20/5/85

Alfonsín lanza un duro ataque contra los sindicatos peronistas en vísperas de la huelga general (20-5-1985)

El Gobierno radical de Raúl Alfonsín ha lanzado una dura ofensiva contra los sindicatos peronistas en vísperas de la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves. Saúl Ubaldini, el más respetado de los cuatro secretarios generales de la central obrera argentina, ha pedido abiertamente al Gobierno "que se vaya", y, significativamente, la patronal argentina se ha sumado a las reivindicaciones de los sindicalistas. Entre tanto, hoy se reanuda la vista oral del juicio contra las tres primeras juntas militares.

La huelga general decretada para el jueves por la CGT viene siendo preparada desde hace un mes con toda cautela. La huelga ha sido limitada a 13 horas -entre las once de las mañana y las doce de la noche-, y excluye a los transportes, que sólo deberán parar 15 minutos simbólicos para facilitar el traslado de trabajadores a la plaza de Mayo, donde los sindicalistas íntentarán dar la réplica a la reciente concentración en defensa de la democracia auspiciada por el Gobierno.Durante las últimas semanas, la CGT, con el apoyo de la Iglesia católica, ha celebrado huelgas parciales en capitales de provincia para crear un ambiente propicio a una huelga general de dificil justificación. En cada provincia, los líderes sindicales se entrevistaban previamente con la jerarquía eclesiástica local para recabar su apoyo.

En una de esas concentraciones de calentamiento, el líder cervecero Ubaldini sugirió la dimisión del Gobierno ante su incapacidad para encontrar salidas a la crisis económica. En la Sociedad Rural Argentina -templo de la oligarquía agricola-ganadera-, empresarios y sindicalistas alcanzaron un acuerdo por el que la patronal apoyaba las reivindicaciones genéricas de la CGT (crecimiento económico con justicia social).

En la tradición laboral argentína, la huelga general carece de las connotaciones revolucionarias que esta medida tiene en el sitidicalismo europeo. Aun así; el Gobierno radical estima que la medida de la CGT es un ataque frontal contra la democracia.

Raúl Alfonsín aprovechó un viaje al confín austral del país para inaugurar dos plantas industriales y lanzar un ataque verbal visceral y desgarrado contra la CGT: "Los problemas que agobian a Argentina no vamos a resolverlos con llorones que se ponen frente al pueblo para decirle que hay que cambiar la economía o que el Gobierno se vaya. Alcanzaremos la solución de nuestros problemas aunque algunosmantequitas estén llorando y quejosos" (alusión personal al perennemente acatarrado y lloroso Saúl Ubaldini).

Bajo la consigna de que "la democracia también es justicia social", el comité nacional de la Unión Cívica Radical cerró filas en torno al presidente de la República, emitiendo un documento de rechazo a la convocatoria de huelga general, "modalidad sólo justificable como arma de lucha contra Gobiernos autoritarios". Sutilmente, el partido en el Gobierno recuerda al sindicalismo peronista que, pese a su fuerza y su crédito, el 24 de marzo de 1976 no decretó la huelga general cuando los militares derrocaron a un Gobierno peronista y constitucional; esperaron hasta marzo de 1982, cuando ya los militares habían consumado el genocidio sobre la izquierda.

Por lo demás, el clima de alarma desestabilizadora continúa latente. Buenos Aires es un hervidero de rumores, donde una tarde se especula con el secuestro de uno de los hijos de Alfonsín y por la noche se da por encontrado en Brasil el cadáver del industrial Pezcarmona, secuestrado hace semanas por presuntos grupos paramilitares.

Triunviros, a golpes

Parece que la única calma se encontrara en este vapuleado país en la Cámara federal de apelaciones, donde se enjuicia oralmente a los nueve triunviros militares que sembraron el horror en el país. Calma no extensible a la Unidad Penal 22, donde permanecen presos seis de los encausados. El almirante Emilio Massera, de la primera Junta Militar, agredió fisicamente al teniente general Viola, presidente de la segunda. Caídos por los suelos del depósito penitenciario, enzarzados a golpes, tuvo que separarlos el místico teniente general Videla, primer presidente de la pesadilla argentina.

