Una de las más desconocidas dictaduras militares de América Latina (10-7-1983)

La semana pasada los tres partidos uruguayos tolerados por la dictadura militar (Blanco, Colorado y Unión Cívica) rompieron el diálogo semanal que venían manteniendo con los generales, ante la intransigencia de éstos, la continuación de las detenciones políticas y su empeño en perpetuarse como un poder paralelo ante el futuro Gobierno democrático. Los políticos uruguayos habrán decidido ayer la fecha de una jornada de protesta nacional como alternativa a una discusión con los militares que se presenta cada vez más dificultosa. Apagada su lucha por el relieve de la de los argentinos o chilenos, los demócratas uruguayos se enfrentan a una de las más obtusas dictaduras de esta zona del mundo. Un enviado especial de EL PAIS visitó recientemente esta república latinoamericana.

Sobre un Estado-ciudad de tres millones de habitantes pesa una de las más duras y desconocidas dictaduras militares latinoamericanas. El control del Estado sobre los ciudadanos intenta ser absoluto, y en el Uruguay de 1983 pueden haberse cumplido algunas de las profecías de Orwell. Para empezar: en Uruguay la cárcel se paga, no ya con los sufrimientos y las separaciones y los años perdidos inherentes a toda reclusión, ni con la destrucción psicológica que caracteriza turbiamente a las penitenciarías de Libertad (hombres) y Punta Rieles (mujeres), no; en Uruguay la cárcel, como el hotel, se paga en pesos uruguayos contantes y sonantes; tanto por tantos días de hospedaje, por la comida, por la ropa, por los desperfectos originados... Y como del hotel, no te vas de la cárcel si no pagas la cuenta.Presumiblemente, la mayoría de los 1.200 presos políticos que hay en el país (dato estimado) arrostraría más años de cárcel antes de pagar a sus verdugos, pero hicieran lo que hicieran, de todas formas su ruina económica estaría asegurada. Paralelamente a la detención, quedan embargados los bienes del detenido, y cumplida la pena, si no se abona la cuenta, salen a subasta pública el piso, el automóvil, los electrodomésticos, los muebles, se enajenan sus ahorros, todo. El preso queda en la calle, y su familia también. Es la aportación original de la dictadura militar uruguaya al equilibrio de los presupuestos y al liberalismo económico que desdeña esos Estados providencia, decadentes, que hasta sufragan la estadía de los presos en prisión.

Y el que la dictadura uruguaya haga pagar la cárcel a sus opositores no es sólo un dato colorista, sino que pone en blanco sobre negro el auténtico carácter de este régimen y su dificultosa salida hacia la normalidad democrática. Es un país pequeño en el que no se pueden recorrer distancias superiores a los 700 kilómetros; de sus poco más de tres millones de habitantes, al menos un millón ha tenido que exiliarse; llano, sin anfractuosidades de terrero, es casi un Estado-ciudad con una fértil sabana a su alrededor para el pastoreo de las reses. Una nación manejable en el sentido literal de la palabra, idónea para experimentar sobre ella ensayos de gobierno: el que la llevó, por ejemplo, en los años treinta-cuarenta a ser estimada como la Suiza americana, o el que la convirtió en 1976 en la Checoslovaquia del Cono Sur.

Categorías políticas

Los ciudadanos han quedado divididos en tres categorías: A, B y C. La pertenencia a la A implica estar por encima de toda sospecha; los ciudadanos adscritos a la B siempre encontrarán dificultades burocráticas y, permanentes sospechosos, serán objeto de seguimientos y escuchas; la plebe de la C sencillamente tendrá problemas para jubilarse, para cobrar sus pensiones, o se verá despedida de sus trabajos incluso en la empresa privada. Las categorías alcanzan también a los partidos; el régimen militar accedió finalmente a legalizar los dos partidos históricos que se reparten la mayoría política del país (Nacional, Blanco y Colorado), a más de la diminuta Unión Cívica, de raíz católica, pero mantienen su prohibición sobre comunistas, socialistas y democristianos, graduando su rencor en ese mismo orden.

A los comunistas que ahora pueblan las cárceles, aunque nunca tomaron una pistola, se les proscribe por razones obvias y porque coparon antaño la dirigencia sindical; a los socialistas se les castiga porque los tupamaros fueron una escisión por su izquierda, y a los democristianos no se les perdona haber sido el paraguas -Frente Amplio- bajo el que se cobijó la izquierda (un 18% de los votos) para enfrentarse a los tradicionales blancos y colorados, que en una abstracción algo forzada podrían equivaler a los partidos estadounidenses republicano y demócrata. A este respecto, merece atención la democracia cristiana uruguaya, cuyos integrantes, de ser arrojados a los leones del circo, serían devorados por éstos en vez de alimentarse de éstos, como se asegura ocurriría con sus homólogos europeos. Los democristianos uruguayos sí han creído en el Concilio Vaticano II.

