Montevideo o la ceremonia de la confusión (22-11-1984)

Las dos grandes fuerzas políticas uruguayas son el Partido Colorado y el Partido Nacional (Blanco). Tienen su origen en las luchas decimonónicas rioplatenses entre unitarios y federales, y deben su nombre al color de las escarapelas con que se distinguían en las batallas. Diferenciarlos con esquemas europeos es una labor ardua, pero cabría singularizarlos de la siguiente manera: los colorados son, históricamente, el partido de la pequeña burguesía ilustrada montevideana, suavemente progresistas, ligeramente estatalizadores, más vinculados a Brasil que a Argentina y con fuerte influencia de la comunidad de origen italiano. Los blancos son tradicionalmente influyentes en el interior rural del país, conservadores sin llegar a ser oligárquicos, en buenas relaciones con los estancieros de la otra orilla del río de la Plata y con buen arraigo entre la comunidad de origen español. Ahora, tras 11 años de dictadura, la tradición histórica está trastocada y, añadido ello a la presencia del Frente Amplio y a una endiablada ley electoral, se comprende la ceremonia de la confusión a que asiste el electorado.

Los dos grandes grupos se han venido repartiendo más del 80% del electorado, con el Partido Colorado como hegemónico. Éste gobernó el país 96 años consecutivos, hasta 1958, en que las elecciones fueron ganadas por los blancos, reelectos en 1966. Pero, aun así, durante aquellos dos períodos presidenciales blancos el país estuvo dirigido por un Consejo Nacional de Gobierno en el que tenía asiento proporcional la oposición. Así, los blancos han gobernado poco y jamás en solitario. En una extrapolación forzada se puede equiparar ablancos y colorados con republicanos y demócratas en Estados Unidos o con conservadores y laboristas en el Reino Unido. Pero la primera distorsión de la política uruguaya con la que tropezarán los electores del domingo reside en que el Partido Blanco ha girado sobre su izquierda, acorralando a los colorados contra su propia derecha.

Wilson, Ferreira Aldunate, ahora proscrito y en prisión, líder de la mayoría blanca, perdió frente a los colorados las últimas elecciones democráticas (1971) por 12.000 votos, y las impugnó por, fraude en el recuento. Tras el golpe de 1973, se exilió en Buenos Aires; tres años después, agentes uruguayos, con la complicidad de la dictadura argentina, asesinaban en la capital del Plata al senador Zelmar Michelini y al ex presidente de la asamblea uruguaya Héctor Gutiérrez Ruiz. Wilson salvó su vida milagrosamente -era el principal objetivo de los asesinos- y se instaló en Europa. Se convirtió en el más enérgico debelador de la dictadura y, testificando ante el Congreso estadounidense, logró congelar créditos y armamento para el Ejército uruguayo.

Con su política no pactista, de choque frontal con la dictadura, Wilson, que controla al menos el 80% del Partido Nacional, corrió los esquemas partidarios blancos desde el centro-derecha hasta un acusado centro-izquierda, entrando de lleno en la clientela electoral de los colorados y hasta en la del Frente Amplio, y sembrando no poca confusión en sus propias filas. Ahora, desde una celda militar, se erige en el símbolo de la intransigencia frente a la dictadura.

El Ejército, con los 'colorados'

El coloradismo sufrió una transformación inversa. Los dos últimos Gobiernos colorados de la democracia uruguaya -Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry- precipitaron al paisito en el golpe de Estado, y bajo la dictadura, el líder de la mayoría partidaria Julio María Sanguinetti dirigió una estrategia de pactos y concesiones hacia los militares para recuperar la democracia. Logré al menos que su partido llegara a estas elecciones indemne y sin proscritos, pero tuvo que sufrir una pérdida de clientela entre la juventud y por su izquierda hacia el Frente Amplio y el Partido Nacional. En esta campaña electoral, Sanguinetti, acusado de pactista y continuista, se ha rendido a la evidencia de los hechos y se ha lanzado abiertamente a la captura del voto conservador; el Partido Colorado, que de la mano de José Battlle convirtió al país en la Suiza de América a comienzos de siglo, aparece ahora como un partido de la derecha tradicional con fuertes ingredientes reaccionarios. Tiene asegurado el voto militar.

Pero no son sólo los trastornos de identidad de los dos grandes partidos los que confunden al electorado uruguayo. La aparición en 1971 de la coalición de izquierdas Frente Amplio, liderada por, el general Líber Seregni (18% de los votos en aquella elección), amenazaba seriamente con romper el esquema bipartidista, agotado por la frustrante y monótona sucesión de Gobiernos colorados y oposición blanca. Ahora, con el evidente crecimiento del Frente, aquella amenaza es una realidad.

El complejo sistema electoral

El Frente Amplio se cobija legalmente en la infernal ley electoral uruguaya, bajo los lemas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), insólitos demócratacristianos que creyeron y aplican las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Junto al PDC forman el frente el Partido Comunista (prohibido; concurre a la elección con el nombre Democracia Avanzada), el Partido Socialista, la Izquierda Democrática Independiente (a la izquierda del PS), la Lista 99 (la escisión delcoloradismo que capitaneara el asesinado Zelmar Michelini) y una galaxia de grupos, grupúsculos e independientes a título individual: lo que en Uruguay llaman la colcha de retazos.

