31/1/84

Enfrentamientos entre los peronistas mientras esperan el regreso de 'Isabelita' (31-1-1984)

En un clima de abierta confusión ideológica y de disensiones personales han comenzado las reuniones y discusiones públicas del Movimiento Justicialista para encontrar algún tipo de organización interna antes del regreso, en febrero, de María Estela Martínez de Perón.El pasado viernes, los delegados de Buenos Aires se autoconvocaron y destituyeron a los congresistas elegidos por su partido y circunscripción, rechazando abiertamente la autoridad de Lorenzo Miguel, primer vicepresidente del justicialismo y líder de su brazo sindical.

La decisión de los peronistas porteños ha sido recliazada por la dirección del partido como contraria a los estatutos internos, pero puede provocar por simpatía una explosión análoga en el peronismo bonaerense, dirigido por el cuestionadísimo Herminio Iglesias.

Carente el justicialismo de dirección visible, hoy se reunirá su consejo nacional -es decir, los representantes de la Confederal General del Trabajo (CGT) unificada, el consejo federal, los gobernadores y los representantes de sus senadores y congresistas- para intentar encontrar una línea de acción coherente.

Tres meses después de su derrota histórica en las urnas, los peronistas no han procedido aún al menor análisis de su fracaso, y ni uno solo de sus dirigentes ha dimitido. Miguel Unamuno, ex ministro peronista de Trabajo y una de las personalidades solventes del justicialismo, reconoce la probabilidad de que se produzcan escisiones en el peronismo y admite que la llegada de la viuda de Perón para conducir el movimiento y el partido "marcará el epicentro de la crisis".

Algunos diputados del bloque justicialista se están raoviendo entre telones para empqjar al partido hacia una explícita opción socialdemócrata. Su situación, por el momento, es de debilidad al estar controlado el peronismo por su extrema derecha y en las vísperas de la llegada de una persona tan ideológicamente reaccionaria como Isabelita, contraria a una ley del divorcio o a que las mujeres compartan con sus maridos la patria potestad sobre sus hijos.

Pero el análisis de este grupo de congresistas del justicialismo parece bastante realista: si el peronismo se enquista en su derecha más obtusa, el radicalismo encontrará el camino libre para continuar triunfante su desplazamiento hacia la izquierda moderada y las masas juveniles en las que basó su triunfo de octubre.

Esta semana será, por lo demás, decisiva en el pulso radical-peronista por la reforma del Código de Justicia Militar y el debate por la ley sindical. El Senado aprobará previsiblemente la primera ley, acaso a trueque de que los radicales rebajen sus pretensiones democratizadoras y de control público sobre los sindicatos. De este tenor será el trabajo legislativo hasta dentro de dos años, en que se renueven la mitad de las cámaras: un toma y daca entre el Congreso, de mayoría radical, y el Senado, de preponderancia peronista.

30/1/84

Un general retirado critica duramente a las juntas militares argentinas (30-1-1984)

El ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea durante la presidencia del teniente general Alejandro Lanusse, brigadier mayor retirado Carlos Alberto Rey ha formulado a varios medios de comunicación severas críticas contra sus camaradas de armas que dirigieron el país desde el golpe de 1976.Subraya el brigadier la obviedad de que la dictadura argentina cometió notorios abusos en su lucha contra la subversión y destaca que bajo las presidencias de hecho de Juan Carlos Onganía y Lanusse se combatió el terrorismo con la ley en la mano. Acerca de la política económica seguida por sus conmilitones recuerda que en el 1973 la deuda externa argentina sólo ascendía 6.000 millones de dólares, contra los más de 40.000 millones actuales.

El brigadier Rey, miembro de la comisión Rattembach que analizó la guerra de las Malvinas y' recomendó la pena capital para el ex presidente Leopoldo Galtieri y el almirante Jorge Anaya, se extiende sobre todos los errores profesionales y políticos, cometidos por la última Junta Militar en relación al archipiélago. Resta importancia estratégica al mismo y denuncia que cada arma actuará individualmente según sus propios puntos de vista. Es particularmente duro para con la Armada, que rehuyó el combate ante la amenza de los submarinos nucleares británicos.

