Julio César Strassera,
fiscal en el juicio que comenzará mañana contra los nueve dirigentes de las
juntas militares argentinas que se sucedieron en el poder entre los años 1976 y
1982, está dispuesto a que se haga justicia por los 30.000 desaparecidos en Argentina
en la guerra sucia desarrollada por el Gobierno contra la subversión. El hecho
de que el fiscal sólo haya seleccionado 709 de los miles de casos de
atrocidades cometidas por los Gobiernos militares durante esos años no
constituye un intento de olvidar lo que ocurrió en su país, sino un medio para
evitar que el castigo a los culpables se dilate a través de un juicio que
podría prolongarse durante varios años.
Julio César Strassera, de 52
años, casado y con dos hijos adolescentes, nacido en Comodoro Rivadavia -al sur
del país, literalmente en el fin del mundo-, de mediana estatura, poblados
bigotes negros y una vaga mirada ensoñadora, parece un hombre expeditivo y
enérgico y sin ninguna duda moral sobre su inmediato y peligroso papel: fiscal
en el juicio seguido contra las tres primeras juntas militares argentinas por
presunta detención ilegal, aplicación de tormentos, desaparición, muerte y robo
de efectos a los ciudadanos.En el Palacio de Justicia de Buenos Aires, los
jueces y trabajadores judiciales, hambreados por salarios que una inflación de
más del 800% anual devora día a día, han decretado una huelga a la japonesa: trabajan a ritmo acelerado.
Manifestantes de las centrales sindicales deambulan por las galerías del
palacio haciendo resonar los ecos de sus bombos contra las bóvedas; en un
corredor lateral, un solo policía federal ceba su mate y calienta agua en la pava
metálica sobre un infiernillo eléctrico: es la única custodia del fiscal
Strassera, con quien trabaja un equipo joven de 14 personas, apelotonadas en
tres despachitos mal alumbrados, incómodos y poco funcionales.
"Ni me han amenazado
todavía", dice Strassera, "ni tengo temor. Mi mayor garantía reside
en que quienes quisieran impedir este proceso saben muy bien que no podrán
detenerlo atentando contra mi persona; cualquier intento intimidatorio en este
sentido no servirá absolutamente para nada".
Hace pocos meses, un comando
armado, con métodos y maneras de alta profesionalidad militar, tomó por asalto
los tribunales de Rosario -al norte de la provincia de Buenos Aires, segunda
capital del país- y robó toda la documentación y pruebas acumuladas por la
Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) acerca de la guerra suciacontra la
subversión en la provincia. Strassera mira sus pobres despachitos y sus
archivadores de madera y sonríe. "Por supuesto que mi documentación y mis
pruebas están guardadas en un lugar seguro; no tenga usted temor".
Julio César Strassera, de
origen genovés y austriaco, ha desarrollado una carrera de 24 años en el poder
judicial desde secretario de juzgado hasta fiscal de apelaciones; en la
universidad de Buenos Aires fue discípulo de Luis Jiménez de Azúa, y en su
calidad de profesor adjunto de Derecho mantuvo relación universitaria con
Claudio Sánchez Albornoz.
"Yo creo que los
integrantes de las tres primeras juntas militares son culpables de los delitos
que se les imputan y serán condenados".
Pregunta. Le van a aducir que los cadáveres NN (ningún nombre) fueron muertos en
enfrentamientos armados con las tropas.
Respuesta. Mire usted, le voy a citar tan sólo dos casos
que tengo de cadáveres NN, posteriormente identificados y dados
Por las fuerzas armadas como muertos en enfreintamientos armados: uno tiene
pólvora en la lengua, y el otro, con las costillas seriamente dañadas por
torturas, presenta un solo. disparo en el corazón. Ya me dirá usted en qué tipo
de enfrentamiento armado una de las partes enfrentadas muere con las costillas
machacadas o con un tiro en la boca, efectuado con el cañón del arma metido
entre los dientes.
P. Pero se le replicará que no existe una
relación directa entre la comisión de atrocidades por parte de algunos
elementos de las fuerzas armadas y los miembros de las juntas militares que
dirigie ron el país.
R. Mire, vamos a, probar la existencia de
campos de detención clandestinos, instalados y dirigidos por las tres armas, en
los que se detuvo ilegalmente, se aplicaron tormentos a los presos y de los que
desaparecieron ciudadanos. ¿Es que un teniente o un capitán se entretenía
organizando por su cuenta y riesgo, y sin conocimiento de sus superiores,
campos de detención clandestinos? ¿Tenemos que creer que el responsable supremo
de cada arma desconocía lo que estaban haciendo sus fuerzas? Tenga en cuenta
que como testigos presentaré a militares en actividad durante aquellos penosos
sucesos y a desaparecidos que regresaron de su cautiverio y que han reconocido
sus lugares de detención y, en algunos casos, hasta a sus interrogadores por
sus voces (los desaparecidos vivían permanentemente encapuchados).