La votación que reciba el Frente Amplio según sus distintos sectores despierta tanto interés como la elección nacional. En Uruguay rige el doble voto simultáneo, por el que los electores votan no sólo por un partido, sino por cualquiera de las distintas fracciones que lo integran. Los blancos presentan tres listas, la mayoritaria encabezada por Alberto Zumarán, vicario de Wilson Ferreira; los colorados, la mayoritaria de Sanguinetti y la ultraderechista del ex presidente Pacheco Areco; el Frente sólo presenta una candidatura presidencial -el ginecólogo Juan Crottogini, independiente, candidato a la vicepresidencia con Seregni en 1971 y ahora su vicario, al permanecer proscrito el general-, pero se puede votar al candidato desde las listas de cualquiera de los partidos del Frente. No se puede cruzar las listas; se comienza votando por un partido y debe seguirse votando dentro de él al presidente, diputados, senadores, intendentes y ediles. No cabe, por ejemplo, votar al candidato presidencial blanco y al candidato frenteamplista a la alcaldía de Montevideo, cruce que, sin duda, daría la victoria nacional a los primeros. Además, la fracción que dentro de cada partido recaba más votos suma los de las fracciones minoritarias. Esto explica que en 1971 Ferreira fuera el candidato presidencial más votado y, sin embargo, perdiera las elecciones.

Por ello es de vital importancia para la vida partidaria la batalla dentro del Frente Amplio entre los comunistas de Democracia Avanzada, el Partido Socialista -marxista, de cuyo seno nacieron los tupamaros- y laLista 99, las tres fuerzas mayoritarias. Si la fracción más votada es Democracia Avanzada, el Partido Comunista uruguayo -el segundo, tras el chileno, en América Latina, y dirigido por la cabeza más prestigiosa del comunismo suramericano, Rodney Arismendi- orientará sin duda los destinos frenteamplistas y los de una minoría parlamentaria que le permitirá decidir en la política nacional ante el seguro empate legislativo entre colorados y blancos.

En una sociedad envejecida como la uruguaya, poblada por funcionarios y clases pasivas, es imposible pensar en un triunfo nacionalfrenteamplista, pero sí en su ascenso al papel de minoría decisoria en las Cámaras y en su triunfo por la alcaldía montevideana

Finalmente, a las proscripciones, a los 600.000 jóvenes que votarán por primera vez, al numeroso exilio que no puede votar, a la endemoniada ley electoral de doble voto simultáneo, al trastocamiento de los papeles tradicionales de los dos grandes partidos, se suma la intención confesa del Partido Blanco de gobernar un provisoriato en caso de triunfo nacional. En ese caso, arrojarían al excusado el pacto del Club Naval, suscrito entre los militares y colorados, frenteamplistas y la diminuta Unión Cívica (democracia cristiana conservadora), que establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional permanente, en el que se sentarán los comandantes de las tres armas, el estado de insurrección, y por el que los ascensos militares serán exclusivamente administrados por los propios uniformados, a más de otras garantías y cautelas. El provisoriato convocaría elecciones sin prescripción alguna, a la mayor brevedad posible, para que Ferreira Aldunate y el general Seregni pudieran encabezar abiertamente sus propias formaciones.

El 'paisito', en libertad condicional (21-11-1984)

Los uruguayos acuden el próximo domingo a las urnas para elegir a su presidente, a sus parlamentarios y a sus alcaldes, por primera vez desde 1971 y tras 11 años de dictadura militar. Entre los nueve candidatos a la presidencia de la República Oriental del Uruguay, sólo tres cuentan con posibilidades de lograrla: Julio Sanguinetti, por el Partido Colorado; Alberto Zumarán, por el Partido Blanco, y Juan Crottogini, por la coalición izquierdista del Frente Amplio. En los comicios destacan las ausencias de figuras políticas como el blanco Wilson Ferreira y el frenteamplista Líber Seregni.

Los militares uruguayos podrían llegar a inspirar cierta ternura de no ser por la sangre derramada, los sufrimientos, la ruina económica y el tiempo perdido. Dueños prepotentes de una llanura de 170.000 kilómetros cuadrados, apenas poblada por dos millones y medio de habitantes, y desplegando unas fuerzas armadas profesionales de 68.000 hombres, con más coroneles que cabos y más generales -proporcionalmente- que Estados Unidos, no han hecho otra cosa en los últimos 12 años que perder todas su batallas interiores.Instalaron en el país -en el paisito- una de las dictaduras menos sangrientas, pero más obtusas, del Cono Sur, cimentada en policías, confidentes, rencores, mezquindades, ciudadanos de primera, segunda y tercera categorías, según su fiabilidad política, represalias laborales contra los desafectos" pago de la estancia en la cárcel por los presos políticos, crueldad penitenciaria consideración de los presos como rehenes del Estado, asesinato de exiliados en la otra orilla del río de la Plata, control generalizado del correo y del teléfono y una censura de Prensa que en algún morriento llegó al absurdo de prohibir la difusión de información política nacional.

No obstante, en un caso sin precedentes en la historia de las dictaduras, los militares uruguayos patrocinaron un plebiscito y unos comicios partidarios, y perdieron ambos. En 1980, convocaron un referéndum para modificar la Constitución y establecer una democracia tutelada. Votó el 85% del electorado y un 58% de los sufragios emitidos lo fueron contra el proyecto. Dos años después convocaron elecciones internas en los tres partidos tolerados -Colorado, Nacional (Blanco) y Unión Cívica (derecha de la democracia cristiana)-, para ver cómo quedaban estrepitosamente derrotados los candidatos oficialistas a manos de la oposición frontal al régimen.