Sus declaraciones cobran especial relieve al ser el primer alto jefe militar argentino que tras las elecciones ha salido al paso de otras palabras pronunciadas por el ala dura de las Fuerzas Armadas en el sentido de que no hubo represión inmoderada en Argentina.

La macabra realidad de cada día ofrece evidencias de notorias monstruosidades cometidas durante el mandato de las dos primeras juntas militares. Las autoridades municipales de Córdoba investigan el enterramiento de más de 600 personas en el cementerio de San Vicente entre 1976 y 1977, bajo el epígrafe NN (Ningún Nombre), mientras la intendencia de La Plata (capital de Buenos Aires) hace lo propio con 240 enterramientos NN en su cementerio entre 1976 y 1978.

No obstante son ya numerosos los testimonios solventes de que fue práctica común arrojar a los detenidos desde aviones de transporte militar a las aguas del río de la Plata o al Atlántico Sur.

28/1/84

Alfonsín sale al paso de supuestos planes para desestabilizar la democracia argentina (28-1-1984)

Tenemos que salir de esto como de una guerra, y tenemos que comprender que si bien es cierto que la sangre quedó atrás, que las lágrimas deben quedar atrás, el sudor nos espera en adelante a todos los argentinos, y sin excepción". Con un visible tono de indignación, el presidente argentino, Raúl Alfonsín, pronunció estas palabras en un acto oficial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, saliendo al paso de las noticias solventes sobre planes desestabilizadores a plazo medio que estarían fraguando en Uruguay militares en retiro y miembros destacados de la oligarquía agrícola-ganadera.

El diputado peronista por el Chaco Adam Pedrini, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, denunció a los medios de información la celebración de reuniones conspirativas en Punta del Este (exclusivo balneario uruguayo) entre militares retirados de alta graduación y banqueros y empresarios ligados a la política monetarista del ex ministro de Economía del proceso militar, Martínez de Hoz.La información hecha pública por el diputado peronista fue oficiosamente avalada por fuentes gubernamentales. Se trataría de un plan de agitación social y económica susceptible de generar en dos años el suficiente descontento popular como para propiciar un nuevo golpe de Estado. La sociedad argentina no parece en modo alguno proclive a nuevas aventuras de este tipo, pero el cúmulo de intereses cooperativos y económicos en juego es del suficiente porte como para que ya sus representantes hayan comenzado a cavar la fosa radical.

Con secas y duras alusiones a los "tecnócratas del fracaso", Alfonsín denunció "las secuelas intelectuales del autoritarismo que no conciben que pueda existir un plan económico sin que se piense que todo el esfuerzo para la re construcción de la economía debe recaer sobre los sectores más desvalidos; que suponen que no hay un plan económico serio si no se condena a los desposeídos al infraconsumo, si no hace que los sectores del trabajo se aprieten el cinturón, y si condenan la disminución del salario o el desempleo".

Otras conspiraciones justifican la destemplanza del presidente Alfonsín. Las débiles negociaciones hilvanadas entre radicales y peronistas para sacar adelante una ley regularizadora del sindicalismo ya han saltado por los aires al oponerse el justicialismo a "veedores estatales" en los sindicatos para controlar sus finanzas y su proceso democratizador. Al tiempo, las dos CGT (Confederación General del Trabajo), lideradas por Jorge Triaca y Saúl Ubaldini, han acordado su unificación mediante una dirección conjunta provisional que desaparecerá en tres meses para dar paso a un secretariado único.

Los senadores peronistas, por su parte, están poniendo serios obstáculos para la aprobación en su cámara del proyecto radical -ya aprobado por el Congreso- de reforma del Código de Justicia Militar. Pretenden ahora ir más allá del posibilismo radical y exigen que los delitos presuntamente cometidos contra civiles por parte de militares sean vistos por la jurisdicción ordinaria. La realidad es que el bloque parlamentario justícialista está poniendo todo tipo de trabas al paquete legislativo radical para poder negociar desde una posición de máxima fuerza la ley sindical que les permita mantener las riendas de los gremios.

