31/1/84

Enfrentamientos entre los peronistas mientras esperan el regreso de 'Isabelita' (31-1-1984)

En un clima de abierta confusión ideológica y de disensiones personales han comenzado las reuniones y discusiones públicas del Movimiento Justicialista para encontrar algún tipo de organización interna antes del regreso, en febrero, de María Estela Martínez de Perón.El pasado viernes, los delegados de Buenos Aires se autoconvocaron y destituyeron a los congresistas elegidos por su partido y circunscripción, rechazando abiertamente la autoridad de Lorenzo Miguel, primer vicepresidente del justicialismo y líder de su brazo sindical.

La decisión de los peronistas porteños ha sido recliazada por la dirección del partido como contraria a los estatutos internos, pero puede provocar por simpatía una explosión análoga en el peronismo bonaerense, dirigido por el cuestionadísimo Herminio Iglesias.

Carente el justicialismo de dirección visible, hoy se reunirá su consejo nacional -es decir, los representantes de la Confederal General del Trabajo (CGT) unificada, el consejo federal, los gobernadores y los representantes de sus senadores y congresistas- para intentar encontrar una línea de acción coherente.

Tres meses después de su derrota histórica en las urnas, los peronistas no han procedido aún al menor análisis de su fracaso, y ni uno solo de sus dirigentes ha dimitido. Miguel Unamuno, ex ministro peronista de Trabajo y una de las personalidades solventes del justicialismo, reconoce la probabilidad de que se produzcan escisiones en el peronismo y admite que la llegada de la viuda de Perón para conducir el movimiento y el partido "marcará el epicentro de la crisis".

Algunos diputados del bloque justicialista se están raoviendo entre telones para empqjar al partido hacia una explícita opción socialdemócrata. Su situación, por el momento, es de debilidad al estar controlado el peronismo por su extrema derecha y en las vísperas de la llegada de una persona tan ideológicamente reaccionaria como Isabelita, contraria a una ley del divorcio o a que las mujeres compartan con sus maridos la patria potestad sobre sus hijos.

Pero el análisis de este grupo de congresistas del justicialismo parece bastante realista: si el peronismo se enquista en su derecha más obtusa, el radicalismo encontrará el camino libre para continuar triunfante su desplazamiento hacia la izquierda moderada y las masas juveniles en las que basó su triunfo de octubre.

Esta semana será, por lo demás, decisiva en el pulso radical-peronista por la reforma del Código de Justicia Militar y el debate por la ley sindical. El Senado aprobará previsiblemente la primera ley, acaso a trueque de que los radicales rebajen sus pretensiones democratizadoras y de control público sobre los sindicatos. De este tenor será el trabajo legislativo hasta dentro de dos años, en que se renueven la mitad de las cámaras: un toma y daca entre el Congreso, de mayoría radical, y el Senado, de preponderancia peronista.

30/1/84

Un general retirado critica duramente a las juntas militares argentinas (30-1-1984)

El ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea durante la presidencia del teniente general Alejandro Lanusse, brigadier mayor retirado Carlos Alberto Rey ha formulado a varios medios de comunicación severas críticas contra sus camaradas de armas que dirigieron el país desde el golpe de 1976.Subraya el brigadier la obviedad de que la dictadura argentina cometió notorios abusos en su lucha contra la subversión y destaca que bajo las presidencias de hecho de Juan Carlos Onganía y Lanusse se combatió el terrorismo con la ley en la mano. Acerca de la política económica seguida por sus conmilitones recuerda que en el 1973 la deuda externa argentina sólo ascendía 6.000 millones de dólares, contra los más de 40.000 millones actuales.

El brigadier Rey, miembro de la comisión Rattembach que analizó la guerra de las Malvinas y' recomendó la pena capital para el ex presidente Leopoldo Galtieri y el almirante Jorge Anaya, se extiende sobre todos los errores profesionales y políticos, cometidos por la última Junta Militar en relación al archipiélago. Resta importancia estratégica al mismo y denuncia que cada arma actuará individualmente según sus propios puntos de vista. Es particularmente duro para con la Armada, que rehuyó el combate ante la amenza de los submarinos nucleares británicos.

Sus declaraciones cobran especial relieve al ser el primer alto jefe militar argentino que tras las elecciones ha salido al paso de otras palabras pronunciadas por el ala dura de las Fuerzas Armadas en el sentido de que no hubo represión inmoderada en Argentina.

La macabra realidad de cada día ofrece evidencias de notorias monstruosidades cometidas durante el mandato de las dos primeras juntas militares. Las autoridades municipales de Córdoba investigan el enterramiento de más de 600 personas en el cementerio de San Vicente entre 1976 y 1977, bajo el epígrafe NN (Ningún Nombre), mientras la intendencia de La Plata (capital de Buenos Aires) hace lo propio con 240 enterramientos NN en su cementerio entre 1976 y 1978.

No obstante son ya numerosos los testimonios solventes de que fue práctica común arrojar a los detenidos desde aviones de transporte militar a las aguas del río de la Plata o al Atlántico Sur.

28/1/84

Alfonsín sale al paso de supuestos planes para desestabilizar la democracia argentina (28-1-1984)

Tenemos que salir de esto como de una guerra, y tenemos que comprender que si bien es cierto que la sangre quedó atrás, que las lágrimas deben quedar atrás, el sudor nos espera en adelante a todos los argentinos, y sin excepción". Con un visible tono de indignación, el presidente argentino, Raúl Alfonsín, pronunció estas palabras en un acto oficial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, saliendo al paso de las noticias solventes sobre planes desestabilizadores a plazo medio que estarían fraguando en Uruguay militares en retiro y miembros destacados de la oligarquía agrícola-ganadera.

El diputado peronista por el Chaco Adam Pedrini, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, denunció a los medios de información la celebración de reuniones conspirativas en Punta del Este (exclusivo balneario uruguayo) entre militares retirados de alta graduación y banqueros y empresarios ligados a la política monetarista del ex ministro de Economía del proceso militar, Martínez de Hoz.La información hecha pública por el diputado peronista fue oficiosamente avalada por fuentes gubernamentales. Se trataría de un plan de agitación social y económica susceptible de generar en dos años el suficiente descontento popular como para propiciar un nuevo golpe de Estado. La sociedad argentina no parece en modo alguno proclive a nuevas aventuras de este tipo, pero el cúmulo de intereses cooperativos y económicos en juego es del suficiente porte como para que ya sus representantes hayan comenzado a cavar la fosa radical.