Preocupados por una Administración urbana demostrativa y detallista, a la postre muy femenina, de continuas inauguraciones de placitas, jardincillos, fuentes y monumentos, los uniformados erigieron en la plaza montevideana del Ejército un descomunal monolito cuya cima recordaba sospechosamente a un falo. A la mañana siguiente fue preciso colocar guardia armada al monumento, mientras cuadrillas de obreros rascaban con arena la gran pintada: "Esta es la pija que los militares le metieron al pueblo". Poco después inauguraron un costoso monumento a la bandera, en cuyo mástil izaron una gigantesca enseña especialmente fabricada en el Reino Unido por una acreditada firma de velámenes, que flameaba a la menor brisa. Al día siguiente les habían robado la bandera.

Con una deuda externa de cerca de 6.000 millones de dólares (las exportaciones, a la baja, apenas superan losI.000 millones de dólares anuales), visiblemente empobrecido el país incluso en el centro montevideano, y convencidos los militares, al fin, de que el pueblo uruguayo, muy civilizado y culto, no entiende otra forma de gobierno que la democracia por sufragio universal, la dictadura se retira.

Problemas para el futuro

Los militares, en vez de establecer con los partidos políticos un acuerdo para preservar su impunidad (sólo hay 17 desaparecidos y los asesinatos dentro y fuera del país y los homicidios en los penales y centros de tortura costará probarlos judicialmente), han organizado unas elecciones sembradas de trampas inútiles y problemas gravísimos para el inmediato futuro democrático.

Así, a los comicios del próximo domingo no concurre el Partido Comunista con su propio nombre, al estar proscrito, aunque lo hace bajo el lema de Democracia Avanzada; su secretario general, Rodney Arismendi, que acaba de poner fin a su exilio en Moscú, tampoco puede ser candidato. El general Líber Seregni, presidente del Frente Amplio (Democracia Avanzada, Partido Socialista, Izquierda Democrática Independiente, Partido Demócrata Cristiano y Lista 99, una escisión por la izquierda de los colorados), no puede optar a la candidatura presidencial y le representa el ginecólogo Juan Crottogini, su compañero de fórmula en las elecciones de 1981. Wilson Ferreira Aldunate,jefe de la Mayoría Nacional o blanca, continúa preso en un cuartel a 200 kilómetros de Montevideo, esperando la nulidad de su procesamiento por presunta traición a la patria. Su vicario electoral es un oscuro hacendado -Alberto Zumarán-, llamado a desempeñar el papel que Héctor Cámpora jugó en Argentina respecto a Juan Domingo Perón en caso de triunfo electoral blanco, con la previsible convocatoria de unas nuevas elecciones verdaderamente libres.

694 presos políticos

Miles de partidarios del Frente Amplio permanecen políticamente proscritos y no pueden ser candidatos (sólo el Partido Colorado de Julio María Sanguinetti no ha sufrido trabas electorales: su persona y su partido son los preferidos de la dictadura en su condición de lo menos malo) y al menos 3.000 exiliados no pueden votar al estar reclamados por la supuesta comisión de delitos por convicción. Los militares se han negado a decretar una amnistía y han accedido sólo a liberar a 411 presos políticos con la mitad de la pena cumplida. En prisión quedan 694, entre ellos el legendario fundador de los tupamaros, Raúl Sendic. De las tres grandes figuras de la política uruguaya -Sanguinetti, Ferreira y Seregni-, dos no pueden ser elegidos y están representados porvicarios. El futuro embrollo es seguro.

Sin embargo, todas las precauciones anteriores no satisfacen la cicatería y medrosidad militares. Hace tres meses, en el Club Naval de Montevideo, la dictadura saliente impuso a los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica -el Partido Nacional no participó de las conversaciones y hasta se retiró de la Multipartidaria tras la detención de Wilson Ferreira al regresar al país el 6 de junio- un pacto de cinco puntos previo a la convocatoria electoral: constitución de un Consejo de Seguridad Nacional en el que participen los militares, en minoría, junto a las autoridades civiles; control militar de los ascensos hasta marzo de 1986; creación de la figura jurídica del estado de insurrección; vigencia de todos los decretos de la dictadura hasta que sean aprobados o rechazados por plebiscito en noviembre de 1985; y mantenimiento de la proscripción de Ferreira, Seregni y el Partido Comunista hasta el 1 de marzo de 1985, fecha de la entrega del poder a las autoridades electas.

Por lo demás, Montevideo es una fiesta de pasquines, mítines, marchas y cánticos bufos contra el presidente, general Gregorio Goyo Álvarez, sin que la gendarmería se moleste en dar un palo al agua. La izquierda levanta libremente el puño y se denuncia por radio y televisión el pacto del Club Naval. El paisito camina hacia su libertad condicional.

El mago de Oz (19-11-1984)

A comienzos de 1983 corrió el rumor por Buenos Aires de que la cabeza disecada de la jirafa Carolina colgaba de las paredes de la lujosa residencia de José Alfredo Martínez de Hoz, en el exclusivo edificio Cavanagh, primer rascacielos levantado en la ciudad rioplatense.Carolina había muerto tres años antes en el zoo de La Plata, la capital bonaerense, y había sido la adoración de los niños de la provincia. Tal era así que la dirección del zoo exhumó los restos de la jirafa comprobando estupefactos que, efectivamente, le faltaba la cabeza. La esposa de Martínez de Hoz terminó viéndose obligada a escribir una ácida carta al director de La Nación, asegurando que a su marido podrían culparle de muchas cosas, pero no de haber decapitado aCarolina.Meses después, José Alfredo Martínez de Hoz era reconocido en los salones del aeropuerto internacional de Ezeiza, dispuesto a abordar un vuelo al exterior. Parte del público comenzó a increparle y otros corrieron a su encuentro con los brazos abiertos y los puños cerrados; el todopoderoso ex ministro de la dictadura sólo pudo escapar de sus compatriotas refugiándose en la comisaría de la terminal aérea. A su regreso de aquel viaje, el director del hipódromo porteño de Palermo le expulsó físicamente del recinto bajo excusa de preservar el orden público. Comenzaba a ser un apestado en su propia nación.

