El Gobierno argentino denuncia nuevamente un plan terrorista para asesinar a Raúl Alfonsín (9-5-1985)

El ministro argentino del Interior, Antonio Troccoli, denunció en la noche del martes, por segunda vez en 72 horas, la existencia de un plan terrorista de extrema derecha tendente a desestabilizar el régimen democrático. Troccoli admitió, en un discurso radiotelevisado, que su departamento ha tomado "más precauciones de las habituales" para evitar un asesinato de Raúl Alfonsín.

Los artífices del plan serían grupos de tareas paramilitares, lo que aquí se denomina mano de obra desocupada, que llevarían a cabo secuestros de empresarios, atentados terroristas claramente políticos como el sufrido recientemente por Radio Belgrano, y sembrarían un clima de inseguridad ciudadana.En el juicio a las tres primeras juntas militares, que continúa desarrollándose con total normalidad, tenía previsto declarar ayer tarde como testigo el sacerdote Christian Von Wernick, todavía capellán de la Policía Federal bonaerense. El ministro de Gobierno de la provincia decidió, también ayer, darle de baja en el cuerpo ante la acumulación de pruebas contra su persona que le relacionaban con la represión ejercida por el general Ramón Camps. Ante el avance patético de los testimonios presentados ante la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires, Von Wernick aparece como un piadoso sacerdote que daba auxilio espiritual a los torturados, yendo de cámara de tortura en cámara de tortura, derramando palabras de consuelo y recomendando la confesión en los interrogatorios para acabar con los suplicios.

Por su parte, el fiscal Julio César Strassera ha presentado querella criminal contra el teniente general (retirado) Cristino Nícolaides por falso testimonio ante la Cámara. Nicolaides, comandante en jefe del Ejército en la última junta militar -presidida nominalmente por el general de división Reynaldo Bignone, el hombre fuerte tras la rendición de las Malvinas y quien organizó las elecciones democráticas-, aseguró en el juicio de Buenos Aires que jamás en el desempeño de su cargo recibió denuncias por hechos aberrantes, aplicación de torturas o desaparición de personas a manos de las fuerzas armadas.

El fiscal sostiene que obran en su poder pruebas de que cuando menos se ocupó personalmente de la desaparición del conscripto Daniel Omar Vattino y de su novia.

Caben pocas posibilidades de que las citaciones solicitadas por el fiscal en las personas de Valéry Giscard D'Estaing, ex presidente francés, y de monseñor Pío Laghi, ex nuncio apostólico en la Argentina y actual representante papal en Estados Unidos, lleguen a concretarse diplomáticamente, pero el fiscal, a lo que parece sobrado de pruebas, ha decidido además abrir querellas criminales contra los altos mandos militares que mienten en el juicio. Es un hombre impulsivo y, sin duda, de valor.

El obispo de Bietina, Miguel Esteban Hesacne, uno de los escasos prelados progresistas de Argentina, acaba de publicar un artículo en De pie, órgano de su obispado, en el que relata cómo en 1977 el entonces ministro del Interior, general Albano Harguindegui, le defendió durante 45 minutos la necesidad de la aplicación de tormentos para acabar con la subversión de izquierdas: "No podemos fusilar limpiamente porque el mundo se nos echaría encima. Ustedes déjennos; cuando terminemos con los terroristas nosotros iremos al infierno por nuestros pecados y ustedes podrán predicar la verdad de la Iglesia".

El final del juicio contra las juntas argentinas, previsto para el mes de agosto (8-5-1985)

Fuentes de la Cámara Federal de Apelaciones estiman que el juicio a las tres primeras juntas militares argentinas estará visto para sentencia en el mes de agosto, a tenor de la marcha del proceso. Los intentos de los abogados defensores por prolongar artiricialmente el juicio han sido cortados por los presidentes de la Sala de Justicia -los seis jueces se relevan por semana en la presidencia-, que alargan las sesiones hasta agotar los testigos citados para cada jornada, y por la testirícación de tales atrocidades que obligan a las defensas a guardar silencio y abstenerse de volver a preguntar.

