Cuentan en Montevideo una
anécdota cierta, la de un diálogo entre Julio María Sanguinetti y Wilson
Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional o Blanco y jefe de la primera
minoría parlamentaria, en el que el primero dice al segundo: "Tendrás que colaborar
con mi Gobierno; si hay otro golpe militar, a lo mejor yo puedo llevarme mis
cuadros, pero desde luego tú no te vas a poder llevar tus tierras". Pocas
colaboraciones ha encontrado Sanguinetti, y su gestión, apenas comenzada, no ha
tenido un solo día de gracia. Al lunes siguiente de su toma de posesión como
presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay (tres millones
de habitantes, 6.000 millones de dólares de deuda externa, 52% de inflación
anual, 70.000 profesionales sobre las armas, 55 dólares mensuales de salario
mínimo), tras 11 años de dictadura militar, el aeropuerto internacional de
Carrasco interrumpió sus actividades por una huelga política que dejó
incomunicado por aire al paisito.
Fueron a la huelga los
trabajadores telefónicos y los empleados del canal estatal de televisión, que
tuvo que suspender sus emisiones. En el Parlamento, la oposición unida -Partido
Nacional o Blanco y Frente Amplio- planteó la derrota parlamentaria del Gobierno
a cuenta de la amnistía para los presos políticos.Julio María Sanguinetti, de
49 años, de ascendencia genovesa, abogado y periodista, casado con la también
periodista e historiadora Marta Canessa, mujer de criterio y políticamente
activa, con dos hijos, muy culto y notable entendido en artes plásticas,
duelista a sable de valor y pericia acreditados -se batió por última vez en
1971-, es el hombre decidido a entregar dentro de cinco años el poder a otro
presidente electo, recuperando las tradiciones uruguayas de estabilidad
democrática.
Otra anécdota, también
cierta, completa la primera. Una vieja tendencia adscribe a los uruguayos de
origen español al Partido Nacional o Blanco, y a los de ascendencia italiana,
al Partido Colorado. Wilson Ferreira se quejaba amargamente a Sanguinetti por
la traición de los pactos del Club Naval de Montevideo entre colorados, frenteamplistas y la
Unión Cívica con los militares, que propiciaron la salida de la dictadura, pero
dejaron fuera del juego electoral a Ferreira (y al propio general Líber
Seregni): "Lo del Club Naval, fue como una reunión de la mafia
napolitana...: Sanguinetti, Seregni, Crottogini...". "Quizá", le
replicó Sanguinetti, "pero los que teníamos en frente tenían todos
apellidos españoles y los mandaba el general Hugo Medina".
Pregunta. Señor presidente, ¿cómo enjuicia la ola de
huelgas con que inicia su mandato?
Respuesta. Las huelgas, la ola que signó el final de la
dictadura y que de algún modo caracteriza también el comienzo del proceso
democrático, son una secuela de los 11 años de dictadura. Por un lado, hay una
especie de tumultuoso renacer de la vida sindical; por otro lado, uno advierte
enormes expresiones de inmadurez en la dirección sindical. Fíjese que una
huelga de la compañía de aviación nuestra, cuando aún no se han retirado las
delegaciones extranjeras, cuando aún no se ha puesto la nueva dirección de esa
empresa del Estado, porque no se aceptan órdenes de ningún comandante militar,
es una demostración de suprema inmadurez, de suprema desubicación de lo que son
los sentimientos del país. La herencia de la dictadura es una situación
sindical mal dirigida, mal madurada y mal controlada.
Ley de Amnistía
P. ¿Y el intento de la oposición de derrotarlo
parlamentariamente por diferencias de la ley de Amnistía?
R.
Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para lograr que haya un Gobierno de
unidad nacional, hemos ofrecido puestos en el Gabinete, hemos ofrecido puestos
en los entes autónomos, hemos ofrecido a todos los partidos de la oposición, de
un modo generoso y casi inédito en la historia del país, la posibilidad de
integrarse en el Gobierno. No he tenido la respuesta que esperaba, pero tampoco
me siento defraudado.
El Parlamento se ha iniciado
manejando precipitadamente el tema de la amnistía, tratando de hacer de ello
una bandera política, que como tal está profundamente equivocada. En el Uruguay
los presos políticos en un 95% fueron todos presos por luchar contra la
democracia, y no por luchar contra la dictadura, por tanto, son todos presos
anteriores a 19 73, anteriores al golpe de Estado. Pese a lo cual, creemos que
el país debe en este momento hacer una amnistía generosa que abra una nueva
etapa [La ley fue promulgada por el presidente uruguayo el sábado pasado, horas
después de conceder esta entrevista]. Desgraciadamente el sector mayoritario
del Partido Nacional y el Frente arremeten con una amnistía total e irrestricta
que conforme al resultado electoral es impopular y minoritaria en el país,
porque si uno suma los grupos que defienden la amnistía irrestricta, advierte
eso. Y no es la respuesta a una actitud intransigente del Gobierno, sino que,
peor que eso, es una arrogancia parlamentaria frente a un Gobierno que ha
buscado la conciliación.