A su vez, y dentro de los partidos tolerados, existen dirigentes legalizados y dirigentes proscritos. Así, el Partido Colorado cuenta entre sus más prestigiosos dirigentes a Jorge Valle, cuyo nombre no puede ni ser citado en los periódicos bajo pena de cárcel, y Wilson Ferreira, líder indiscutible de los blancos (exiliado en Londres), es tildado de delincuente común prófugo de la justicia, y cuando su semanario -Democracia- publica su foto saludando al Rey de España, la respuesta es el secuestro de la edición (el mismo día de la llegada del Rey) y seis meses de suspensión.

Legalizados y proscritos

Cientos de uruguayos, aun cuando no tengan pendientes problemas con la atrabiliaria justicia del régimen militar, ven así graciosamente suspendidos todos sus derechos políticos. Por decreto son uruguayos de la clase C, y se darán con un canto en los dientes si en la hora de su vejez consiguen los documentos precisos para cobrar su jubilación. Un destacado político uruguayo quería retratar me el carácter del régimen y recurrió a un recuerdo personal: "Hace unos meses un íntimo amigo, sin inquietudes políticas, funcionario de toda la vida, fue interrogado por la Seguridad del Estado antes de poder acceder a un cargo público superior. El militar que le inquiría admitió que mi amigo carecía de antecedentes sospechosos, pero antes de dar su visto bueno quiso hacerle una pregunta: '¿Qué hacía su automóvil en tal día de tal mes de 1969 estacionado frente a un club comunista de Montevideo?'. ¡Catorce años antes!, ¡cuatro años antes del comienzo de la intervención militar en el país! ¡siete años antes del derrocamiento del presidente Bordaberry! Tras muchos esfuerzos y sudores, mi amigo logró recordar que por aquellos años trabajaba en una empresa cuya sede estaba relativamente próxima a un club comunista y que entraba dentro de lo posible el haber aparcado su automóvil allí. La explicación fue acepta da y mi amigo ascendió. Este es el sistema".

En Uruguay la red telefónica funciona con criterios mágicos absolutamente ajenos a los principios científicos que rigen los impulsos electrónicos. Pero la computación del control militar sobre los ciudadanos es rigurosa, exacta matemática, inasequible a la des memoria. El aparato represor de la dictadura uruguaya ha sido mucho más sólido, y en ocasiones mucho más obtuso, que los aplicados en Brasil, Chile o Argentina, y consecuentemente, su salida hacia la democracia está menos elabora da y se adivina más lenta en Santiago, Buenos Aires o Brasilia. Ante las atrocidades cometidas por militares argentinos y chilenos en sus respectivos "procesos", los uniformados uruguayos pueden hasta ser vistos engañosamente con simpatía.

Es cierto que las organizaciones humanitarias de Montevideo sólo tienen datos acerca de 17 desaparecidos desde 1973 (cifra irrisoria en un proceso represor en el Cono Sur), pero debe considerarse que el Ejército uruguayo es llamado a batir la guerrilla tupamara por un Gobierno constitucional, el de Bordaberry, y que el choque represor se llevó a cabo, entre otros factores, con cierta libertad de Prensa y con un congreso abierto. La tortura y el asesinato de tupamaros o simplemente de izquierdistas fue moneda corriente en los cuarteles, pero sin alcanzar los niveles de paranoia que después se lograron en la otra orilla del Plata.

La fascinación tupamara

"Pero mire usted", dice el líder de otro partido democrático, "aquí el ejército cayó en la anarquía más absoluta. Se dio mano libre a los oficiales jóvenes para que acabaran con la guerrilla urbana, exonerándoles de antemano por cualquier exceso. Y cuando empezaron a aplicar la ley de fugas y algunos generales protestaron, los que entonces eran capitanes y se estaban manchando las manos les enseñaron los colmillos. Aquí los militares estaban muy influidos por los ideólogos franceses de la batalla de Argel, aunque mucho me temo que la mayoría no había pasado de leer las novelas de Jean Larteguy. El caso es que en Europa tienen que ser conscientes de que el Ejército uruguayo toma definitivamente el poder en 1976, cuando ya ha ganado su guerra contra los tupamaros. Acabaron con ellos en seis meses, pero muchos pensamos que después de torturarlos los envidiaban. La anarquía de la oficialidad joven propició el golpe y los generales cabalgaron la ola".

