A vueltas con el 'golpe' (24-4-1985)

Argentina continúa bajo la impresión del mensaje presidencial del domingo denunciando las conspiraciones para un nuevo golpe de Estado militar. El escándalo ha crecido ante la acusación formal y pública hecha por Ricardo Silva, radical santafecino, vicepresidente de la Cámara de diputados, que ha comenzado a poner nombre y apellidos a la velada acusación de Raúl Alfonsín. Ha significado al ex presidente Arturo Frondizi, ex presidente constitucional de la nación, él mismo derrocado por un golpe militar y preso en la isla de Martín García, líder del Movimiento de Integración y Desarrolo (derecha economicista), como uno de los conspiradores que han propuesto a la cúpula de las Fuerzas Armadas el forzamiento a Raúl Alfonsín de un Gobierno de coalición o la dimisión del presidente en su vicepresidente Víctor Martínez.Frondizi, ahora en viaje por España, junto a Rogelio Frigerio (también MID), el líder de Unión de Centro Democrático Álvaro Alsogaray, Herminio Iglesias (líder bonarense del proletariado peronista inclinado a soluciones fascistas) y el teniente general Onganía, ex presidente de facto, habían organizado conjuntamente en los últimos dos meses una corriente de opinión apoyada en un trípode político: las Fuerzas Armadas, descontentas por los juicios y los recortes presupuestarios, la patria financiera -oligarquía agrícola ganadera más los especuladores monetarios- y los sectores más pobres de la población castigados por una inflación brutal y la errática política económica del Gobier no, siempre proclives a aceptar soluciones de fuerza, de autoridad.

Esta sería en grandes líneas la conspiración denunciada por el presidente y que entronca con la mejor tradición de las periódicas desestabilizaciones argentinas. La Confederación General del Trabajo ha exigido los nombres de los supuestos conspiradores y ha re afirmado su apoyo al proceso democrático.

Los 'contactados'

Desde la otra vertiente -la contactada- el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Ernesto Horacio Crespo, desmintió la información de una agencia de noticias argentina en el sentido de que él y un no identificado comandante de cuerpo de Ejército hubieran sido sondeados por el involucionismo civil y hubieran comunicado al presidente Alfonsín los de talles de la conspiración. Pero en el radiograma enviado a las fuerzas a su mando, el brigadier Crespo pone todo el énfasis en negar su hipotética denuncia de la conjura sin la menor alusión a su fidelidad constitucional. Es un mentís de quien teme ser acusado de delator.

Desde el integrismo económico y la ultraderecha peronista se acusa, entre tanto, a Alfonsín de huir políticamenta hacia adelante y de querer ocultar con sus denuncias de golpe de Estado la gravedad de la crisis económica que asola al país. Quizá lo peor de la situación es que, muy probablemente, tanto Alfonsín como sus debeladores estén en lo cierto, el uno denuncian do los ensayos generales para el próximo golpe, y los otros reprochando la incapacidad gubernamental para enfrentar el desencuadernamiento de la economía.

En el corazón de las tinieblas (23-4-1985)

En la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires comenzó ayer el juicio contra los generales Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri -presidentes de las tres juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1982- y contra los otros seis integrantes de las mismas. El histórico proceso, que durará por lo menos cuatro meses, potencia las tensiones de la transición política argentina. El presidente constitucional, Raúl Alfonsín, en una alocución radiotelevisada el domingo por la noche, denunció que hay "insensatos" que han tentado a oficiales de las fuerzas armadas con propuestas "que van desde Gabinetes de coalición hasta la posibilidad de golpe de Estado".

Durante la guerra civil no declarada entre las fuerzas armadas argentinas la subversión de izquierdas que cautivó a lo más generoso de la juventud del país proliferaron como setas los campos clandestinos de detención, y el Ejército se: hartó de enterrar cadáveres NN (Ningún Nombre), mientras la aviación naval arrojaba sus muertos en el río de la Plata, y en el Atlántico sur cuando empezaron a quejarse los habitantes de las playas uruguayas.

Se acabó, por ejemplo, con los psicólogos, por disolventes sociales; se desterró la teoría de conjuntos de la enseñanza matemática, por subversiva, y se prohibió la palabra vector por perteneciente a la terminología marxista; por el decreto 604 de su Gobierno, el presidente teniente general Viola -otro enfermo alcohólico, como su sucesor el teniente general Galtieri- ordenó el exterminio de la bibliografía de izquierdas. En dos años y medio, 84 periodistas desaparecieron en la que puede reputarse de la mayor matanza profesional de la historia. El terror germinó con tal pujanza que los militantes montoneros fueron provistos de cápsulas de cianuro para suicidarse en caso de detención: se ingirieron por centenares.