18/5/85

Frondizi pide en el juicio de Buenos Aires castigo a los crímenes y respeto al Ejército (18-5-1985)

"Es preciso castigar los crímenes y a la vez preservar a las fuerzas armadas como institución, porque son parte imprescindible de la nación",afirmó el jueves el ex presidente argentino Arturo Frondizi, actual jefe del Movimiento de Integración y Desarrollo (extraparlamentario), en la 18ª sesión del juicio oral contra las tres primeras juntas militares argentinas que se celebra en la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires.

"Hay que encontrar una solución jurídica y política razonable", añadió Frondizi, "que nos permita afianzar la paz y trabajar para el futuro. La lucha contra la subversión terrorista no ha cesado, porque el terrorismo va a volver a revivir en la Argentina como ocurre en América Latina" (fuertes murmullos en la sala). Frondizi fue derrocado en 1962 por un golpe militar, estuvo preso durante meses y actualmente es uno de los políticos argentinos que ha mantenido conversaciones reservadas con altos mandos militares para la desestabilización del Gobierno radical de Raúl Alfonsín.Sólo a la trombosis cerebral que padeció y a sus secuelas de amnesia tempo-espacial sería atribuible la conducta y los testimonios del ex mandatario argentino. No sólo fue derrocado infamemente por los militares, sino que en 1974 -fecha que no recuerda- su hermano Silvio, profesor de filosofia, brillante teórico marxista, esperanza del disminuido socialismo argentino, fue secuestrado y fusilado en los alrededores del aeropuerto internacional Ezeiza. No es bastante: tres de sus sobrinos permanecen desaparecidos.

Frondizi relató alguno de sus esfuerzos por detener la guerra sucia contra la subversión: "He tenido algunas reuniones con el Ministerio del Interior, primero con Harguindeguy y luego con Reston -los dos generales responsables- consecutivos de la cartera durante las dos primeras Juntas-". El ex presidente admitió que en el Ministerio del Interior le negaron la existencia de desaparecidos, reconoció que secuestraron y asesinaron a su hermano, "por ser un teórico marxista".

La declaración de Frondizi -segundo ex presidente tras Ítalo Argentino Lúder en testificar ante la sala- es el primer balón de oxígeno que reciben los encausados desde el comienzo de la vista oral. Frondizi no sólo ha perdonado cristianamente a los asesinos de su hermano y tres de sus sobrinos, lo cual es encomiable, sino que se ha permitido presuponer públicamente dos falsedades: que el juicio de Buenos Aires es un proceso contra las instituciones militares argentínas y que la subversión terrorista de izquierdas en el país no ha cesado pese a su aniquilación física.

Entre otros testimonios, cabe destacar el del doctor Rabossi, ex integrante de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y actual subsecretario de Derechos Humanos -que reveló que durante algunos meses de 1976 se alcanzó el promedio de 13 desapariciones diarias-, y las declaraciones del contraalmirante (retirado) Horacio Zaratiegui, jefe de la secretaría del almirante Massera durante la primera Junta militar.

Zaratiegui afirmó que existieron serias diferencias de opinión entre Jorge Videla, Emilio Massera y Oriando Agosti sobre la lucha contrainsurgente, y que en 1978 el Negro (Massera), tras recibir consejo del senador estaodunidense Javits, había propuesto a sus pares la terminación de la guerra sucia con la publicación de las listas de bajas por los dos bandos, y en un comunicado conjunto. Indirectamente, se confirman así las sospechas sobre los contactos políticos entre Massera y los montoneros, destinados a firmar la paz y a erigir al almirante en un nuevo Perón.