José Alfredo Martínez de Hoz, alias Joe por el apodo que le puso en su infancia su nanny inglesa, desciende de una familia de ricos hacendados con extensos campos en Necochea, en la mejor pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires. Estudió Derecho y amplió estudios en Cambridge antes de desposar a Elvira Bullrith, heredera de la más exquisita casa de subastas de Buenos Aires y dueña también de una considerable fortuna personal. El matrimonio tiene dos hijos -un teniente y un abogado- y una hija.

Inició su aproximación a la política como interventor de la provincia de Salta, para centrarse posteriormente en los negocios como presidente de Acyndar, la primera acería del país y de la compañía Ítalo, propiedad de la banca suiza y única empresa de electricidad aún no nacionalizada. Su bufete era uno de los más prósperos de Argentina y Joe, hombre austero -úlcera duodenal- y de comunión dominical, frenaba sus pasiones en la cría de potros criollos en sus campos, las carreras de caballos, el polo y los safaris africanos. Un representante, en suma, de la clase paqueta (linda, rica, elegante) argentina, pero nada más.

Amigos del colegio

Su condición social y su especialización económica le llevaron a aceptar un puesto de profesor de Economía en el Colegio Militar de Argentina. Así, el teniente general Videla y el almirante Emilio Eduardo Massera sabían bien a quien llamaban cuando en los meses inmediatamente anteriores al golpe de Estado de marzo de 1976 que derrocó el Gobierno constitucional de Isabelita Perón, le hicieron regresar de un safari africano.En un apartamento propiedad de Massera le explicaron que se iba a producir un cambio político inspirado genéricamente en la filosofía del pensador español Julián Marías, muy conocido en algunos círculos intelectuales argentinos, y que él debería desarrollar la política económica de lo que habría de denominarse proceso de reorganización nacional. Fue ministro de Economía de la dictadura desde 1976 a 1981, el de más prolongado mandato en 50 años de, historia argentina. Su gestión merecerá extensos capítulos en los ensayos que economistas de medio mundo preparan ahora en Buenos Aires sobre los orígenes de una inflación, sostenida, por encima del 600% anual.

Flaco, con rostro de ave, orejas exageradamente separadas, dotado de una voz perfectamente modulada, se rodeó de una corte de Chicago boys, que trabajaban 16 horas diarias, sólo interrumpidas por breves colaciones y un partido de tenis, para aplicar en Argentina el modelo monetarista diseñado por Milton Friedman y la Escuela de Chicago.

Elaboró un plan en tres etapas: mayor caracterización del país como mero productor de materias primas alimentarias para el Occidente industrializado; adquisición masiva en el exterior de tecnología de punta y bienes de equipo admitiendo el endeudamiento ilimitado, y, finalmente, relanzamiento industrial con no más allá de un 50% de inflación anual. Sobreevaluó la moneda y los argentinos podían adquirir un dólar con 200 pesos (dos centavos en la actualidad) y el billete estrecho y verde podía comprarse sin limitaciones y entrar o salir libremente del país. Llegó a rebajar la inflación hasta un 6% mensual pero su particular reconversión industrial de caballo, antes propia de un ministro de Economía afgano que de un atildado licenciado de Cambridge, sumió a la República en unos años mágicos, irreales, conocidos como la "era de la plata dulce".

Tan preocupado por la producción agropecuaria -a la postre él es un hacendado-, Joe Martínez de Hoz tuvo que observar cómo quebraban las fábricas argentinas de maquinaria agrícola ante la importación masiva de trabajo mecánico; pequeños y hasta medianos industriales -y por supuesto también terratenientes- vendieron sus negocios, sus fábricas o sus predios y con las maletas repletas de pesos acudieron a los bancos a comprar miles o millones de dólares, que engrosaron los circuitos de especulación financiera o fueron depositados en el exterior.

Con el aval del Estado se solicitaron ingentes créditos internacionales que, en no pocas ocasiones, jamás llegaban a entrar en Argentina. Surgieron bancos como las setas en un pinar tras una manta de lluvia. Necesitados de liquidez para mantener en pie la bicicleta financiera, los bancos ofrecian mtereses de hasta un 120% mensual.

La consigna popular del avivado porteño consistió en que no era necesario trabajar: el dinero trabajaba por uno. Los pesos se pasaban a dólares, los dólares se pasaban a bonos o se invertían a plazo fijo de una semana, la City de Buenos Aires se cubrió con una espesa telaraña de cables telefónicos punta-punta para negociar privadamente la cotizacióry de las monedas y los valores.

Las mesas de dinero comenzaban a echar humo y hasta los pensionistas dejaron de desmigar pan a las palomas para escrutar en los paneles bancarios la cotización de las divisas y las imposiciones. Joe ilustraba aquel mercado persa financiero con comparecencias televisivas de hasta tres horas perorando crípticamente sobre su recetario. Los argentinos no directamente especulativos se lanzaron a recorrer el mundo con su dólar barato en los bolsillos y, aun cuando la porteña calle Florida parecía puerto franco, compraron bienes en el exterior hasta ser mundialmente conocidos como démedos: todo lo adquirían por duplicado y los vuelos procedentes de Miami llegaban a Ezeiza con las bodegas cargadas hasta de inodoros. "Al menos he conseguido que los argentinos conozcan el mundo", replicó Martínez de Hoz a un compatriota que le reprochaba su gestión en un aeropuerto europeo.