Una numerosa partida de Ford Falcon de color verde destinada a la Policía Federal fue requisada por los grupos de tareas destinados al chupamientocallejero de personas (chupar:secuestrar); el Falcon, un coche grande, robusto, vulgar, verde, sin matrículas, con dos antenas y tres tipos dentro sembró el terror en las áreas urbanas. Familias enteras desaparecieron en los chupaderos: los hijos, los padres, los abuelos, los hijos de los hijos... La desaparición de niños secuestrados junto con sus padres, o nacidos en prisión, es otro de los dramas añadidos de las posguerras argentinas. El Gobierno democrático ha tenido que ordenar la revisión pormenorizada de todas las adopciones realizadas entre 1976 y 1982 para socorrer en sus legítimas pesquisas a las Abuelas de la Plaza de Mayo; genetistas estadounidenses fueron llamados a consulta, y se han dado casos deplorables, como el de una niña de nueve años adoptada por el torturador y asesino de sus padres, que ha tenido que conocer la verdad al ser encontrada por las abuelas, y que ya es un caso psiquiátrico de libro.

Sometidos a tratamiento psiquiátrico se encuentran también no pocos jefes y oficiales que participiaron en la represión o conocieron sus horrores y que, en el mejor de los casos, pidieron su retiro. Porque el diseño represor basado en la desaparición de personas, sin siquiera la más burda o hipócrita garantía jurídica, conllevó inevitablemente la aparición de las más abyectas características de la condición humana y la fascinación del espanto por el espanto mismo. Como reconoce elInforme Sábato sobre las atrocidades en Argentina, se llegaron a aplicar tormentos inéditos en la historia de la barbarie humana.

¿Sabía la sociedad argentina lo que estaba ocurriendo? Mayoritaria y generalizadamente, sí. Es perceptible en esta sociedad un extendido y justificado complejo de culpabilidad. Primero debe recordarse: que el golpe militar de Videla, Massera y Agosti fue recibido por la mayoría de la población conun suspiro de alivio y que personalidades de la cultura, la política, el periodismo -algunas de ellas posteriormente víctimas de la brutalidad castrense- alentaron y jalearon aquel cuartelazo. Vaya en su descargo que por más de 50 años la clase intelectual y política argentina se ha pasado la vida golpeando irresponsablemente la puerta de los cuarteles.

Después, un equipo económico dirigido por el ahora procesado José Alfredo Martínez de Hoz, monetarista de la escuela de Chicago, profesor de Economía en la Escuela Militar de la, Nación, subvaluó artificialmente el dólar norteamericano frente al peso argentino, practicando un liberalismo económico salvaje que expandió la corrupción financiera y la alegría económica como una metástasis: la era de la plata dulce. Muchos argentinos se encontraron sin libertades públicas, pero con dinero fácil en el bolsillo y se acostumbraron a recitar "por algo será" cada vez que en sus cercanías desaparecía un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. "Por algo será", "algo habrá hecho", se justificaban mientras marchaban a Miami para un fin de semana de compras.

En las noches de luna llena -esa gigantesca y luminosa luna austral-, algunos porteños acomodados e ilustrados y civilizados salían a las terrazas de sus pisos altos para ver en el contraluz lunar aquellos extraños aviones nocturnos que bombardeaban el río de la Plata con puntitos negros. Por eso este juicio a las juntas militares es doblemente necesario: además de cumplir con la justicia, hay que proceder a una grande y dolorosa ablución nacional.

Alfonsín advierte del riesgo de golpe de Estado al pueblo argentino (23-4-1985)

El presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, denunció en un dramático mensaje, radiotelevisado a todo el país durante la noche del domingo (madrugada en España), la existencia de conspiraciones civiles para arrastrar nuevamente a las fuerzas armadas a un golpe de Estado. Las palabras de Alfonsín sirvieron de prólogo a la apertura, a las 15.30 de ayer, hora porteña (20.30, hora peninsular), de la vista oral y pública contra los nueve triunviros de las tres primeras juntas militares. La capital argentina vive en tensión.

La propia clase política quedó sorprendida ante el tono y el contenido de la intervención radiotelevisiva de Alfonsín. Se esperaba un mensaje que relajara los ánimos en la víspera de la vista oral de los juicios a aquella cúpula militar, pero para nada la patética catilinaria con que el doctor Alfonsín dejó anonadada a la población.Por primera vez en sus alocuciones a la nación, el presidente Alfonsín colocó a sus espaldas un cuadro: un gran lienzo del general Belgrano, brillante, pero amargado, derrotado e incomprendido caudillo independentista. Crispado, agresivo, violento, comenzó diciendo: "Se han producido algunos episodios bochornosos en Argentina ( ... ). En nombre de una responsabilidad insoslayable que 'hemos asumido con humildad pero con firmeza inalterable, denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y, en definitiva, se convierten en pregoneros de la disgregación nacional".