16/5/85

La policía argentina dinamitó a 30 presos en 1976 (16-5-1985)

Los cadáveres de 30 personas aparecieron dinamitados el 22 de agosto de 1976 en la localidad de Fátima, próxima a Buenos Aires, como resultado de una venganza de la policía por la bomba terrorista que el 2 de julio de ese año, tres meses después del golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón, voló el comedor de Coordinación Federal -central policial- en Buenos Aires y mató a 22 guardias.Gregorio Joaquín Ferrá, ex médico de la policía bonaerense, declaró en el juicio contra las juntas militares argentinas cómo sus jefes le conminaron a realizar una inspección rápida y somera "porque las cosas apremiaban".

Sobre la matanza de Fátima declaró también el ex cabo de la policía federal Armando Luchina, quien insistió en los actos inmorales y aberrantes cometidos por la policía con los detenidos. "Un interrogatorio normal", dijo a la Cámara, "es lo que ustedes hacen conmigo. Allí -por Coordinación Federal- se vivía la aberración total; se cometían los actos más innobles, se buscaba destruir a las personas. Me repugna recordar los casos de torturas mediante colgaduras, el submarino, golpes de cadenas, las violaciones. Se violaba a las mujeres y se llegaba al extremo de hacerlo con los hombres".

El general Albano Harguindegui, ex ministro del Interior de la primera Junta Militar, obeso, lúdico, vitalista, aficionado a la caza mayor, un trasunto porteño de Herman Goering, edificó un monumento al cinismo en su declaración ante el tribunal. Tranquilo y relajado -la víspera había asistido al juicio como espectador para ambientarse- negó que durante su mandato ministerial -lo más duro de la represión- se hubiera producido en Argentina la menor violación de los derechos humanos y aseguró desconocer la existencia de un solo caso de desaparición de personas en manos de las autoridades. "La justicia estaba intacta", afirmó, "y todos los detenidos lo eran legalmente, pasando a dependencias penitenciarias". Admitió haber recibido reclamos múltiples por desaparecidos, que a todos atendió en las medidas de sus fuerzas sin haber podido encontrar responsabilidad en las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ante algunas repreguntas optó por no contestar para no incriminarse a sí mismo y ante las evidencias se escudó en repetidos fallos de su memoria. Hasta los asépticos locutores de la televisión argentina no pudieron evitar el comentario, al narrar esta sesión oral, de que la desmemoria del general Harguindegui era tal que pasaría inevitablemente a formar parte de la historia del país.

15/5/85

Las juntas argentinas decidieron la lucha ilegal contra la subversión, según Lanusse (15-5-1985)

El teniente general Alejandro Lanusse, ex presidente de la República Argentina (1971-1973), presentó el lunes un decisivo testimonio en el juicio seguido en Buenos Aires contra sus camaradas de armas. Afirmó que las juntas militares que gobernaban el país tenían conocimiento de lo que hacía cada fuerza por separado y que fue decisión de las juntas combatir la subversión al margen de la legalidad vigente.

Lanusse, a petición de la Cámara Federal de Apelaciones, relató una anécdota de segunda mano pero de la que afirma tener cono cimiento de su veracidad, referida a la desaparición de la diplomática Elena Holmberg. La funcionaria, destinada en la Embajada argentina en París, advirtió las actividades de inteligencia de la Marina en Europa desde su oficina en la capital francesa (intoxicación de la opinión pública infiltración entre los refugiados, etc). Regresó a Buenos Aires para explicar verbalmente sus descubrimientos a la cancillería y desapareció. Creyendo que su cadáver había sido, encontrado en El Tigre en las aguas de la desembocadura del Paraná, al noroeste de la capital, su hermano Enrique Holmberg y el general Suárez-Mason, entonces comandante del primer cuerpo de Ejército y ahora prófugo de la justicia, acudieron a visitar al jefe de la poli cía federal de la zona. Suárez Mason recriminó al policía no haber dado cuenta de la aparición del cadáver que podía haber sido el de la diplomática. "No se olvide general", respondió el policía, "que ya son más de 8.000 los cadáveres que ustedes han arrojado al río". Lanusse, de civil, enérgico, molesto y hasta enfadado, testificó esencialmente sobre la desaparición del periodista Edgardo Sajón, que fue su secretario de Prensa. Sus camaradas jamás perdonaron a Lanusse que fuera el artífice de la restauración democrática de 1973, que dio el triunfo a Héctor Cámpora y posteriormente a Juan Domingo Perón, e intentaron salpicar al ex presidente relacionando a- su ex jefe de Prensa con una delirante conspiración judeomarxista, en la que también entraba el banquero Graiver, el dinero negro de los montoneros y Jacobo Timerman, director y copropietario de La 9pinión. Todos los supuesto implicados en aquel montaje del general Camps salvaron la vida excepción hecha de Sajón. Lanusse realizó intensas gestiones al máximo nivel para salvar a su amigo y colaborador y se ocupó de detener el asesinato generalizado, por lo que sufrió distintos arrestos. En una de sus entrevistas, el almirante Emilio Massera le reconoció que Sajón había desaparecido en una operación por la izquierda realizada por el Ejército y con la autorización de la junta militar.

