La Armada argentina acata la ley civil tras su primer pulso con el Gobierno (2-3-1987)

El primer pulso en Argentina entre la Armada y la justicia federal y el Gobierno ha terminado con el acatamiento naval del rigor de las leyes. La Cámara Federal de Apelaciones ha dictado este fin de semana la orden de prisión preventiva rigurosa contra 12 jefes y oficiales de la Armada, entre ellos, cuatro almirantes, el capitán de fragata Acosta y el teniente de navío Alfredo Astiz, que han empezado el domingo a cumplir la disposición judicial.

La Cámara comunicó su decisión al Ministerio de Defensa, quien ordenó cumplir los arrestos que, por primera vez desde la reinstauración de la democracia, incluyen a personal militar en actividad. Otros dos almirantes y un capitán de fragata, procesados en el sumario de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma, centro donde se practicaron torturas) han quedado en libertad provisional. Sin embargo, otro de los oficiales incluido en esa misma causa, Juan Piraña Azik, fue acusado ayer por un tribunal de haber torturado a un bebé de 20 días delante de sus padres para hacerles confesar.La prisión preventiva rigurosa se aplica, según el Código de Justicia Militar, cuando "haya datos suficientes a juicio del instructor (en este caso, la Cámara Federal) para creer que el detenido es responsable del hecho juzgado".

Los dos capitanes de fragata imputados en la causa y que se encuentran en viajes autorizados al extranjero declararán a su regreso al país, y el capitán de fragata aquejado de depresión aguda lo hará al ser dado de alta. No se espera, obviamente, la presentación del capitán de navío Jorge Vildoza, huido con los dos niños que robó haciéndolos suyos. La vista oral por los sucesos de la Esma comenzará a verse hacia mediados de abril.

El Papa no recibe

La comisión coordinadora de la visita papal a Argentina ha confirmado que Juan Pablo II no recibirá a las organizaciones argentinas defensoras de los derechos humanos "por falta material de tiempo".

El Papa tampoco dispondrá de tiempo en su agenda para visitar ni uno solo de los campos clandestinos de detención -llamados chupaderos-en los que desaparecieron miles de personas bajo la dictadura militar.

En cambio, el Papa oficiará una misa en Tucumán, venerado escenario militar, en el que el Ejército -dentro del Operativo Independencia-aniquiló a la guerrilla rural del Ejército Revolucionarlo del Pueblo y arrojó vivos a los prisioneros a las parrillas de los asados.

España firma hoy un nuevo tratado de extradición con Argentina (2-3-1987)

El ministro de Justicia español, Fernando Ledesma, el secretario general técnico del ministerio y el jefe del gabinete técnico del ministro llegaron el pasado sábado a Buenos Aires para una visita oficial de cuatro días. Hoy, lunes, el ministro Ledesma firmará con su colega argentino de Educación y Justicia, Julio Rajneri, el nuevo tratado de extradición entre los dos países, que sustituye al de 1881, que había quedado obsoleto. El viejo acuerdo establecía un listado de figuras delictivas cuyos actores podían ser extradidos; el nuevo amplía la extradición a todos los delitos punibles en las dos naciones.

Los altos funcionarios que acompañan a Fernando Ledesma iniciarán conversaciones con las autoridades argentinas para alcanzar un acuerdo por el que los penados españoles en Argentina puedan cumplir sus sentencias en cárceles españolas, y viceversa, tal como los que España tiene ya suscritos con México y Perú.

Fernando Ledesma será recibido por el presidente Raúl Alfonsín, al que entregará un mensaje del presidente Felipe González; asimismo, se reunirá con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera. En la universidad de Buenos Aires -estatal- pronunciará una conferencia-coloquio sobre la transición política española.

Todos los medios informativos han destacado la visita del ministro de Justicia español, que tiene su agenda repleta de compromisos con la Prensa argentina.

