El jefe del Estado Mayor del
Ejército argentino, general Héctor Ríos Ereñú, hizo ayer las primeras
declaraciones abiertamente constitucionalistas que formula un militar de su
cargo desde la restauración de la democracia en este país. Ríos Ereñú dijo que
"la primera y fundamental experiencia recogida por los militares es que a
través del Gobierno militar el país no encuentra su solución política. Hay que
admitir que es al ejercicio político al que le corresponde consolidar este
sistema democrático". "Las fuerzas armadas", sentenció, "no
pueden intervenir nunca más en un proceso político".
El jefe del Ejército de
Tierra afirmó que "nunca en Argentina hubo un golpe militar sin
consenso", que "...el juicio a los ex comandantes tendrá una solución
final política avalada por un acto jurídico", y que "...las Madres de
Plaza de Mayo no ayudan a la democracia".El acatamiento constitucional de
Ríos Ereñú viene a aliviar la preocupación castrense por las gestiones de
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo contra los recientes ascensos militares
aprobados por el Senado de la nación. Madres y Abuelas permanecieron 17 horas
apostadas en el vestíbulo de la Casa Rosada como protesta por la negativa del
presidente Alfonsín a recibirlas. Finalmente fueron acogidas en su despacho por
el ministro del Interior, Antonio Troccoli.
Madres y Abuelas preguntaron
al ministro sobre los recientes ascensos del ex jefe de la policía de Jujuy,
Luis Arena; del coronel de la misma provincia, Mario Ledesma; del general Pedro
Malagamba; del también general Naldo Dasso, y del coronel Juan Valentino, todos
ellos relacionados en forma directa y activa -según la documentación en poder
de las organizaciones de defensa de los derechos humanos- en la comisión de
secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura militar.
Es la barrera que el
presidente Raúl Alfonsín tiene en su decisión de enjuiciar los crímenes contra
la humanidad cometidos por los militares y la solución
política a la que alude el
general Río Ereñú: no es posible enjuiciar pormenorizadamente a los
responsables de aquella barbarie ni se podrían efectuar ascensos militares
contando exclusivamente con quienes tuvieran limpio el uniforme.
Mientras tanto, la
conducción del Movimiento Justicialista ha quedado en manos de la mesa del
congreso hasta que el plenario a celebrar en Santa Rosa (la Pampa) el próximo 6
de julio designe las nuevas autoridades nacionales. Las dos fracciones
peronistas en pugna han renunciado a las acciones judiciales anteriormente
emprendidas.
El senador Oraldo Britos,
primer vicepresidente del peronismorenovador (respaldado por la justicia electoral
argentina) renunció públicamente a la conducción del partido en aras de la
reunificación. Igualmente ha sido retirada la intervención judicial del partido
en la provincia de Buenos Aires ante las supuestas irregularidades de su
caudillo Herminio Iglesias. Éste ha convocado elecciones directas partidarias
en su circunscripción, la primera en importancia del país.
No obstante, es unánime la
opinión de que la división peronista se mantendrá y que esas elecciones
terminarán siendo manipuladas por Herminio Iglesias. Dentro del peronismo
ninguna figura respetada aparece por sobre los demás dirigentes como para
concitar una voluntad mayoritaria, y la apelación a Isabelita Perón como jefa
espiritual de los peronistas ya está agotada por consunción.
Vuelve a emerger, en estas
vísperas de reunificación peronista, la figura incombustible de Lorenzo Miguel,
líder metalúrgico de las 62
organizaciones peronistas
-los sindicatos del movimiento- como artífice de -un trenzado de compromisos
que permitan remendar el descosido Movimiento Justicialista. Lorenzo Miguel se
reunió con el presidente Alfonsín el pasado miércoles tras cerca de dos años
sin hablarse; ambos intercambiaron durísimas acusaciones mutuas durante la
campaña de 1983.
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