31/5/85

El Gobierno argentino actúa por primera vez contra las bandas de extrema derecha (31-5-1985)

El ministro del Interior argentino, Antonio Troccoli, compareció ayer a puerta cerrada ante la Cámara de Diputados para informar sobre los pasos dados por el Gobierno en pos de la desarticulación de las bandas desestabilizadoras de extrema derecha. El subsecretario del departamento facilitó el miércoles detalles a la Prensa sobre la detención de una de estas cuadrillas, relacionada con recientes secuestros de industriales y colocación de bombas en locales públicos.

La importancia de estas detenciones y de los allanamientos, en los que se han descubierto importantes arsenales de armas de guerra, reside en que por primera vez, no ya en los últimos años, sino acaso en la historia argentina, un Gobierno actúa policialmente contra el ultranacionalismo terrorista ligado a servicios parapoliciales y paramilitares.El Gobierno radical, en efecto, ha comenzado a actuar con energía contra los terroristas de extrema derecha -los únicos existentes- utilizando a la policía federal, pero es consciente de que toda la trama de los servicios paralelos de las tres armas -principalmente el Ejército y la Armada- permanece intacta, latente, y sólo podrá ser desmontada desde dentro si a ello colabora la actual cúpula militar, dirigida por el teniente general Héctor Ríos Ereñu, jefe del Estado Mayor conjunto.

El terrorismo de izquierda fue aniquilado físicamente y la propia juventud argentina ha entrado en un letargo próximo al pasotismo de sus compañeros generacionales españoles. El horror y la destrucción anexos a los proyectos revolucionarios de los montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo han dado paso entre los jóvenes a la explosión del rock, el desentendimiento político y el comienzo de la cultura de la droga. Incluso los montoneros, en anuncios publicados en la Prensa y firmados por sus dirigentes, Mario Eduardo Firmenich y Fernando Vaca Narvaja -el primero, preso en Buenos Aires y sometido a proceso-, admitieron el error histórico de su sublevación civil y se plegaron explícitamente a las reglas de la democracia política.

No hay otro terrorismo en el país que el de los viejos servicios de información militar, que están desarrollando una inteligente operación de secuestros, extorsiones, colocación de bombas, en una progresión que conduciría hasta el atentado contra alguna figura militar, único medio de invertir los términos -fuertemente degradantes para el conjunto de las fuerzas armadas- en que se está desarrollando el juicio contra las tres primeras juntas castrenses.

Precisamente, el juicio contra las cúpulas militares responsables del genocidio argentino continúa su acumulación de espantos y vesanias en un crecimiento progresivo contra el que nada pueden hacer las.defensas ni los segmentos de opinión proclives a exculpar la metodología de aquella guerra sucia. En una de las dos últimas sesiones de la vista oral se herprobado un secreto a voces: el arrojamiento de Cadáveres al río de la Plata por parte del Ejército. Ya anteriormente quedó probado que cuando el general Suárez-Mason (prófugo), ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército, recriminó al comisario de El Tigre (delta del Paraná) por no haberle informado de la aparición de un cuerpo en el río, éste le replicó: "Pero, mi general, ¡si han arrojado ustedes 8.000 cadáveres a las aguas!".

El testimonio de Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda, madre de Floreal Avellaneda, un muchacho de 14 años desaparecido en 1976, fue estremecedor. El 15 de abril de 1976, personas disfrazadas con barbas y pelucas postizas derribaron la puerta de la casa de la familia Avellaneda a la 1.30. Buscaban al padre de familia, militante del Partido Comunista Argentino.

El padre, salta de la cama y escapa por una ventana hacia los tejados vecinos y la calle. El grupo armado detiene a punta de pistola a Iris y a su hijo, Floreal: "Nos encañonaron y nos pegaron trompadas y patadas. Nos sacaron a mi hijo y a mí a patadas y nos encapucharon a los dos. Fue la última vez que lo vi". En la comisaría de Villa Martelli, primer lugar de su cautiverio, la madre es torturada. "Tirada en una cama, me echaron agua y me aplicaron la picana en la boca, en los pechos, en los órganos genitales. Fue tremendo, tremendo. Me preguntaban dónde estaba mi marido y acerca de un pergamino que me habían regalado compañeros del partido comunista. Podía escuchar los gemidos de mi hijo: 'Mami, mami, decí, por favor, que papi se escapó".

La madre fue trasladada al penal de Olmos y en el trayecto sufrió un simulacro de fusilamiento. El que mandaba el ficticio piquete de ejecución la ofreció el cumplimiento de tres últimos deseos.