Detenidos en Buenos Aires otros nueve marinos (28-2-1987)

Otros nueve marinos quedaron ayer detenidos por la justicia federal argentina, con lo que ascienden a 15 los uniformados de la Armada puestos presos en el buque Bahía Paraíso, fondeado en el apostadero naval de Buenos Aires, o en sus unidades respectivas, durante las 48 horas de crisis entre la Marina y la Cámara Federal de Apelaciones.

Los detenidos son seis almirantes, cinco capitanes de fragata, un capitán de corbeta, un teniente de navío, un prefecto naval y un suboficial. Un capitán de fragata se encuentra prófugo reclamado en otra causa por el presunto secuestro de dos niños hijos de desaparecidos a los que ha adoptado, otros dos capitanes justificaron su incomparecencia por encontrarse de vacaciones en el extranjero debidamente autorizados, y otro capitán fue internado en un hospital naval aquejado de un síndrome maniaco depresivo agudo.Los jefes y oficiales citados el jueves lo hicieron acompañados por buena parte de la parafernalia naval: cada jefe convocado escoltado por un contraalmirante y con la asistencia del comandante de operaciones navales, el comandante de la aviación naval y altos cargos de la dirección de personal de la Marina. El titular de los aviadores navales insistió en que los convocados por la justicia no habían hecho otra cosa que cumplir con su deber durante la guerra contra la subversión de izquierdas.

De entre los indagados el jueves sólo el capitán Acosta, en situación de retiro, apodado el Tigre entre los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), aceptó ser interrogado por los camaristas y los fiscales. Adujo que la conversión de la Esma en centro naval de la lucha antisubversiva fue decisión del almirante Emilio Massera, triunviro de la primera junta militar de la dictadura, y que los grupos de tareas obedecían órdenes orgánicas y superiores.

La Esma, entre 1976 y 1979, estaba dirigida por el contraalmirante Chamorro, recientemente fallecido tras un ataque cardíaco sin haber podido ser juzgado. El capitán Acosta fue el segundo de Chamorro en la dirección de la Esma, distinguiéndose por su sadi sino en la aplicación de tormentos y por sus aberraciones sexuales.

La molestia de Astiz

El resto de los indagados se acogió al derecho constitucional de no declarar en contra propia y se limitó a dar su nombre, número y rango. Entre ellos, el visiblemente molesto teniente de navío Alfredo Astiz, aliasel Niño y el Angel, propietario hasta ahora de una indudable suerte judicial. Fue juzgado por tribunales militares por haber rendido sin combate las Georgias del Sur a las tropas británicas durante la guerra por las Malvinas, y absuelto por obediencia debida ya que se le ordenó rendirse.Posteriormente fue absuelto por otro tribunal castrense en la causa que se le seguía por la desaparición de la quinceañera sueca Dagmar Hagelin. La joven fue vista en la Esma y en un hospital clandestino de la Armada en Mar del Plata antes de su definitiva desaparición. La justicia civil reclamó el sumario y abrió un nuevo procesamiento en el que se demostró la participación de Astiz en la desaparición, pero el teniente fue nuevamente absuelto por prescripción del delito. Ahora, en la causa de la Esma, se le imputa la desaparición de dos monjas francesas, colaboradoras de la Madres de Plaza de Mayo. Astíz las entregó tras haberse infiltrado durante meses entre las madres haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Existen testimonios sobre la violación y tortura hasta la muerte de ambas religiosas católicas.

Para la tarde de ayer la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional debía disponer sobre el destino procesal de los 15 marinos dictándoles prisión preventiva rigurosa, prisión preventiva o dejándolos a su disposición en sus domicilios o unidades. La bronca entre la Armada y el Gobierno y la Justicia continúa su hervor, pero por ahora los marinos han tenido que agachar la cabeza ante la resolución de las instituciones civiles.

El Ejecutivo argentino congela precios y salarios (27-2-1987)

El Gobierno argentino decidió sostener -reforzándolo- el Plan Austral, antiinflacionario, congelando nuevamente los precios y los salarios hasta el 30 de junio. El austral ha sido ligeramente devaluado, se han suprimido los aranceles a los bienes de capital y se han rebajado las tasas de interés. Previamente a la congelación, se incrementaron las tarifas de servicios, naftas y cigarrillos.