En efecto, el Ejército uruguayo ni es elitista, como el argentino, ni posee la tradición institucional que tenía el chileno. Su papel social era pequeño y nadie invitaba a un coronel a una recepción. Ahora, en el salón de una embajada puede escucharse a la esposa de un coronel comentar a su marido: "¿Y por qué no aprovechamos estos años para recorrer Europa?". Encontraron en su intervención bajo Bordaberry (1973-1976) un protagonismo del que siempre carecieron, y mientras torturaban e interrogaban a los tupas adquirieron cierta suerte de síndrome de Estocolmo invertido: el torturador quedó subyugado por la víctima. Mucho se especuló entonces acerca de posiles pactos entre tupamaros y militares jóvenes, y, en cualquier caso, pocos dudan hoy en Montevideo que Amodio Pérez, mano derecha de Raúl Sendic, fundador de los tupamaros y todavía en prisión (detenido con un tiro en la cara, los militares se ocuparon de que recibiera una continuada atención quirúrgica, salvándole la vida y el habla), fue el redactor del documento secreto e interno con que el Ejército uruguayo justificó su golpe. Acaso también entregó a la organización; nadie ha vuelto a verle ni en la cárcel ni en libertad. Wilson Ferreira, el carismático líder del Partido Blanco, leyó aquel documento en el Senado en las vísperas de la asonada y huyó del país. Y una vez más se cumplió el latiguillo cínico que todavía se escucha en las recepciones de las embajadas estadounidenses en América Latina: "Sólo se acaba con la guerrilla soltando a los perros; lo difícil es sujetarlos después". Comenzaba la checoslovaquización del país.

El Ejército argentino manifiesta su deseo de instaurar un sistema "auténticamente democrático" (7-7-1983)

Después de una sesión de once horas terminaron el martes las reuniones de los generales de división argentinos, llamados a cónclave para analizar la situación política del país. Un escueto comunicado informó del deseo del Ejército de "instaurar un sistema político estable, auténticamente republicano y democrático".

Los generales, dice el comunicado, "prestaron especial atención al reprudecimiento de las campañas de rumores, agresiones y difamaciones en las que se intenta hacer aparecer al Ejército o parte de él como comprometido en actividades reñidas con el reafirmado objetivo de institucionalización del país". Fuentes no oficiales estiman que el teniente general Nicolaides, jefe del Ejército, representante de éste en la Junta Militar y responsable del proceso electoral, dominó la reunión acallando las disidencias en tomo a la futura ley de amnistía y a la exposición del doctor Jorge Whebe, ministro de Economía."Se analizaron los aspectos fundamentales", afirma el comunicado, "que hacen al contenido de la ley de pacificación y de la de enjuiciamiento de las actividades terroristas y subversivas, así como la necesidad de su oportuna promulgación, teniendo en cuenta particularmente sus repercusiones sobre el mantenimiento de la cohesión de la fuerza y que el objetivo esencial que persiguen no es otro que el de crear un clima de concordia imprescindible para encarar con éxito el tránsito hacia la democracia y asegurar la estabilidad del próximo Gobierno".

Presiones de Nicolaides

Para hacerles aceptar la ley de amnistía, Nicolaides ha argumentado el hecho de que se esperan unas cuatro mil denuncias contra militares que presuntamente se excedieron en la lucha contra la subversión. Nicolaides se refirió también a la necesidad de que el Ejército permanezca unido y disponga de un valladar legal en el que resguardarse de una catarata de procesos de consecuencias imprevisibles. No obstante, y aunque sea mejor que nada, la ley de amnistía no despierta grandes entusiasmos ni entre sus mentores. Juristas de renombre internacional están dándole vueltas al texto sin encontrar posibilidades de que pueda ser considerado válido por el futuro Congreso democrático.Otro elemento de presión del que se habría valido el general Nicolaldes para imponerse a sus camaradas estaría en la amenaza de proceder ahora mismo a los ascensos, pases a retiro y reordenación de escalillas. Tradicionalmente es a finales de año cuando el Ejército argentino reclasifica sus mandos y de ahí el empeño militar de no entregar el poder hasta el mes de enero; así, los mandos del Ejército durante el primer año de democracia habrán sido nombrados por la Junta Militar. Pero si aumentaran las disensiones en el Ejército, Nicolaides estaría dispuesto a adelantar varios meses las reclasificaciones para diseñar otra cúpula de mando en las fuerzas de tierra. Respecto a las amnistías, se espera una de carácter especial que devolvería los derechos políticos a Isabel Martínez de Perón. Fuentes solventes del peronismo estiman que la viuda de Perón regresará a Argentina después del congreso justicialista de agosto que designará el candidato a la presidencia, y antes de las elecciones de octubre. No presidiría el partido, pero sí "el movimiento", deviniendo en una suerte de jefa espiritual o ideológica del peronismo.

El Ejército, por otra parte, se ha hecho cargo de la seguridad en la provincia de Tucumán, donde más de 1.500 policías continúan autoacuartelados en reclamo de mejoras salariales. El general Merlo fue obligado el martes por el presidente Bignone a renunciar a su cargo de gobernador, tras haber intentado dispersar a los policías rebeldes revólver en mano. Merlo se autojustifica asegurando que, "como general argentino, estoy capacitado para usar armas de fuego".

