El Congreso argentino inicia el proceso político por los 'crímenes' económicos (10-11-1984)

José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar argentina entre 1976 y 1981, declaró el jueves, durante 13 horas, ante la comisión del Congreso que investiga la adquisición por el Estado de la empresa de electricidad Italo. La Italo, valorada pericialmente en poco más de 60 millones de dólares (unos 10.200 millones de pesetas), fue nacionalizada por la dictadura en más de 300 millones de dólares (51.000 millones de pesetas), en lo que se considera una operación fraudulenta. El caso Italo no es precisamente el mayor escándalo financiero dejado a sus espaldas por el proceso de reorganización nacional, pero está siendo investigado a fondo por una comisión de diputados y se ha convertido en el juicio político del asesinato económico de la República Argentina.

Parece clara la intención del Gobierno radical de sustraer al Congreso el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura, dejando obrar exclusivamente a la justicia, y de hacer encausar por la Cámara, previa o paralelamente a los tribunales, la delincuencia económica.Hace escasas semanas, los diputados que investigan el caso Italo allanaron el bufete de Guillermo Walter Klein, mano derecha de Martínez de Hoz como secretario de programación económica, secuestrando de sus cajas fuertes una documentación imprevista: un manual sobre cómo absorber o conducir a la quiebra empresas industriales; informes reservados del general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, sobre la guerra sucia contra la subversión, y copias de télex a entidades bancarias internacionales revelando con antelación decisiones financieras del Banco Central argentino. De la documentación incautada podría deducirse que el equipo económico dirigido por Martínez de Hoz no estaba al servicio de la nación argentina, sino que constituía un mero equipo de distinguidos empleados de la banca internacional.

Así como los nueve triunviros de las tres primeras Juntas Militares son las cabezas visibles de la represión indiscriminada, José Alfredo Martínez de Hoz, alias Joe, es el genuino representante del vaciamiento financiero argentino. En más de una ocasión ha tenido que correr por los salones del aeropuerto de Ezeiza huyendo de gentes que, al reconocerle, intentaron agredirle. El jueves entró y salió del Congreso con fuerte escolta y entre los epítetos del público que le reprochaba la ruina del país.

Riqueza ficticia

Joe Martínez de Hoz, rodeado de una corte de Chicago boys, implantó en Argentina la política monetarista predicada por Milton Friedman, que permitió a la dictadura cambiarle a la sociedad una riqueza ficticia y transitoria por libertades públicas. Su feroz liberalismo económico sobrevaluó el peso respecto al dólar, disparó las importaciones y quebró buena parte de la industria argentina, generando una deuda externa sideral que ahora mantiene asfixiado al país.El interrogatorio parlamentario de Martínez de Hoz, antiguo profesor de economía en el colegio militar de la nación, no se circunscribió al escándalo de la Italo, sino que abarcó multitud de temas. Sereno y tranquilo al comienzo, se desfondó al final, tras 13 horas ininterrumpidas de interrogatorio, en las que sólo ingirió un té con pastas, al igual que los parlamentarios. Preguntado sobre su acceso al Gobierno dictatorial presidido por el teniente general Videla, contestó que antes del golpe de marzo de 1976 recibió recado en Nigeria, donde disfrutaba de un safari, de que generales argentinos querían hablar urgentemente con él. Regresó a Buenos Aires y en un apartamento propiedad del almirante Massera se le previno de un cambio político en el que él debería implementar la política económica. A sus preguntas, Videla y Massera le informaron que el cambio político estaba inspirado en la filosofía del pensador español Julián Marías, ilustre colaborador de La Nación y reconocido estudioso de Argentina, adonde acude periódicamente a dar sus charlas. Su último ciclo de conferencias lo dictó en Buenos Aires por la televisión estatal, controlada por la última Junta Militar, antes de las elecciones democráticas, ilustrando a los argentinos sobre su condición.

El nudo de la defensa de Martinez de Hoz radicó en que careció de tiempo para desarrollar la aplicación de sus teorías económicas. Los 20.000 millones de dólares (3.4 billones de pesetas) de deuda externa que dejó su gestión -dijo- se multiplicaron por dos hasta la fecha por no haber continuado su política.