Desde el derrumbamiento del plan Cruzado brasileño se esperaba una fuerte corrección económica en Argentina, cuya inflación en enero había trepado hasta más del 7%. Además de su éxito, relativo pero cierto, razones políticas avalan el mantenimiento del plan Austral: las elecciones legislativas y de gobernadores provinciales de septiembre a las que el Gobierno quiere llegar con su imagen de seriedad económica.El ministro de Economía y Hacienda, Juan Vital Sourrouille (un técnico experto en contabilidades nacionales), anunció la cuarta y mas importante corrección del Plan Austral en la noche del miércoles por la radiotelevisión en cadena nacional.

En síntesis, las medidas adoptadas suponen un aumento de las tarifas públicas en un 2% y su congelación hasta el primero de julio, el aumento en un 15% en las naftas y los cigarrillos y congelamiento hasta la misma fecha y el aumento del salario mínimo de 150 a 170 australes, lo que supone un 20% de incremento promedio en las asignaciones familiares. Los salarios se ajustarán el primero de marzo y el primero de julio, quedando congelados en los períodos intermedios.

Los precios, con los aumentos antes citados, quedan congelados hasta el primero de julio. Las tasas de interés se reducen al 3% para depósitos y al 4% para préstamos para las tasas reguladas y se instruye a la banca oficial para que reduzca las tasas libres. El Gobierno se compromete -ya había comenzado hace semanas a ser riguroso- a perseguir la especulación en la banca privada.

Hoy el mercado cambiario abrirá con una cotización oficial de un dólar estadounidense por 1,535 australes, tras dos días de fiesta, lo que supone una devaluación del 6,7%. En mayo y en junio el austral será nuevamente devaluado, cada vez, en otro 2%.

Finalmente se ha decidido el arancel cero a la importación de bienes de capital no producidos en el país, la exención impositiva a la importación de bienes de capital no disponibles en la República y el potenciamiento de líneas de crédito para la adquisición de tecnología de punta.

Deuda externa

La peronista Confederación General del Trabajo aún no ha evaluado las nuevas medidas, pero cabe recordar que jamás atacó de frente el plan Austral poniendo en cambio todo su énfasis en la deuda externa y en la moratoria unilateral de pagos. La sociedad argentina entiende, mal que le pese, que era imposible continuar con una inflación del 1.000% anual como la que existía antes del plan antiinflacionario.El ministro Sourrouille, amplia y públicamente respaldado por el presidente Alfonsín, continúa su política de saneamiento económico a la que sólo se reprocha su carencia de imaginación y su apego a los manuales de economía. Prometió que el Gobierno continuaría en su decisión de no emitir más dinero y que proseguirá la suave reconversión del sector público: congelamiento de plantilla de funcionarios, jubilaciones anticipadas y privatización de empresas estatales.

El Gobierno argentino continúa firmemente decidido a mantener sus compromisos sobre el pago de los servicios de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y el resto de la banca extranjera acreedora.

El Almirantazgo argentino se opone a los juicios, aunque acata la Constitución (27-2-1987)

El Almirantazgo argentino levantó a la una de la madrugada de ayer una prolongada sesión en el edificio Libertad -sede de la comandancia del arma- para analizar las citaciones judiciales a marinos en retiro y en activo, a cuenta de la causa abierta por las atrocidades cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) entre 1976 y 1979. El resultado de la reunión fue el acatamiento de la Constitución por parte del Almirantazgo, pese a la resistencia al enjuiciamiento de los marinos, a los que se expresó un apoyo total.