Se estima que el Fiscal Julio César Strassera puede optar por renunciar a la presentación de los 711 casos en los que ha centrado su alegato, conformándose con algo menos, de 200, con lo que podría probar suficientemente, en su opinión, la responsabilidad de los nueve triunviros en el genocidio cometido en Argentina entre 1976 y 1982. La única estrategia válida para las defensas consistiría en la renuncia de algún letrado, lo que obligaría a repetir las actuaciones respecto de su deflendido, con el consiguiente retraso procesal y escándalo político.Pero, en su conjunto, el proceso continúa con toda normalidad y mejor de lo previsto; incluso la expectación ciudadana no es grande y los asientos destinados al público presentan numerosas vacantes. El temor ha pasado de lo que pudiera argumentarse en la sala del juicio a la provocación callejera que pueda perpetrar la infraestructura paramilitar y parapolicial, aún sin desmontar. Cuando el lunes volaron los depósitos de pólvora de Fabricaciones Militares en el puerto de Buenos Aires -un mero accidente, con tres víctimas mortales-, con una explosión que alarmó a la ciudad, que observaba la caída de las vidrieras y una columna de hongo atómico levantándose sobre los malecones portuarios, se temió el comienzo de los atentados desestabilizadores.

El plan de un paranoico

Nada ha ocurrido aún, pero el ministro del Interior, Antonio Troccoli, ha reconocido la existencia de planes operativos supuestamente organizados por los generales Ramón Camps y Benjamín Menéndez desde sus respectivas prisiones en Buenos Aires y Córdoba, donde esperan juicio. Camps fue cuantitativamente el mayor represor argentino en su calidad de jefe de la policía bonaerense, y desde la cárcel ha afirmado que volverá al poder y que no le temblará la mano cuando firme la futura orden de fusilamiento del presidente Raúl Alfonsín. Es un paranoico. Luciano Benjamín Meriéndez, tío carnal del que rindió las Malvinas a las tropas británicas, es el máximo exponente del halconismo militar y, como comandante en jefe del III Cuerpo de Ejército, acantonado en la provincia de Córdoba -segunda capital del país, importante centro fabril y universitario-, se distinguió en la ferocidad de la guerra sucia contra la subversión de izquierdas.Según ElPeriodista de Buenos Aires -semanario de izquierdas que apoya críticamente al Gobierno radical y defiende enérgicamente la continuidad democrática-, estaría en marcha un operativo blanco y azul -los colores de la enseña nacional por el cual serían asesinados en unanoche de los cuchillos largos centenares de políticos, periodistas, intelectuales, etcétera. A la confirmación del ministro del Interior se ha unido la captura por la Policía Federal de comandos que disponían de arsenales de granadas de fabricación española, kilos de trotil y variado armamento de guerra.

Por lo demás, sobre la Sala de Justicia de la Cámara Federal de Apelaciones siguen cayendo desgarradores testimonios de las víctimas de los suplicios.

El periodista judío socialista Jacobo Timerman acusa con aplomo a sus verdugos en el juicio de Buenos Aires (5-5-1985)

Jacobo Timerman -ex director de La Opinión, actual subdirector ejecutivo de La Razón, desaparecido y torturado bajo la dictadura militar argentina, estadounidense- compareció el viernes ante el juicio de Buenos Aires para testificar larga y minuciosamente contra sus verdugos. El autor de Preso sin nombre, celda sin número, obra sobre la que se realizó una serie de televisión, centró sus ataques contra el general Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires.

Acompañado por su esposa, Risha; digno, seguro de sí mismo, agresivo y acusatorio en sus respuestas al tribunal, Timerman terminó de demoler jurídicamente el general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, al que reconoció como uno de sus torturadores. "Me confesé judío, sionista y socialista, y eso me salvó la vida. Camps pensó que tenía en sus manos un proceso espectacular que demostraría la conjura judeomarxista contra Argentina".Tímerman, a quien le aplicaron corriente eléctrica tendido en una camilla de lona empapada de agua, es el más prestigioso periodista argentino, y sobre su caso el general Camps creyó haber encontrado una clave conspiradora internacional, viniendo a establecer que el diario que dirigía -La Opinión- era financiado con el dinero que los Montoneros obtenían de sus exacciones y secuestros cobrados.