Chile, dos gorilas macho encerrados en una sola jaula (7-11-1984)

Cuando hace poco más de un año Sergio Onofre Jarpa fue designado ministro del Interior por el general Augusto Pinochet, la clase política santiaguina comentaba con divertido escepticismo: "Será un espectáculo fascinante; dos gorilas macho encerrados en la misma jaula. El gorila más macho acabará por arrancarle la cabeza al otro". Y, como no podía ser de otra manera, el gorila más macho ha resultado ser el general Pinochet. Aunque Jarpa siga en Interior, es evidente que ha perdido la batalla con Pinochet.En la estructura gubernamental chilena el ministro del Interior es mucho más que el responsable de la seguridad ciudadana; es, de hecho, el primer ministro y el responsable de desarrollar la política presidencial. Cuando la oposición chilena, dirigida entonces por la Democracia Cristiana, comenzó a desarrollar su estrategia de jornadas mensuales de protesta cívicas y pacíficas, Onofre Jarpa, embajador en Buenos Aires, elaboró un memorándum de trabajos para apuntalar el régimen 31 agrupó a la ultraderecha civil, temerosa de la iniciativa de la oposición democrática.

Por primera vez en 11 años de dictadura se producían manifestaciones en el centro urbano de Santiago, se insultaba a Pinochet o se soltaban cerdos en la avenida de O'Higgins perfecta y, trabajosamente uniformados hasta con la gorra de plato reglamentaria del Ejército de Tierra. Y en las poblaciones santiaguinas -las villasmiseria de la capital-, los pobres de la tierra rompían los toques de queda, como el 11 de septiembre de 1973, para enfrentarse a pedradas con las tanquetas de los carabineros.

El general Pinochet llamó a Jarpa a regañadientes, le invistió como ministro del Interior, y 48 horas después, cuando aún estaban frescas las declaraciones de éste llamando al diálogo político, decretó el toque de queda en Santiago desde las siete de la tarde, generando una de sus periódicas matanzas metropolitanas. El gorila menos macho había recibido el primer zarpazo.

Sergio Onofre Jarpa no es precisamente eso que se entiende por un político entreguista. Miembro del partido nazi chileno en su juventud, rico hacendado, senador ultraconservador, se distinguió durante el Gobierno de Salvador Allende por una intervención televisiva: en un debate mano a mano con un político comunista, en directo, sin que mediara ninguna alusión personal, tiró la mesa de un manotazo y se arrojó sobre el cuello de su discrepante político. Los chilenos le tildaron desde su nombramiento como Sergio Anafre Jarpa. Anafre es el nombre que en Chile se da a los infiernillos.

Jarpa no tenía otro programa que el de recomponer las cortesías con la Iglesia católica y abrir un calendario para informar de conversaciones con la oposición no marxista, tendente a ganar tiempo, a evitar o aminorar las jornadas de protesta y a dividir públicamente a la Democracia Cristiana, la primera fuerza políticamente unitaria del país. Su estrategia, nada trivial, residía en hacer concesiones formales desde el régimen para sustraer a la oposición activa segmentos de la derecha política. Pinochet le serruchó el piso -como se diría en estas latitudes- arrojándole unos cuantos cadáveres a los pies de su despacho y a los dos días de su toma de posesión.

El general Augusto Pinochet, sencillamente, carece de la menor intención de diálogo con la oposición, y no sólo por maldad e ignorancia intrínsecas, sino porque sabe que la concertación política en Chile pasa por su renuncia de la jefatura del Estado.

Incluso con el mantenimiento de Jarpa tras su dimisión supuestamente irrevocable termina algo más que un intento de consenso, por falso que resultara, para extraer al país de la trivialidad de la dictadura.

Puede ser el comienzo del fin de la hegemonía política de la Democracia Cristiana, algunos de cuyos dirigentes creyeron en el diálogo con el ministro ahora dimitido.

El siempre moderado y sensato Partido Comunista de Chile ha afirmado públicamente que no descarta la lucha armada para terminar con lacharada de Pinochet. Las elecciones universitarias acaban de demostrar que la izquierda unida puede derrotar a la derecha democrática unida.