El Ejército argentino intentará hoy unificar posiciones sobre la situación política (5-7-1983)

Para hoy martes ha sido definitivamente fijada la reunión en Campo de Mayo, en la periferia de Buenos Aires, entre el general Cristino Nicolaides, jefe del Ejército y miembro de la Junta Militar y los generales de división en activo del Ejército argentino. Nicolaides les informará sobre la situación interna del país, la marcha del proceso de democratización y las actuaciones judiciales que están afectando al Ejército.

El general Reston, ministro del Interior, y Jorge Whebe, ministro de Economía, asistirán también a esta cumbre militar.El Ejército de Tierra argentino aparece claramente dividido en dos líneas peligrosas. Los generales Expósito y Guadañabens, que mandan los cuerpos de Ejército de Rosario y de Córdoba, propician abiertamente el regreso a los cuarteles, a la profesionalización militar y el abandono de la política en manos de los políticos con todas sus consecuencias.

Los generales Trimarco y Whebe, al frente de los cuerpos de Ejército de Buenos Aires y Bahía Blanca no están de acuerdo con la futura ley de amnistía (no hay nada que amnistiar, sería su filosofía) y representan los intereses de los oficiales que estiman que las elecciones deben congelarse por un plazo fijo para antes mejorar la situación política y económica de la nación.

El jefe del Estado Mayor, Edgardo Calvi, apoyaría a los generales duros,mientras el ministro del Interior se inclinaría por el regreso a los cuarteles sin más dilaciones. El mando del quinto cuerpo de Ejército estaría indeciso, y el general Nicolaides se ve obligado a maniobrar haciendo equilibrios para no perder el control de la situación. Mientras, prosiguen en todo el país las elecciones internas de los partidos, que auguran una indefectible contienda electoral en octubre entre los peronistas encabezados por Italo Argentino Luder y radicales presididos por Raúl Alfonsín.

El clima político, gaseoso y de gran movilidad, propicia estos días movimientos de desobediencia entre las fuerzas de policía. El domingo 400 policías de Tucumán protestaron en abierta rebeldía ante el palacio del gobernador en reclamo de mejores salarios; el gobernador, general retirado Antonio Merlo, hombre implicado en las irregularidades financieras del Mundial de Fútbol de 1978, se enfrentó a los rebeldes con un revólver en la mano.

Tras una trifulca de puñetazos, forcejeos, caídas, que milagrosamente no derivó en una batalla a tiros, los policías y el gobernador y sus escoltas se retiraron intercambiándose improperios. Unos pasos más en el deterioro de la situación y se verán cargados de razones los oficiales duros que estiman que así no se debe celebrar los comicios de octubre.

Por otra parte, según reveló ayer el diario Tiempo Argentino en un adelanto de un libro sobre la guerra de las Malvinas, seis días antes de la capitulación argentina, el general Mario Menéndez, comandante de las tropas argentinas en el archipiélago, propuso una ofensiva con apoyo aéreo y naval contra las tropas británicas instaladas en las islas, pero su plan fue rechazado.

25.000 jóvenes piden en Buenos Aires la vuelta a la democracia (4-7-1983)

Más de 25.000 argentinos marcharon el sábado sobre el todavía inútil Palacio del Congreso, en Buenos Aires, para reclamar la democracia y un tratado de no agresión con Chile. La manifestación estaba convocada por las juventudes de los partidos justicialista, radical, intransigente, comunista, conservador popular, democracia cristiana, desarrollistas y los multidivididos socialistas argentinos.A mitad de la marcha se unieron a su cabeza viejos dirigentes históricos de los partidos y se adhirieron verbalmente Raúl Alfonsín, Arturo Frondizi, Rodolfo Seguel -desde la cárcel de Santiago de Chile- y el PSOE, entre otros.

Coreando consignas fuertemente críticas para las dictaduras militares y la intervención estadounidense en América Latina, la marcha transcurrió sin incidentes, leyéndose un comunicado en el que se destaca que la paz sólo será estable cuando se restablezca la democracia en toda América Latina.

"Nos une una misma historia desde San Martín y O'Higgins. Nos une un mismo idioma, un mismo origen e idiosincrasia. Nos une el dolor, el sufrimiento, el hambre de nuestros pueblos. Nos une también nuestra solidaridad y necesidad de ayudarnos con grandeza", afirma el llamamiento por la paz y la libertad en América Latina de las juventudes argentinas.