Con secas y duras alusiones a los "tecnócratas del fracaso", Alfonsín denunció "las secuelas intelectuales del autoritarismo que no conciben que pueda existir un plan económico sin que se piense que todo el esfuerzo para la re construcción de la economía debe recaer sobre los sectores más desvalidos; que suponen que no hay un plan económico serio si no se condena a los desposeídos al infraconsumo, si no hace que los sectores del trabajo se aprieten el cinturón, y si condenan la disminución del salario o el desempleo".

Otras conspiraciones justifican la destemplanza del presidente Alfonsín. Las débiles negociaciones hilvanadas entre radicales y peronistas para sacar adelante una ley regularizadora del sindicalismo ya han saltado por los aires al oponerse el justicialismo a "veedores estatales" en los sindicatos para controlar sus finanzas y su proceso democratizador. Al tiempo, las dos CGT (Confederación General del Trabajo), lideradas por Jorge Triaca y Saúl Ubaldini, han acordado su unificación mediante una dirección conjunta provisional que desaparecerá en tres meses para dar paso a un secretariado único.

Los senadores peronistas, por su parte, están poniendo serios obstáculos para la aprobación en su cámara del proyecto radical -ya aprobado por el Congreso- de reforma del Código de Justicia Militar. Pretenden ahora ir más allá del posibilismo radical y exigen que los delitos presuntamente cometidos contra civiles por parte de militares sean vistos por la jurisdicción ordinaria. La realidad es que el bloque parlamentario justícialista está poniendo todo tipo de trabas al paquete legislativo radical para poder negociar desde una posición de máxima fuerza la ley sindical que les permita mantener las riendas de los gremios.

25/1/84

Los militares involucionistas argentinos consideran una traición el acuerdo sobre Beagle (25-1-1984)

Veinticuatro horas antes de la firma en el Vaticano del compromiso de paz por el canal del Beagle entre Argentina y Chile, el canciller Dante Caputo dirigió un mensaje radiotelevisado a sus conciudadanos. Afirmó que Argentina sólo tenía tres opciones: la firma de este compromiso; la congelación de las negociaciones, que a largo plazo lesionarían los intereses argentinos, y una solución militar, a la que el Gobierno radical renuncia expresa, firme y tajantemente. La población ha recibido con tranquilidad este acuerdo, que sólo provoca repulsa en los medios más caracterizados de la reacción militar.El pueblo argentino, perdido en sus propios y graves problemas jurídicos y morales, ha acogido el compromiso con apacibilidad. La vieja inquina territorial argentino- chilena, alimentada por el militarismo de las dos vertientes de la cordillera, ha perdido fuerza ante los dramas internos que vive cada pueblo. No obstante, el general retirado Luciano Benjamín Menéndez (tío del general que rindió las Malvinas) afirmó recientemente que las tres islas australes en litigio debían haber sido ocupadas por la fuerza. "Como las Malvinas", se le replicó.

Para el almirante retirado Isaac Rojas, ex vicepresidente provisional de la nación, el acuerdo vaticano es una traición a la patria, y es obvio que en los cuarteles la proximidad de una paz con Chile mediante renuncia a la soberanía de las tres islitas del Beagle no será bien recibida. La bestia parda del patrioterismo argentino no es el Reino Unido (al que admiran), sino Chile (al que desprecian), y los juegos de la guerra mejor elaborados por el ejército de tierra y la aviación siempre estuvieron destinados a partir a Chile en dos a la altura de Santiago, forzando los pasos de la cordillera con un coste argentino estimado en 50.000 bajas.

La clase política, los intelectuales, los estudiosos del problema, han recibido gratamente la noticia del compromiso de paz. Saben bien que las tres islas en litigio nunca fueron argentinas y que en toda esta teoría de despropósitos heredados de la inexacta delimitación colonial española hay que poner una pizca de sentido común.

En tres meses, según fuentes radicales, Chile y Argentina firmarán un tratado de delimitación aceptable para ambas partes y favorecido por la tecnología espacial, que estima que la plataforma continental de las tres islas carece de petróleo.

24/1/84

El general Ramón Camps será el primer militar argentino al que se juzgue por torturas (24-1-1984)

El pasado fin de semana los diarios argentinos publicaron edictos del Ministerio de Defensa instando a la población a aportar pruebas, documentos, evidencias que puedan consolidar el informe del fiscal militar en contra de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país desde 1976, y procesadas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos a los detenidos y desaparición de personas.

Todos los pasos formales previos han sido dados para el inicio de los juicios sumarios contra los tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Isaac Jorge Anaya y los brigadieres mayores del Aire Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.Los nueve se encuentran en Buenos Aires y sólo Massera se halla detenido por un supuesto delito ajeno a esta causa. Todos ellos se reunieron recientemente en el apostadero naval de El Tigre (en el nacimiento del río de La Plata), donde se encuentra preso Massera, para elaborar una estrategia común de defensa que pivotará sobre el hecho de que el Gobierno constitucional de Isabel Perón les ordenó "combatir la subversión hasta su aniquilación final".

Aquella orden fue firmada por el entonces presidente provisional de la nación, Ítalo Argentino Lúder, presidente del Senado y reciente candidato presidencial peronista, ante una enfermedad de los nervios de la presidenta.

Se espera que en esta semana comiencen los interrogatorios de los nueve implicados, pero dentro del sigilo con que actúa la justicia castrense se tiene por más probable que se active la causa seguida ante la misma corte contra el general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, encausado, igual que las tres juntas, por un decreto del Gobierno radical.

Causa muy avanzada

La causa contra Camps, quien alardea de haber hecho desaparecer a 5.000 personas, haber cambiado la identidad civil de hijos menores, de supuestos subversivos e, implícitamente, de haber practicado la tortura a escala industrial, se encuentra más avanzada que la de los nueve triunviros.

Entre los muchos cargos documentados en contra del general Camps se cuentan las declaraciones de Jacobo Timermann y las de Alfredo Bravo, actual subsecretario para la Actividad Docente en el Ministerio de Educación.

Timermann, quién acaba de regresar a Argentina, ha invertido buena parte de su tiempo en rastrear el chupadero boanerense en el que fue torturado. (En la jerga militar, chupar significaba proceder a la desaparición de una persona, y chupadero, una de las miles de cárceles clandestinas.) Lo ha encontrado en unos locales abandonados de la policía de Buenos Aires en los que ya había comenzado a trabajar la piqueta de demolición. El testimonio de Timermann es definitivo para la suerte del general Camps.