25/1/84

Los militares involucionistas argentinos consideran una traición el acuerdo sobre Beagle (25-1-1984)

Veinticuatro horas antes de la firma en el Vaticano del compromiso de paz por el canal del Beagle entre Argentina y Chile, el canciller Dante Caputo dirigió un mensaje radiotelevisado a sus conciudadanos. Afirmó que Argentina sólo tenía tres opciones: la firma de este compromiso; la congelación de las negociaciones, que a largo plazo lesionarían los intereses argentinos, y una solución militar, a la que el Gobierno radical renuncia expresa, firme y tajantemente. La población ha recibido con tranquilidad este acuerdo, que sólo provoca repulsa en los medios más caracterizados de la reacción militar.El pueblo argentino, perdido en sus propios y graves problemas jurídicos y morales, ha acogido el compromiso con apacibilidad. La vieja inquina territorial argentino- chilena, alimentada por el militarismo de las dos vertientes de la cordillera, ha perdido fuerza ante los dramas internos que vive cada pueblo. No obstante, el general retirado Luciano Benjamín Menéndez (tío del general que rindió las Malvinas) afirmó recientemente que las tres islas australes en litigio debían haber sido ocupadas por la fuerza. "Como las Malvinas", se le replicó.

Para el almirante retirado Isaac Rojas, ex vicepresidente provisional de la nación, el acuerdo vaticano es una traición a la patria, y es obvio que en los cuarteles la proximidad de una paz con Chile mediante renuncia a la soberanía de las tres islitas del Beagle no será bien recibida. La bestia parda del patrioterismo argentino no es el Reino Unido (al que admiran), sino Chile (al que desprecian), y los juegos de la guerra mejor elaborados por el ejército de tierra y la aviación siempre estuvieron destinados a partir a Chile en dos a la altura de Santiago, forzando los pasos de la cordillera con un coste argentino estimado en 50.000 bajas.

La clase política, los intelectuales, los estudiosos del problema, han recibido gratamente la noticia del compromiso de paz. Saben bien que las tres islas en litigio nunca fueron argentinas y que en toda esta teoría de despropósitos heredados de la inexacta delimitación colonial española hay que poner una pizca de sentido común.

En tres meses, según fuentes radicales, Chile y Argentina firmarán un tratado de delimitación aceptable para ambas partes y favorecido por la tecnología espacial, que estima que la plataforma continental de las tres islas carece de petróleo.

24/1/84

El general Ramón Camps será el primer militar argentino al que se juzgue por torturas (24-1-1984)

El pasado fin de semana los diarios argentinos publicaron edictos del Ministerio de Defensa instando a la población a aportar pruebas, documentos, evidencias que puedan consolidar el informe del fiscal militar en contra de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país desde 1976, y procesadas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos a los detenidos y desaparición de personas.

Todos los pasos formales previos han sido dados para el inicio de los juicios sumarios contra los tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Isaac Jorge Anaya y los brigadieres mayores del Aire Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.Los nueve se encuentran en Buenos Aires y sólo Massera se halla detenido por un supuesto delito ajeno a esta causa. Todos ellos se reunieron recientemente en el apostadero naval de El Tigre (en el nacimiento del río de La Plata), donde se encuentra preso Massera, para elaborar una estrategia común de defensa que pivotará sobre el hecho de que el Gobierno constitucional de Isabel Perón les ordenó "combatir la subversión hasta su aniquilación final".

Aquella orden fue firmada por el entonces presidente provisional de la nación, Ítalo Argentino Lúder, presidente del Senado y reciente candidato presidencial peronista, ante una enfermedad de los nervios de la presidenta.