Para la mentalidad nazi del general Camps, el sionismo de Timerman, que publicaba en su periódico las peticiones de hábeas corpus por los desaparecidos, terminaba de maquillar al enemigo perfecto de Argentina: el judeomarxismo internacional.

Timerman recordó cómo sus torturadores se planteaban la existencia de una tercera guerra mundial, secreta y no declarada, entre el marxismo y la civilización cristiana occidental, cuya batalla más cruenta se estaba librando, precisamente, en Argentina. El almirante Massera fue más explícito y concreto: en conversaciones privadas le admitió que no podía procederse a consejos de guerra sumarísimos seguidos de fusilamientos "porque el Papa se opondría".

También se comentó que si se planteara internacionalmente el problema de la desaparición de personas se perjudicaría la política económica desarrollada por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, furibundo monetarista y responsable de laguerra sucia económica y del vaciamiento financiero del país.

Los testimonios contra Camps, al margen de su peso en la causa que se sigue contra él, refuerzan la responsabilidad penal de la primera Junta Militar: Camps, entonces coronel y jefe de la policía de Buenos Aires, dependía directamente de la comandancia del I Cuerpo de Ejército, que mandaba el ahora prófugo general Suárez-Mason.

Sólo había dos escalones de mando que estaban por encima de las atrocidades de Camps: Suárez-Mason y el teniente general Videla.

Jacobo Timerman, que tras la tortura fue expulsado del país y privado de su ciudadanía, recordó las responsabilidades de la Iglesia católica argentina por haber guardado silencio sobre la barbarie cometida, permitiendo que continuara la matanza; de la comunidad judía argentina, por no haber reaccionado en la medida de sus posibilidades contra el genocidio, y del periodismo nacional, por haberse resignado y amedrentado tras la desaparición de cerca de 100 de sus miembros.

El juicio contra las dictaduras argentinas, en "la hora del fiscal" (4-5-1985)

El juicio contra las tres primeras dictaduras argentinas ha entrado en "la hora del fiscal", como bien señala la Prensa porteña. Los testigos cuentan sus propios casos y experiencias. Los letrados defensores escuchan sin preguntar, mientras la catarata de horrores anega la sala, en absoluto silencio. Ayer, Ramón Miralles, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante el último Gobierno constitucional peronista, relató su odisea ante la Cámara Federal de Apelaciones.

En mayo de 1977 se disponía a viajar a Brasil, junto a su esposa, cuando desaparecieron sus dos hijos y su nuera. La esposa viajó a La Plata -ciudad bonaerense y residencia de los hijos- y desapareció también. Comprendió que su mujer había sido chupada en calidad de rehén y se entregó en una comisaría de policía de una de las ciudades del gran Buenos Aires.De forma oficial y ostentosa, fue entregado al Ejército, que lo trasladó encapuchado a un pozo o chupadero, en el que tropezó con el periodista Jacobo Timerman, director de La Opinión,caído en el suelo y muy lastimado, que musitaba: "Me quieren matar, me quieren matar". "Me llevaron a un lugar que parecía una cocina, donde me aplicaron la picana en los ojos, las orejas, el ano y los genitales. Luego me dijeron que me iban a dar una sorpresa y me mostraron a mis hijos y a mi nuera".

Del ex ministro provincial querían los militares información sobre hipotéticos negocios ¡lícitos cometidos por el Gobierno peronista. Cuando, tras meses de desaparición, le dejaron en libertad se le informó de que todo había sido un error y que la patria exigía sacrificios en los que la vida humana carecía de valor. Su hijo, Julio César Miralles, testificó sobre el clima de terror reinante en su pozo, donde se torturaba "segundo a segundo", mientras eran perceptibles los llantos de las criaturas que presenciaban el tormento de sus padres. Desnudos, maniatados y encapuchados, los chupados formaban largas filas esperando para ser flagelados.