No menos importante es el del maestro Bravo, ahora subsecretario de Educación. Militante radical preocupado por la defensa de los derechos humanos, fue chupado y sometido a simulacros de fusilamiento.

El general Camps, ya en su retiro, preso desde hace una semana por orden del presidente Alfonsín, no alcanzó el grado de divisionario por desdén de sus camaradas. Herido en su amor propio y un punto enloquecido, parece, por sus declaraciones públicas, querer encabezar gallardamente toda la barbarie de la represión.

Hasta ahora ni se excusa ni apenas niega sus supuestos crímenes. Aduce que aquella fue una guerra, y pertenece a la raza de militares que creen que en la guerra todo está permitido para obtener la victoria. Su proceso será una prueba para el encausamiento de sus camaradas de mayor graduación.

Camps, como jefe de la policía bonaerense, dependía directamente del comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Suárez Mason, y éste, a su vez, del teniente general y ex presidente Jorge Rafael Videla.

20/1/84

Alfonsín encarcela por decreto al general Camps, responsable de 5.000 desapanciones (20-1-1984)

Por el decreto ejecutivo 280 firmado por el presidente Raúl Alfonsín, el Gobierno argentino ha ordenado la prisión preventiva y el procesamiento del general retirado Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires y autor confeso de la desaparición de 5.000 ciudadanos, secuestro de niños, cambios en su identidad civil y apologista de la aplicación de tormentos a los detenidos.

Camps, que ya se encuentra preso en un Regimiento de Infantería bonaerense, será también enjuiciado ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el más alto tribunal militar. Camps fue el torturador del propietario y director de La Opinión, Jacobo Timerman. En el mismo regimiento en el que ya se encuentra detenido el general Ramón Camps, les fue tomada a él y al teniente general Jorge Videla declaración por un juez federal a cuenta de sus presuntas responsabilidades en la desaparición de un ciudadano en 1977.El solapamiento de las causas incoadas por el Gobierno ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con las promovidas por los particulares ante la justicia civil está provocando esta monumental confusión, excelente caldo de cultivo para cualquier extremismo y para cualquier provocación. Todo este rigodón de comparecencias y huidas militares ante la justicia civil, retrasos en la administración de la justicia castrense, pequeñas batallas campales a la salida de los tribunales, sólo favorecen a la extrema derecha y al grueso de los militares involucrados en crímenes contra la humanidad que desean alimentar la imagen de uña Argentina democrática sumida en un caos jurídico y revanchista y al borde de los tribunales populares.

El presidente Alfonsín aprovechó el primer aniversario de la muerte del doctor Arturo Illía (el presidente radical depuesto en 1976 por el teniente general Juan Carlos Onganía) para celebrar un funeral cívico y laico en el cementerio de La Recoleta, donde yace. Frente a su tumba pronunció un energico discurso repartiendo admoniciones por doquier. Condenó los golpes de Estado, reputándolos de uno de los crímenes más graves que se pueden cometer contra la patria y defendió el Estado de derecho como base imprescindible para conseguir paz y justicia para todos. "No sólo", afirmó, "hay que hacer un buen Gobierno, también debemos hacer docencia democrática alejando ya para siempre los fantasmas de la inestabilidad. Por encima del acierto o el error, lo que hoy nos interesa es una lucha permanente por el Estado de derecho. ¿Qué tiene que ver la democracia", se preguntó, "con el atentar contra ciudadanos que van a prestar declaración?". Refiriéndose a las declaraciones involucionistas de militares retirados, dijo que "como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pondré como límite a los militares en retiro la barrera del Código Penal".

19/1/84

Linchamiento frustrado del general Menéndez en Buenos Aires (19-1-1984)

Una cierta inconsciencia de la fragilidad de la democracia argentina, más elevadas dosis de provocación involucionista están caracterizando el bochornoso verano porteño.Bandas de rufianes están convirtiendo Mar del Plata (la ciudad atlántica de veraneo de la burguesía media argentina) en una continua batalla nocturna, a duras penas reprimida por la policía federal, y los incidentes a las puertas del Palacio de Justicia o del Congreso a la salida de los militares declarantes han alcanzado su cota máxima con las agresiones del martes contra el general Luciano Benjamín Menéndez.

El general Menéndez es tío del general que rindió las Malvinas e hijo de otro general Menéndez que en 1951 intentó infructuosamente sublevarse contra el régimen constitucional presidido por Juan Domingo Perón.

Luciano Benjamín Menéndez comandó el tercer cuerpo de Ejército (Córdoba, en el centro del país) durante los primeros años de la presidencia militar del general Jorge Videla. Cabeza visible de loshalcones castrenses, pasé al retiro tras intentar derrocar al presidente Roberto Viola.

Recientemente, Menéndez formuló declaraciones a la Prensa túdando de terroristas y subversivos a quienes, exceptuados el presidente y los congresistas, hablaban de excesos militares en la represión. El Congreso le citó el martes.

Cuando se disponía a abandonar el Congreso, una multitud hostil bloqueó la puerta. "Si la Cámara no garantiza mi libertad, me abro paso a sablazos", dijo a los diputados que le acompañaban.

¡Cobarde, asesino, torturador!

Desde fuera le voceaban: "Cobarde, asesino, torturador, sal a la calle solo". Su escolta personal se abrió paso a puñetazos hasta los coches; dentro de ellos exhibieron sus pistolas y las amartillaron; una lluvia de piedras destrozó los parabrisas de los autos. En el límite del linchamiento llegó al Congreso la Guardia de Infantería, con tanquetas, y un comandante dio una sola orden: "Peguen". Diputados, periodistas, guardaespaldas, revoltosos, curiosos, rodaron por los suelos en una pequeña pero sumamente enérgica batalla campal en el centro de la ciudad, afortunadamente saldada con sólo siete detenidos; tres de ellos, heridos por apaleamiento, navajazos o gasolina en los ojos. El general Menéndez pudo abandonar el Congreso en otro automóvil.Éste es el clima, en el que ahora ha trascendido que el sábado pasado el presidente Alfonsín, junto al ministro de Defensa, Raúl Borrás, se reunió en Campo de Mayo con los nuevos jefes de las fuerzas armadas en un almuerzo ofrecido por el presidente. Nada se informó sobre la reunión, pero fuentes militares han filtrado la preocupación expresada a Alfonsín por los jefes de Estado Mayor de cada arma por las investigaciones sobre la lucha antisubversiva.