"Pedí saber dónde estaba mi hijo y me contestó: 'por tu hijo no te preocupes, ya lo reventamos. Con los comunistas no se puede'. Entonces dije: tierra trágame", declaró Iris, que fue localizada el 13 de julio de 1978, tras más de dos años de desaparición en un chupadero militar.

Un mes después del secuestro apareció en la costa uruguaya del río de la Plata el cadáver del hijo (14 años), con el esfínter anal roto por sodomización y los intestinos desgarrados por empalamiento.

29/5/85

Raúl Alfonsín, se resiste a desatar ahora una crisis de Gobierno (29-5-1985)

Roque Carranza, un ingeniero de 65 años, soltero, actual ministro de Obras y Servicios Públicos, jurará hoy como nuevo ministro de Defensa argentino en sustitución del fallecido Raúl Borrás. Interinamente, Carranza conservará su primera cartera, de lo que se desprende que Raúl Alfonsín, se resiste seriamente a abrir la crisis de su desgastado Gobierno.

La muerte de Borrás, corroído en seis meses por un fulminante cáncer del pulmón, parece, inscribirse en esa especie de macumba que los autócratas habían realizado sobre algunas democracias del Cono Sur y que tiene su mejor exponente en la muerte de Tancredo Neves en Brasil. En Argentina y en apenas dos años, el presidente Raúl Alfonsín ha perdido, tras súbitas enfermedades mortales, al físico atómico Jorge Sábato -hermano del galardonado escritor y una excelente cabeza del radicalismo-, al senador, Rubén Rabanál -el más brillante teórico económico del partido- y ahora a Raúl Borrás, su más estrecho colaborador y hombre firme y flexible que había sabido ganarse el respeto de la casta militar.Raúl Borrás en Defensa, junto con Dante Caputo en Relaciones Exteriores y Culto, han sido los dos únicos hombres del Gabinete que ofrecen saldos positivos en la gestión de sus respectivos ministerios. Con dos cambios en la titularidad del Ministerio de Trabajo -una máquina de picar ministros ante los embates de la Confederación General del Trabajo (CGT)- y uno en Economía, Alfonsín podía haber aprovechado la desgracia de la pérdida de Raúl Borrás para reordenar su Gobierno en profundidad. No ha sido así, por más que estén al cabo de la calle las especulaciones sobre las dimisiones del actual ministro de Trabajo o del de Educación y Justicia.

Muerto Borrás, se especuló con su sustitución por hombres de primera fila, como Cuglies presidente del Congreso, o Antonio Troccoli, ministro del Interior, únicos capaces de afrontar el juicio a las tres primeras Juntas Militares soportando la presión de los uniformados. El juicio se encuentra en el borde de su fase más álgida con el llamamiento al estrado de los testigos de jefes y oficiales en actividad, quehabrán de testificar sobre el comportamiento de las tres armas en la guerra sucia. Hasta ahora sólo han depuesto jefes y oficiales en retiro, y sobre la actividad de la policía federal militarizada. A este respecto, ha trascendido la visita de una delegación de coroneles al teniente general Ríos Ereñú,jefe del Estado Mayor Conjunto, oponiéndose a la citación en el juicio de oficiales en activo.

Sin embargo, el presidente Alfonsín ha optado por no abrir la crisis de Gobierno y continuar moviéndose en el círculo cerrado de sus íntimos amigos personales y partidarios. "Su exagerado sentido de la amistad", dicen sus propios allegados, "es el peor defecto de Alfonsín". Así los mejores títulos de Roque Carranza para ocupar la cartera de Defensa son los de íntimo amigo de Alfonsín y del propio Raúl Borrás. Carranza, además, cumplió entre 1953 y 1955 dos años de penitenciaría acusado de haber colocado una bomba en la plaza de Mayo que generó una matanza. Carranza militaba en los comandos civiles que se oponían violentamente a Perón, pero siempre negó su autoría en aquel atentado terrorista.

Probablemente Alfonsín no quiera cambiar de caballos en la mitad del río -por el juicio- y Roque Carranza sea una solución provisional hasta la terminación del proceso, hacia octubre, en el que se produciría un cambio de Gobierno. Más que en su gestión al frente de las fuerzas armadas se confía en la del teniente general Héctor Ríos Erenú, uno de los últimos nombramientos de Borrás.

De Ríos Ereñú espera el Gobierno que acceda finalmente a desmontar el aparato de los servicios paramilitares utilizados durante la guerra sucia contra la subversión y ahora en plena campaña desestabilizadora.