El entonces coronel Ramón Camps, jefe de la policía de Buenos Aires, fue identificado plenamente como el director de aquella orquesta enloquecedora en la que, cuando ordenaba interrogar, el sujeto pasaba directamente a la cámara de los tormentos. Testimonios extraprocesales abundan en la declaración de Julio César Miralles sobre la tortura de los padres en presencia de los hijos, insistiendo en el caso de una muchachita que se suicidó ante el tormento de su madre: obligada a presenciarlo, tomó el revólver abandonado por un torturador sobre una mesa y se disparó.

Resulta difícil la elección periodística entre las diferentes torturas para relatar alguna ilustrativa, y el catálogo de los espantos corre ya el peligro de hacérsenos a todos excesivamente familiar.

Alfonsín pide cooperación a sus adversarios (2-5-1985)

El presidente Raúl Alfonsín pidió ayer la cooperación de la oposición para superar la situación de extrema gravedad por la que pasa la economía argentina. En su discurso ante la Asamblea Legislativa -diputados y senadores- en la inauguración del año parlamentario como Cada Primero de Mayo, Alfonsín afirmó que un solo partido, aun siendo mayoritario, no puede resolver los graves problemas por los que. atraviesa la nación.

Vestido de calle, sin el tradicional frac, el presidente Alfonsín pronunció un discurso deliberadamente moderado y tranquilo, en un esfuerzo por recuperar la normalidad presidencial, alterada por los acontecimientos de las dos últimas semanas: rumores golpistas y comienzo del juicio de las juntas militares.No asistieron a la sesión dos de los cuatro grupos parlamentarios en que se encuentran divididos los legisladores peronistas: los seis diputados de la guardia de hierro y los 15 de la corriente bonaerense Diecisiete de Octubre, que encabeza Herminio Iglesias.

Alfonsín, en tono seguro y relajado, fue aún más allá que en su intervención en la plaza de Mayo y aseguró que la penuria será la compañera de los argentinos en los próximos meses.

Además de la indirecta oferta de colaboración a la multidividida oposición peronista, los ejes de su discurso pasaron por el anuncio de una drástica y progresiva reforma tributaria y una lucha decidida contra la especulación financiera y en general contra la inmoralidad económica, civil y pública.

Con el ministro de Economía, Juan Sourrouille -un técnico sin afiliación partidaria, dibujado en los periódicos con casco de acero militar-, las primeras medidas de la economía de guerra auguradas por Alfonsín han comenzado a ponerse en práctica. El Gobierno ha congelado todas las vacantes en la Administración pública, a excepción de las correspondientes a la docencia, la salud y la seguridad ciudadana; se ha reducido en un 12% la distribución de caudales al sector público en el año corriente, y se ha anunciado el envío a las cámaras de una ley de ahorro obligatorio que alcanzará a quienes ganen más de siete veces, el salario mínimo -90 dólares (unas 15.500 pesetas) cada salario mínimo- y para los contribuyentes de los impuestos a las ganancias, al capital y al patrimonio neto.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el Primero de Mayo en Rosario, tercera capital del país, con un paro activo y una concentración de rechazo de las medidas de austeridad económica del Gobierno. En otras capitales, la CGT intentará continuar sus movilizaciones hasta cufininar, el 23 de mayo, en una marcha sobre la Casa Rosada y en un huelga general de 24 horas.

El juicio de Buenos Aires saca a la palestra el papel del nuncio Laghi durante la represión (1-5-1985)

"Monseñor Pío Laghi tenía la misma impresión que yo, en el sentido de que los sacerdotes habían sido asesinados por fuerzas de seguridad. Por supuesto, él sabía mucho más que yo. Estaba horrorizado. Pude verlo en su rostro. El nuncio me dijo: 'Tuve que darle la hostia al general Suárez-Mason y puede imaginar lo que sentí como cura. Sentí ganas de pegarle con el puño en la cara", relató ayer Robert Cox, ex director del Buenos Aires Herald hasta el año 1979. La declaración de este testigo en el juicio contra los miembros de las tres primeras juntas militares argentinas saca a la palestra el papel del nuncio Laghi durante la guerra sucia.

