La Armada argentina dice no tener comunicación oficial sobre la situación de Astiz (26-12-1987)

Portavoces de la Armada argentina afirmaron el jueves que en el Edificio Libertad -sede del almirantazgo- no se había recibido aún oficialmente ninguna comunicación del Ministerio de Defensa relativa a la futura situación del capitán de corbeta Ignacio Alfredo Astiz. Las mismas fuentes indicaban sólo tener conocimiento de la decisión presidencial del pasar a este oficial a retiro por lo leído en los periódicos.El pasado martes, Astiz recibió sus nuevas insignias en la base nava. de Puerto Belgrano, apostadero de la flota de mar, donde se desempeña como jefe de operaciones del destructor misilístico hércules. El contralmirante Emilio Osses, comandante de la flota de mar, presidió una reunión de jefes navales en Bahía Blanca para informar sobre la situación de Astiz, comentando públicamente que no cabe esperar que antes del próximo mes de junio la junta de calificaciones navales se pronuncie sobre el pase a retiro del nuevo capitán de corbeta.

Por lo demás, no existen indicios de tina reacción inmediatamente, peticiones de retiro- entre los altos mandos navales o los camaradas de promoción de Astir. De entre las reacciones políticas cabe destacar la descalificación del ingeniero Álvaro Alsegaray, líder de la Unión de Centro Democrático (UCD) -centro-derecha-, un partido en auge que aspira a ser bisagra entre radicales y peronistas. Alsogaray estima que a Astiz se le ha fabricado una imagen por parte de organizaciones izquierdistas que ha sido divulgada por la Prensa internacional a su servicio. Critica así el líder ucedista el futuro pase a retiro del oficial, afirmando que Alfonsín ha tomado justa medida exclusivamente con las miras puestas en su próximo viaje de enero a Suecia.

La Navidad, el fin del curso escolar y el comienzo del éxodo de las vacaciones veraniegas han acolchado este nuevo pulso entre el poder civil y las fuerzas armadas. Y hasta en un gesto de buena voluntad se ha decidido que el ex teniente coronel Aldo Rico, la cabeza rebelde de Semana Santa, preso en Campo de Mayo, a la espera de su juicio militar por amotinamiento, pase la Navidad en arresto domiciliario.

Mensaje de Alfonsín

El presidente Alfonsín se dirigió el miércoles al país por la cadena nacional de radio y televisión asegurando que la situación de la República ha mejorado globalmente y que, aunque esperan años difíciles, los argentinos aún pueden permitirse algún optimismo sobre el futuro económico e institucional. Aseguró Alfonsín que no va a completar los dos años que le quedan de mandato sólo para administrar -se encuentra en minoría parlamentaria-, sino que pretende sacar adelante sus grandes proyectos de reforma de la República. Grabado su mensaje, se retiró a Chapadmalal, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde ha comenzado el presidente sus vacaciones estivales.

Alfonsín asciende a Astiz y le pasa a retiro (24-12-1987)

"El lagarto se quedó sin cola" o "Feliz Navidad" son algunos de los títulos con los que los diarios porteños acogían ayer el pase a retiro obligatorio del ya capitán de corbeta Alfredo, Ignacio Astiz. El presidente argentino, Raúl Alfonsín, contrariando los criterios de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y desoyendo los consejos de importantes sectores de su partido, la Unión Cívica Radical (UCR), cumplió con la ley ascendiendo a Astiz a su empleo inmediato superior con retroactividad al 31 de diciembre de 1985, y ordenando asimismo el pase a retiro obligatorio del oficial de la Marina.

La doble decisión quedó plasmada en dos documentos: uno dirigido al ministro de Defensa en el que se fundamenta el paso dado por el presidente y otro, secreto, en el que se especifican las causas que aconsejan el retiro obligatorio de Astiz. Ambos textos han sido firmados por el propio Alfonsín en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas argentinas, realzando así la orden, dado que las instrucciones pertinentes podrían haber sido cursadas simplemente por el ministro de Defensa.

Retraso de uno o dos meses

El pase a retiro de Astiz no es automático, ya que debe de ser formalizado por el Estado Mayor naval, trámite que podrá retrasarse un mes o dos si en vez de iniciarse ahora se comienza tras las vacaciones del verano austral. En el ínterin, Alfredo Astiz podría desempeñarse ya con su nuevo grado como jefe de operaciones del destructor en que se encuentra embarcado con base en Puerto Belgrano.En el edificio Libertad, sede del almirantazgo, la noticia ha sido recibida con un ominoso silencio. "Ahora la pelota ha vuelto al campo de la Marina", comentó un miembro del Gobierno radical. No cabe, fuera de la insubordinación, un incumplimiento por parte de la Armada del retiro obligatorio dictado por Alfonsín, pero sí se esperan decisiones de pase voluntario a retiro que podrían incluir la del vicealmirante Ramón Arosa, jefe del Estado Mayor de la fuerza, lo que provocaría un maremoto de dimisiones en cadena en la cúpula naval.