Toda la tarde del miércoles, Buenos Aires fue un avispero de rumores que llegaban a especular con el pase a retiro del vicealmirante Ramón Arosa, jefe del Estado Mayor de la Armada. Éste a las 2.25, envió el siguiente radiograma a las unidades bajo su mando: "El jefe del Estado Mayor, con su consejo de almirantes, analizó la gravísima situación surgida del juzgamiento de alguno de sus hombres por la participación que a toda la Armada cupo en la lucha contra el terrorismo subversivo. Estudiada la situación y las posibles alternativas, los almirantes todos coinciden en que la consolidación del futuro nacional exige actuar con las responsabilidades que requiere la reafirmación de los principios que son fundamento de la República. La Armada, dentro de este contexto, apoyará a sus hombres con todos los medios legales ( ... ). No hay otro camino para sostener la vigencia de la justicia ( ... ) que afrontar estas circunstancias en el marco jurídico, empeñando en la defensa de sus hombres toda la fuerza de nuestra convicción ( ... )".El radiograma del vicealmirante Arosa implicaba al menos, y pese a sus reticencias, un acatamiento formal de la Marina al poder político y al poder judicial. Pero la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se mantuvo firme en la aplicación de la ley; en este caso, el Código de Justicia Militar: los seis almirantes citados para las ocho de la mañana del miércoles para deponer sobre la causa de la Esma, y que no comparecieron a horario -Antonio Vañek, Julio Torti, Óscar Montes, Manuel García Tallada, Humberto Barduzzi y José Supissiche, todos en retiro-, fueron declarados rebeldes y se ordenó al Ministerio de Defensa su busca y captura.

Los seis almirantes estaban en sus domicilios porteños resistiéndose a comparecer durante diez horas y media; el Ministerio de Defensa fórcejeó con el Almirantazgo para que fueran convencidos u obligados apresentarse en el Palacio de los Tribunales. Finalmente fueron conducidos ante la Cámara Federal por almirantes en actividad, aunque la Armada emitió un comunicado afirmando que habían terminado por presentarse voluntariamente. La Cámara no les tomó declaración y ordenó su detención en el Palacio de Justicia.

Pasaron la noche en la Unidad Penal 22, cárcel preventiva de máxima seguridad próxima a los tribunales, donde espera su juicio José López Rega, y los camaristas insisten en que, de no probar los almirantes su imposibilidad natural de comparecer a la hora fijada, deberán ser dados de baja en la Armada.

De los otros dos jefes convocados el miércoles -dos capitanes de navío en retiro-, uno adujo hallarse en el extranjero y el otro está prófugo reclamado por el secuestro de dos hijos de desaparecidos. La mañana del jueves no calmó los ánimos. Hasta mediodía, estaban citados seis capitanes de navío, cinco de ellos en actividad. De ellos, sólo uno accedió a ser interrogado por los jueces; tres se limitaron a dar su nombre, rango y número, como si se encontraran presos por una fuerza extranjera; uno adujo enfermedad para no presentarse, y otro dio fe por sus abogados de encontrarse en viaje por el exteriór. La Cámara decidió la detención de todos ellos y su traslado, junto a los seis almirantes, al buque Bahía Paraíso.

La Marina argentina, en suma, aceptó entregar a la justicia a los tres triunviros navales de las primeras juntas militares de la dictadura: los almirantes Massera, Lambruschini y Anaya. Pero desde la restauración de la democracia dejaron bien claro que no aceptarían otros procesamientos, y mucho menos el de oficiales en activo, y dieron denonadas batallas jurídicas y políticas por evitar el procesamiento del teniente de navío Alfredo Astiz.

Ahora, la Marina no se rebela porque no puede; no existe espacio económico, político, social, histórico para otro golpe militar.

Detenidos seis almirantes por no acudir ante el juez (26-2-1987)

Seis almirantes en situación de retiro fueron detenidos en la tarde de ayer y conducidos por la fuerza pública al palacio porteño de los Tribunales. La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó una orden de busca y captura contra ellos y contra dos capitanes de navío también retirados por no compadecer a sus citaciones judiciales.

Los ocho altos jefes navales fueron llamados a declarar por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos, producida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1979. Los seis almirantes -Antonio Vañek, Julio Torti, Óscar Montes, Manuel García Tallada, Humberto Barduzzi y José Supissiche- fueron hechos presos en sus domicilios. El capitán de navío Jorge Vildoza se encuentra prófugo y los abogados del también capitán de navío Horacio d'Estrada adujeron en su descargo que su defendido de encontraba en el exterior del país.