Antes de ser sustituido procedió a una devaluación del peso, pero ya la economía de la nación había entrado en un picado en barrena contra el que todavía lucha desesperada e infructuosamente el Gobierno democrático. Pero no todo el desastre podía ser achacable al iluminismo económico de Joe y sus Chicago boys, por lo demás reconocidos como hombres de afilado talento. Un cierto olor a podrido impregnaba las relaciones de Martínez de Hoz y su equipo económico (Joe cerró en 1980 el monumental teatro Colón para dar un cóctel a David Rockefeller, de quien era íntimo y a quien tuteaba) con la banca acreedora de Argentina.

Una comisión parlamentaria presidida por el diputado radical Tello Rosas fue constituida para investigar la guerra sucia económica y comenzaron a desenredar la madeja tirando del hilo del caso Italo: la compañía suiza de electricidad que fue presidida por Martínez de Hoz. Valorada inicialmente en 80 millones de dólares, fue adquirida en 1978 por el Estado en 400 millones. Joe intervino personalmente en las negociaciones de compra.

Pruebas de peso

La comisión parlamentaria allanó el bufete de Guillermo Walter Klein -asociado a un hijo de Joe que fuera subsecretario de Planificación Económica y mano derecha de Martínez de Hoz-. En una habitación blindada encontraron manuales sobre cómo llevar a la quiebra o absorber una empresa industrial, informes militares sobre la guerra antisubversiva firmados por el procesado general Ramón Camps -carnicero de Buenos Aires- y copias de télex a la banca internacional facilitando información reservada sobre futuras decisiones (del Banco Central.La segunda declaración de Joe ante la Cámara tenía que dar con sus delgados huesos en la cárcel, ante los abrumadores. indicios de prevaricación acumulados contra él. Sin embargo, José Alfredo Martínez de Hoz fue puesto en libertad sin procesamiento el sábado por el juez Néstor Blondi.

En la cárcel, otros le han precedido, como el brigadier Cacciatore, que desfondó las arcas de Buenos Aires como intendente de la ciudad, pues el último director de Aduanas de la dictadura era, precisamente, un avezado contrabandista; otros le sucederán, como sus principales colaboradores, encabezados por Walter Klein, a más de las responsabilidades que recaigan sobre las juntas militares ya procesadas por delitos contra la humanidad.

En las primeras semanas de la democracia argentina la clase política especuló seriamente con la necesidad de llevar adelante un juicio político y parlamentario a los funcionarios civiles que arruinaron al país. Les hubieran hecho un honor.

A inedida que se ha levantado un poco el pico de la alfombra sólo se ha tenido que llamar a los guardias. En la contabilidad de la dictadura militar no está claro ni lo de la jirafa Carolina.

Los partidos uruguayos firman una concertación democrática (18-11-1984)

Los candidatos para la presidencia y la vicepresidencia de las cuatro principales agrupaciones políticas de Uruguay firmaron conjuntamente una Concertación Nacional Programática (CONAPRO) sobre temas generales que afectarán al futuro Gobierno democrático.

Los firmantes -partidos Colorado y Blanco, Frente Amplio y Unión Cívica, (escisión por la derecha del Partido Demócrata Cristiano, integrante del Frente)- alcanzaron acuerdos en materia de restablecimiento de todas las libertades, retorno de exiliados, vigencia de los derechos humanos, levantamiento de proscripciones, política de vivienda y salud, autonomía de la universidad e independencia del poder judicial.

No alcanzaron consenso, y así lo exponen en el documento, sobre la organización legal de la educación general, la futura legislación sobre relaciones laborales, la ley de seguridad del Estado y la amnistía para presos políticos. Sobre este último punto, blancos y frentistas son partidarios de una amnistía inmediata e irrestricta, mientras quecolorados y miembros de la Unión Cívica optan por una amnistía limitada completada posteriormente con indultos individuales y libertades anticipadas.

En cualquier caso es voluntad de los partidos firmantes la institucionalización de la CONAPRO, gane quien gane los comicios del 25 de noviembre, para dar solidez legislativa al primer Gobierno democrático.

Pese a los correosos ataques mutuos, el diario El día, portavoz del Partido Colorado, publicó ayer un editorial que denuncia el carácter meramente político de la detención del líder blanco Wilson Ferreira. La noche anterior al menos 60.000 personas recorrieron la Avenida 18 de julio hasta el obelisco montevideano clamando por la libertad de Ferreira y de todos los presos políticos.

En tanto, a cinco días del fin de la campaña electoral, arrecian los ataques contra el Partido Comunista, integrante del Frente Amplio, en un intento de alarmar al electorado ante una supuesta e inminente sovietización del país. Rodney Arismendi, secretario general del PCU, que acaba de regresar de su exilio en la Unión Soviética, adonde fue deportado por la dictadura en 1975, está siendo acusado de salvar la vida por haber entregado a los militares los archivos de su partido.

El PC uruguayo niega categóricamente estas acusaciones. Lo cierto es que la embajada soviética en Montevideo exigió en su día el buen trato y la liberación de Arismendi, con el sólido argumento de que es la URSS el principal comprador de la lana uruguaya.

Los máximos mandos del Ejército de Tierra de Uruguay han consultado a los coroneles en actividad su opinión acerca de las responsabilidades castrenses durante la dictadura y la estrategia corporativa a seguir en el futuro.

