e, incluso, a muy largo plazo una
estructura federal, va a implicar un desarrollo histórico que debe marchar
paralelo al de la conciencia colectiva de los pueblos y que no se puede
utilizar gratuita y demagógicamente.
Se habla mucho ahora de los problemas
económicos de las autonomías, que es un asunto muy serio, pero señalaría otro
que nunca se toca: el de las burocracias. De qué se trata, ¿de mantener una
superburocracia centralista como la que existe y añadirle un montón de
burocracias en cada institución autonómica? La descentralización significa,
entre otras cosas, la reducción del aparato macrocéfalo del Estado, la
distribución de la burocracia centralista en todas las entidades autonómicas y,
en modo alguno, la multiplicación de las burocracias que haría ineficaz el
funcionamiento central y el autonómico. Esto hay que planteárselo con más
altura histórica y no como una varita mágica que hoy me da una preautonomía y
mañana una autonomía. Porque, ¿qué van a hacer los presidentes de las
preautonomías en la mayoría de las regiones españolas? ¿Con qué poderes van a
contar? Con muy pocos, pero un planteamiento demagógico puede hacer recaei-
sobre esos presidentes una serie de reivindicaciones que los conviertan en los
eternos denunciantes y exigentes del poder central, o se van a ver acosados por
la frustración de la opinión pública.
EL PAIS: Uno de los
«escándalos abiertos» y nunca aclarados de este país es el de Radiotelevisión
Española. ¿Porqué participa el PSOE en un Consejo Rector de RTVE en el que
todas las decisiones serán tomadas según lo que dice la mayoría de UCD?
F. G.: Hacer la crítica de
lo que esRTVE es un tema manido. El problema reside en qué se puede hacer en un
razonable plazo de tiempo. Pero antes quiero explicar cómo nació el Consejo
Rector. En la negociación de la Moncloa se habló de un organismo paritario
Gobierno-Parlamento; se negoció al final y se redactó rápidamente, en el
entendimiento de que se iba a respetar el espíritu de lo que allí se había
dicho. El Gobierno, en su propuesta verbal, decía que quería sumar a ese
Consejo los técnicos que fueran responsables desde la administración de los
servicios de RTVE que pudieran dar respuesta a todos los problemas que se
plantearan dentro del nuevo organismo. A eso se le ha dado la vuelta tratando de
convertir al Consejo Rector en un organismo deliberante que toma decisiones por
mayoría. En principio, aun aplicando estrictamente la letra de los acuerdos de
la Moncloa, el Consejo Rector tiene misiones muy específicas; no es un
organismo decisivo en RTVE, ni siquiera con vendría, diría yo, que fuera un
organismo decisorio de RTVE, por que se llegaría a un modelo de carácter
italiano en que cada parti do se reserva un cierto derecho de veto sobre las
informaciones o los programas.
El Consejo Rector tiene una función
prioritaria: la redacción del estatuto que debe ser ofrecido a la comisión
parlamentaria correspondiente para que, después de las discusiones normales del
Parlamento, se convierta en el marco de trabajo de RTVE. Hay experiencias muy
buenas como modelos a estudiar. Por ejemplo, las televisiones inglesa y
holandesa. En la holandesa hay una cierta disponibilidad de espacio para los
partidos en función de su representación parlamentaria. En la inglesa no se da
esa posibilidad, pero, en cambio, tiene un grado de calidad y objetividad
informativa muy importante.
Pero, entre tanto, hay que entrar a
saco en RTVE para saber qué pasa allí, en ese organismo que permanece sumido en
la más absoluta confusión. Estamos dispuestos a proponer que cada reunión del
Consejo Rector dé lugar a un comunicado extenso, que pase en la propia TVE,
Sobre el orden del día, temas discutidos y acuerdos o desacuerdos producidos.
Si eso es vetado por la mayoría de UCD, entonces estamos dispuestos a decirlo
en otros medios de comunicación de masas, incluso a salirnos del Consejo y a
decir «señores, esto es lo que pasa en RTVE».
EL PAIS: ¿Qué valoración
hace el PSOE de la actitud de la Iglesia en el cambio de régimen?
F. G.: Es evidente que en
los últimos veinte años, el conjunto de la Iglesia católica se ha ido
despegando de la dictadura, y en parte la ha combatido hasta llegar a una
situación curiosa. Es el único sector institucional que, profundamente ligado
en sus orígenes al régimen actual, ha logrado recuperar su imagen sin suscitar
una sola crítica en los medios de comunicación de masas por su pasada ligazón
con la dictadura. Ahora, dos años después de la muerte del general Franco, ante
la nueva Constitución en redacción y los problemas que plantea la sociedad
española, en cambio -como la educación-, se han empezado a suscitar algunas
cuestiones.
A nivel constitucional, la
aconfesionalidad del Estado, que algunos pretendíamos incluir en el texto,
suscitó una reacción crítica, pero comprensible, por parte de la Iglesia.
Yo estoy dispuesto a admitir que
declarar la aconfesionalidad del Estado o su laicidad puede ser interpretado
como un arcaísmo en una Constitución de nuestro tiempo. Pero es innegable que,
teniendo en cuenta el pasado histórico de nuestro país, esta declaración
serviría para garantizar la separación efectiva de la Iglesia y el Estado y, al
mismo tiempo, para poner de manifiesto nuestra voluntad de respeto a la
libertad de conciencia.