La Armada ha mantenido en torno a Astiz un cerco de defensa en el correcto entendimiento de que constituía un símbolo tanto nacional como internacional de la guerra sucia contra la subversión desarrollada bajo la dictadura militar de 1976-1983. La Armada peleó bravamente por impedir en su tiempo el procesamiento de Astiz y, ahora, por lograr mantenerle en activo, pensando en otros oficiales menos conocidos que el citado pero que teniendo igualmente las manos manchadas de sangre civil podrán en el futuro emprender el mismo camino del retiro forzoso de este héroe contemporáneo.

Derechos humanos

Alfonsín, en su escrito al ministro de Defensa, recupera su mejor aliento de 1983 en defensa de los derechos humanos, y escribe a Jaunarena: "Las conclusiones, provenientes de los órganos encargados de la Administración de la justicia de la República, tornan procedente la adopción de la medida administrativa por la que se le reconoce el grado inmediato supe,rior, al desaparecer los obstáculos legales y reglamentarios que impidieran con anterioridad su ascenso (...).(...) Así las cosas, resuelta reglamentariamente la situación del citado oficial, preocupa ahora al presidente de los argentinos la eventual incidencia negativa que sobre la cohesión del cuerpo social podría significar mantenerlo en servicio como, a su vez, la repercusión que ello pudiera generar sobre las instituciones castrenses", señala el escrito del presidente argentino. "Es por ello", agrega, "que he apreciado en el correspondiente informe complementario fundado, que el capitán de corbeta don Alfredo Ignacio Astiz, no debe permanecer en actividad, debiéndose seguir el procedimiento correspondiente a tal efecto".

En su informe reservado, Alfonsín no sólo considera los crímenes en los que se vio envuelto Astiz sino igualmente su deshonroso desempeño como jefe de los lagartos -comandos de la infantería de Marina- en su breve ocupación de las Georgias del Sur durante la guerra de las Malvinas.

Lo dicho: ahora la pelota está en terreno de la Marina.

Alfonsín cede a la presión de la Armada para que ascienda el teniente Astiz, acusado de torturas y otros graves delitos (22-12-1987)

Antes del próximo 31 de diciembre el teniente de navío Ignacio Alfredo Astiz será ascendido a capitán de corbeta, al haber sido declarado apto para el empleo inmediato superior por la junta de calificaciones de la Armada argentina. Astiz debería haber ascendido en 1985, pero los procesos en que se vio involucrado por violación de los derechos humanos demoraron su ascenso.

Una vez ascendido, el flamante capitán de corbeta deberá iniciar su período anual de vacaciones, por lo que podrá retrasarse hasta comienzos de febrero la decisión de otorgarle destino, sugerirle el retiro, obligarle a retirarse o dejarle indefinidamente a disponibilidad del Estado Mayor de su arma.No obstante, la presión de la Armada es muy fuerte y cerrada para que Astiz prosiga su carrera naval sin ninguna interferencia del poder político. El presidente Raúl Alfonsín y su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, han mantenido reuniones con expertos jurídicos civiles y militares sin encontrar el menor resquicio legal para impedir el ascenso del oficial que comandó un grupo de tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la guerra sucia contra la subversión, bajo el apodo de Cuervo. Astiz es acusado, entre otros delitos, de la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, y de las monjas francesas Alice Domon y Leoni Duquet.

Su pase a retiro por orden del ministro de Defensa sería una decisión política que debería enfrentarse a la explícita amenaza de la dirección de la fuerza, que encabeza el vicealmirante Ramón Arosa, de dimitir el bloque. Sólo dentro de 10 años, si el régimen democrático pervive en la Argentina, Astiz podría ver truncada su carrera sin traumas institucionales; en 1997 deberá hipotéticamente ascender a capitán de fragata, rango a partir del cual sólo se puede ascender mediante acuerdo secreto del Senado de la nación.