Los coroneles declinaron pronunciarse como colectivo y, a título individual, coincidieron en que la responsabilidad en cualquiera de los hechos ocurridos correspondería a quien dio entonces las órdenes y no a ellos, que por ocupar grados inferiores no fueron consultados.

El dirigente 'blanco' uruguayo Wilson Ferreira cumple cinco meses en prisión (17-11-1984)

Wilson Ferreira, dirigente del Partido Nacional o Blanco uruguayo, cumplió ayer cinco meses en prisión. Ferreira fue detenido el 16 de junio, en Montevideo, al regresar a su país tras 11 años de exilio. El equipo de abogados que vela por él -que incluye al ex presidente del Gobierno español Adolfo Suárez, expulsado recientemente del país- alberga pocas esperanzas de que el dirigente blanco sea puesto en libertad antes de la jornada electoral del 25 de noviembre.

El comandante del acuartelamiento de Trinidad, a 200 kilómetros de Montevideo -donde Ferreira se encuentra recluido-, decidió celebrar la fecha pasando una factura a la familia de 18.000 pesos (unas 60.000 pesetas) por la manutención del detenido, alegando carecer de fondos en su cuartel para seguir alimentándole.

No se trata de una broma, dado que la sugestiva legislación penitenciaria de la dictadura obliga a los presos a sufragar todos los gastos de su estancia en la cárcel. No obstante, la familia y sus abogados han rechazado la factura alegando que Ferreira aún no ha sido juzgado y menos condenado por sentencia firme. El Estado Mayor del Ejército tendrá así que habilitar una partida especial para las tres comidas diarias de Ferreira.

Pasada su causa de la jurisdicción militar a la Corte Suprema de Justicia, siete magistrados deberán pronunciarse sobre la nulidad del proceso, al haberse iniciado éste estando Ferreira fuera del país, o por la revocación del mismo. El propio presidente de la Corte Suprema, Juan Silva, duda de que Wilson Ferreira pueda ser liberado antes de los comicios.

La liberación del líder blanco es un asunto político, y se está tratando como tal. Su aparición en el último tramo de la campaña electoral le garantizaría los votos necesarios para que su partido quedara el segundo en Montevideo, tras el Frente Amplio.

Masivo regreso a Uruguay de los exiliados (16-11-1984)

Los vuelos internacionales que aterrizan en el aeropuerto montevideano de Carrasco no tienen una sola plaza libre; el exilio político y económico está regresando masivamente a la República Oriental de Uruguay para votar en las elecciones municipales, legislativas y presidenciales del domingo 25 de noviembre, las primeras en 13 años. Puede afirmarse que el transporte público entre Argentina y Uruguay estará congestionado hasta después de estos comicios, que pondrán fin a 11 años de dictadura militar.

Medio millón de uruguayos trabajan en Argentina y han recibido del Gobierno de Raúl Alfonsín tres días de vacaciones para poder votar en su país. Es ya imposible reservar un billete aéreo para sobrevolar el río de la Plata o conseguir pasaje en los autocares que cruzan la frontera del río Uruguay por el norte o en los hidrodeslizadores y vapores que unen Buenos Aires y Montevideo.Alrededor de 3.000 uruguayos exiliados aún permanecen, sin embargo, reclamados por los jueces de la dictadura y deberán aplazar su retorno. A 15 días de las elecciones democráticas otros 4.000 uruguayos tienen presentadas en el consulado argentino en Montevideo sus solicitudes de permiso de trabajo La dictadura terminó de quebrar al paisito y la democracia vendrá vestida de harapos.

Montevideo ha cambiado su apagada fisonomía y vive su fiesta electoral en un ambiente relajado que exige caminatas y esfuerzos visuales para descubrir algún piquete de la policía de choque. En un alarde de pulcritud urbana no se advierte una sola pintada en las paredes. De miles de balcones cuelgan las enseñas y pancartas de cada partido -con lo que cada inquilino identifica su voto- y los árboles añosos aparecen acribillados de emblemas y pegatinas.

Orden asegurado

El orden público parece asegurado, con las excepciones de un supuesto intento de atentado contra Alberto Sáenz de Zumaran, sustituto en la elección presidencial del detenido dirigente del partido blanco Wilson Ferreira Aldunate, y el ametralla miento hace dos noches de una sede del Frente Amplio. Como antaño hiciera Felipe González en España, los dirigentes blancos hacen su campaña en un autobús.Analizando con infinita precaución interesadas encuestas, puede asegurarse que el Frente Amplio -coalición de izquierda, democristianos e independientes, encabezada por el general Líber Seregni- obtendrá la alcaldía de Montevideo, donde habita la mitad de la nación. La elección presidencial será reñidísima entre los colorados capitaneados por Julio María Sanguinetti y los blancos de Wilson Ferreira, aún en prisión. Que líderes como Seregni y Ferreira tengan que concurrir a los comicios mediante testaferros enturbiará la elección, y aun más si ésta es ganada por losblancos, que ya hablan de un provisoriato en caso de triunfo y nueva convocatoria electoral antes de un año para sentar en la presidencia a Wilson Ferreira.

El silencio cómplice de la lglesia argentina (11-11-1984)

En junio de 1976, dos policías arrestaron en su domicilio de Chamical, en la provincia de La Rioja, al pie de los Andes, a los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, so pretexto de trasladarlos a la capital provincial para un interrogatorio de rutina. Veinticuatro horas después, los cadáveres de ambos clérigos, zurzidos a balazos, fueron encontrados por un piquete ferroviario en la cuneta de la línea férrea. Durante los cuatro meses anteriores, el padre José Tedeschi fue secuestrado, torturado y baleado: su cadáver fue arrojado a un basurero. El padre Francisco Soares y su hermano -inválido- fueron tiroteados y muertos mientras oraban en su capilla. Posteriormente, cinco sacerdotes irlandeses recibieron fuego de ametralladora en sus camastros mientras dormían en una sacristía rural; ninguno sobrevivió, y los asesinos escribieron en las paredes del matadero leyendas acusatorias de corromper el espíritu de la juventud.