La Multipartidaria permanece escindida por gala en dos la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular-, pero el Comando Nacional de Trabajadores, con inilitancia mayor¡tariamente democristiana, apoya las huelgas generales que convoca la pluripartidaria izquierdista, desoyendo la mesura de la Alianza Democrática, dirigida por la DC.

A corto plazo,y con el único objetivo de mantenerse en el poder cueste lo que cueste, la podredumbre de la política interna chilena beneficia al gran dictador.

El fraccionamiento de sus opositores, el repunte de las izquierdas y la radicalización armada -a más de que en la otra vertiente de la cordillera ya se encuentran tres ex presidentes militares en la cárcel: Videla, Viola y Galtieri- cohesionan a las fuerzas armadas con el pegamento del temor.

A largo plazo, y pese al excelentísimo comportamiento cívico y moral de la Iglesia católica chilena -tan distante de su homóloga argentina-, el gran dictador logrará que algún día, si se llegan a superar las divisiones socialistas, una nueva izquierda unida gane unas elecciones en Chile por el 51% de los votos. La teoría de la izquierda maximalista de "cuanto peor, mejor" acabará teniendo en Pinochet a uno de sus mejores valedores.

La filtración de los nombres de implicados en la represion, nuevo golpe para el Gobierno argentino (6-11-1984)

La publicación por una revista porteña, El Periodista de Buenos Aires, de los 1.351 nombres involucrados por el informe Sábato en presuntas violaciones de los derechos humanos, supone un nuevo factor de alteración en la ya tensa política argentina. En particular, la inclusión en el listado de Pío Laghi, actual nuncio del Vaticano en Estados Unidos, ha levantado sarpullidos en vísperas de un plebiscito sobre el diferendo con Chile por el canal de Beagle, basado, precisamente, en una propuesta mediadora de la Santa Sede.El informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), más conocido porinforme Sábato, quedó celosamente guardado el pasado 20 de septiembre en cajas de seguridad del Estado argentino y en entidades bancarias del exterior. Un breve resumen del mismo, de 15 folios, fue dado a conocer entonces a la Prensa, y otro resumen más amplio, de unos 400 folios, está a punto de ser publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires bajo el título de Nunca más.

Paradójicamente, la tecnología de punta ha hecho saltar el hermetismo del Gobierno: una cinta de ordenador fue filtrada a El Periodista de Buenos Aires, con los nombres del informe Sábato, desatando la tormenta. El deglose del listado es preocupante: 322 jefes, oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos el general Víctor Pino, actual comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, acantonado en Rosario, y del general Aníbal Verdura, también en actividad; coroneles recientemente ascendidos con el respaldo del Senado democrático de la nación; 62 miembros de la Armada y 26 del Ejército del Aire; 15 clérigos encabezados por Pío Laghi y los arzobispos Antonio Plaza y Blas Conrero, más el sacerdote Federico von Wernich, ex capellán de la policía bonaerense y confesor del ahora detenido general Ramón Camps, también conocido como el carnicero de Buenos Aires.

De entre el bosque desconocido de suboficiales, policías federales y provinciales, gendarmes, miembros del espionaje del Estado o de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), pueden extraerse distinguidas figuras de la represión, muy públicas, y en algunos casos procesadas y en prisión preventiva: los generales retirados Donmingo Bussi, René Azpitarte, Gumersindo Centeno, Santiago Martella, Omar Riveros, Bautista Sasiain, Edgardo Vilas y Suárez Maso (huido), todos ellos ex comandantes de Cuerpo de Ejército; el general Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires, los generales Ibérico Saint Jean y Bartolomé Gallino, que fueron gobernadores bonaerenses; el contraalmirante Chamorro, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada, el no menos tristemente célebre capitán de corbeta Alfredo Astiz; tres brigadiers generales del Aire -Salinas, Santuchone y Cabrera-, el ex jefe del aeropuerto de Ezeiza, comodoro Ataliba; 30 médicos militares, el último ministro de Defensa de la dictadura, Félix Camblor, el último embajador en Francia, Gerardo Schamis, y hasta tres periodistas: Guillermo Aronin, Luis María Castellanos y Víctor Lapegna.