"Los más insensatos", prosiguió, "se han atrevido a tentar a oficiales superiores de las fuerzas armadas con diversas propuestas, que van desde presuntos Gabinetes de coalición hasta la posibilidad de golpe de Estado. Esta actividad no puede ser atribuida al resentimiento o a la perversidad exclusivamente; tiene que haber, debe haber, además, extravío mental".

Tras asegurar que la situación estaba controlada por el Gobierno, Alfonsín afirmó: "Ustedes saben, sin duda, que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo con mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional".

"El juicio se puede llevar a cabo" siguió diciendo Alfonsín, "porque hay una decisión de la civilidad, pero también porque hay una decisión de los hombres de armas. No todos lo entienden, no todos lo comprenden, hay incluso quienes lo consideran injusto, pero aun apretando los dientes desean someterse a las normas, a los principios y los métodos del Estado de derecho".

"Aquí, continuó el presidente, no ha habido una derrota militar que imponga los criterios del vencedor, tampoco ha existido una sociedad civil virtuosa frente a una sociedad militar victimaria. Todos hemos sido culpables de una u otra forma. El ejemplo más importante frente a civiles que deberían defender la democracia y la traicionan, lo dan hombres de armas que conocen que el prestigio de las instituciones armadas está vinculado a la vigencia de las instituciones de la Constitución...". Alfonsín, ya en tono patético, pasó revista a las dificultades crecientes de los países del Cono Sur latinoamericano, aludió a la situación argentina como dramática y convocó a la ciudadanía a manifestarse el próximo viernes en la plaza de Mayo en apoyo de las libertades públicas.

Puede escribirse que el país quedó acongojado. No existen precedentes de un presidente argentino dirigiéndose a su nación en tales términos, y es opinión extendida que Raúl Alfonsín podría encontrarse en los límites de su resistencia institucional y personal. Las crípticas alusiones al golpismo civil no son tales para los argentinos.

Desde hace dos meses se ha ido aglutinando un frente político involucionista en el que se han dado cita el teniente general Juan Carlos Onganía, ex presidente de facto; el también ex presidente Arturo Frondizi; Álvaro Alsogaray, líder de Unión de Centro Democrático (un solo escaño, el suyo) y socio político argentino de Fraga Iribarne; Rogelio Frigerio, jefe de los desarrollistas, y Herminio Iglesias, líder del peronismo fascista.

Debilitar al Gobierno

La actividad de este frente ha consistido en la propalación de rumores alarmistas, justificación del terrorismo de Estado militar, elogios a Galtieri por la invasión de las Malvinas y en apelaciones al des contento social por la crisis económica. Su intención inmediata sería debilitar al Gobierno de cara al juicio oral contra las juntas militares, y su objetivo último residiría en la renuncia de Alfonsín en favor de su vicepresidente Víctor Martínez, ultraconservador, manejable, sin fuerza política propia y favorito de la Embajada estadounidense en Buenos Aires.

No existe en Argentina espacio económico, político, histórico, psicológico para una nueva asonada y es impensable -desaparecidos, destrucción de la economía, guerra de las Malvinas- la entronización de otro uniformado, aunque fuera sobrio, en la Casa Rosada; sólo resta el golpe institucional que pasa por la renuncia o desaparición de Raúl Alfonsín. De ahí el alarmismo provocado por el dramatismo del mensaje presidencial, probablemente precipitado y decidido en un momento de soledad, irritación y amargura personal.

Para la una de la madrugada de hoy, hora peninsular española, después del comienzo, a las 15.30 (20.30 hora peninsular) en el Palacio de Tribunales de la vista oral contra las juntas, estaba convocada la manifestación de las Juventudes Peronistas y organizaciones de derechos humanos en apoyo de los procesamientos; una manifestación no deseada por el Gobierno, que procura la suya propia, interpartidaria, del viernes.

Y aquí emerge un nuevo temor: que Alfonsín, si encuentra un millón de argentinos colmando la plaza, se peronice y utilice por primera vez el balcón de la Casa Rosada para contrarrestar con movilizaciones populares las conspiraciones de minorías palaciegas. Buenos Aires, en cualquier caso, ha recobrado sus peores horas de preocupación y de tensión.

En el corazón de las tinieblas (22-4-1985)

Hoy comienza en la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires el juicio contra las tres primeras juntas militares argentinas que gobernaron el país entre 1976 y 1982. Sus nueve integrantes formaron los tres triunviratos que acabaron con la subversión de izquierdas haciendo desaparecer a 30.000 ciudadanos; arruinaron la economía del país y lanzaron a Argentina a la guerra con el Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas. Acusados por el Gobierno democrático de detención ilegal, aplicación de torturas y robos, por primera vez en la historia, tres ex presidentes de una nación se sientan en el banquillo de los acusados para responder de sus crímenes.