Monseñor Carletti, tras el asesinato de Longueville y Dios Murias, protestó enérgica y públicamente al Gobierno, que adujo no haber ordenado a ningún servicio de seguridad el allanamiento de la parroquia de Chamical. El prelado abandonó su sede episcopal instalándose en Chamical y oficiando diariamente la misa de sus pastores asesinados. El 4 de agosto, el obispo, indignado ante la pasividad gubernamental, decide regresar a La Rioja con una amenaza en la mano: dará los nombres de quienes ordenaron el crimen, de cuya responsabilidad tiene certeza moral, desde el púlpito de la catedral riojana. Cometió el error de viajar solo.

Su automóvil jamás llegó a La Rioja. En un tramo de las soledades preandinas, según la versión policial, reventó una rueda, derrapó el coche y el monseñor fue des pedido a través del parabrisas, falleciendo en el acto. Todos los que observaron el automóvil accidentado testificaron que las cuatro ruedas estaban intactas, y la monja que lavó y amortajó el cuerpo del obispo aseguró que no tenía un rasguño en el rostro. Diez obispos y 6.000 fieles celebraron sus exequias, dándose por bueno el atestado policial. Hoy, los nombres de sus presuntos asesinos figuran en el informe Sábato como sospechosos de aquel asesinato en el camino a la catedral.

Aquél fue el más alto y sangriento momento de la Iglesia católica argentina durante los siete ominosos años de la dictadura militar. Junto a la breve nómina de sacerdotes asesinados como el obispo Carletti, sólo Jaime de Nevares, obispo de Neuquen, en el suroeste del país, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y monseñor Miguel Esteban Hesayne, obispo de Viedma, en Río Negro, levantaron sistemáticamente sus voces para intentar detener el terrorismo del Estado y despertar de su letargo a sus compañeros de curia. Monseñor Hesayne llegó a escribir oficialmente a la Conferencia Episcopal en los siguientes términos: "...sabemos con certeza, como Iglesia, que nuestras Fuerzas Armadas han torturado y hecho desaparecer a nuestros hermanos e hijos en la fe ( ... ). Esas Fuerzas Armadas que detentan el poder y desde cuya cima se dicen católicos. Y la Iglesia los sirve oficialmente a través del vicariato militar...". Fue la propia Conferencia Episcopal -presidida durante la dictadura por el cardenal Primatesta y por monseñor Aramburu, aún en el cargo- la encargada de silenciar la carta del obispo de Viedma.

Tímidas protestas

Otros prelados, como monseñor Novak, obispo de Quilmes y presidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, o monseñor Deboto, impulsor de las ligas agrarias en la provincia de Corrientes, ambos pastores progresistas o, si se prefiere, sensibles a la tropelía militar que asolaba el país, sucumbieron moralmente ante el temor o la confusión de sus mentes.

Así las cosas, la publicación de un supuesto listado de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), que presidió Ernesto Sábato, sobre implicados en la represión -en el que se incluyen los nombres de 15 clérigos encabezados por el ex nuncio de Su Santidad en Buenos Aires, monseñor Pío Laghi, actual nuncio en Washington y uno de los más eminente diplomáticos vaticanos-, ha desatado el escándalo, pero sería exagerado escribir que algún católico argentino se ha rasgado las vestiduras.

Tras la publicación de la lista de la infamia, el Vaticano replicó con rapidez y energía, defendiendo a Pío Laghi; el Gobierno, hondamente preocupado, retrasó tres días su mentís, limitándose a afirmar, por boca del portavoz presidencial, que. la lista en cuestión no era la recibida por Raúl Alfonsín de manos de Ernesto Sábato y todavía mantenida en secreto. El propio Sábato, el pasado jueves, formuló unas prudentes declaraciones en Buenos Aires aclarando que los nombres recogidos por su comisión lo son a título indicativo, mientras la Conferencia Episcopal se ha limitado a un blando rechazo de las imputaciones.

La nómina de 1.351 personas supuestamente vinculadas en mayor o menor medida a la guerra sucia contra el terrorismo de izquierdas fue publicada esta semana por la revista porteña El Periodista, de Buenos Aires. Según informaciones solventes, la filtración de una cinta de ordenador no se correspondería con la lista finalmente recibida por el presidente Alfonsín, sino con un listado de trabajo del que habrían sido eliminados algunos nombres, como el del ex nuncio, bien por prudencia política y diplomática, bien por la debilidad jurídica de los testimonios en su contra.

El caso es que parece cierto que dos supervivientes del campo clandestino de detención y tortura Ingenio Nueva Baviera, en Tucumán, denunciaron al nuncio como visitante del mismo. En efecto, Pío LaghÍ visitó aquella provincia para saludar a las tropas que en el llamadooperativo Independencia exterminaron la guerrilla rural del trostkista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), comandada por Roberto Santuchu, a más de torturar, secuestrar o asesinar a muchos ciudadanos pacíficos que no tuvieron otra culpa que la de aparecer en una agenda de teléfonos. Durante los años del terrorismo militar argentino, ser el fontanero o el dentista de un militante subversivo supuso, generalmente, una muerte vil.