Esperanza remota

Resta una remota esperanza de que Astiz solicite voluntariamente su retiro y acepte las ofertas que se le están haciendo de trabajar como instructor de la Marina, en astilleros civiles o incluso como agregado a una embajada como la de Argentina en Suráfrica, donde ya sirvió durante algunos años a plena satisfacción del régimen surafricano. El caso es que el presidente Alfonsín, tras el golpe de Estado blando del Ejército de Tierra durante la pasada Semana Santa, y perdida su mayoría parlamentaria y en las gobernaciones de las provincias en las elecciones del 6 de septiembre, carece de poder real para plantarle cara a la Armada.Cabría una última posibilidad de solucionar el caso Astiz en un terreno judicial.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal castrense, juzgó y condenó a los responsables militares de la pérdida de la guerra de las Malvinas. Dado que, desde la asunción del Gobierno radical, las sentencias militares son apelables ante la justicia ordinaria, el fiscal federal Julio César Strassera recurrió aquellas por no estimarlas ajustadas a derecho; particularmente la que absolvía a Astiz por la rendición de las islas Georgias del Sur sin disparar un solo tiro, aún en el supuesto de haber recibido órdenes para hacerlo así.

Código de honor

La fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones estima que según el código de honor de las Fuerzas Armadas argentinas, el jefe de una plaza no puede rendirla sin haber agotado el parque o haber perdido dos tercios de sus hombres en la batalla.Si en esta apelación, que comenzará a verse en febrero próximo, el ahora capitán de corbeta Alfredo Astiz resultara condenado, se facilitaría políticamente su definitivo retiro de la Armada argentina.

El golpista argentino Aldo Rico será juzgado por militares (19-12-1987)

Por tres votos contra dos, la Corte Suprema de Justicia argentina decidió que el ex teniente coronel Aldo Rico sea juzgado por la justicia militar y no por la civil, que también le reclamaba. Aldo Rico se atrincheró entre el 16 y el 19 de abril en la Escuela de Aplicación de Infantería de Campo de Mayo, cuartel general del Ejército.

La acción de Rico provocó la ruptura de la cadena de mando en el Ejército de Tierra y la caída del jefe del Estado Mayor de la fuerza.El teniente coronel fue separado de las fuerzas armadas por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el juez federal Daniel Piotti le intimó a la rendición procesándole por rebelión. Ahora, el fallo de la Corte Suprema ha decidido que el juicio contra el ex teniente coronel corresponde a la justicia militar por cuanto "no surgen elementos que permitan, afirmar que el procesado pretendió arrancar una medida o concesión a algunos de los poderes públicos del Gobierno nacional".

La Corte Suprema preestablece así que la asonada de Rico fue un motín y no una rebelión. Los magistrados Jorge Bacque y Enrique Petracchi disintieron, estimando el primero que los sucesos de Semana Santa constituyeron una rebelión y el segundo que en el caso Rico debe actuar primero la justicia militar y después la justicia civil.

El caso es que Aldo Rico, preso en Campo de Mayo, ha visto satisfechas sus aspiraciones de ser juzgado en su fuero. De cualquier manera, tras la reforma del Código de Justicia Militar argentiro en 1984, todas las sentencias castrenses son apelables ante la justicia ordinaria. Así, en el futuro , la fiscalía de la Cámara Federai de Apelaciones en lo Criminal y Correccional podrá intervenir sobre la sentencia que Rico reciba de sus camaradas de armas.

Por otra parte, ayer se reunió durante toda la mañana el almirantazgo argentino para deliberas sobre la situación del teniente de navío Ignacio Alfredo Astiz, quien tiene retrasado dos años su ascenso a capitan de corbeta.

Alfredo Astiz vio congelado su ascenso al encontrarse involucrado en gravísimos delitos contra los derechos humanos, como la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin y de las rrionjas francesas Alice Domon y Lconie Duquet.

La primera causa contra él prescribió, aunque se probó su culpabilidad, y de la segunda fue desprocesado en virtud de la ley de obediencia debida.

No se espera que antes de la próxima semana el presidente Alfonsín decida sobre el ascenso de Astiz, aunque se sabe de su intención primera de ascenderle -con la ley en la mano no puede hacer otra cosa- y exigirle de inmediato su pase a retiro. Otra solución más suave consistiría en ascenderle a capitán de corbeta y dejarle indefinidamente en disponibilidad para ganar tiempo, al tiempo en la esperanza de que se aburra y pida él mismo su retiro. En cualquier caso, la sociedad civil no puede tolerar que un oficial como Astiz prosiga y culmine su carrera naval.

La reacción de la Armada argentina es imprevisible y comprende dos supuestos máximos y peligrosos. La cúpula naval encabezada por el vicealmirante Ramón Arosa, podría pedir su propio pase a retiro, si se corta la carrera de Astiz, provocando una crisis en el arma, dado que ningún otro almirante aceptaría sus tituir a Arosa. Menos probable pero posible es que los compañeros de promoción de Alfredo Astiz, tenientes de navío y capitanes de corbeta, se autoacuartelen en la base naval de Río Santiago en defensa de su camarada y en una reedición del planteo del Ejército de Tierra durante Semana Santa.