En la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), junto al campo de fútbol del River Plate, un médico naval apodado -razonablemente- Mengele había soldado una larga y estrecha espátula de quirófano a la picana; introduciéndola por la matriz podía así aplicar corriente eléctrica a los fetos de las embarazadas que atormentaba. En otras ocasiones, fatigados por la monotonía de picanear anos, encías, pezones, vaginas, clítoris, escrotos y glandes, los atormentadores argentinos hacían ingerir a sus víctimas rosarios de electrodos para hacerles llegar la corriente a la tráquea, al esófago y al estómago.Suboficiales de la ESMA han relatado cómo en el despacho del contralmirante Chamorro -que viviría un apasionado romance, correspondido, con una de las militantes montoneras desaparecidas y torturadas- se violaba a las detenidas con cápsulas de munición naval, y en los altillos donde se hacinaban en literas los presos ilegales algunos amanecían con sus testículos rodados por el colchón: encapuchados y maniatados permanentemente, se los ceñían con una goma hasta que se desprendían podridos por la falta de riego sanguíneo.

Fue un trabajo de Estado Mayor, por lo demás impecablemente realizado. Lo que ahora en Argentina se denomina eufemística o prudentemente excesos de la represión no fue otra cosa que una norma general de acción acordada por la cúpula militar del país para cumplir, a su manera, con la orden dictada por la presidenta Isabelita Perón de aniquilar la subversión.

Cuando el 24 de marzo de 1976 el general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti formaron la primera junta militar de lo que calificaron de "proceso de reorganización nacional" y secuestraron el helicóptero que trasladaba a Isabelita desde la Casa Rosada a la residencia presidencial de Olivos, la desaparición de personas ya estaba diseñada como eje sistemático de la contrainsurgencia. Para nada les exculpa, pero es imprescindible recordar "cómo venía la mano" durante aquellos años y cuál era el papel de la guerrilla argentina.

Jóvenes universitarios procedentes de la alta clase media y el ultraderechismo y el nacionalismo católico argentino convertidos al marxismo-militarismo y fanáticos del voluntarismo foquista aventado en América Latina por Regis Debray plantearon un reto revolucionario y militar al Estado. Mario Eduardo Firmenich, ahora en prisión esperando su juicio, practicó una política de infiltración en el movimiento peronista creando los Montoneros y organizando una activísima guerrilla urbana; Roberto Santucho, a quien el Ejército no pudo capturar vivo, fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de inspiración trotskista y voluntad de guerrilla rural. Ya antes del golpe de 1976 el Ejército exterminó a la guerrilla del ERP en las selvas azucareras de Tucumán, comenzando las atrocidades con el arrojo de prisioneros a las parrillas de los asados. El ERP copaba destacamentos militares y ocupaba poblaciones haciendo desfilar sus tropas uniformadas con ponchos rojos. Los montos ya habían asesinado al ex presidente y teniente general Aramburu; los militares ya fusilaban en las cárceles como en el penal de Trelew, y Perón, desde Puerta de Hierro, en Madrid, jugueteaba con los guerrilleros para poder volver como pacificador.

Guerra civil peronista

El pío Cámpora, elegido presidente en nombre de Perón, abrió las cárceles a sus sobrinos y la guerra civil peronista quedó cerrada por la matanza del aeropuerto internacional de Ezeiza en el mismo momento de la llegada del general al país. Los montos desfilaban disciplinadamente por las calles a los oles de "¡Duro, duro, duro; aquí están los montoneros que mataron a Aramburu!". José López Rega, El Brujo, les echó encima desde el Gobierno a la Triple A y dio comienzo la desaparición de personas; los montoneros asesinaron a José Ignacio Rucci, secretario de la Confederación General. del Trabajo (CGT), y Perón, amargado aprendiz de brujo, terminó arrojándolos de la plaza de Mayo insultándolos desde el balcón de la Casa Rosada. ¡Jóvenes imberbes..."! Los montos desfilaron en retirada: "¡Somos unos boludos; votamos a una muerta, a una puta y a un cornudo!".

La guerrilla, nuevamente en la clandestinidad, llevó a cabo secuestros -cobrados- de hasta 60 millones de dólares (más de 10.000 millones de pesetas); altos mandos militares volaron con sus casas o en sus lanchas de recreo en un frenesí provocador parejo al de ETA y GRAPO en los primeros años de la democracia española; la extrema derecha peronista asesinó por su izquierda con no menos furor. Con Perón ya muerto, los militares, acaso por primera vez en la historia argentina, prefirieron resistirse a los civiles que golpeaban las puertas de los cuarteles pidiendo orden y esperar a que la situación se pudriera un poco más.