Cox debió asilarse en Estados Unidos tras haber acumulado más de un millar de amenazas de muerte; las más serias, destinadas a su hijo de nueve años. Con su testimonio regresa a la palestra del escándalo políticoreligioso la figura de Pío Laghi, personaje clave en la actual diplomacia vaticana, ex nuncio en Buenos Aires durante los peores años de la represión y actual nuncio en Washington.A petición del Gobierno radical, su nombre fue suprimido de las listas de involucrados en laguerra sucia elaboradas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) para evitar tensiones con el Vaticano, mediador entre Argentina y Chile por el conflicto del límite austral del canal de Beagle.

Sin embargo, las investigaciones de la Conadep sobre Pío Laghi trascendieron y se supo, entre otros hechos, que había realizado visitas oficiales a campos clandestinos de exterminio en la provincia de Tucumán cuando las tropas combatían allí la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En julio de 1976, un grupo de tareas paramilitar asesinó en la iglesia de San Patricio de Buenos Aires a tres sacerdotes y a dos seminaristas de la orden de los palotinos, que dedicaban sus vidas a la juventud marginada. La habitación en la que los religiosos fueron ametrallados parecía un matadero, y en las paredes escribieron leyendas con la sangre de las víctimas: "Ésta es la gente que envenena la mente de los jóvenes" o "Ésta es la venganza por nuestros camaradas caídos". La carnicería fue atribuida a la subversión de izquierdas. Ni aun en este caso monseñor Pío Laghi levantó la voz de la Iglesia, de tremenda fuerza en este país, para intentar detener la matanza. El general Suárez-Mason, al que alude el diálogo entre Bob Cox y Pío Laghi, fue comandante en jefe del Primer Cuerpo de Ejército, acantonado en Campo de Mayo, en la capital federal, el más operativo. Suárez-Mason es el único alto jefe militar que se encuentra prófugo (huyó tras las elecciones democráticas de octubre de 1983), y ha sido degradado y expulsado del Ejército por su resistencia a presentarse ante la justicia.

Pacto de sangre

Cox, en su testimonio, recuerda cómo fue citado al despacho del almirante Eduardo Massera, entonces comandante en jefe de la Armada. En el antedespacho se apilaban editoriales del Buenos Aires Herald subrayados en rojo. "Massera salió de su despacho y, con una deslumbrante sonrisa, me puso las manos sobre los hombros".

Massera, sin perder su sonrisa gardeliana, le dijo: "Si usted menciona una vez más mi nombre en su periódico, lo voy a mandar adentro para siempre".

El testimonio que provocó un espeso silencio en la Cámara Federal de Apelaciones fue el de la doctora Adriana Calvo, profesora junto a su marido en la universidad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. El 4 de febrero de 1977 fue secuestrada en su domicilio estando embarazada de seis meses y medio. Atada y encapuchada, la doctora fue arrojada al suelo de un coche y trasladada a un chupadero de mujeres. Su marido desapareció en otro masculino. No fue torturada al nivel más alto, y relató los gritos desgarradores de otras presas que pasaban, por la sala de tormentos contigua a su celda.

Recordó ante el tribunal a Inés Ortega de Fossati, de 17 años, que suplicaba ayuda para dar a luz. Parió sobre una mesa de cocina, y su hijo, un varón, fue requisado por un coronel del Ejército. Madre e hijo no aparecieron jamás.

Cuando ella misma rompió aguas, requirió ayuda y la sacaron delchupadero en un Ford Falcon de la policía federal. Camino de Buenos Aires, paró el auto para que pudiera parir. Encapuchada y con las manos atadas a la espalda, sin ninguna ayuda, contoneando su cuerpo, pudo quitarse las bragas y dar a luz sobre el suelo. Sus escoltas ataron el cordón umbilical, sin cortarlo, con un trapo sucio. En los locales de una brigada policial utilizada también como chupadero la arrojaron a una habitación, donde un médico cortó el cordón umbilical y le hizo expulsar la placenta de un apretón. Inmediatamente después, desnuda y a cuatro patas, la obligaron a fregar el piso, ensuciado con sus propios humores.

Los abogados defensores declinaron cortésmente el privilegio de hacer cualquier pregunta.