El teniente general Lanusse se irritó cuando le pidieron explicara lo que era un procedimiento por la izquierda, aduciendo, con razón, que era de dominio público que las juntas militares decidieron combatir la subversión por procedimientos a contramano, ilegales, clandestinos; sin participación de la justicia; "¡nadie puede ignorarlo!7, afirmó.

La acumulación de testimonios adversos hace mella entre las defensas de los nueve triunviros. El frente único que hasta ahora presentaban comienza a desmoronarse y ya muchos de ellos, por ejemplo, muestran su disgusto con la actuación del letrado Orgueira, defensor del ex presidente general Viola, jefe de la segunda junta. En sus repreguntas insiste en inquirir si tal o cual víctima fue "bien o mal secuestrada". El fiscal Julio César Strasiera estalló: "Claro, para determinar que a los montoneros se les puede torturar...".

12/5/85

Aparecen los desaparecidos (12-5-1985)

Los tenientes generales Videla y Viola, los almirantes Massera y Lambruschini y los brigadieres del Aire Agosti y Graffigna siguen la vista oral de su proceso desde la Unidad Penal 22 de la Policía Federal, en Buenos Aires, en pleno centro porteño y a dos cuadras -manzanas- del palacio de Justicia, donde la Cámara Federal de Apelaciones sesiona su causa. La Unidad Penal 22 es un caserón penitenciario para presos de elite que antes de recibirlos a ellos albergó al mayor de sus enemigos: Mario Eduardo Firmenich. El líder de los montoneros, tras ser extradido de Brasil, fue trasladado a la cárcel de Caseros, en las afueras de la capital, para recibir al otro platillo de la sangrienta balanza argentina.

El teniente general Galtieri -que entre los vapores de su cerebro creyó verse el niño mimado de Washington en América Latina y el nuevo Patton del Cono Sur- y el almirante Anaya permanecen en los acantonamientos militares de Campo de Mayo, en su doble condición de reos en el proceso civil que ahora se les sigue oralmente por la guerra sucia contra la subversión y en la causa militar ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por la pérdida de la guerra de las Malvinas. El brigadier del Aire Omar Graffigna vive en su domicilio, en libertad provisional por ambas causas; nadie se atrevió en este país a encarcelar antes de una sentencia firme al jefe de los pilotos que cruzaron el Atlántico Sur hasta el límite de su radio de acción para atacar con brillantez a la taskforce británica: los únicos oficiales que pelearon con valor.Los nueve, principalmente los dos reclusos en Campo de Mayo, gozan de un régimen carcelario privilegiado. Organizan su vida entre varias celdas, ven televisión, escuchan radio, leen periódicos, reciben visitas sin restricciones, se relacionan entre sí. Se encuentran bien: Massera, el que más tiempo lleva en prisión, ha engordado y combate su panículo adiposo con un aparato fijo de remo; Agosti, sumido en una depresión, recibe la adecuada farmacopea de sus doctores.