El importante III Cuerpo de Ejército, acantonado en la provincia de Córdoba, se ha pronunciado, por boca de su comandante, general Guafiadens, por la institucionalización de la República, el profesionalismo del Ejército y su apartamiento de las luchas políticas. Otro tanto estaría por hacer el general Expósito, que manda el IICuerpo de Ejército (Rosario). Muchos políticos estiman improcedentes estos pronunciamientos, aunque sean en defensa de la democracia, por parte de generales con mando en plaza.

Finalmente, se están produciendo relevos en la cúpula de la policía de Buenos Aires, afectada de lleno por el escándalo de los asesinatos de Cambiaso y Rossi.

Retrato de un almirante en un paí s que sale del túnel (3-7-1983)

El 28 de abril de 1977 el almirante Massera, entonces jefe de la Armada argentina, miembro de la junta militar en el poder, invitó a navegar en su yate a Fernando Branca, audaz empresario y marido de su amante. Nunca volvió a saberse de él y sus bienes fueron enajenados. Seis años después, un juez de 33 años, sorteando amenazas de muerte, ha logrado lo que parecía imposible: la prisión incondicional de Emilio Eduardo Massera, aun cuando sólo sea por ocultación de pruebas.

Durante la semana Santa de 1977, Fernando Branca, joven empresario argentino de 36 años dedicado al reciclaje de papel, tantea una enésima reconstrucción de su tortuoso matrimonio con la hermosísima Marta Rodríguez MeCormack. En compañía de uno de sus socios y de la esposa de éste, toma junto a Marta el ferry Buenos Aires-Montevideo, para desde allí continuar en su Mercedes Benz cupé color ciruela hasta Punta del Este, el exclusivo balneario que reúne a la jet-set uruguaya y argentina. El socio y compañero de viaje recordaría después que Marta viajó en su pose favorita: con la minifalda descuidadamente arrugada sobre los muslos hasta dejar entrever la ropa íntima.En Punta del Este, los dos matrImonios se alojan en el chalé propiedad de un tercer socio en las Papeleras Durbin y Brayer. Marta se abandona sobre la cama y no sale en dos días de sus habitaciones.

Branca y el matrimonio amigo gastan sus fichas en el exclusivo casino Nogaró. Al tercer día, Marta se les une y mientras Branca y su socio apuestan a la ruleta, se lamenta de las infidelidades de su marido. Marta, levantando la voz para que la escuchen los selectos y elegantes jugadores, le escupe a Branca: "Tenés algo gracias a mí". Él sigue jugando imperturbable. Marta continúa hablando en tono audible de sus deseos de separarse y del posible reparto de los bienes gananciales. Branca, harto, se vanta de la ruleta y se marcha. No sin antes escuchar, como todos, la amenaza: "A este hijo de puta lo voy a hacer sonar. Cuando llegue a Buenos Aires le voy a contar al Negro que lo quiere pasar en un negocio, y el Negro le va a pasar un camión por encima".

Al mediodía siguiente Branca entra al dormitorio de Marta, que vuelve a recriminarle sus infidelidades y le arroja por la cabeza la bandeja con las pastas del desayuno. Branca estalla: "¡Esto se ha terminado!". Marta pide un taxi y regresa anticipadamente en avión a Buenos Aires, a su lujoso piso de la calle Ocampo. Branca vuelve en el ferry junto al matrimonio amigo y se instala en el apartamento de su última amante, la modelo Cristina Larentis, ahora asidua de Marbella.

El 26 de abríl, Branca acude al piso conyugal para retirar parte de sus ropas y un oficial naval le veta la entrada, en su propia casa: el almirante Massera, alias el Negro, comandante en jefe de la Armada argentina, triunviro de la junta militar que gobierna el país bajo la presidencia del general Videla, está acompañando a Marta y ha dado órdenes de no ser molestado, y menos por el marido.

Dos días después, el 28 de abril de 1977, Massera convida a Branca a navegar por el río de la Plata en el yate de respeto del almirante de la Armada. Tres meses más tarde, Isolina Margarita Maltaneri de Branca presenta un recurso de habeas corpus en favor de su hijo desparecido.

Las amenazas de una mujer

Marta Rodríguez de MacCormack es, a sus 38 años y sus dos embarazos, una mujer turbadora. De mediana estatura, melena negra, ojos grandes, párpados adormilados, muy delgada (es una fanática de las dietas), elegantísima, delicada pese a sus maneras y su vocabulario, puede reputarse de irresistible. Ejerce la fascinación de las serpientes y derrama todo el hechizo de las mujeres egoístas, viciosas e inmorales.

Contrajo su primer matrimonio con César Blaquier, perteneciente a una de las primeras familias terratenientes argentinas, dueña de ingentes ingenios azucareros en la provincia del Jujuy. De esta unión tuvo sus dos únicos hijos -Cecilia y César-, cuya custodia retiene tras su separación. En 1974 se casa en Paraguay con Fernando Branca (en Argentina no existe el divorcio), también separado y con dos hijos.