Un comando paramilitar destruye una emisora argentina destacada por su denuncia de la 'guerra sucia' (30-4-1985)

Un comando de 10 personas jóvenes, atléticas, con el pelo rapado, tomó por asalto a primera hora de la mañana de ayer el centro emisor de Radio Belgrano, a 30 kilómetros de Buenos Aires. Tras atar y amordazar a los tres técnicos de mantenimiento de la planta emisora, los asaltantes colocaron cargas expansivas e incendiarias y destruyeron completamente las instalaciones, sin ocasionar víctimas. Radio Belgrano es una de las emisoras más antiguas de Argentina; desde sus micrófonos, Evita Perón, actriz de radioteatros, movilizó a las masas hacia la plaza de Mayo para exigir la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido en un hospital militar.

Radio Belgrano, expropiada por la dictadura militar, aún no ha sido privatizada y es administrada por el Estado; en cerca de dos años de democracia su programación ha sido la más avanzada y libre en la crítica a los horrores de las juntas militares. Recientemente el líder de la Unión de Centro Democrático, ingeniero Álvaro Alsogaray, públicamente acusado de mantener contactos con el golpismo militar, reputó de infiltrados marxistas a sus redactores.El atentado ha sido unánimemente repudiado y achacado a la mano de obra desocupada: los integrantes de los grupos de tareas parapoliciales y paramilitares que entre 1976 y 1982 expandieron el terror represor en Argentina. En la misma mañana Radio Belgrano regresó a las ondas gracias a una operación de ayuda técnica montada con toda urgencia por el resto de las emisoras porteñas.

Tras este primer atentado producido a la semana del inicio del juicio contra las juntas militares argentinas, el Gobierno se reunió en la residencia presidencial de Olivos para perfilar los detalles de la economía de guerra anunciada por Raúl Alfonsín y que origina serias divergencias en el equipo ministerial.

Por supuesto que la figura oratoria de Alfonsín hace referencia al cúmulo de privaciones y a la disciplina económica que habrán de afrontar los argentinos y no a una intervención de la economía; antes bien, el Gobierno se apresta a privatizar buena parte del extenso sector público argentino y a encarar las causas de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales -la CAMPSA argentina- sea la única empresa extractora de petróleo que pierde dinero en el mundo o que los Ferrocarriles Argentinos pierdan un millón de dólares diarios.

Las diferencias de criterio entre los radicales sobre la aplicación de una cirujía de caballo a la economía del país podrían motivar una crisis gubernamental de amplias proporciones. Los intentos de moralizar la vida económica ya comenzaron a advertirse hace tres meses con el rígido control aduanero y las batidas policiales por la city porteña, intentando dificultar las transacciones financieras ilegales basadas en el dólar estadounidense. Los depósitos en moneda extranjera están intervenidos y sólo puede retirarse su contravalor oficial en pesos argentinos. El Gobierno intenta, todavía débilmente, poner fin a la superestructura económica porteña que vive, ahorra, compra, vende y presta en dólares estadounidenses, en negro, y al precio de su propio mercado clandestino.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha comenzado en Rosario, la tercera capital de la República, su primera movilización contra la política económica del Gobierno, que habrá de culminar el 23 de mayo en una huelga general de 24 horas. Los secretarios de la CGT se reúnen previamente, en cada provincia a movilizar, con el obispado local, procurando -y obteniendo- el apoyo de la Iglesia católica para sus reivindicaciones.

No obstante, monseñor Novak, obispo de Quilmes, uno de los escasísimos prelados progresistas argentinos, ha denunciado a los dirigentes sindicales "que hacen de su función un negocio".

La CGT comienza así su mes de movilizaciones fuertemente golpeada por la indignación general provocada por las declaraciones, ante el juicio a las juntas, de sus secretarios Tríaca y Baldassini, quienes afirmaron -desconocer la desaparición de líderes sindicales durante la represión militar (un 30%. de las desapariciones). Además del viejo y tácito pacto sindical-militar que ha presidido buena parte de la reciente política argentina, se estima que la extrema prudencia de los secretarios declarantes está fundada en la posesión por las fuerzas armadas de los antecedentes mafiosos, delictuosos y comunes de la dirigencia burocrática del sindicalismo peronista.