Los nueve guardan absoluto silencio público y, por supuesto, no comparecen en la sala del juicio, a lo que les da derecho el Código de Justicia Militar con que les juzga la cámara civil. Tras la primera semana de vista oral circuló la versión en Buenos Aires de que los triunviros habían decidido comparecer ante la sala y asumir gallardamente sus responsabilidades en la lucha contra la subversión. Las sesiones posteriores, sin duda, les hicieron variar de opinión.

El interrogatorio de los primeros testigos, ex ministros peronistas del Gobierno constitucional de Isabelita Perón, estuvo dedicado a demostrar que la señora había dado la orden a las Fuerzas Armadas de "combatir a la subversión hasta su aniquilamiento final". Orden cierta, legal y constitucional, firmada por el entonces presidente provisional, Italo Argentino Lúder -Isabelita había renunciado provisionalmente a la presidencia por una crisis de histeria-, y que para nada, como pretendían los abogados defensores de los triunviros, pretendía ni podía pretender la tortura y el asesinato de los subversivos.

La civilización cristiana

Después los abogados defensores abrieron una línea de interrogatorios tendente a dejar por sentado que entre 1976 y 1982 en Argentina se estaba librando una guerra no declarada entre la subversión marxista internacional y la civilización cristiana occidental, con lo que, insólitamente y con absoluto desprecio porel honor de los militares argentinos, pretendían justificar la aplicación de tormentos a los detenidos (o a los prisioneros), el asesinato de los mismos la desaparición sistematizada de las personas y el robo de niños como prácticas de guerra. De aceptarse el estado de guerra como eximente, podría fantasear se sobre el príncipe Andrés o el general Jeremy Moore, hipotéti cos prisioneros en Puerto Argen tino, picaneados por el general Meriéndez para obtener informa ción operativa.

El tinglado defensor terminó de derrumbarse no ya por el razona miento lógico sino por la contun dencia de la aparición de los de saparecidos. El fiscal Julio César Strassera comenzó a desgranar los más de 700 casos que se eligieron sobre los cerca de 8.000 atro pellos a la humanidad, estudiados y documentados por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), que presidió Ernesto S ábato. La estadística de la Conadep no se contradice con las 30.000 desapariciones denun ciadas por las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo por cuanto la comisión Sábato sólo ofició de re ceptora de información, y son mi les los argentinos que sufrieron desaparición y que, vueltos de los infiernos, se niegan por temor a testificar públicamente.

Así, la aparición de los desaparecidos trastocó desde su inicio la estrategia de las defensas y disipó como humo la supuesta intención de los triunviros de comparecer ante la sala, sacar el pecho y proclamar que lo hecho bien hecho estuvo, que fue llevado a cabo para preservar a la nación argentina de sus enemigos y que asumían todas las responsabilidades.

Las citaciones del fiscal cercenaron la politización del juicio y lo centraron en su esencia: embarazadas pariendo rríaniatadas ante la presencia jocosa de policías federales militarizados y limpiando desnudas el suelo ensuciado por sus placentas; recién nacidos sustraídos a su familia; aplicación de torturas, no ya como sistema sino como excitante entretenimiento sexual; desaparición, asesinato, muerte, horror, con datos, nombres, fechas, locales, detalles, todos remitidos a altos jefes militares, vistos, escuchados, presentes en la Administración de la pesadilla.

La estrategia del fiscal ha sido muy clara y va dirigida directamente hacia el ex general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense durante lo peor de la represión, a las órdenes directas del comandante del Prirner Cuerpo de Ejército, general Suárez-Mason, ahora prófugo. Camps -un fanático paranoico, encausado en otro proceso- y Suárez-Mason, por su alta jerarquía rnilitar, tratan el trabajo en los centros clandestinos de detención, en los chupaderos o pozos, con los triunviratos castrenses que gobernaban el país. Es difícil sostener que los triunviros desconocían o desaprobaban lo que hacían los más destacados de sus jefes operativos con mando de armas.

De esta manera el proceso de Buenos Aires ha entrado en una monótona descripción de espantos, de tal eficacia jurídica y moral que ha hecho pensar al fiscal en reducir voluntariarriente su listado de testigos previsto.