Las fuerzas armadas se repartieron Argentina, como una tarta, al 33%: desde las provincias hasta los canales estatales de televisión, desde los ministerios hasta las embajadas. Ganar la guerra a la subversión armada fue, obviamente, el objetivo prioritario a corto plazo. La Marina, liderada por el carismático almirante Massera, aspirante frustrado a jefe político populista y celoso en nombre de su arma de la tradicional preponderancia, de los infantes, compitió con el Ejército de Tierra en méritos antisubversivos, erigiendo la Escuela de Mecánica de la Armada como el símbolo de la represión. Videla, ultracatólico, daba como presidente la imagen de moderación ante la presión de los halcones de su arma, como el general Menéndez (tío del rendidor de las Malvinas), Albano Harguindegui (ministro del Interior), Camps (jefe de la policía bonaerense) y todos los que como el contralmirante Mayorga estimaban que había que fusilar en la cancha del River, con Coca-Cola gratis y television en directo. Agosti y sus sucesores en la fuerza aérea no pudieron hacer demasiado físicamente por la falta de infraestructura y persona.

La Armada y los infantes, con la policía federal militarizada, comenzaron a hacer desaparecer sospechosos. Tras ellos desaparecían sus familiares, amigos, conocidos, quien figurara en su agenda de teléfonos. En el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata, en Rosario, todas las noches durante el período álgido de la represión la policía recibía orden de despejar determinadas zonas ciudadanas, que eran cercadas por efectivos militares. Manzanas enteras eran registradas, y sus habitantes, detenidos desaparecidos.

Sembrar el terror

Los desaparecidos, esposados y encapuchados permanentemente, eran picaneados sin interrogatorio previo. Luego se les preguntaba según un esquema teórico que incluía temas como la opinión sobre las diferentes soluciones políticas de la última guerra mundial.

La desaparición podía durar meses y hasta años antes de que la duda absoluta se cerniera sobre las familias y los allegados. No sólo se trataba de sembrar el terror inherente al esfumamiento de los seres, sino a la necesidad de contrastar la información; en numerosos casos, el desaparecido era sacado a la calle para su seguimiento y paramarcar a nuevos candidatos a la desaparición.

El síndrome de Estocolmo debería perder su nombre por el de la capital del Plata: Chamorro se amancebó con una montonera que se refugió con él en Suráfrica tras entregar a su propia familia; se han dado matrimonios, horas felices, entre oficiales torturadores y sus víctimas; Astiz pasaba en las tardes por la ESMA y sacaba a cenar y bailar a una muchacha desaparecida, que tras la fiesta era regresada a las mazmorras. Algunos desaparecidos obtuvieron una nueva identidad y pasajes para el extranjero. No se trató de colaboracionismo interesado, sino de un lento recorrido hasta el corazón de las tinieblas.

Tranquilidad tensa en la víspera del juicio contra los golpistas de las tres juntas (22-4-1985)

El presidente Raúl Alfonsín se dirigió por radio y televisión al país en un breve mensaje que fue su contribución de serenidad para la tensa semana que se avecina, significada por el comienzo del juicio contra las juntas militares. Los rumores y las más sombrías predicciones han caracterizado los últimos días, y la derecha civil, pura y dura, no se ha recatado de rendir homenaje a algunos de los encausados.

Rogerio Frigerio, del Partido Desarrollista, Alvaro Alsogaray, jefe de filas de la Unión de Centro Democrático y socio político argentino de Manuel Fraga Iribarne, el ex presidente Arturo Frondizi (arrastrado hasta el reaccionarismo por un problema vascular cerebral) y, Herminio Iglesias, (fascismo peronista) han convergido en un frente común para salvar al general Leopoldo Fortunato Galtieri, descalificar al Gobierno y afirmar que las víctimas de la guerra sucia contra la subversión desaparecieron o encontraron la muerte en legítimos enfrentamientos armados.La campaña desestabilizadora ha sido contestada desde dos frentes: la Juventud Peronista y el Partido Intransigente, formado por jóvenes sin representación parlamentaria, han convocado para hoy una marcha en apoyo del enjuiciamiento a las cúpulas militares, contra los deseos del Gobierno, que se muestra temeroso de que el proceso revista la menor característica de juicio popular.

El Gobierno, por su parte, ha convocado para el próximo viernes una concentración en la plaza de Mayo en apoyo de la democracia y como repudio del golpismo. La Unión Cívica Radical quiere así salir a la calle para tomar la iniciativa política abandonada en manos del involucionismo civil y militar.

La vista oral y pública contra los nueve triunviros militares habrá dado comienzo a las tres de la tarde de hoy (hora porteña) en el palacio de los tribunales de Buenos Aires, en pleno centro urbano de la ciudad, entre extraordinarias cautelas de seguridad. Ochenta periodistas de los 400 acreditados podrán asistir rotatoriamente a las sesiones, las cuales, no obstante, también podrán ser presenciadas por circuito cerrado de televisión.