Un superviviente del Ingenio Nueva Baviera relató a la Conadep cómo los militares le higienizaron, le afeitaron, le vistieron y le presentaron al nuncio en visita pastoral por.aquellas guarniciones. Delante de Pío Laghi le preguntaron cómo se sentía, y el pobre torturado se hizo lengua! de lo excelentemente que se encontraba y del eximio trato que recibía. En el revuelo de la visita, el nuncio se aproxima al detenido y le susurra al oído si su familia sabe dónde está. El desaparecido le asegura que nadie sabe su paradero, se identifica y le ruega dé recado a su familia de su lugar de detención. Jamás el nuncio cumplió tan elemental y cristiano encargo. La revelación de los detalles de este testimonio no corresponde a ninguna filtración periodística secreta, sino a declaraciones a la Prensa argentina de monseñor De Nevares, obispo de Neuquen y ex miembro de la comisión Sábato.

El fondo de la cuestión

Otro testimonio colateral, no recogido por la Conadep es el de la ciudadana argentina Marta Francese de Bettini, actualmente exiliada en Madrid. En 1976 fue asesinado su hijo de 21 años, y al año siguiente desaparecieron -y continúan desaparecidos- su madre, su marido y su yerno. En 1979 acudió a la Conferencia Episcopal . Latinoamericana que se celebraba en Puebla de los Ángeles (México) e interpeló a monseñor Pío Laghi, solicitando su intercesión ante la dictadura argentina. "Señora", vino a decirla, no son palabras textuales, "sus parientes están muertos, y si no han fallecido se encontrarán tan torturados que jamás se los devolverán. Es imposible hacer algo por ellos".

El actual nuncio de Su Santidad en Washington ha hecho la peor de sus defensas; ha reconocido que, como hombre, fue sujeto del miedo; que siempre atendió a quien acudió a la nunciatura porteña en busca de ayuda, y que incluso transportó en su propio automóvil hasta el aeropuerto internacional de Eceiza a ciudadanos argentinos que deseaban escapar del país. Otras declaraciones en socorro de la caridad cristiana de monseñor Laghi resultan desoladoras: le retratan como un diplomático con los anaqueles de su despacho repletos de informes sobre desaparecidos. Nunca se enfrentó a un hombre de comunión diaria como el teniente general Videla, ni arrojó sobre el tapete la carta de todo el peso del catolicismo en una sociedad como la argentina, en la que los taxistas y camioneros cuelgan un rosario de sus retrovisores: acumuló en su despacho -según sus defensores- la guía telefónica del horror y se revistió de pimpinela escarlata para sacar gente por Eceiza.

Pero una exploración de hemeroteca sobre sus declaraciones durante su nunciatura en Buenos Aires revela una constante equiparación del terrorismo subversivo con el terrorismo de Estado y una abierta justificación de este último como autodefensa de la civilización. No obstante, acaso su supuesto pecado de omisión no sea otra cosa que un reflejo de la estimación mayoritaria de la Iglesia argentina ante el drama nacional. Las madres de la Plaza de Mayo fueron expulsadas de la catedral de Buenos Aires cuando buscaban amparo de la policía y de los grupos de tareas de la Armada o el Ejército. Desde los púlpitos se las reputó de madres de drogadictos y pervertidos. Monseñor Plaza, obispo de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, socio político de la extrema política peronista, las tildó de "madres de guerrilleros", e insistió en que en Argentina "no existen víctimas inocentes".Cuando en octubre de 1980 la Academia Noruega otorgó el Premio Nobel de la Paz al fundador del movimiento latinoamericano Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, el estupor de la dictadura argentina sólo se vio aliviado por una noticia de la Agencia de Información Católica Argentina (AICA), directamente dependiente del episcopado, desmintiendo con excesivo y urgente énfasis que la organización de Pérez Esquivel -radicalmente cristiana y católica- tuviera el menor vínculo con la Iglesia.Todos saben la verdad El rosario de ejemplos, no ya de los silencios, sino hasta de las complicidades, resultaría interminable. La sociedad argentina, mayoritariamente católica, no se encuentra precisamente dividida sobre las acusaciones de colaboracionismo que recaen sobre sus pastores. En todo caso, unos estiman que hicieron muy bien con su silencio amparador y otros opinan que aquella autoceguera fue una abyección contraria a las enseñanzas de Cristo. En cualquier caso, no cabe encontrar en el escándalo interesados ingredientes anticatólicos, que aquí de nada servirían. Muy cerca, en la vertiente oriental de la cordillera andina, se advierte el ejemplo de otra Iglesia católica -la chilena- estrecha y peligrosamente comprometida con la defensa de los derechos del hombre.Pero, al contrario que la chilena, la Iglesia argentina, largamente ligada a las oligarquías políticas y económicas, no supo diferenciar a tiempo su avidez de poder e influencia terrenal de una satrapía sangrienta, paranoica y anticristiana. Y así, ahora, los obispos argentinos emiten severos comunicados sobre la infantil pornografía cinematográfica que comienza a invadir las salas porteñas de la calle de Laballe, o sobre el divorcio que se anuncia, o el consumismo en los sex-shops de los viajes de fin de semana a la ciudad brasileña de Uruguayana. Tal como se ven y se vieron las cosas, los argentinos ven y compran lo que quieren, y la futura batalla por el divorcio la tiene perdida la Iglesia de antemano.En noviembre de 1977, sólo al comienzo de la barbaridad que ahora empieza a conocerse, monseñor Vicente Zazpe comentaba a un periodista argentino: "De aquí a un tiempo, cuando todo esto termine, la Iglesia va a estar en la picota". Todo un profeta.