Las consecuencias de esta revelación anticipada y exenta de matizaciones pueden ser nefastas para la credibilidad jurídica delinforme Sábato si, como parece inevitable, muchos de los implicados sólo lo son por testimonios o deducciones indirectas. De resultar así las cosas, éste podría ser el objetivo final de la filtración periodística.

La presencia de religiosos

Hasta ahora el Gobierno no ha dicho una palabra sobre la revelación de la lista secreta, y no se ha producido otra reacción que la vaticana en socorro de uno de sus primeros diplomáticos y, con menor énfasis, de los sacerdotes denunciados como asistentes espirituales de los chupaderos donde se aplicaban tormentos a los detenidos. En Argentina es un secreto a voces -lo han relatado los supervivientes- el que muchos torturados recibían auxilio espiritual, tras las sesiones de picana eléctrica, por parte de mansos sacerdotes que les instaban a declarar para poner fin a sus suplicios. Pero ahora el secreto a voces tiene nombre y apellidos.Especialmente delicada es la situación de Antonio Plaza, arzobispo de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), vinculado a la extrema derecha del peronismo y amigo personal de Herminio Iglesias, patibulario jefe del justicialismo bonaerense. El otro clérigo supuestamente implicado, el arzobispo de Tucumán, Blas Conrero, falleció en 1982 y no puede justificarse. Plaza tampoco lo ha hecho.

Pero donde la sorpresa roza lo insólito es en el caso de Pío Laghi, nuncio del Vaticano en Argentina entre 1974 y 1980. Durante su estancia en Argentina, Pío Laghi equipará reiteradamente la violencia terrorista con el terrorismo del Estado, llegando a justificar este último por razones de autodefensa y de aplicación de los recursos extremos de la ley. En junio de 1976 el diplomático vaticano giró una visita oficial y de cortesía a las tropas que en Tucumán y, dentro del llamadoOperativo Independencia, aniquilaron a la guerrilla rural del trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El caso es que el informe Sábato recoge dos testimonios -los 1.276 y 0440- de detenidos que afirman haber visto al Nuncio de amable visita en el centro clandestino de detención Ingenio Nueva Baviera, en Tucumán.

La Unesco incluye por primera vez monumentos españoles en la lista de bienes del patrimonio mundial (5-11-1984)

La mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife, la catedral de Burgos, el monasterio de El Escorial y su real sitio y el conjunto arquitectónico de Gaudí -parque Güell, palacio Güell y casa Milá- han sido incluidos en la lista de los bienes del patrimonio mundial protegidos por la Unesco. Es la primera vez que este organismo incluye en su lista -en la que se contabilizan ahora 159 monumentos y parques naturales- obras españolas.

Durante una reunión en Buenos Aires, la Unesco -agencia especializada de la ONU encargada de promover la colaboración internacional en los campos de la educación, la ciencia y la cultura- inscribió también en la lista de bienes de la humanidad otros 23 monumentos y zonas naturales, tales como la Ciudad del Vaticano o la neoyorquina estatua de la Libertad. A la reunión bonaerense, celebrada el pasado día 1, habían acudido delegados de 60 países.Es la primera vez que bienes españoles quedan inscritos en el patrimonio mundial de la Unesco, que tras la reunión finalizada el día 1 asciende a 159 monumentos o parques naturales.

Quedó aplazada la propuesta española de incluir en el inventario de la humanidad a las cuevas de Altamira, el Acueducto de Segovia, el conjunto prerrománico asturiano ramirense (Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena), el monasterio de Santo Domingo de Silos, la catedral de León y el Museo del Prado.

Estas propuestas se solapaban con bienes análogos propuestos por otros países y tropezaban con el deseo de la Unesco de no extender excesivamente el inventario del patrimonio mundial. El patrocinio por parte de la Unesco de tales bienes conlleva asistencia técnica y financiera para su conservación y preservación que, en la práctica, y dada la progresiva reducción de fondos de la organización, se reduce sólo a los países subdesarrollados sin medios propios para atender un patrimonio internacional.

No obstante, la declaración de bien de la humanidad otorga facilidades jurídicas ante particulares o autoridades municipales y regionales para velar por la preservación de lo amparado.