En cualquier caso, algo parece muy claro: el desorden público, los intentos callejeros de linchamiento, la catarata de denuncias y procedimientos judiciales, toda la crispación y el odio, tanto pueden proceder de la comprensible indignación de los argentinos como de una provocación orquestada por servicios y policías paralelas aún no desmontados.

15/1/84

El Gobierno argentino prohíbe a los militares formular declaraciones políticas a la Prensa (15-1-1984)

El ministro de Defensa argentino, Raúl Borrás, ha cursado una orden a los estados mayores de las tres armas prohibiendo terminantemente que los militares en activo formulen declaraciones y opiniones de carácter político a la Prensa, ni aun consultando con sus superiores. Desde el viernes, las entrevistas debidamente autorizadas que concedan los militares deberán circunscribirse estrictamente al ámbito profesional.

La medida fue adoptada tras las declaraciones del general de brigada Mario Aguado Benítez, que acaba de tomar posesión como comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, a la Prensa de Bahía Blanca, donde reside su cuartel general.El general afirmó que a él no le constaba que se hubiera cometido ningún exceso en la represión del terrorismo. Manifestó tener un gran respeto por el general Bignone, del que dijo: "No podemos olvidar que institucionalizó el país y dio las elecciones tal vez más limpias de la historia argentina. Estoy acongojado por la situación, pero no dejo de reconocer la majestad de la justicia. La justicia sabrá por qué lo han detenido, y espero que si el general Bignone no resulta condenado se le den las excusas y reparaciones morales que correspondan. No se puede ser tan ciego como para alimentar la campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas".

El general hablador fue convocado urgentemente a Buenos Aires, y en la noche del viernes compareció en el despacho del ministro de Defensa. Tras una fenomenal bronca de cincuenta minutos, el general Aguado Benítez firmó el siguiente comunicado: "En esta nueva etapa iniciada en el país, reafirmo mi total subordinación al poder constitucional. Mi convicción, que es la justicia el camino idóneo para dilucidar las responsabilidades que pudieran corresponder a quienes resultaran eventualmente acusados de algún delito. Como consecuencia de todo ello no puede interpretarse que mis palabras hubieran tenido la intención de indicar rumbos o formular críticas a las autoridades que surgieron, como ya lo expresé, de los comicios tal vez más limpios de la historia de Argentina".

Un texto aparentemente increíble para cualquiera que conozca la reciente historia argentina. Y una primera provocación militar a la democracia, resuelta disciplinariamente con toda energía: se ha exigido a un comandante de cuerpo de ejército la acatación pública de su debida subordinación. Y lo ha hecho.

Además ha trascendido el proyecto del Gobierno radical de disolver los cuerpos de ejército, auténticos microestados dentro del Estado, dotando al Ejército argentino de una distribución y despliegue más operativos y menos prosopopéyicos, además de las medidas ya en marcha de drástica disminución de la recluta obligatoria y la permanencia en filas.

Acaso por todo lo anterior, hace cuatro días, el subsecretario de Defensa, un civil, cayó fulminado en su despacho por un infarto de miocardio. El presidente, Raúl Alfonsín, acudió apesadumbrado, al velatorio de su colaborador, que sólo pudo resistir 30 días en su mesa de trabajo. Treinta días que han cambiado al Ejército argentino.

14/1/84

Raúl Alfonsín destaca que no aceptará jamas presiones políticas de las fuerzas armadas (14-1-1984)

A los 33 días de su asunción como presidente, Raúl Alfonsín se enfrentó en la tarde del jueves a su primera conferencia de prensa. En el salón blanco de la Casa Rosada contestó durante 95 minutos a 50 preguntas formuladas por 48 periodistas de 63 medios de difusión argentimos y 92 extranjeros, incluidos los representantes de la BBC británica. El canal estatal de televisión y Radio Nacional Argentina transmtieron la conferencia de prensa en directo.

Una conferencia distinta, según admite unánimemente la Prensa argentina; bastó una llamada telefónica para acreditarse, -el único límite- impuesto fue el de una pregunta por medio, las preguntas no se presentaron previamente y el antiguo locutor oficial fue sustituido por señoritas que acercaban los micrófonos a los periodistas.

Dosis de humor

Alfonsín, de pie, solo y tras un podio, contestó calmada y brevemente, incluso con dosis de humor. Así, cuando le inquirieron por los entimientos de todos los no radicales que le habían apoyado con su voto: "Que no pierdan la calma, que yo, desde luego, no la voy a perder". "Por combatir al demonio con el demonio", afirmó el presidente Alfonsín, "el país fue convertido en un infierno". Fue tajante al señalar que.jamás aceptaría ninguna presión política por parte de las fuerzas armadas. Estimó que en la Argentina será superado el antagonismo entre civiles y militares, que aspira a un consenso entre todos los partidos para aprobar la futura ley sindical que democratice los sindicatos, y admitió que la, situación económica heredada de la Administración militar es aún más grave de lo que ya se temía.En materia de política exterior, el presidente Alfonsín rechazó que el inminente acuerdo con Chile por las islas del canal de Beagle tuviera que retrasarse hasta firmarlo con un Chile democráticct y anunció el deseo de su Gobierno de regresar a una situación con el Reino Unido análoga a la de la preguerra de las Malvinas.

El grueso de las preguntas perteneció a la zona argentina dolorida -desaparecidos, torturas-, y Alfonsín fue enérgico en la defensa de su estrategia política: "Queremos curar, no queremos vengarnos". Insistió en que sería un error histórico privar a los militares de su juez natural y remitirlos directamente a la jurisdicción ordinaria y en el hecho de que su Gobierno abrírá apelaciones fuera del ámbito castrense. Recordó además otras medidas legales, como la equiparación de la tortura al asesinato cualificado, que completa, junto a la drástica reórdenación de las fuerzas armadas, el nuevo e inédito nivel de moral civil en la República Argentina.

