El Gobierno ha pasado por la moviola el motín de
Esquilache. Para algo tenía que servir que el señor presidente fuera antaño
responsable de Televisión Española. Lo que se ignora, dada su reputación para
las relaciones públicas, es como ha podido firmar un ukasé tan
torpe como la declaración de materia reservada y secreta para
los documentos que estudien los Consejos de Ministros.Esta versión
administrativa del motín de Esquilache habrá sorprendido a muy pocos. Una cosa
es que se celebre que el Gobierno en su declaración de principios declare
solemnemente que la soberanía política reside en el pueblo. Desde la
declaración de derechos de Virginia, 1776, ya se albergaban sospechas al
respecto. No obstante fue grande el contento entre la población al comprobar que
este Gobierno asumía el esfuerzo moral de admitir públicamente que la soberanía
reside en la sociedad. Pero otra cosa es que el país espere que la democracia
real la traiga este Gabinete.
Es sabido que la Ley de Secretos oficiales fue un instrumento carreristapara paliar los efectos democratizadores de la Ley de Prensa. Y ahora, cuando esa ley aparece como radicalmente obsoleta, pulsar el botón del secreto oficial ayuda escasamente a engordar la fiabilidad democrática del Gobierno.
Los embozados de Castellana, 3 vuelven por donde siempre solían los habitantes del viejo palacete. Ya Carlos Arias decretó el secreto sobre los trabajos de la comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional sobre la reforma política. Hasta los más melosos críticos del sistema adujeron entonces que no cabía una reforma democrática del régimen sin que la opinión pública estuviera puntualmente informada de todos sus pasos.
Ahora no pasa otra cosa que lo mismo. Diez años de Ley de Prensa -que, con todos sus defectos, fue la única ley de mínimo recibo democrático en los últimos cuarenta años- abrieron un portillo informativo que los embozados de la Castellana se vieron precisados a entornar con la Ley de Secretos Oficiales. Apenas ocho meses de posfranquismo, el empuje de los periodistas en la procura de que al país no se le hurtaran informaciones de interés público ha redoblado la preocupación de los embozados.
Porque éstos sólo pueden temer de la prensa la publicación de sus proyectos y cábalas sobre el tránsito de la autocracia a la democracia. Y todos sabemos el peaje que los autócratas ponen a los demócratas para realizar ese arduo camino: «Dejen ustedes que hagamos la Ley Electoral y transigimos en todo lo demás». Es dudoso que, capa, embozo y chapeo calado se utilicen por los caballeros de Castellana, 3, para preservarse de otras indiscreciones que las relativas al susodicho tránsito.
Y resulta de todo punto lamentable que mediante el secreto oficial se pretenda hurtar a la sociedad, a la que se quiere llevar a las urnas de un referéndum, de la información indispensable para sufragar con conocimiento de causa. Máxime cuando el Gobierno -que es dulcemente ingenuo y tiene el techo de cristal- no tiene secretos para los periodistas aunque los quiera tener para el resto de los ciudadanos.
Ya dijo Suárez al Paris Match que: «... vamos a asombrarles a ustedes». No le quepa al pueblo francés la menor duda. Quedarán estupefactos. Más difícil resultará que los eternos enemigos de Esquilache -y ahora Esquilache ha reencarnado en periódico- asombren a un personal harto curado de espantos, trucos, pasos solapados y reformas debajo de la manta. Con secreto o sin él, a los embozados de la Castellana se les ha visto la reforma por bajo de la capa.