Buenos Aires permanece tranquila, tan solo alterada por la guerra de nervios de los rumores alarmistas propalados intencionadamente; un reciente discurso de Saúl Ubaldini, el más prestigioso de los cuatro secretarios generales de la CGT unificada, en decidido apoyo al sistema democrático, ha dado un notable aliento al Gobierno en este trance.Por otra parte, ha descendido el nivel de declaraciones de apoyo a sus camaradas enjuiciados por parte de altos militares en retiro, como si el sector involucionista de las fuerzas armadas hubiera cedido el primer plano a la ultraderecha civil. No obstante, el juicio será largo -no menos de cuatro meses- y su mero comienzo no significa obligadamente el momento de mayor tensión política: habrá tiempo para que cuajen todas las provocaciones que se esperan.

Con una situación económica crítica en la que el Gobierno radical no ha hecho otra cosa que dejar pasar el tiempo y dar palos de ciego, los meses del proceso serán una prueba de fuego para la joven democracia argentina; las fuerzas antidemocráticas contemplan, al menos, la hipótesis de un golpe blando que fuerce la retirada del presidente Alfonsín y la asunción de la presidencia por parte del vicepresidente Víctor Martínez, que anhela el cargo, e ideológicamente se halla situado, en el radicalismo, a la derecha de Alfonsín.

La comparación subliminal con la situación española previa al golpe de 23 de febrero de 1981 es constante. El canal estatal de televisión ha emitido por dos veces y en horas de máxima audiencia un programa especial sobre España.

El bloque central se dedicaba al asalto al Congreso español, al papel del Rey como garante de la democracia y a la manifestación del 27 de febrero de 1981 en apoyo de la Constitución.

Las imágenes de millón y medio de españoles en las calles de Madrid y centenares de miles más en toda España, han inspirado la manifestación convocada por el Gobierno para el próximo viernes.

Un fiscal irreductible (21-4-1985)

Julio César Strassera, fiscal en el juicio que comenzará mañana contra los nueve dirigentes de las juntas militares argentinas que se sucedieron en el poder entre los años 1976 y 1982, está dispuesto a que se haga justicia por los 30.000 desaparecidos en Argentina en la guerra sucia desarrollada por el Gobierno contra la subversión. El hecho de que el fiscal sólo haya seleccionado 709 de los miles de casos de atrocidades cometidas por los Gobiernos militares durante esos años no constituye un intento de olvidar lo que ocurrió en su país, sino un medio para evitar que el castigo a los culpables se dilate a través de un juicio que podría prolongarse durante varios años.

Julio César Strassera, de 52 años, casado y con dos hijos adolescentes, nacido en Comodoro Rivadavia -al sur del país, literalmente en el fin del mundo-, de mediana estatura, poblados bigotes negros y una vaga mirada ensoñadora, parece un hombre expeditivo y enérgico y sin ninguna duda moral sobre su inmediato y peligroso papel: fiscal en el juicio seguido contra las tres primeras juntas militares argentinas por presunta detención ilegal, aplicación de tormentos, desaparición, muerte y robo de efectos a los ciudadanos.En el Palacio de Justicia de Buenos Aires, los jueces y trabajadores judiciales, hambreados por salarios que una inflación de más del 800% anual devora día a día, han decretado una huelga a la japonesa: trabajan a ritmo acelerado. Manifestantes de las centrales sindicales deambulan por las galerías del palacio haciendo resonar los ecos de sus bombos contra las bóvedas; en un corredor lateral, un solo policía federal ceba su mate y calienta agua en la pava metálica sobre un infiernillo eléctrico: es la única custodia del fiscal Strassera, con quien trabaja un equipo joven de 14 personas, apelotonadas en tres despachitos mal alumbrados, incómodos y poco funcionales.

"Ni me han amenazado todavía", dice Strassera, "ni tengo temor. Mi mayor garantía reside en que quienes quisieran impedir este proceso saben muy bien que no podrán detenerlo atentando contra mi persona; cualquier intento intimidatorio en este sentido no servirá absolutamente para nada".

Hace pocos meses, un comando armado, con métodos y maneras de alta profesionalidad militar, tomó por asalto los tribunales de Rosario -al norte de la provincia de Buenos Aires, segunda capital del país- y robó toda la documentación y pruebas acumuladas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) acerca de la guerra suciacontra la subversión en la provincia. Strassera mira sus pobres despachitos y sus archivadores de madera y sonríe. "Por supuesto que mi documentación y mis pruebas están guardadas en un lugar seguro; no tenga usted temor".

Julio César Strassera, de origen genovés y austriaco, ha desarrollado una carrera de 24 años en el poder judicial desde secretario de juzgado hasta fiscal de apelaciones; en la universidad de Buenos Aires fue discípulo de Luis Jiménez de Azúa, y en su calidad de profesor adjunto de Derecho mantuvo relación universitaria con Claudio Sánchez Albornoz.

"Yo creo que los integrantes de las tres primeras juntas militares son culpables de los delitos que se les imputan y serán condenados".

Pregunta. Le van a aducir que los cadáveres NN (ningún nombre) fueron muertos en enfrentamientos armados con las tropas.