Las medidas de austeridad económica y la resistencia a las mismas -el mercado negro de alimentos planea como una peligrosa posibilidad sobre el paísestuvieron ausentes de la conferencia, al quedar prendidos los periodistas de los temas de derechos humanos. Pero la respuesta generalizada ha sido de grato asombro. Los argentinos no estaban acostumbrados a ver a un presidente que durante hora y media contesta con sencillez a todo tipo de preguntas, incluidas las de los periodistas extranjeros, sin conocimiento previo de las mismas y hablando en directo por la radiotelevisión estatal.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó una resolución peronista por la que se prohíbe la salida del país de todas las autoridades del área económica que cumplieron funciones entre el 24 de marzo de 1976 y el 30 de octubre pasado.

12/1/84

Argentina y Chile firmarán, el día 23, una declaración de paz y amistad (12-1-1984)

El 23 del corriente mes, Argentina y Chile firmarán en Roma una declaración de paz y amistad que marcará la recta final en la solución del diferendo por las islas del canal del Beagle, aguas jurisdiccionales y proyección en la Antártida.Hace 10 años, los dos países estuvieron al borde de la guerra, evitada por horas, gracias a la mediación papal. A partir de la firma del próximo día 23, Argentina y Chile negociarán directamente sin intermedio vaticano y se espera que en unos tres meses se haya logrado un tratado definitivo que ponga fin a este foco de tensión en el Atlántico sur.

El joven canciller argentino, Dante Caputo, acaba de informar al Congreso de los Diputados que Argentina renunciaba a la soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva y exigía a cambio que Chile se limitara a 12 millas de soberanía marítima.

El mar de la paz hasta las 200 millas proyectadas por el papa Juan Pablo II, un mar compartido, sería argentino, aunque ambas naciones desarrollarían en él importantes explotaciones económicas concertadas.

Parece ser que el Gobierno de Chile estima insuficiente las 12 millas, al ser más extensa la plataforma continental de las islas, pero cabría el acuerdo al haberse demostrado que en aquella plataforma continental no existen yacimientos submarinos de hidrocarburos.

Algunos parlamentarios peronistas adujeron al canciller Caputo que el acuerdo favorecería políticamente al régimen dictatorial de Augusto Pinochet.

Los radicales, por el contrario, estiman que la paz priva claramente a la dictadura del país vecino de un soporte bélico externo, aparte de que, tras la aventura de las islas Malvinas, la nueva democracia argentina quiere demostrar al mundo su vocación pacifista y constructiva.

El principio de acuerdo bilateral establecería una línea de demarcación trazada a 12 millas desde la isla Picton, pasando por isla Nueva, isla Barnevelt y hasta el cabo de Hornos. El canciller Dante Caputo ha reconocido que Argentina sólo podría recuperar las islas en litigio mediante una ocupación militar, habida cuenta de la debilidad de los argumentos jurídicos e históricos en que se basa su reclamación.

El procesamiento del general Bignone, último presidente militar de Argentina, se basa en la desaparición de dos reclutas en 1976 (12-1-1984)

El general de división retirado Reynaldo Bignone, último presidente militar argentino, permanece desde la tarde del martes recluido en los cuarteles de Campo de Mayo, en calidad de procesado por el juez de instrucción Carlos Olivari, quien decretó su prisión incondicional sin fianza. El juez Olivari investiga una causa abierta hace cinco años por la desaparición de los reclutas Luis Pablo Steinberg y Luis Daniel García, miembros de la Federación Juvenil Comunista, cuando en 1976 cumplían su servicio militar obligatorio en el colegio militar entonces dirigido por Bignone.

Otros tres jóvenes que pertenecían a la misma compañía que los desaparecidos (Brito, García y Carvallo) también fueron secuestrados y sometidos a torturas, en la creencia de que integraban una célula subversiva. Encerrados en la enfermería del colegio militar, uno de ellos trabó relaciones con Steinberg y escuchó cómo una médica le indicaba: "No tomes agua ahora porque dentro de un rato vas a tener otra sesión de tortura". Cuatro días después, Brito, García y Carvallo fueron conducidos al despacho de Bignone, quien les presentó excusas -"en esta guerra sucia a veces pagan inocentes por culpables"- y, en compensación, les licenció, dejándoles en libertad. Luis Pablo Steinberg y Daniel García no aparecieron jamás.El abogado de Bignone, el ex ministro de Justicia Lucas Lennon, intentó infructuosamente que se eximiera de prisión a su cliente ante la Cámara del Crimen. Muchos magistrados dieron la razón al juez Olivari. Este procesamiento de Bignone se dicta por privación ilegítima de libertad, reiterada omisión de denuncia y falso testimonio. Tras cuatro horas y media de interrogatorio se cursó oficio de la detención al Comando del Ejército, y oficiales mayores concurrieron al Palacio de Justicia para hacerse cargo del preso. A su salida, fuertemente escoltado cientos de personas le colmaron de invectivas.

Bignone tiene cita también con el juez Córdoba, que investiga la desaparición en 1978 de un físico matemático. También por esta causa la justicia ha solicitado la prisión preventiva del ex presidente que entregó el poder a Raúl Alfonsín y abandonó la Casa Rosada por la puerta de atrás.

Proceso contra las juntas

Con la designación de las vacantes en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (máxima corte marcial), nada impide técnicamente que se inicie el proceso contra las tres primeras juntas militares. Sólo el ex presidente Leopoldo Galtieri no ha designado a un abogado, y se sabe que los letrados del brigadier mayor Agosti, el triunviro aviador de la primera Junta, han aducido ya que su patrocinado no, puede ser juzgado en tanto en cuanto le ampara la ley de Pacificación Nacional -"ley de autoamnistía"-, decretada por la última Junta Militar y derogada por el Congreso democrático a propuesta del Gobierno radical. El resto de las defensas guardan silencio.

El escritor Ernesto Sábato, presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzosa de Personas -comisión gubernamental-, ha hecho un llamamiento a la población para que aporte pruebas o simples datos sobre las desapariciones. En su primera rueda de prensa, Sábato anunció que se han recibido ya gran cantidad de denuncias documentadas, y que en breve se presentarán a la justicia y al Gobierno pruebas serias y decisivas. Sábato señaló que muchas pruebas están siendo aporta das por militares en activo o en retiro atormentados por las atrocidades que les obligaron apresenciar o realizar; muchos acuden a la comisión como quien acude al confesonario.