Antón Capitel, arquitecto jefe de Inspección de Monumentos en la Dirección General de Bellas Artes, ha sido el encargado de defender en Buenos Aires las propuestas españolas. Cabe destacar que por primera vez una casa de vecinos habitada -la casa Milá, también conocida porLa Pedrera, en el barcelonés paseo de Gracia- ha pasado a ser catalogada como patrimonio mundial. Asimismo, las realizaciones de Gaudí son los monumentos más modernos incluidos en el inventario de la humanidad.

Otras dos realizaciones españoles -al margen de las cinco aceptadas en la Península- se han incluido en la lista sagrada: las fortificaciones de Cartagena de Indias y las ruinas jesuíticas del noreste argentino. La Unesco exhortó particularmente al Gobierno español a preservar los entornos urbanísticos y naturales de la Alhambra y de El Escorial, sobre los que se estima se ciernen serias amenazas.

Alfonsín declara 'día de la democracia' el 30 de octubre, aniversario electoral (31-10-1984)

El Gobierno argentino decretó el 30 de octubre, aniversario de las últimas elecciones que pusieron fin a siete años de dictadura militar, como día de la democracia, a celebrar oficialmente los próximos años. Ayer en Buenos Aires se conmemoraba festivamente este primer año de la democracia con canciones y bailes al pie del obelisco porteño.Todos los partidos minoritarios se han sumado al llamamiento popular de la Unión Cívica Radical; el peronismo metropolitano ha rechazado la invitación del partido gobernante con una nota furibunda en la que llega a acusar al radicalismo de "continuar en muchos aspectos la misma política de la dictadura militar".

En cualquier caso, no era de esperar que el peronismo olvidara que el 30 de octubre es, además del primer aniversario de la recuperación democrática, la fecha histórica en que, por primera vez, perdió unas elecciones.

Donde el peronismo ha encarado severamente al Gobierno ha sido en el terreno del acuerdo con Chile sobre el diferendo del canal de Beagle. Los acuerdos firmados en el Vaticano entre las dos partes han de ser ratificados por el Congreso y el Senado argentinos, y antes, el 25 de noviembre, habrán de ser sometidos a un plebiscito no vinculante.

Una votación negativa es descartable, pero el Gobierno alberga el temor de un elevado índice de abstención -contrariamente a los comicios generales, el voto plebiscitario no es obligatorio-, que le infligiría una derrota moral. Hasta tal punto es así que el canciller, Dante Caputo, formado intelectualmente en la Sorbona, casado con una ciudadana francesa y con excelentes contactos personales en Francia, se abstuvo de acompañar al presidente Alfonsín en su viaje oficial a París: quedó en Buenos Aires dando maratonianas explicaciones en la Prensa, la radio y la televisión sobre el alcance de lo firmado con Chile.

Los dirigentes peronistas, al ser informados en su día sobre los acuerdos del Beagle, anunciaron públicamente que dejarían a sus militantes en libertad de voto.

El pasado lunes cambiaron drásticamente de opinión anunciando laabstención activa y la movilización de sus bases para una campaña de esclarecimiento cuyo alcance no ha sido explicado.

Alfonsín reconoce que "todavía existen locos" entre los militares argentinos (29-10-1984)

Siempre que el presidente argentino se ausenta del país -y ya lo ha hecho siete veces en menos de un año-, las redacciones quedan en estado de alerta: es indetectible que se provoquen incidentes desde la ultraderecha militar. Raúl Alfonsín tuvo que reconocer estas sospechosas coincidencias", según sus propias palabras, y volver a proclamar desde el mismo aeropuerto internacional de Eceiza la irreversibilidad de la democracia en el país y la defensa de los derechos humanos como el más alto logro del Gobierno constitucional. "Pero todavía existen locos en este país", agregó.La incitación a derrocar con las armas al Gobierno constitucional, proferida por un párroco ante militares y familiares de muertos por la subversión de izquierdas, ha quedado en manos de una juez federal, aunque es dudoso que en Argentina se llegue a procesar a un clérigo. El ministro de Defensa estudia la posibilidad de aplicar correctivos a los cadetes del colegio militar de la nación que cortaron el tráfico a la salida de la misa golpista. Sea como fuere, 75.000 conscriptos han sido devueltos a sus hogares por la reducción establecida al servicio en filas y ha comenzado a ponerse en práctica el decreto que disuelve el primer cuerpo de Ejército, acantonado en Buenos Aires; y, con encomiable sentido del humor, el fiscal de la Cámara Federal argentina acaba de rechazar el recurso extraordinario del ex presidente Videla solicitando serjuzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El fiscal puntualiza