El laberinto argentino (12-5-1985)

A poco menos de dos años de la reinstauración de la democracia, en Argentina se respira un cierto aire de crisis. Raúl Alfonsín, con su carisma personal hasta ahora intacto, lucha, sin embargo, contra demasiados factores que juegan en contra del Gobierno que preside. La celebración del juicio a los integrantes de las juntas militares que asolaron el país durante sus mandatos, una situación económica sin visos de solución, junto a, las incipientes, pero temibles, provocaciones terroristas complican todavía más el peculiar laberinto argentino.

Cada mañana el sol se levanta en Argentina sobre 75 millones de vacas propietarias de la mejor carne del mundo, más de 2.700.000 kilómetros cuadrados, una pampa húmeda, que al recorrerla provoca el vértigo horizontal o la melancolía de las estepas rusas y se extiende por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba, en una orgía de miles de kilómetros cuadrados de tierra con metro y medio de humus, "en los que escupes desde el caballo y crece un árbol", y sólo 30 millones de habitantes, en su mayoría descendientes de españoles e italianos, educados, corteses y hasta refinados.El país se autoabastece de petróleo, del que posee reservas inexplotadas; quema al aire su gas en los pozos australes por falta de aprovechamiento industrial; posee la primera industria atómica del subcontinente, y es el primer suministrador de grano de la Unión Soviética. El chovinismo que suponía que Dios es argentino siempre tuvo su razón de ser en este país privilegiado, como la amarga reflexión nacional que suponía que Dios mediaba cada noche lo que los argentinos estropeaban durante el día.Tantas bendiciones -ciertas- parecen tener crudas contrapartidas. Argentina tiene las peores fuerzas armadas del Cono Sur latinoamericano: más que golpistas, elitistas y autoconvencidas de la necesidad y bondad de su intervencionismo en política; la peor Iglesia católica: ultraconservadora, insensible a los sentimientos de las masas, sumisa aliada del poder económico; la peor oligarquía financiera y agrícola-ganadera: fuertemente antinacional, antilatinoamericana y siempre desmayada ante los fastos culturales europeos y el poder económico-tecnológico estadounidense; y los peores sindicatos:mafiosos, corruptos, políticamente reaccionarios -el sindicalismo argentino es el mejor freno para la izquierda-, perennes aliados de los militares.

El cuadro de las desventajas se completaría con la ausencia de proletariado, la destrucción de las opciones políticas de izquierda por el peronismo, la permanente, obsesiva y cainita multidivisión de éste, y el carácter homicida y bucanero de la última, intervención militar, que dejó por saldo contable nacional la desaparición de 30.000 personas y 50.000 millones de dólares.

Este es el imprescindible marco de referencia para situar a un Gobierno como el de Alfonsín que, electo por mayoría absoluta tras siete años de dictadura militar, se ve obligado a denunciar nuevas conspiraciones golpistas y a negociar con la oposición derrotada y dividida una nuevamultipartidaria que defiende el sistema, democrático.

En menos de dos años, el Gobierno de la Unión Cívica Radical se encontró illiaizado y vapuleado en los corrillos políticos de Buenos Aires como si hubiera ganado las elecciones de octubre de 1983 por el 20% de los votos en vez de por el 52%. Arturo Illía, un anciano médico rural cargado de buena voluntad y sentido común, gobernó constitucionalmente el país entre 1962 y 1964, tras ganar los radicales en minoría unas elecciones de las que estuvieron excluidos los peronistas. Una activa campaña de opinión pública basada en la hipotética ineficacia de Illía movilizó a las fuerzas armadas, encabezadas por el teniente general Onganía, a un nuevo arrasamiento de la Casa Rosada.