11/1/84

La declaración de los militares argentinos ante la justicia, un patético espectáculo (11-1-1984)

Las mañanas en el Palacio de los Tribunales de Buenos Aires están convirtiéndose en un espectáculo patético. Los militares, vestidos de civil impasibles, rodeados de guaridaespaldas, van llegando a partir de las diez de la mañana en sus automóviles Falcon (un símbolo de la muerte en Argentina), con potentes radiotransmisores en el tablero y con otros automóviles de escolta a sus espaldas. La policía federal se ve impotente para contener a las gentes que esperan con pancartas la llegada de los presuntos responsables de la desaparición de sus hijos, sus hermanos, sus novios, sus padres.

Suben impertérritos las escaleras del palacio entre el acoso de los periodistas y el griterío desgarrado de "¡Asesino, asesino!" de las gentes que intentan trepatras ellos para agredirlos.Ayer fue el coronel retirado Roberto Roaldes quien se vió en dificultades para abandonar el Palacio de Justicia; la policía y su custodia intentaron frenar a los periodistas y en la confusión de la acera, entre caídas y carreras a los gritos de "¡Mátenlo, mátenlo!", finalmente una mujer logró golpearle en la cabeza con un periódico enrollado, que debía envolver algún objeto contundente por cuanto el coronel se cubrió dolorido la cabeza con las manos antes de ser brutalmente introducido en su coche por los responsables de su protección.

Para hoy se espera que las tres vacantes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo órgano de la justicia militar hayan sido cubiertas por sorteo y que en breve la suprema corte marcial pueda comenzar formalmente el proceso contra las tres primeras juntas militares. Por otra parte, se estima que en la próxima semana el Senado ratificará la ley, ya aprobada por el Congreso, que hará recurribles las sentencias ante una cámara federal.

Si el Senado rechazara el proyecto de ley, éste volvería al Congreso y sólo podría ser sancionado por los dos tercios de la cámara, algo inalcanzable para los radicales. Pero aunque los senadores peronistas se opusieran a su aprobación, Alfonsín cuenta ya con apoyos para sacar adelante su propuesta.

La vindicación de los familiares de los desaparecidos se exaspera. Saben que, en breve, todas estas comparecencias individuales ante los jueces ordinarios terminarán y se abrirá un solo proceso ante la justicia castrense -apelable ante la civil- contra las cúpulas militares y contra los casos excepcionales de vesanía.

Y no ignoran que todo acabará, si finalmente se producen sentencias ejemplares contra los responsables por arriba y por abajo, con una ley de amnistía sancionada por las cámaras que evite la práctica disolución de las fuerzas armadas argentinas.

En cualquier caso, los radicales están llevando a cabo lo que prometieron, y la realidad es que entrar judicialmente a saco en los cuarteles argentinos es un desmayo de la razón: hicieron un pacto de sangre" y se fueron rotando en las torturas y en las ejecuciones. Una exactajusticia terminaría desmochando hasta a la policía federal. Por lo demás, las empresas de utillaje militar, hasta ahora propiedad de las tres ramas, han pasado a ser propiedad del Estado y muchas serán rápidamente privatizadas, y el ministro de Defensa, Raúl Borrás ha anunciado que la próxima quinta será reducida en un 15% y que el servicio militar obligatorio para los ciudadanos con 18 años cumplidos se rebajará drásticamente a un período entre 90 y 120 días.

El próximo jueves, además, el presidente Alfonsín, a poco más de un mes de su llegada a la presidencia, ha convocado en la Casa Rosada a la Prensa nacional y extranjera para someterse a su primera conferencia de prensa.

Jacobo Timerman (11-1-1984)

Jacobo Timerman regresó en la mañana del sábado a Argentina, tras cuatro años, tres meses y once días de exilio en Israel, España y Estados Unidos. Se ignora quién teme más su regreso: si el general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, que le torturó y contribuyó a mantenerle 30 meses detenido sin condena judicial, y con el que desde ahora puede cruzarse en cualquier esquina porteña, o la casi totalidad de los periodistas argentinos vivos en el país y mayores de 30 años.

Regresó con pasaporte israelí, procedente de Nueva York, donde su hijo mayor organiza una publicación financiera para inversores latinoamericanos en Estados Unidos, y acompañado de su silenciosa, dulce y hermosa esposa Risha, quien visitó previamente Buenos Aires hace unas semanas. "No soy la víctima más terrible de lo ocurrido; estoy vivo y mi familia también lo está. He podido volver y creo que mi deber es ponerme al servicio de las organizaciones de derechos humanos para que me digan en qué medida puedo ayudar a llevar a la cárcel a los lunáticos criminales como el general Camps, que hicieron del genocidio una tarea diaria".Nacido en Ucrania hace 61 años, este periodista, dotado de tanto talento como soberbia intelectual, dirigió en Argentina las revistas Primera Plana y Confirmado, antes de fundar el diario La Opinión, que revolucionó la técnica, presentación y contenido de la Prensa argentina. Siempre aspiró a hacer algo más que una revista o un periódico y desde sus publicaciones contribuyó al derrocamiento del presidente radical Arturo Illia por el general Onganía en 1966 y al de Isabel Perón por el general Videla diez años más tarde. Pero nunca fue un servidor del poder, al que - antes de halagar pretendió siempre inspirar. Camps -El carnicero de Buenos Aires- cayó sobre él como una maldición. El 45% del capital de La Opinión de Jacobo Timerman estaba en manos de David Graiver, también judío, jovencísimo y hábil financiero, que llevaba la contabilidad de sus dos bancos en la cabeza y del que con fundamento se sospecha que administraba los dólares negros de los montoneros y del sector más corrupto de la oligarquía militar. Graiver murió antes del golpe de 1976 al estrellarse en México su avioneta, aunque jamás pudo identificarse con seguridad su cadáver, despiezado y calcinado.

Todo el suplicio de Timerman, relatado en Preso sin nombre, celda sin número, se origina con la fijación obsesiva del general Camps de queLa Opinión se financiaba con dinero montonero y de que Timerman y Graiver eran cabezas de una conspiración sionista para marxistizar Argentina. En Ezeiza, Timerman fue destemplado con los periodistas que le preguntaron por estas cuestiones. Magnífico director de diarios, los mejores periodistas argentinos se formaron a sus órdenes. Todos tienen una palabra de elogio para su inteligencia, ninguna palabra de cariño; en la profesión se le respeta, pero se le teme más.