Respuesta. Mire usted, le voy a citar tan sólo dos casos que tengo de cadáveres NN, posteriormente identificados y dados Por las fuerzas armadas como muertos en enfreintamientos armados: uno tiene pólvora en la lengua, y el otro, con las costillas seriamente dañadas por torturas, presenta un solo. disparo en el corazón. Ya me dirá usted en qué tipo de enfrentamiento armado una de las partes enfrentadas muere con las costillas machacadas o con un tiro en la boca, efectuado con el cañón del arma metido entre los dientes.

P. Pero se le replicará que no existe una relación directa entre la comisión de atrocidades por parte de algunos elementos de las fuerzas armadas y los miembros de las juntas militares que dirigie ron el país.

R. Mire, vamos a, probar la existencia de campos de detención clandestinos, instalados y dirigidos por las tres armas, en los que se detuvo ilegalmente, se aplicaron tormentos a los presos y de los que desaparecieron ciudadanos. ¿Es que un teniente o un capitán se entretenía organizando por su cuenta y riesgo, y sin conocimiento de sus superiores, campos de detención clandestinos? ¿Tenemos que creer que el responsable supremo de cada arma desconocía lo que estaban haciendo sus fuerzas? Tenga en cuenta que como testigos presentaré a militares en actividad durante aquellos penosos sucesos y a desaparecidos que regresaron de su cautiverio y que han reconocido sus lugares de detención y, en algunos casos, hasta a sus interrogadores por sus voces (los desaparecidos vivían permanentemente encapuchados).

P. Primero se barajó la cifra de 30.000 desaparecidos; posteriormente, la Conadep logró investigar poco más de 8.000 desapariciones Ahora usted anna su alegato fiscal sobre 709 casos. A usted y al Gobierno se les acusa de que a medida que pasa el tiempo los horrores de la dictadura militar se les desinflan entre las manos.

R. Ésa es otra argumentación banal destinada a influir en la opinión pública extranjera, porque los argentinos saben que por nuestro Derecho Penal las penas no son acumulativas. Para condenar a las juntas militares a 25 años de cárcel o a cadena perpetua tengo que desmontar un solo defito; no podemos condenarlas a 30.000 penas de 25 años, aunque probáramos 30.000 desapariciones. Y es de sentido común suponer que no vamos a plantear ni siquiera los 8.000 casos investigados por la Conadep, por la sencilla razón de que entonces el juicio duraría varios años. Yo he seleccionado los 709 casos que me parecen ilustrativos y ejemplares, a través de los cuales se podrá conocer judicialmente lo que ocurrió durante aquellos años en la nación. Estos casos bastarán para hacer justicia, y al menos, aunque sólo sea simbólicamente, algunas familias tendrán al fin conocimiento de lo que ocurrió con sus deudos desaparecidos, cuál fue su suerte y cuáles fueron los responsables de su drama. Y, pese a esta selección obligada, tendremos juicio para cuatro o cinco meses.

P. Si me permite seguir ejerciendo de abogado del diablo, le diría que los militares argentinos se limitaron a poner en práctica una orden del Gobierno peronista constitucional presidido por Isabelita Perón en la que se requiere de las fuerzas armadas combatir la subversión hasta su aniquilamiento total.

R. Sí, eso se va a plantear en el juicio, y también, como en el caso de ustedes durante el juicio por el golpe de Estado de 1981, aducirán elestado de necesidad. Militarmente, aniquilar al enemigo no consiste en exterminarle fiÍsicamente, sino en hacer desaparecer su resistencia y su voluntad de luchar. Un militar, aunque se vea obligado a matar, no es un matarife, no procura la extensión de la muerte. Y aquí han desaparecido ancianos, niños de corta edad o recién nacidos, amigos y familiares que sólo tenían una relación casual con las víctimas principales. Eso no tiene nada que ver con los usos de la guerra. Además, nos encontramos con decretos como el 604, firmado por el presidente Roberto Viola, que ordenan la eliminación de los agitadores marxistas "( ... ) y la bibliografía".

Eso me recuerda a mí la quema de libros por los nazis.

P. Algunos acusados, como el teniente general Jorge Videla, rechazan este juicio y reclaman su juez natural: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal castrense.

R. Los únicos jueces naturales de las personas son los jueces constitucionales, y la Cámara Federal es un juzgado constitucional. Pero es que además, según las ordenanzas de Carlos III, en las que nuestras fuerzas armadas han seguido muy bien el ejemplo español, la justicia militar es un tribunal de casta, de clase; un tribunal de privilegio, del que se excluye a quien se supone indigno de la justicia militar por ser sospechoso de la comisión de delitos comunes. Y éste es el caso de los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares, a quienes se va a juzga no por supuestos delitos castrenses , sino por la sospecha fundada de que se cometieron delitos comunes, indignos del fuero militar como la detención ilegal de personas, la aplicación de tormentos o el robo a los ciudadanos.