Se espera que en esta semana comiencen los interrogatorios de los nueve implicados, pero dentro del sigilo con que actúa la justicia castrense se tiene por más probable que se active la causa seguida ante la misma corte contra el general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, encausado, igual que las tres juntas, por un decreto del Gobierno radical.

Causa muy avanzada

La causa contra Camps, quien alardea de haber hecho desaparecer a 5.000 personas, haber cambiado la identidad civil de hijos menores, de supuestos subversivos e, implícitamente, de haber practicado la tortura a escala industrial, se encuentra más avanzada que la de los nueve triunviros.

Entre los muchos cargos documentados en contra del general Camps se cuentan las declaraciones de Jacobo Timermann y las de Alfredo Bravo, actual subsecretario para la Actividad Docente en el Ministerio de Educación.

Timermann, quién acaba de regresar a Argentina, ha invertido buena parte de su tiempo en rastrear el chupadero boanerense en el que fue torturado. (En la jerga militar, chupar significaba proceder a la desaparición de una persona, y chupadero, una de las miles de cárceles clandestinas.) Lo ha encontrado en unos locales abandonados de la policía de Buenos Aires en los que ya había comenzado a trabajar la piqueta de demolición. El testimonio de Timermann es definitivo para la suerte del general Camps.

No menos importante es el del maestro Bravo, ahora subsecretario de Educación. Militante radical preocupado por la defensa de los derechos humanos, fue chupado y sometido a simulacros de fusilamiento.

El general Camps, ya en su retiro, preso desde hace una semana por orden del presidente Alfonsín, no alcanzó el grado de divisionario por desdén de sus camaradas. Herido en su amor propio y un punto enloquecido, parece, por sus declaraciones públicas, querer encabezar gallardamente toda la barbarie de la represión.

Hasta ahora ni se excusa ni apenas niega sus supuestos crímenes. Aduce que aquella fue una guerra, y pertenece a la raza de militares que creen que en la guerra todo está permitido para obtener la victoria. Su proceso será una prueba para el encausamiento de sus camaradas de mayor graduación.

Camps, como jefe de la policía bonaerense, dependía directamente del comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Suárez Mason, y éste, a su vez, del teniente general y ex presidente Jorge Rafael Videla.

20/1/84

Alfonsín encarcela por decreto al general Camps, responsable de 5.000 desapanciones (20-1-1984)

Por el decreto ejecutivo 280 firmado por el presidente Raúl Alfonsín, el Gobierno argentino ha ordenado la prisión preventiva y el procesamiento del general retirado Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires y autor confeso de la desaparición de 5.000 ciudadanos, secuestro de niños, cambios en su identidad civil y apologista de la aplicación de tormentos a los detenidos.

Camps, que ya se encuentra preso en un Regimiento de Infantería bonaerense, será también enjuiciado ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el más alto tribunal militar. Camps fue el torturador del propietario y director de La Opinión, Jacobo Timerman. En el mismo regimiento en el que ya se encuentra detenido el general Ramón Camps, les fue tomada a él y al teniente general Jorge Videla declaración por un juez federal a cuenta de sus presuntas responsabilidades en la desaparición de un ciudadano en 1977.El solapamiento de las causas incoadas por el Gobierno ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con las promovidas por los particulares ante la justicia civil está provocando esta monumental confusión, excelente caldo de cultivo para cualquier extremismo y para cualquier provocación. Todo este rigodón de comparecencias y huidas militares ante la justicia civil, retrasos en la administración de la justicia castrense, pequeñas batallas campales a la salida de los tribunales, sólo favorecen a la extrema derecha y al grueso de los militares involucrados en crímenes contra la humanidad que desean alimentar la imagen de uña Argentina democrática sumida en un caos jurídico y revanchista y al borde de los tribunales populares.