El presidente Raúl Alfonsín, una vez más, se ve abocado a elegir entre la peste y el cólera.

Seguimiento irregular de la huelga general peronista (10-12-1986)

Un seguimiento mediano distinguió la décima huelga general organizada por la central sindical peronista Confederación General del Trabajo (CGT) en los cuatro años de la recobrada democracia argentina. La huelga, en esta ocasión por 34 horas, se inició como en numerosas ocasiones anteriores aprovechando las lindes de una festividad: el feriado optativo del martes a cuenta de la Inmaculada Concepción.Esta vez la CGT se retiró de la Capital Federal iniciando la huelga con una concentración en La Matanza, partido industrial bonaerense, que reunió entre 10.000 y 20.000 personas. Saúl Ubaldini, el trabajador cervecero que encabeza la CGT, pretendió ridiculizar al presidente, Raúl Alfonsín, imitando su voz y fue crítico y sarcástico con los ministros de Economía, Trabajo y Obras Públicas. Nuevamente el núcleo de su mensaje consistió en la exigencia de la renuncia del equipo económico del Gobierno, al que acusa de encontrarse al servicio del Fondo Monetario Internacional.

Estimulado por los concurrentes, que levantaban imágenes de la Virgen de Luján, muy milagrera y patrona del Ejército, Ubaldini cerró su discurso con un "¡Gracias Virgen mía, por darnos este acto!".

La huelga ha sido seguida muy irregularmente en todo el país, acaso ante el cansancio por tan repetitiva fórmula. Salieron los periódicos aunque en paginación reducida y oficinas bancarias, comercios y espectáculos, abrieron sus puertas en gran número. Circularon taxis y autobuses conducidos por sus propietarios y sólo la paralización de los trenes subterráneos y de superficie incidió seriamente en la asistencia al trabajo.

El hecho de que la CGT realizara su concentración en la provincia de Buenos Aires y no en la capital argentina y la escasa asistencia a la misma -pese a celebrarse en una cicunscripción eminentemente obrera- se interpreta en Argentina como un decaimiento del poder de convocatoria del sindicalismo peronista.

El presidente Alfonsín no sólo se ha ausentado de esta décima huelga -se encuentra en viaje oficial de siete días a Italia y el Vaticano- sino de la transmisión de poderes a los 22 gobernadores provinciales electos el pasado 6 de septiembre, de los que 14 son peronistas, y sólo dos -Córdoba y Río Negro- radicales, y el resto pertenecientes a caudillismos locales.

Antes de su marcha el presidente se reunió en el domicilio del ministro del Interior, Enrique Nosiglia, con el hoy ya gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, líder de la corriente renovadora del Movimiento Justicialista y firme candidato presidencial para las elecciones de 1989.

Cafiero es desde hoy gobernador de la primera provincia del país pero se enfrenta con una mayoría de la Unión Cívica Radical en el Congreso provincial y con otra mayoría -también radical- de alcaldes y por ello tiene necesidad de pactar con el jefe del radicalismo.

Strassera, nombrado embajador argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (10-12-1987)

Julio César Strassera, fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ha sido designado embajador argentino ante las oficinas de las Naciones Unidas defensoras de los derechos humanos con sede en Ginebra. El nombramiento, a instancias del Gobierno de Raúl Alfonsín, fue aprobado el pasado lunes por la Comisión Permanente del Senado y será ratificado antes de fin de mes y en un mero trámite por el Congreso de Diputados y Senadores.Bajo la fiscalía de Strassera, el ex teniente general Videla y el ex almirante Massera, integrantes de la primera junta militar argentina, fueron sentenciados a cadena perpetua por crímenes aberrantes contra la humanidad; el ex teniente general Viola, segundo presidente militar de la dictadura, fue sentenciado a 18 años de prisión, así como a ocho años el ex almirante Lambruschini, miembro de su Gobierno. El ex brigadier general del Aire Agosti, integrante de la primera junta militar, también fue sentenciado a cuatro años y medio de penitenciaría.

En otras causas, la fiscalía dirigida por Strassera obtuvo 25 años de prisión para el ex general Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires, y 20 años para su sucesor en el cargo, el ex general Richieri.

La designación de Strassera como embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra ha sido negociada de mutuo acuerdo entre el Gobierno y el interesado para alejarle del foco de amenazas y tensión política de Buenos Aires. Para dar continuidad a la labor de la fiscalía será nombra do sustituto el fiscal adjunto Luis Moreno Campo.