Dos años después una de sus hermanas la presenta al almirante Massera, en el cénit de su poder. César Blaquíer, temeroso de la perniciosa influencia que sobre sus hijos pueda tener el estilo de vida de su ex esposa y de Fernando Branca, reclama su custodia. Blaquíer pone su caso en manos del prestigiosísimo abogado Bruno Quijano, ex ministro de Justicia del general Lanusse, que pleitea contra Marta. Quijano es secuestrado por unos extraños tupamaros que lo liberan a los dos meses mediante rescate de 250.000 dólares. Lo único que Quijano revela tras su secuestro, es que no quiere saber nada de la querella.

Ningún abogado de Buenos aires accederá a representar a Blaquier contra su ex mujer. Dos años después, cuando Branca ya ha sido invitado a navegar en el yate oficial de Massera, Marta humilla públicamente a su primer: "Y a vos no te pasa lo que a Branca porque sos el padre de mis hijos".

Fernando Branca era un porteño, listo como el hambre, bien parecido, y que olvidó cualquier prejuicio moral en las aceras de una infancia desgarrada. De familia humildísima escapó de los orfelínatos para vender diarios en la calle Aires antes de hacerse policía. Logra casarse con Ana María Tocalli, una chica adinerada y de buena familia con la que tiene dos hijos y a la que arrastra a Miami, para tentar fortuna con una fábrica de soda. Fracasa, regresa a Buenos Aires, se separa y vive unos años de la asignación mensual de su ex esposa. Conoce a la McCormack, ya separada, y se identifica con su alma. Ambos son hermosos, distinguidos, fríos, ambiciosos y sin escrúpulos. Se casan y utilizan los bienes de ella para emprender pequeños negocios hasta que se produce el golpe militar en 1976 y comienza la era de la plata dulce,del dinero fácil, del dólar barato. Los Branca, junto con otros socios fundan Durbin y Brayer, empresas dedicadas a la importación y reciclaje de papel. La fortuna es inmediata, aunque irregularidades financieras obligan al Banco Central Argentino a inmovilizar 1.600.000 dólares de las cuentas de Branca. Este azuza a su mujer hacia Massera y el almirante libera las cuentas.

Branca ofrece al secretario de Massera hacer un negocio de reventa de una finca dejando fuera al Negro. Se produce la bronca entre Marta y su marido en Punta del Este. Massera, que ya mantiene relaciones íntimas con Marta, invíta a Fernando Branca a navegar. "Le metieron una capucha en la cabeza, le ataron los tobillos con alambre, le pusieron pesas de cemento, le tirotearon en la cabeza y lo arrojaron al agua", afirma Marcos Ravazzani, sastre, íntimo de Branca, negándose a revelar la fuente de su lúgubre información.

El almirante Massera es eso que en las sociedades latinas escasamente desarrolladas se entiende por un macho. Apodado el Negro por sus cabellos y su piel cetrina, de rasgos viriles y enérgicos, es desenvuelto y no carece de encanto. Casado, con dos hijos varones y con nietos, tiene fama de resistirlo casi todo menos la tentación de una mujer hermosa.

Coautor del golpe que derrocó a Isabel Perón, convirtió la Escuela de Mecánica de la Armada, en el centro de Buenos Aires, rodeada de bucólicos jardincillos, en el símbolo mundialmente conocido de todo el horror de la represión. Bajo su inspiración, los marinos robaron, violaron, secuestraron, distribuyeron niños, torturaron y asesinaron sin límite para construir "el proceso de reorganización nacional". Populista y demagogo acaba abandonando la junta militar al pasar a retiro, funda el partido Democracia Social y teje grotescos lazos con Isabel Perán a la que visita en secreto en Madrid.

El 28 de abril de 1977 un ayudante de Massera cierra la cita con Branca para la misteriosa navegación. Marta es la última persona conocida en verle con vida cuando pasa por el piso matrimonial para recoger algunas ropas. Al día siguiente, un amigo de Branca recibe un telegrama firmado por éste desde Uruguay rogándole recoja un mensaje depositado en su Mercedes color ciruela estacionado en el aeropuerto de Buenos Aires, el aeródromo para vuelos interiores que también sirve de puente aéreo con Montevideo. Allí está el Mercedes, con un mensaje en el que Branca afirma tener necesidad de ausentarse a Uruguay por un tiempo.

Los amigos piden audiencia al omnímodo almirante. Este, solícito, encarga una investigación al capitán Invierno (sic) de su servicio de inteligencia naval, que empantana la indagatoria.