El 'síndrome de Illía'

Los últimos seis meses Buenos Aires ha vivido bajo el síndrome de Illíaante el desmoronamiento económico de una inflación aceptada oficialmente en un 1% diario y estimado en el doble por la oposición. Políticos sin representación parlamentaria o con sólo dos diputados, como Rogelio Frigerio y el ex presidente Arturo Frondizi (Movimiento de Integración y Desarrollo), o como Álvaro Alsogaray (Unión de Centro Democrático), representantes de la derecha más conservadora, plantaron dos puentes de diálogo en sendas direcciones: uno hacia las fuerzas armadas, descontentas con los severos recortes presupuestarios y de alguna manera enjuiciadas en el proceso a tres de sus cúpulas militares por la guerra sucia contra la subversión, y otro hacia la extrema derecha del peronismo, acaudillada por Herminio Iglesias.

Un camionetazo -miles de camionetas de estancieros convergiendo sobre la plaza de Mayo- intentó remedar la marcha de las cacerolas que significó el comienzo del fin de Salvador Allende en Chile; el ministro del Interior, Antonio Troccoli, impidió con la Guardia de Infantería que las camionetas de los hacendados invadieran la capital federal para protestar por la política económica del Gobierno.

Sumidas las fuerzas armadas en el mayor desprestigio de su historia -desapariciones, hundimiento y latrocinio económico, guerra de las Malvinas-, la conspiración golpista buscaría sólo el forzamiento de la renuncia de Alfonsín en su vicepresidente, Victor Martínez, oscuro representante de la derecha del partido. La reacción de Alfonsín fue su discurso radiotelevisado denunciando públicamente la conspiración y citando a las masas en plaza de Mayo para defender la democracia. El presidente argentino intentaba retomar políticamente el espacio perdido en el terreno económico, donde se mueve con mayor dificultad. Pero la realidad es que Alfonsín había dejado perder un año de gobierno.

La Unión Cívica Radical, firme, decidida y prudente en su política de defensa de las garantías cívicas, los derechos humanos y el juzgamiento de las cúpulas castrenses responsables del genocidio durante la dictadura, careció de valor moral para relatar *al país la dramática situación de la economía. Temerosa de perder el impulso de su victoria democrática sobre el peronismo, anunciando penurias, lo dilapidó prometiendo voluntaristas y mágicas recuperaciones económicas.

Alfonsín fracasó asimismo en un prematuro intento de democratizar la burocracia del sindicalismo, de mayoría peronista, y con su apoyo a Isabelita Perón coadyubó a disolver la oposición justicialista debilitando al antagonista necesario para pactar una economía de austeridad: la economía de guerra que prometió al pueblo argentino desde la Casa Rosada.

Ante la insostenible carga financiera que suponen los 50.000 millones de dólares de deuda externa -Argentina exporta por 7.000 millones de dólares anuales-, Raúl Alfonsín emprendió una política no menos errática. Al comienzo de su mandato rechazaba la idea de un club de deudores y, en su bonhomía, confiaba en que el Fondo Monetario Internacional, los Gobiernos europeos y Estados Unidos dieran a Argentina un trato político preferencial, individualizado y comprensivo. Negociaciones a cara de perro demostraron al presidente Alfonsín que los países ricos de Occidente se congratulaban por la recuperación de la democracia en la Argentina, pero que no estaban dispuestos a perder un sólo dólar por ella y exigían una política recesiva que contuviera la inflación y permitiera el pago ordenado de al menos los intereses por el dinero prestado. Bernardo Grispun, primer ministro de Economía de Alfonsín y resistente a las recomendaciones del FMI, acabó siendo sustituido por Sourrouille, un técnico proclive a respetar las pautas de la banca internacional: congelación del gasto público, ahorro obligatorio, nuevas cargas fiscales, retracción del consumo, economía de guerra.La derrota económicaNo obstante, para Raúl Alfonsín aún no ha llegado la hora de la impopularidad -mantiene intactos su carisma y credibilidad-; carece de alternativa dentro de su propio partido, y la antaño orgullosa Confederación General del Trabajo necesita ahora todo un mes de movilizaciones provinciales previas para atreverse a convocar la huelga general de 24 horas prevista para el día 23. Las fuerzas armadas tienen demasiados esqueletos en el armario -en el sentido literal de la expresión- como para intentar volver a gobernar, y el viento de la historia y de los intereses internacionales no sopla ya favorablemente a la instalación de dictaduras militares en el Cono Sur latinoamericano.