Hoy están citados en la Cámara Federal y asimismo por la causa de los sucesos ESMA seis capitanes de navío (cinco de ellos en activo) y dos tenientes de navío en actividad, entre ellos el tristemente célebre Alfredo Astiz. Se teme fundadamente que se nieguen a comparecer y su detención ofrecerá la complicación de tener que ponerlos presos ingresando en unidades operativas.

Los altos cargos de la Armada se encontraban anoche reunidos para estudiar la situación de los jefes y oficiales en activo reclamados por la Justicia civil. También permanecían reunidos todos los generales con mando en plaza en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno y los jefes de Estado Mayor intentan revertir la juramentación de numerosos cuadros intermedios de las Fuerzas Armadas que han decido no presentarse ante los jueces.

Los argentinos, bajo el síndrome del 23-F español (26-2-1987)

Argentina vive pendiente de que las cámaras federales de justicia civil (tribunales supremos de las provincias) dicten procesamientos y arrestos preventivos contra jefes y oficiales en activo de las tres armas. Parece inevitable un encontronazo entre el Gobierno democrático y la conspiración militar, que se opone a la continuación de los juicios contra los violadores de derechos humanos. El síndrome del 23-F español se recuerda aquí explícitamente.

La moratoria brasileña de su deuda externa, los aumentos de precios básicos en más de un 7% y hasta los rumores de reajustes en el Plan Austral han perdido importancia en Argentina ante las tensiones entre el Gobierno y la Justicia de una parte, y entro el Gobierno y la Justicia -conjuntamente- con los militares.El Gobierno que preside el doctor Raúl Alfonsín ha presionado sobre las cámaras de justicia y sobre los fiscales federales para que circunscriban los procesamientos de militares prácticamente a los casos que clamen al cielo y para que espacien en el tiempo las citaciones.

Por su parte, los cuadros militares medios, entre comandante y coronel (o sus equivalentes en las otras dos armas), conspiran activamente para impedir que camaradas suyos en activó comparezcan ante los tribunales. Aducen que estos futuros procesados habrían revistado durante los años de la guerra sucia contra la subversión como tenientes o capitanes y que no habrían hecho otra cosa que acatar órdenes superiores, por lo que les ampararía la ubicua obediencia debida, que tanto sirve para resistir en una posición malvinense al Ejército inglés como para picanear a una embarazada sospechosa de izquierdismo. Las noticias provenientes de los apostaderos navales indican que algunas unidades de la Armada podrían llegar a autoacuartelarse en sus bases o en sus buques para impedir la salida de sus camaradas que resulten procesados. Las emisoras de radio y televisión del Estado recordaron ampliamente el pasado lunes el 23 de febrero español, poniendo énfasis en la cerrada defensa de la sociedad española ante la involución militar.

El secretario de Justicia, Ideler Tonelli, reconoció la inquietud militar, pero confirmó la decisión del Gobierno. "El presidente Alfonsín", afirmó, "fijó con mucha claridad cómo aplicará el mandato que le viene de la Constitución como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Quienes no se presenten ante los tribunales y carezcan de justificativos serán considerados en rebeldía. Además, serán responsables del cumplimiento de la medida judicial los superiores jerárquicos de los citados".

Contactos con la oposición

El ministro del Interior, Antonio Tróccoli, uno de los hombres de confianza de Alfonsín, está manteniendo contactos acelerados con dirigentes de la oposición -peronistas históricos, peronistas renovadores, liberales de la Unión de Centro Democrático y los nacionalistas de izquierda del Partido Intransigente- para tenerles informados de la situación en los cuarteles.Hasta ayer, el goteo de citaciones judiciales recibidas en el Ministerio de Defensa alcanza a 133 oficiales y siete civiles, presuntamente implicados en los excesos de la represión militar.