La hermosa Marta asegura ni saber ni querer saber nada de su marido. Massera niega haberle invitado a navegar, aunque la secretaria de Branca recibió la invitación. Y mientras se desarrollan las investigaciones infructuosas del capitán Invierno, comienza una zarabanda de enajenación de bienes de Fernando Branca en Argentina y Estados Unidos, mediante las oportunas y necesarias firmas del propio Fernando Branca. En esos días, el auto oficial de Massera recoge asiduamente a Marta para que el almirante pueda suministrarle consuelo. Branca sigue sin aparecer, sólo aparece su firma al pie de documentos que autorizan la venta de sus bienes.

Finalmente, la madre de Branca, inculta, alejada del hijo, pero madre a la postre, presenta a los tres meses un recurso de habeas corpus en favor del desaparecido. Se hace cargo de la denuncia el juez Pedro Narváiz que comienza a citar en su despacho a los posibies implicados en la desaparición para su interrogatorio. Como todos los hilos conducen a Massera, termina citándole judicialmente. A los dos meses de sus investigaciones, el juez es convencido de que los aires de Buenos Aires no son los mejores para su salud, dimite en su cargo y se exilia primero en Brasil y después en Madrid.

Un juez valiente

Su sustituto paraliza la indagación y, al fin, un hombre de 33 años, el juez Salvi, compañero de estudios de los hijos de Massera, soltero, delgado, con un bigote ralo, de apariencia frágil, abriéndose paso por entre una selva de amenazas de muerte, dicta auto de procesamiento por ocultación de pruebas contra Marta Rodríguez McCormack, Massera y el capitán Invierno. Y prisión incondicional sin fianza para los dos últimos.

Massera huye a Brasil y la Marina le envia a Río de Janeiro un avión naval para traerlo a Buenos aires tras asegurarle que su caso pasará a la jurisdicción militar. El juez Salvi se niega y Massera e Invierno esperan su juicio en prisiones navales.

Marta se ha ocultado en compañía del duque de Maura, su nuevo y joven compañero. El capataz de la finca bonaerense de Branca, el cónsul argentino en Miami que certificó la firma tras su desaparición y el secretario de Massera para "asuntos económicos" han muerto de paros cardiacos.

El sumario se ha filtrado a la Prensa. El acta sumarial chorrea sangre, semen y lágrimas, adulterios, prostitución de altos vuelos, pasiones, asesinatos, falsificaciones, engaños, rapiña, corrupción, prepotencia. ...

¿Y qué importa -puede preguntarse- toda la sordidez del caso junto al drama de la intervención militar y de todos los horrores de la Escuela de Mecánica de fa Armada? Importa, y mucho. Hasta el caso Branca, los militares que en 1976 arrasaron su país podían aparecer a la postre como unos caballeros extraviados que cayeron en el error de estimar que el fin, un buen fin, justíficaba los medios. A partir del caso Branca, el almirante Massera y sus camaradas pueden aparecer bajo una nueva luz más ilustrativa: la de quienes, en nombre de la civilización cristiana y del sagrado principio de la patria, se estaban acostando con la mujer del socio, mataban a éste y se repartían sus bienes, mientras los revolucionarios de izquierda aullaban bajo las torturas en las prisiones.

Si en Argentina se llegan a celebrar las elecciones de octubre, el primer gobierno constitucional tendrá que contemplar cómo muchos oficiales y jefes ingresan en prisión; pero no será por razones ideológicas. Será por situaciones paralelas a la de Massera, que retratan la degradación moral de quienes terminaron perdiendo la guerra de las Malvinas.

Reynaldo Bignone reconoce que las secuelas de la 'guerra sucia' en Argentina son el principal obstáculo para la, democratización (3-7-1983)

Sereno y reposado, como es habitual en él, vestido de civil, el presidente Reynaldo Bignone intentó la noche del viernes insuflar nuevos ánimos y confianza a este vapuleado país. En una intervención radiotelevisada con ocasión de su primer año como presidente de la nación, Bignone no tuvo más remedio, pese a todo, que admitir los obstáculos que se oponen al proceso democratizador. "Los principales inconvenientes y obstáculos que enfrenta la nación para volver a la democracia", dijo, "surgen de las secuelas de la guerra contra la subversión".

Bignone afirmó que en ningún caso se tolerará que sea negado el resultado de aquella lucha, "ni que cualquier aspecto de su trámite sea empleado para alentar nuevamente la violencia". Así, repartiendo mensajes conciliadores dirigidos a los militares duros que temen verse abocados a procesos judiciales por sus excesos durante la represión, Bignone hizo un llamamiento a la fe y a la esperanza, y se ratificó en que, "transcurridos 12 meses, creemos con más fuerza que nunca que la nación necesita la democracia". "Pero los comicios", continuó, "y el debate de las cuestiones del país en los distintos foros que la Constitución establece no son por sí mismos garantías de paz y estabilidad. Son signos imprescindibles y vitales de una democracia, pero requieren estar asentados sobre un compromiso profundo de todo el pueblo, que es de naturaleza esencialmente espiritual".Bignone no es un militar común ni responde en nada al estereotipo del militar latinoamericano. No en balde se le extrajo de su retiro para presidir esta dificilísima transición. Es un hombre mesurado, con autoridad personal, y de talante conciliador. En su discurso del viernes ha intentado calmar los ánimos sin pronunciar por ello ninguna mentira. Su alusión a la crisis espiritual de la nación es algo más que una licencia literaria.