El presidente Alfonsín aprovechó el primer aniversario de la muerte del doctor Arturo Illía (el presidente radical depuesto en 1976 por el teniente general Juan Carlos Onganía) para celebrar un funeral cívico y laico en el cementerio de La Recoleta, donde yace. Frente a su tumba pronunció un energico discurso repartiendo admoniciones por doquier. Condenó los golpes de Estado, reputándolos de uno de los crímenes más graves que se pueden cometer contra la patria y defendió el Estado de derecho como base imprescindible para conseguir paz y justicia para todos. "No sólo", afirmó, "hay que hacer un buen Gobierno, también debemos hacer docencia democrática alejando ya para siempre los fantasmas de la inestabilidad. Por encima del acierto o el error, lo que hoy nos interesa es una lucha permanente por el Estado de derecho. ¿Qué tiene que ver la democracia", se preguntó, "con el atentar contra ciudadanos que van a prestar declaración?". Refiriéndose a las declaraciones involucionistas de militares retirados, dijo que "como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pondré como límite a los militares en retiro la barrera del Código Penal".

19/1/84

Linchamiento frustrado del general Menéndez en Buenos Aires (19-1-1984)

Una cierta inconsciencia de la fragilidad de la democracia argentina, más elevadas dosis de provocación involucionista están caracterizando el bochornoso verano porteño.Bandas de rufianes están convirtiendo Mar del Plata (la ciudad atlántica de veraneo de la burguesía media argentina) en una continua batalla nocturna, a duras penas reprimida por la policía federal, y los incidentes a las puertas del Palacio de Justicia o del Congreso a la salida de los militares declarantes han alcanzado su cota máxima con las agresiones del martes contra el general Luciano Benjamín Menéndez.

El general Menéndez es tío del general que rindió las Malvinas e hijo de otro general Menéndez que en 1951 intentó infructuosamente sublevarse contra el régimen constitucional presidido por Juan Domingo Perón.

Luciano Benjamín Menéndez comandó el tercer cuerpo de Ejército (Córdoba, en el centro del país) durante los primeros años de la presidencia militar del general Jorge Videla. Cabeza visible de loshalcones castrenses, pasé al retiro tras intentar derrocar al presidente Roberto Viola.

Recientemente, Menéndez formuló declaraciones a la Prensa túdando de terroristas y subversivos a quienes, exceptuados el presidente y los congresistas, hablaban de excesos militares en la represión. El Congreso le citó el martes.

Cuando se disponía a abandonar el Congreso, una multitud hostil bloqueó la puerta. "Si la Cámara no garantiza mi libertad, me abro paso a sablazos", dijo a los diputados que le acompañaban.

¡Cobarde, asesino, torturador!

Desde fuera le voceaban: "Cobarde, asesino, torturador, sal a la calle solo". Su escolta personal se abrió paso a puñetazos hasta los coches; dentro de ellos exhibieron sus pistolas y las amartillaron; una lluvia de piedras destrozó los parabrisas de los autos. En el límite del linchamiento llegó al Congreso la Guardia de Infantería, con tanquetas, y un comandante dio una sola orden: "Peguen". Diputados, periodistas, guardaespaldas, revoltosos, curiosos, rodaron por los suelos en una pequeña pero sumamente enérgica batalla campal en el centro de la ciudad, afortunadamente saldada con sólo siete detenidos; tres de ellos, heridos por apaleamiento, navajazos o gasolina en los ojos. El general Menéndez pudo abandonar el Congreso en otro automóvil.Éste es el clima, en el que ahora ha trascendido que el sábado pasado el presidente Alfonsín, junto al ministro de Defensa, Raúl Borrás, se reunió en Campo de Mayo con los nuevos jefes de las fuerzas armadas en un almuerzo ofrecido por el presidente. Nada se informó sobre la reunión, pero fuentes militares han filtrado la preocupación expresada a Alfonsín por los jefes de Estado Mayor de cada arma por las investigaciones sobre la lucha antisubversiva.

En cualquier caso, algo parece muy claro: el desorden público, los intentos callejeros de linchamiento, la catarata de denuncias y procedimientos judiciales, toda la crispación y el odio, tanto pueden proceder de la comprensible indignación de los argentinos como de una provocación orquestada por servicios y policías paralelas aún no desmontados.