El lobby judío estadounidense y sus propias relaciones argentinas lograron evitar su muerte y consiguieron su liberación: fue expulsado y privado de la ciudadanía, y sus bienes, confiscados. Ahora, la redacción y talleres de La Opinión los disfruta Tiempo Argentino, de erráticas e indefinidas adscripciones políticas. Tiempo ya se ha querellado contra sus colegas La Razón y Clarín, por presuponer que el diario de Timerman fue adquirido fraudulentamente. Timerman, además de para debelar a sus torturadores, ha regresado para recuperar sus bienes.

Duda entre volver a dirigir un diario -"podría hacerlo aquí o en Madrid"- o establecer "tres hogares, en Buenos Aires, Tel Aviv y Nueva York, y escribir libremente libros y reportajes". El New York Times le ha encargado un extenso artículo sobre Argentina y el New Yorker, otro de 8.000 palabras sobre Nicaragua, a donde marchará en breve para una estancia de tres meses.

10/1/84

El proceso a las tres primeras Juntas se retrasa por la recomposición de los tribunales militares (10-1-1984)

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo órgano de justicia castrense, que debía haber iniciado ayer formalmente el procesamiento de las tres primeras Juntas Militares por homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, retrasó el comienzo de sus actuaciones hasta que se complete su composición.

Un general y dos brigadieres mayores del Aire han dimitido de sus cargos al haber servido política y comprometidamente a alguna de las tres Juntas que ahora deberían juzgar. El presidente Raúl Alfonsín, a su vez, ha declinado su prerrogativa de designar sustitutos. Las tres vacantes serán cubiertas por sorteo entre los generales y brigadieres retirados del servicio activo con anterioridad al golpe de 1976.Se considera éste un retraso técnico, pero que alimentará el desagrado de Alfonsín por la lentitud con que la Justicia militar acata el decreto de procesamiento de la Junta dictado por su Gobierno. Mayor indignación levanta entre los familiares de los supliciados y entre aquellos que de buena fe o por oportunismo político (como el de algún sector del rompecabezas peronista) estiman que el diseño radical de exigencia de responsabilidades por la guerra sucia es excesivamente moderado.

El alto tribunal militar debería haber comenzado ayer el estudio de la documentación aportada por el Gobierno, organismos militares e instituciones civiles en el que se basa el procesamiento de los máximos responsables de la barbarie en Argentina, desde el místico Videla hasta el dipsómano Galtieri, pasando por el peligrosamente enamoradizo almirante Massera.

Fuentes castrenses estiman que en unos 15 o 20 días pueden ser llamados a declarar los integrantes de la primera Junta -Videla, Massera y Agosti-, y que de sus testimonios dependerá que el tribunal se incline o no por su prisión preventiva y la de quienes les sucedieron en el poder. Se da por sentado que los nueve se aferrarán a la orden impartida a las fuerzas armadas por el Gobierno constitucional de Isabel Perón de combatir militarmente a ¡as guerrillas "hasta su aniquilación final".

Buenos Aires sufre en estos días un golpe de calor diricilmente soportable, que no ayuda a templar los ánimos de todos los políticos, legisladores, militares o miembros de las organizaciones cívicas y humanitarias que han suspendido su veraneo para trabajar estos primeros y difíciles pasos de la democracia.

En una compensación simétrica, cuando olas de frío asolan Estados Unidos, mazazos de calor caen sobre Argentina, y las emisoras difunden comunicados periódicos del Ministerio de Salud Pública recomendando no frecuentar las calles entre mediodía y las cuatro de la tarde, ingerir grandes dosis de sal y agua y prevenir las imprevisibles diarreas estivales y los mareos alimentados por el aliento de humedad que el río de la Plata proyecta sobre la ciudad.

A golpes contra Camps

Así, ayer, familiares de desaparecidos se arrojaron sobre el general Ramón Camps a la salida del Palacio de Justicia, donde continúa declarando a cuenta de una desaparición. A golpes y entre invectivas irreproducibles, su escolta logró introducirlo en el auto y sacarlo del lugar. Las escenas se reprodujeron a la salida del general Suárez Maso, ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército, implicado en la misma causa. Una señora de edad, a los gritos de "¡Asesino!", logró golpearle fuertemente en la nuca antes de que sus guardaespaldas, a puñetazos y empujones, lo resguardaran en el coche.Para mayor abundamiento de la crispación, el general Bignone, último presidente militar, ha dejado por segunda vez de comparecer -al igual que su abogado- ante el juez federal que le reclama en calidad de imputado no procesado por la desaparición de un Físico matemático en 1978.

8/1/84

Un juez prohíbe la salida de Argentina al ex presidente Videla y a sus compañeros de junta (8-1-1984)

Un juez federal de La Plata (capital bonaerense) ha prohibido la salida del país de los tres integrantes de la primera Junta Militar argentina, que derrocó a Isabel Perón en 1976: teniente general Jorge Rafael Videla (ex presidente de la República), brigadier del Ejército del Aire Orlando Agosti y almirante Massera (en prisión preventiva).La prohibición se extiende a los generales Harguindeguy, ex ministro del Interior con Videla; Ramón Camps, ex jefe de policía de Buenos Aires, y Suárez Mason, ex comandante del primer cuerpo de Ejército.

La nueva lista obedece a las investigaciones judiciales sobre la desaparición en 1976 de un ciudadano tras ser secuestrado. Tanto estas medidas judiciales como la aparatosa orden de busca y captura del último presidente militar, Reynaldo Bignone (nunca ha abandonado su domicilio), nada tiene que ver con la decisión del Gobierno de exigir responsabilidades a los militares que ordenaron la represión indiscriminada o a los que se excedieron sádicamente por su cuenta.

Lo que se está produciendo en la Argentina democrática es una carrera entre jueces nombrados por el régimen anterior para ver quién es más demócrata y quién ocupa más espacio en las primeras páginas de los periódicos. Pero la fragmentación de las responsabilidades y los juicios caso por caso pueden acabar creando tal sensación de alarmismo en las fuerzas armadas que las obligue a reaccionar de alguna manera en defensa propia.

Lo que ha prometido el Gobierno son dos tipos de procesos: por arriba, a las tres primeras juntas militares, y por abajo, a aquellos militares distinguidos por su vesania. Las tres juntas citadas ya se encuentran bajo proceso ante la suprema corte marcial, una vez derogada la ley de autoamnistía. Aprobada ya por la Cámara de los Diputados la ley que hace apelables ante la jurisdicción ordinaria las sentencias castrenses, salta a la sanción del Senado.

