La Junta Militar argentina dio a conocer ayer lo
que será su "última" declaración sobre los desaparecidos y la guerra
sucia. Tras reconocer que, en un marco "casi apocalíptico" de la
lucha contra la guerrilla, pudieron cometerse errores que quedan sujetos al
juicio de Dios y a la comprensión de los hombres, dio por muertos a todos
aquellos ciudadanos desaparecidos (incluidos los niños) que no estén exiliados
o no figuren en las actuales listas de detenidos. El rechazo político y social
ha sido unánime e indignado.
Fue a las
diez de la noche del jueves (tres de la madrugada del viernes en Madrid), con
las calles de Buenos Aires vacías, cuando los canales de la televisión
comenzaron a emitir en cadena la "definitiva" acta institucional de
la Junta Militar sobre la guerra antisubversiva y la suerte de los
desaparecidos. Durante 45 minutos, una voz masculina leyó el documento militar
sobre un vídeo-montaje con imágenes relativas al terrorismo urbano y la
guerrilla en la provincia de Tucumán, fundidas con planos subliminales de
trabajadores agrícolas e industriales trabajando bajo la paz de las armas.Como
en una broma macabra o, cuando menos, en un alarde de imprevisión, el documento
fue leído el mismo día en que las madres cumplían sus seis
años de patética presencia en la plaza de Mayo. Acompañadas de algún sacerdote
y algún fraile y de miembros de otras asociaciones humanitarias, marcharon a
primera hora de la tarde portando grandes reproducciones fotográficas de sus
parientes desaparecidos, hacia su cita de todos los jueves con la plaza.
Los
aparatosos motoristas de la policía federal intentaron dificultar su marcha, y
cuando fueron increpados de palabra y a paraguazos, recibieron orden por radio
de retirarse. Posteriormente, en la plaza hizo acto de presencia, a pie y de
paisano, el general Sassiain, jefe de la policía de Buenos Aires, quien tuvo
que refugiarse en su auto, insultado y apedreado con la gravilla de los
jardines. Bajo una lluvia inmisericorde que anegaba la ciudad, las madres permanecieron
más de una hora ante la Casa Rosada reclamando a gritos a sus hijos.
La reacción
más dura ha sido la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos:
"La Junta Militar", afirman sus responsables, "en un vano y
soberbio intento de poner punto final al grave problema de la violación de los
derechos humanos, ha producido un informe en el que desprecia la vida al no dar
respuesta sobre el destino de miles de detenidos-desaparecidos entre los que se
encuentran cientos de niños. La Junta Militar falta a la verdad porque pretende
que en el país hubo una guerra sucia, mientras existen innumerables
pruebas que nos permiten afirmar que el 82% de los desaparecidos fueron
secuestrados de sus hogares, en la vía pública o en sus lugares de trabajo y
ante testigos".
Dirigentes
del Centro de Estudios Legales y Sociales imputan a la Junta "cobarde
ocultamiento de sus crímenes" y "ausencia de hombría para afrontar la
verdad". Las madres preguntan: "Secuestrar, ¿es un
acto de servicio?; torturar, asesinar, mentir, ¿son actos de servicio?".
Las abuelas de la plaza de Mayo sentencian: "Si se acogen al juicio de
Dios es que están pensando en el infierno".
Con mayor
moderación verbal, pero idéntica energía, destacados representantes del
peronismo, radicales, intransigentes y desarrollistas rechazan el documento por
insatisfactorio y reconocen todos que éste no puede ser el punto final del
drama argentino, y que el juicio de Dios deberá ser completado, aquí en la
Tierra, por el juicio de la justicia democrática argentina.
Los puntos
del documento
Los puntos
principales de la larga exculpación militar son los siguientes:
1. "Las
Fuerzas Armadas asumen la cuota de responsabilidad histórica que les compete
frente a la nación en el planeamiento y ejecución de las acciones".
2. "La
República Argentina, a partir de mediados de la década del sesenta, comenzó a
sufrir la agresión del terrorismo, que intentaba hacer efectivo un proyecto
político destinado a subvertir los valores morales y éticos de la inmensa
mayoría de los argentinos".
3. "La
infiltración en el aparato del Estado abrió el camino para que a partir del 25
de mayo de 1973, con la asunción del Gobierno constitucional, los grupos
terroristas abandonaran la clandestinidad e iniciaran el ataque al poder".
4.
"Miembros activos de las organizaciones terroristas ocuparon posiciones
relevantes en el Gabinete nacional y en los Gobiernos provinciales, en el
Congreso y en el poder judicial. Ni las organizaciones religiosas estuvieron a
cubierto de esta infiltración".
5.
"El año 1976 marca la máxima escalada de la violencia. Los secuestros
llegaron a 600 y los asesinatos a 646, con un promedio de dos víctimas diarias
del terrorismo".
6.
"Entre 1969 y 1979 se registraron 21.642 hechos terroristas. Esta cifra
guarda relación con la magnitud de la estructura subversiva, que llegó a contar
en su apogeo con 25.000 subversivos, de los cuales 15.000 fueron
combatientes".
7. "En
ese crucial momento histórico, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el
Gobierno constitucional para enfrentar a la subversión por medio de un decreto
que ordenaba 'ejecutar las operaciones militares necesarias para neutralizar y
/ o aniquilar a los elementos subversivos que actúan en la provincia de
Tucumán' y 'ejecutar las operaciones militares y de seguridad necesarias a
efectos de aniquilar a los elementos subversivos en todo el territorio del
país'".
8.
"En este marco, casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede
en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a
los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en
cada conciencia y a la comprensión de los hombres".
9.
"Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de
desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los
efectos jurídicos y administrativos, se consideran muertos, aun cuando no pueda
precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la
ubicación de sus sepulturas".