Nosotros no dijimos nunca
que no salieran los presos; lo único que estamos diciendo es que aquellos
presos que cometieron homicidios deben salir en otro momento, en poco tiempo,
pero en otro momento, y además por otro procedimiento que no sea la amnistía,
que supone la eliminación total del delito. Debe entenderse que si alguien
contribuyó de un modo decisivo a la irrupción de los militares en la vida
política fueron en su momento quienes creyeron en el cambio violento. Y es un
error el enfrentamiento, porque a un Gobierno democrático que nace con todas
las hipotecas tras 11 años de dictadura es evidente que no hay que enfrentarlo,
y aún menos debilitarlo, con temas tan sensibles.
El modelo uruguayo
P. ¿Cómo definiría el modelo uruguayo de salida
de una dictadura militar, tan distinto del argentino o el brasileño?
R.
Uruguay ha tenido un proceso de salida que hemos venido desarrollando a partir
de 1980, en el plebiscito que rechazó la reforma militar de la Constitución. Es
muy claro que hube una estrategia que apuntó desde 1980 a lograr una
politización progresiva del país, la reafirmación de los partidos y luego la
negociación con los militares apoyada por la movilización popular. Ésta fue la
línea táctica paralela a una línea estratégica que siempre consideró que no
habría salida democrática en el Uruguay, sino a través de un acuerdo con los
militares que permitiera una solución negociada. Ésta pudo venir antes que en
1984, pero el Gobierno habría nacido con condicionamientos absolutamente
inaceptables.
La negociación se llevó y se
estiró hasta la solución definitiva que encontramos en el Club Naval, porque
allí encontramos ya una situación en la que ni el poder legislativo tenía
ningún condicionamiento sobre sus funciones, ni el poder ejecutivo sobre sus
facultades, ni el poder judicial sobre su independencia. Esto es objetivo:
nadie puede demostrar que en el pacto del Club Naval surgió ninguna limitación.
El hecho de que se previera, por ejeinplo, la aceptación de la sobrevivencia de
la figura de un estado de insurrección, que es igual a la que existe en la Constitución
española, palabra más, palabra menos, podrá ser discutido como instituto
jurídico o facultad del Ejecutivo, pero en todo caso no es ian atributo
militar, por cuanto esa facultad se le da al poder ejecutivo, y el Parlamento
será el encargado de sancionarla o levantarla.
Del Club Naval no emanó nada
que limitara las facultades del Gobierno o el Parlannento. Eso para nosotros
era funclamental, se trataba de hacer un tránsito logrando lo esencial: que un
ejército que estaba políticamente cercado, pero que no se sentía moralmente
derrotado como lo estuvo el argentino después de la guerra de las Malvinas,
realmente entregara el poder. Y eso nos ha permitido una reconquista del Estado
democrático en forma plena y total.
Estamos a tres días hábiles
de instalado el Gobierno y en ellos se han levantado todas las modalidades de
censura que podían existir, se han levantado todas las restricciones que
existían en la salida o entrada del país de todos los ciudadanos, se ha legalizado
al Partido Comunista y a todas las organizaciones que estaban prohibidas, se ha
enviado al Congreso un proyecto de ley de pacificación nacional que incluye una
amnistía y contiene también la ratificación de una convención internacional de
derechos humanos como es la de San José, que incluso acepta la jurisdicción
internacional de cualquier corte en materia de derechos humanos. Hemos enviado
un proyecto de ley estableciendo el recurso de amparo, otro estableciendo el
derecho a la defensa legal desde el momento de la detención administrativa; el
país está gozando en forma total de su libertad.
P. No se pactó en el Club Naval la permanencia
en sus cargos por un año de los tres comandantes de las fuerzas armadas.
R. Eso nunca existió y en el Uruguay esa versión
nunca circuló mayormente. Ha circulado en el exterior. Y ni aun los
impugnadores del Club Naval han usado esa versión en la campaña electoral. Es
notorio y público que los comandantes dijeron que sus cargos estaban a
disposición, y yo los he ratificado por muchas circunstancias, la primera de
las cuales es que si con estos tres comandantes logramos pactar las condiciones
de salida no hay otros generales mejores que ellos para asegurarla en este
instante. Sobre todo porque el alejamiento de estos comandantes sólo implicaría
su sustitución por otros generales tan del régimen anterior como ellos. No
existe la posibilidad de inventar un general o un coronel, hay que tomarlos de
las filas profesionales en las que se han formado. Lo importante no son las personas,
sino su conducta. Lo que importa es que esos generales que fueron del viejo
régimen ahora actúen dentro de la subordinación que han aceptado.
Personalmente creo que el
acuerdo del Club Naval fue, aparte de muy bueno para la salida, muy bueno desde
este ángulo: que el Ejército uruguayo aceptó su subordinación al poder civil
mediante un acuerdo y luego de una discusión previa cara a cara entre los
políticos y los militares. No es una situación en la que una parte se considera
victoriosa y en la que otra, derrotada, se retira a incubar con espíritu de
revancha el momento en que pueda volver a actuar. La subordinación militar fue
aceptada pública y expresamente.
P. ¿Su Gobierno, como el argentino, promoverá
procesamientos contra presuntos responsables de los crímenes de la dictadura?
R. En estas cosas, tomar ejemplos extranjeros
no es bueno. En Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y España no hubo un
proceso de juzgamiento de los militares que anteriormente ocuparon el poder.
Argentina es un caso excepcional y responde a la excepcionalidad de aquella
dictadura. Aquí podemos decir que no va a haber una revisión con espíritu de
revancha. Eso no quiere decir que cualquier crimen cometido más allá de lo que
pudieran ser circunstancias bélicas no pueda ser tratado por la justicia.