Pero con el juicio abierto a los triunviros de la dictadura, las provocaciones terroristas de la extrema derecha en la calle, la inflación galopando y la penuria institucionalizada, el hombre que hace menos de dos años se alzó en un triunfo histórico sobre el peronismo con el 52% de los votos acaba de sentarse en la Casa Rosada con Oraldo Britos, un dirigente peronista de tercera fila, cabeza del justicialismo renovador, para negociar el establecimiento de otra multipartidaria que defienda las instituciones democráticas y pacte la administración de la derrota económica argentina.

11/5/85

'La noche de los lápices', un testimonio aterrador en el juicio de Buenos Aires (11-5-1985)

Fuerzas del Ejército argentino secuestraron el 9 de septiembre de 1976, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a 10 adolescentes: Francisco López Muntaner (14 años), Alejandra (14), María Claudia Falcone (16), Pablo Alejandro Díaz (17), Víctor Triviño (16), Horacio Angel Hungaro (17), Emilse Moller (17), Patricia Miranda (16), Claudio de Hacha (17) y María Clara Clochini (17).Estudiantes secundarios habían desarrollado una campaña para reclamar un bono especial de transporte para los autobuses entre Buenos Aires y La Plata. El operativo militar que los aplastó fue denominado la noche de los lápices. Sólo regresaron 3 de los 10 muchachos desaparecidos. El jueves, Pablo Alejandro Díaz testificó en el juicio seguido en Buenos Aires contra las tres primeras Juntas Militares.

"Yo estaba durmiendo, siento ruidos, como que golpean la puerta. Al portón grueso le pegan culatazos ( ... ). Los vi y tenían puesto un pasamontañas en la cabeza. Me agarraron y me tiraron en el piso. Dijeron: 'Ejército argentino".

"Me desnudaron y me pusieron en un catre. Yo seguía gritando. Me dijeron que me iban a dar una sesión de tortura para que no me olvidara. Me quemaron los labios. ¡Ah, me olvidaba!: cuando me llevaron me dijeron que me iban a dar la máquina de la verdad; yo les pedí que sí, que por favor me llevaran a esa máquina porque suponía que era una de esas de las películas donde indica si estoy mintiendo. La máquina era al final la picana". "Se sentía olor a carne quemada cuando me aplicaban la picana. Me pedían a cada rato que les diera nombres. Después me atendió un médico; yo le pedí agua, pero me contestó que si me daba agua iba a reventar".

"Una vez, uno de los que estaban ahí dijo 'traedme la pinza'. Yo sentí después un tirón en el pie. El dolor era uno solo, en todo el cuerpo. Me habían sacado una uña".

De una de sus compañeras secuestradas escuchó: "Se murió, tiradla a los perros". "No", contestaba otro, "enterradla, se te murió a vos". Los 10 adolescentes eran mantenidos en calzoncillos y bragas en celdas que a veces contenían 10 centímetros de agua.

De María Clara Clochini recordó: "Le pidió a uno de los guardias que no la tocara más, que la matara, pero que no la tocara más. Tenía los ojos tapados con una venda que sujetaba unos algodones, que con el tiempo olían a podrido".

"Un día, en el pozo de Banfileld (chupadero de la Policía Federal de La Plata), un guardia humanitario me permitió que fuera por sólo 15 minutos a ver a Claudia Falcone, la chica con la que más hablaba. Me levantó la venda y pudimos conversar. Claudia me dijo: 'Gracias, Pablo, por la fuerza que me das`, ya que yo le dije que se quedara tranquila, que nos iban a soltar porque no éramos guerrilleros, nosotros no habíamos puesto ninguna bomba. Incluso le hablé de que cuando saliéramos íbamos a empezar una relación como novios, qué sé yo. Ella me dijo: 'Pablo, no me toques, porque me han violado".

Ni el fiscal ni los abogados defensores hicieron preguntas. En la sala se lloraba en silencio.