P. Primero se barajó la cifra de 30.000
desaparecidos; posteriormente, la Conadep logró investigar poco más de 8.000
desapariciones Ahora usted anna su alegato fiscal sobre 709 casos. A usted y al
Gobierno se les acusa de que a medida que pasa el tiempo los horrores de la
dictadura militar se les desinflan entre las manos.
R. Ésa es otra argumentación banal destinada a
influir en la opinión pública extranjera, porque los argentinos saben que por
nuestro Derecho Penal las penas no son acumulativas. Para condenar a las juntas
militares a 25 años de cárcel o a cadena perpetua tengo que desmontar un solo
defito; no podemos condenarlas a 30.000 penas de 25 años, aunque probáramos
30.000 desapariciones. Y es de sentido común suponer que no vamos a plantear ni
siquiera los 8.000 casos investigados por la Conadep, por la sencilla razón de
que entonces el juicio duraría varios años. Yo he seleccionado los 709 casos
que me parecen ilustrativos y ejemplares, a través de los cuales se podrá
conocer judicialmente lo que ocurrió durante aquellos años en la nación. Estos
casos bastarán para hacer justicia, y al menos, aunque sólo sea simbólicamente,
algunas familias tendrán al fin conocimiento de lo que ocurrió con sus deudos
desaparecidos, cuál fue su suerte y cuáles fueron los responsables de su drama.
Y, pese a esta selección obligada, tendremos juicio para cuatro o cinco meses.
P. Si me permite seguir ejerciendo de abogado
del diablo, le diría que los militares argentinos se limitaron a poner en
práctica una orden del Gobierno peronista constitucional presidido por
Isabelita Perón en la que se requiere de las fuerzas armadas combatir la
subversión hasta su aniquilamiento total.
R. Sí, eso se va a plantear en el juicio, y
también, como en el caso de ustedes durante el juicio por el golpe de Estado de
1981, aducirán elestado de necesidad. Militarmente, aniquilar al enemigo no
consiste en exterminarle fiÍsicamente, sino en hacer desaparecer su resistencia
y su voluntad de luchar. Un militar, aunque se vea obligado a matar, no es un
matarife, no procura la extensión de la muerte. Y aquí han desaparecido
ancianos, niños de corta edad o recién nacidos, amigos y familiares que sólo
tenían una relación casual con las víctimas principales. Eso no tiene nada que
ver con los usos de la guerra. Además, nos encontramos con decretos como el
604, firmado por el presidente Roberto Viola, que ordenan la eliminación de los
agitadores marxistas "( ... ) y la bibliografía".
Eso me recuerda a mí la
quema de libros por los nazis.
P. Algunos acusados, como el teniente general
Jorge Videla, rechazan este juicio y reclaman su juez natural: el Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal castrense.
R. Los únicos jueces naturales de las personas
son los jueces constitucionales, y la Cámara Federal es un juzgado
constitucional. Pero es que además, según las ordenanzas de Carlos III, en las
que nuestras fuerzas armadas han seguido muy bien el ejemplo español, la
justicia militar es un tribunal de casta, de clase; un tribunal de privilegio,
del que se excluye a quien se supone indigno de la justicia militar por ser
sospechoso de la comisión de delitos comunes. Y éste es el caso de los nueve
integrantes de las tres primeras juntas militares, a quienes se va a juzga no
por supuestos delitos castrenses , sino por la sospecha fundada de que se
cometieron delitos comunes, indignos del fuero militar como la detención ilegal
de personas, la aplicación de tormentos o el robo a los ciudadanos.
Justicia para la paz
Señor fiscal: le acusan de haber
lo un fiscal bajo la dictadura militar antes de serlo bajo la democracia.
R. Es como si me acusaran deberle plata al
almacenero de la quina. En 24 años no he sido otra cosa que un buen funcionario
de la justicia de mi país en todos sus avatares. Pero ya se sabe que cuando
faltan argumentos ad
causam aparecen los
argumentos ad hominem. Loúnico
importante es que prevalezca la justicia y que se esclarezca el drama de estos
últimos años. Porque tenga usted la seguridad de que sin justicia jamás podrá
haber paz en este país.
Strassera, enérgico, un
punto apasionado, siempre muy correcto, queda entre sus legajos y caretas y sus
jóvenes ayudantes en sus arrumbados despachos. No a dispuesto ni de un
ordenador para elaborar su trabajo. Rechaza despectivo el calificativo de Nuemberg criollo aplicado a este juicio en sus vísperas
y lo aproxima intelectual y políticamente al juicio que, tras su caída, condenó
a muerte a los coroneles griegos. Ha estudiado toda la bibliografía sobre casos
que pudieran constituir precedente, incluido el juicio por el 23-F español. A
su puerta, un modesto policía federal sigue calentando su pava y sorbiendo su
mate como un símbolo de la tranquilidad deliberada de una democracia, aún muy
frágil.