En la mañana de su intervención pública, Bignone, inusualmente, reunió en un almuerzo en la Casa Rosada a los tres miembros de la Junta Militar para analizar la situación del país y el borrador de su discurso. Y mañana, el teniente general Cristino Nicolaides, jefe del Ejército, tiene citados en Campo de Mayo a todos los generales de división del Ejército de Tierra. De esta reunión puede de pender en buena parte la celebra ción de las elecciones de octubre.

La aviación y la marina -particularmente la primera- son conscientes de la necesidad de llegar a las elecciones, pero sectores importantes del Ejército de Tierra (especialmente los mandos jóvenes e intermedios) estarían por interrumpir el camino hacia las urnas e intentar mejorar la situación económica y dejar perfectamente claro cuáles serán en el futuro las responsabilidades por la guerra sucia contra la subversión antes de llamar al país a las urnas.

Es seguro que este Gobierno militar dictará en breve una ley de pacificación por la que quedarán autoamnistiados los responsables de muertes, torturas y desapariciones. Y no es menos probable que el primer congreso democrático se vea obligado a revisar esta autoamnistía. Pero no existe otro camino ahora para salir del atolladero. Y todos desean fervientemente que Nicolaides, hombre clave de la situación militar, no se vea desbordado por su derecha.

Rechazo de la guerra

Para ayer estaba convocada una manifestación, Por la paz y la democracia, que se esperaba multitudinaria, frente al Congreso de Buenos Aires y en las principales ciudades del país. El Movimiento de las Juventudes Políticas, en el que se integran 11 partidos, ha hecho esta convocatoria por el manteniafiento del calendario hacia la democracia y en rechazo de una hipotética guerra con Chile por el contencioso del canal de Beagle.La Multipartidaria, por su parte, apenas salida del estupor de los rumores golpistas de estos días y encizañada por las elecciones internas de cada partido previas a los comicios de octubre, ha decidido al fin reunirse la próxima semana. Todos, políticos, obispos, numerosos generales, los miembros de la Junta Militar, el propio Bignone, intentan convencer al bunker golpista atrincherado en el Ejército de Tierra de que el país no tiene otra salida que las elecciones.

El principal problema reside, como acertadamente admite Bignone, en que Argentina está deviniendo a pasos agigantados en una inmensa corte de justicia. No podía ser de otra forma. Son demasiadas las víctimas y demasiados los familiares que esperan justicia.

Los obispos argentinos reiteran su condena del espíritu golpista (2-7-1983)

El episcopado argentino dio ayer a conocer su documento sobre moralidad, titulado Dios, el hombre y la conciencia, largamente postergado. No obstante, el retraso de su publicación ha servido para presentarlo ahora como un dique contra los rumores de golpismo militar, que vuelven a atronar en Buenos Aires."Condición necesaria para que la acción política de todos se desarrolle con eficacia", afirman los obispos argentinos, "es la estabilidad institucional. Ella ha estado casi ausente de la vida del país en las últimas décadas. Las repetidas interrupciones del orden institucional, tomadas en su conjunto, han causado un deterioro en el es. tilo de la vida política establecido por la Constitución. La experiencia confirma la validez del principio según el cual el pueblo es soberano y su participación efectiva constituye la fuerza. determinante de la vida política y el mejor correctivo de los males cívicos. Por eso volvemos a desaprobar lo que en su momento hemos llamado el espíritu golpista".

Los obispos reprueban enérgicamente los totalitarismos y la filosofía anticristiana de que el fin justifica los medios, deploran la subversión guerrillera y la brutalidad de su represión. El documento se ocupa de otros aspectos de la moral cristiana y condena severamente el divorcio y el aborto, pero su rechazo del golpismo lo convierte en una oportuna barrera contra las tentaciones de un sector de militares duros que pretenden paralizar el proceso electoral. Los obispos de Córdoba y Rosario han sido todavía más explícitos, declarando que "hay una opinión tan general de llegar a un tiempo de paz a través de una vida democrática, que parecería fuera de lugar un golpe de Estado".

Continúa, mientras, la reconstrucción del asesinato de los políticos Cambiaso y Rossi; los forenses han sido terminantes en que, antes de morir, al menos Rossi fue torturado con electricidad.