Justicia para la paz

Señor fiscal: le acusan de haber lo un fiscal bajo la dictadura militar antes de serlo bajo la democracia.

R. Es como si me acusaran deberle plata al almacenero de la quina. En 24 años no he sido otra cosa que un buen funcionario de la justicia de mi país en todos sus avatares. Pero ya se sabe que cuando faltan argumentos ad causam aparecen los argumentos ad hominem. Loúnico importante es que prevalezca la justicia y que se esclarezca el drama de estos últimos años. Porque tenga usted la seguridad de que sin justicia jamás podrá haber paz en este país.

Strassera, enérgico, un punto apasionado, siempre muy correcto, queda entre sus legajos y caretas y sus jóvenes ayudantes en sus arrumbados despachos. No a dispuesto ni de un ordenador para elaborar su trabajo. Rechaza despectivo el calificativo de Nuemberg criollo aplicado a este juicio en sus vísperas y lo aproxima intelectual y políticamente al juicio que, tras su caída, condenó a muerte a los coroneles griegos. Ha estudiado toda la bibliografía sobre casos que pudieran constituir precedente, incluido el juicio por el 23-F español. A su puerta, un modesto policía federal sigue calentando su pava y sorbiendo su mate como un símbolo de la tranquilidad deliberada de una democracia, aún muy frágil.

Tres ex presidentes y seis jefes, en el banquillo (21-4-1985)

El juicio contra los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982, procesados por uno de los primeros decretos del presidente Raúl Alfonsín, comenzará mañana en Buenos Aires.

Simbólicamente, se sentarán en el banquillo de los acusados -no tienen obligación de comparecer, salvo en determinadas circunstancias procesales- los tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, ex presidentes de la República y comandantes en jefe del Ejército de Tierra; los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini e Isaac Anaya, comandantes en jefe de la Armada e integrantes de la juntas militares, y los brigadieres del Aire, comandantes de la Fuerza Aérea y triunviros militares Orlando Ramón Agosti, Omar Graffigna y Basilio Arturo Lami Dozo.

Los nueve se encuentran procesados por detención ¡legal, desaparición de personas, aplicación de tormentos a los detenidos y robos de bienes a los ciudadanos. Sólo el teniente general y ex presidente Videla ha rechazado el proceso, reclamando su juez natural -la justicia militar-, y es defendido de oficio.

El juicio se celebrará, ante la Cámara Federal de Apelaciones de lo Criminal y Correccional, por el fuero militar, tras que ésta reclamará la causa al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (máximo tribunal castrense) por demora injustificable de la instrucción del juicio. La cámara está integrada por seis jueces civiles y su presidente, y en el juicio intervendrán 21 abogados defensores. Al menos 2.200 personas comparecerán como testigos del fiscal y las defensas en las audiencias, que serán orales y públicas. El primer testigo en comparecer será Italo Argentino Lúder, vicepresidente de la nación, en su calidad de presidente del Senado con Isabelita Perón y candidato peronista en las últimas elecciones presidenciales.

Las medidas de seguridad son excepcionales, y se ha llegado a cortar el tráfico en los aledaños del Palacio de Tribunales, situado en pleno centro urbano de la capital. Unos 400 periodistas argentinos y extranjeros habrán de repartirse por sorteo 80 plazas diarias para seguir directamente el juicio.

La fiscalía centrará su alegato en 709 casos documentados y representativos de todas las provincias del país de desaparición de personas, detenciones ilegales, internamiento en campos de concentración clandestinos, aplicación sistemática de torturas y robos de bienes llevados a cabo por personal de las tres armas de las fuerzas armadas.

Las defensas plantearán una línea de actuación política basada en elestado de necesidad -conculcación de un derecho para alcanzar un bien común superior-, en la orden impartida a los militares por la presidenta Isabel Perón de exterminar a las guerrillas de izquierdas, en la supuesta injusticia de que el proceso no se vea ante el tribunal militar correspondiente y en la supuesta ausencia de conexión directa entre los crímenes presentados por el fiscal y los nueve encausados.

Se espera todo un cuestionamiento en regla del sistema democrático por parte de las defensas y todo tipo de provocaciones desestabilizadorás y extraprocesales por parte de la extrema derecha militar y civil involucionista. Los acusados y sus valedores no acaban de entender por qué se les procesa por lo único que, a su juicio, han hecho bien: el aniquilamiento de la subversión, sobre la que indudablemente triunfaron, en contraste con el desastre económico de su gestión administrativa y la derrota en las islas Malvinas frente a las tropas británicas. El contralmirante Mayorga, defensor del general Camps, ex jefe de la policía bonaerense y procesado en otra causa, ha sido explícito a este respecto: "Teníamos que haber fusilado en la cancha del River, con coca-cola gratis y televisándolo. El error fue hacerlo todo ilegalmente y no haber firmado la declaración de guerra interna".