El fiscal le recuerda a Videla que el Consejo Supremo está subordinado directamente al presidente de la nación, jefe máximo de las tres armas, y que no entiende cómo puede encontrar el reclamante más benigna la justicia militar que la civil.El brigadier general del Aire, Graffigna, miembro de la segunda Junta Militar, presidida por el general Viola, ha quedado en libertad tras deponer ante la Cámara Federal de Apelaciones. Su proceso continúa, pero la justicia civil no ha estimado que sus presuntas responsabilidades en la guerra sucia sean suficientemente elevadas. Otro tanto ha ocurrido con el brigadier Lami Dozo, triunviro en la penúltima Junta, bajo la presidencia de Galtieri.

Se encuentran ya en la cárcel los tres miembros de la junta militar que derribó al régimen democrático argentino en 1976 (27-10-1984)

La Cámara Federal argentina de Apelaciones en lo Criminal, tras 24 horas de detención previa y después de seis horas de declaración ante la justicia civil, decretó la prisión preventiva rigurosa contra el brigadier general del Aire, Orlando Ramón Agosti, triunviro de la primera Junta Miltar, presidida por Jorge Rafael Videla. Con Agosti, ya se encuentran en prisión todos los integrantes de la primera Junta Militar, de las cuatro que gobernaron entre 1976 y 1983.La justicia ordinaria no ha tomado en consideración el estado psicológico del reo -padece manía persecutoria- y ha ordenado su encarcelamiento como presunto responsable de detenciones ¡legales y aplicación sistemática de tormentos a los detenidos durante la llamada guerra sucia contra la subversión terrorista.

El pasado miércoles, varios hombres armados que conducían automóviles Ford Falcon, secuestraron durante cinco horas, en pleno centro de Buenos Aires, a la concejala por la segunda circunscripción porteña, Gladys de Pérez, que fue liberada posteriormente con 40 quemaduras de cigarrillo. La concejala pertenece al ala izquierda peronista.

El hecho se inserta en la contraofensiva de la ultraderecha civil y de los servicios de información y grupos de tareas militares aún no desarticulados, que no se ha hecho esperar en Argentina, donde continúa el procesamiento de los principales encausados en la represión de las juntas militares.

Democracia pornográfica

Por otra parte, en la parroquia porteña de Nuestra Señora de Luján, al menos 1.500 personas, muchas de ellas jefes y oficiales de las tres armas, asistieron a una misa patrocinada por Famus (Familiares de Muertos por la Subversión) y escucharon del oficiante la siguiente homilía: "Esta democracia pornográfica y delictiva que nos quieren imponer nos obliga a empuñar las armas morales, y las materiales los que tienen esa misión, para defender el reino de Dios y no ser indignos de él".

A la salida de la misa los cadetes del Colegio Militar de la Nación cortaron el tráfico, los periodistas fueron agredidos, y a los gritos de "¡Muera Alfonsín, entregador!" y "¡Abajo la sinagoga radical!" se coreó un agorero "¡MM, MM, MM"! (Muchos Más, en alusión macabra a los NN, Ningún Nombre, tal como fueron sepultados clandestinamente centenares de víctimas de la guerra sucia contra la subversión).

Sólo el obispo de Quilmes, en el Gran Buenos Aires, ha desautorizado al párroco, y Buenos Aires se convirtió en un hervidero de indignación por las provocaciones y por el reinicio impune del secuestro de ciudadanos en las calles de Buenos Aires.

Un diputado radical comentaba a este corresponsal: "Sólo en los servicios secretos de seguridad del Estado tenemos 20.000 hombres armados, todos nombrados por la dictadura militar. ¿A quién se le ocurre a usted que mandemos para quitarles las pistolas?".

Por otra parte, Mario Eduardo Firmenich, jefe montonero recientemente extraditado desde Brasil, fue interrogado durante ocho horas por la justicia civil y trasladado a la cárcel de Villa Devoto, donde esperará sus juicios por secuestro, asesinato e intento de asesinato.