Posteriormente, habrá que recomponer la formación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Luego vendrán los juicios y las posibles apelaciones del fiscal de la nación y de los particulares.

Es un trabajo de marquetería política y militar que sólo puede hacerse con tiempo y mucho cuidado. Pero los juicios se verán. Pero lo que no se verá es a cientos o a incluso miles de jefes y oficiales atados a la picota de la justicia en la mitad de la Plaza de Mayo.

6/1/84

Comienza a debatirse la reforma de la justicia militar en Argentina (6-1-1984)

Mientras el almirante Masera fue ayer notificado de su nuevo procesamiento como integrante de la primera junta militar de 1956, la Cámara de Diputados comenzó sus discusiones para la reforma del Código de Justicia Militar propuesto por el Gobierno.El proyecto de ley radical propone que las sentencias de la justicia castrense sean apelables ante el Tribunal Federal, y la oposición peronista se había mostrado, en principio, acorde con esta modificación, dentro del plan general de Raúl Alfonsín de lograr la rendición de cuentas por los excesos de la guerra sucia, sin caer en la utopía de enjuiciar a todas las Fuerzas Armadas.

Con el colectivo de las Madres de la Plaza de Mayo manifestándose ante el Congreso, los peronistas han optado por plantear serias modificaciones al proyecto de ley, proponiendo, junto a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que los culpables de la represión sean juzgados exclusivamente por la jurisdicción ordinaria y no por sus pares.

Los radicales estiman que si se les priva en primera instancia de sus jueces naturales, tendrán grandes posibilidades de casar posteriormente sus sentencias ante otros tribunales, y que es preferible correr el riesgo de un proceso militar.

Los peronistas, que no dijeron durante su campaña mayor cosa de la represión y las responsabilidades exigibles a los militares, están descubriendo rápidamente las posibilidades, para ellos inéditas, de la oposición parlamentaria. No obstante, la oposición a la reforma, por estimarla insuficiente, está planteada de cara a la calle; los radicales tienen en el Parlamento aliados legislativos suficientes para hacer aprobar su ley, y todos entienden en privado o en público -menos los lógicamente airados familiares de los asesinados- que del mayor problema de la joven democracia argentina hay que salir dando pasos medidos y contados.

En cualquier caso, el peronismo (al menos su grupo parlamentario), antes que proceder a su recomposición interna, parece decidido a no darle al Gobierno ni 100 días de gracia, como si las elecciones de octubre se hubieran realizado en Suiza y no en la maltratada República Argentina. Y plantearán una batalla a fondo contra la nueva ley sindical, en tanto envenenan la atmósfera con todo tipo de rumores tan alarmistas como improbables.

A menos de un mes de su asunción como presidente, Alfonsín se ha planteado la necesidad de retener la iniciativa política, y su ministro del Interior ha anunciado que en breve se convocará nuevamente a la Multipartidaria (los secretarios de los partidos) para que ayude a la reconstrucción del país y colabore a dar fortaleza al régimen institucional.

5/1/84

El drama de la 'guerra sucia' deja en segundo plano la lucha contra la crisis en Argentina (5-1-1984)

El Gobierno radical argentino está ocupándose de la extremadamente grave situación social. Así, el Gabinete de Raúl Alfonsín envió ayer al Congreso un proyecto de ley estableciendo el salario mínimo vital móvil que alivie la situación de tantas familias destruidas económicamente por la hiperinflación. Pero los problemas de la economía, claves para la estabilidad de la democracia recién recuperada, quedan en un forzoso segundo plano ante el drama de los años de la guerra sucia que ahora se empieza a rememorar.

El profesor Alfredo Galletti, catedrático de Derecho Constitucional, miembro prominente de la comisión de derechos humanos del Partido Intransigente, se tiró el lunes a la calle desde el balcón de su casa, en un sexto piso. Sus amigos y allegados estiman que: se encontraba desquiciado ante el relato que ahora comienza a hacerse -tímidamente- de las atrocidades cometidas y ante el espectáculo de ver y escuchar por televisión a los asesinos y torturadores, como el general Ramón Camps, justificando aun en libertad aquellos crímenes. Galletti tenía una hija desaparecida desde hace siete años, su otro hijo, exiliado aún en México, y él mismo había sufrido humillaciones y malos tratos durante el "proceso de reorganización nacional".Ante las exhumaciones que se están llevando a cabo en los cementerios bonaerenses de cadáveres con las manos amputadas, suboficiales en activo durante el proceso afirman que las manos se cercenaban en vida a los detenidos como última forma de tortura. Los militares que ahora hacen estas revelaciones estiman como una tontería la tesis de que los esqueletos amputados se exhuman así en un intento de impedir su identificación necrodactiloscópica; nadie esperaba que los desenterraran en 100 años.

El carnicero de Buenos Aires, el general Camps, ha regresado de sus vacaciones en Uruguay y ha comparecido ante el juez que le investiga por la desaparición de un ciudadano. Según el abogado querellante, reveló ante el juez la existencia de tribunales militares secretos que entre 1976 y 1978 impusieron pena de muerte a los detenidos. Tras declarar, ha vuelto a su casa y a su mesa de despacho rebosante de armas.

El almirante Massera ha recibido autorización de la justicia civil para comparecer ante el Consejo Supremo de Justicia Militar (que le comunicará su nuevo procesamiento), y los ocho restantes altos jefes de las tres primeras juntas militares han designado ya sus abogados. Este consejo supremo de las fuerzas armadas ya ha perdido su capacidad de quórum al retirarse del mismo generales, brigadieres y almirantes que sirvieron hasta como ministros de Justicia a algunos de los ex presidentes que ahora han de juzgar.

Las Madres de la Plaza de Mayo se manifiestan desde hace dos días ante el Congreso en repudio del enjuiciamiento militar de los asesinos pese al proyecto de ley que hará apelable la sentencia ante la jurisdicción civil. Ernesto Sábato, que preside la Comisión Nacional de Desapariciones de Personas, creada por Raúl Alfonsín, declara su interés especial por el tema de los niños que desaparecieron. El actual subsecretario de Educación relata cómo le aplicaron la picana de grupo: "Rueda de presos encapuchados y desnudos cada uno con una picana en la mano obligados a clavarla en la carne de quien tenía delante". Tras la tortura, el general Camps le aseguró que si revelaba algo aparecería "suicidado" en su celda.