Los testimonios de torturas cometidas a inválidos en el juicio contra los militares argentinos (29-5-1985)

En una de las más breves jornadas de la vista oral del juicio contra las Juntas Militares, el pasado lunes se recabaron testimonios sobre el secuestro de obreros en la Mercedes-Benz argentina y sobre la desaparición y tortura de ciudadanos inválidos.En agosto de 1977, fuerzas vestidas de civil secuestraron de sus domicilios en el Gran Buenos Aires a cinco operarios de la Mercedes-Benz, que hoy continúan desaparecidos. Días después, otro grupo de tareas se personó en la factoría reclamando por el obrero Héctor Ratto. La dirección de la fábrica, temiendo altercados en la planta, denegó el acceso a los secuestradores por no exhibir credenciales policiales fiables. Inmediatamente llegaron tres camiones militares con 36 soldados uniformados al mando de un teniente primero que procedieron al arrpsto de Ratto, según relató éste.

Tras permanecer varios días en una comisaría capitalina, fue puesto formalmente en libertad sin cargos. En el mismo patio de la comisaría fue encapuchado por desconocidos y arrojado al piso de un automóvil conducido por uno de los civiles que habían intentado secuestrarle en su puesto de trabajo. Fue ingresado en un centro clandestino de detención que identificó como Campo de Mayo, acantonamiento del I Cuerpo de Ejército argentino. Permaneció desaparecido por más de dos años, y en su chupadero vio a sus cinco compañeros secuestrados. Él mismo recibió tortura por medios eléctricos, y el 31 de agosto de 1977, fue incluido en una lista de 30 personas que debían ser trasladadas en un camión con destina incierto. En el último momento, un oficial le tomó del brazo: "Vos te quedás".

Testificaron igualmente su calvario los padres y abuelos del matrimonio chileno formado por José Poblete Roa -a quien le faltaban sus dos piernas- y su mujer, Gertrudis Hlaszick, también minusválida, y su hija de ocho meses, Claudia Victoria, desaparecidos los tres desde noviembre de 1978 y posteriormente vistos con vida por otros presos en los campos clandestinos Blanco y Olimpo. Este matrimonio, junto con otras parejas de invidentes, mutilados, paralíticos, todos simpatizantes de la izquierda peronista, pero con esc asas facultades para la acción, fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, según testimonio de otros detenidos que regresaron con vida. El de los inválidos.ha sido un paquete de testigos eficacísimo en la estrategia del fiscal.

26/5/85

Fallece el ministro de Defensa argentino (26-5-1985)

Raúl Borrás, ministro de Defensa argentino, falleció ayer, a los 52 años, en un hospital de Buenos Aires, víctima de un fulminante cáncer de pulmón detectado hace seis meses. Borrás fue el arquitecto de las alianzas internas que llevaron a Raúl Alfonsín y a su fracción renovación y cambio a la jefatura de la Unión Cívica Radical y a la candidatura presidencial en las elecciones democráticas de 1983. Era la mano derecha de Alfonsín, y en calidad de tal ocupó la cartera de Defensa para manejar el problema más espinoso de la transición argentina: el control de las Fuerzas Armadas, su democratización y el enjuiciamiento de sus excesos durante la dictadura. En dos años redujo en un 30% los presupuestos militares, pasó a retiro a decenas de generales, almirantes y brigadieres del Aire, suprimió los cargos de comandante en jefe de cada arma, disolvió un cuerpo de Ejército, redujo la permanencia en filas y cesó a dos cúpulas militares por insubordinación o incompetencia

25/5/85

Los sindicatos argentinos desean capitalizar la oposición ante la debilidad peronista (25-5-1985)

Más de 100.000 personas -un número superior a los concentrados en la plaza de Mayo el pasado 26 de abril en defensa de la democracia- se reunieron el jueves frente a la Casa Rosada en protesta por la política económica del Gobierno, en un acto que indica que la Confederación General del Trabajo se apresta a capitalizar la oposición, ante la debilidad del peronismo. La huelga general de 13 horas sólo fue seguida en un 50% en todo el país.

El mes de movilizaciones ordenadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) culminó en la plaza de Mayo con un acto completamente político y sin la menor connotación gremial. Fue una concentración peronista, fuertemente apoyada por la izquierda extraparlamentaria, y que denota que la CGT se apresta a asumir el papel de oposición al Gobierno ante la debilidad y fragmentación del peronismo político.La tribuna de oradores levantada de espaldas a la casa del Gobierno fue ocupada sólo por dos de los cosecretarios generales de la CGT: Osvaldo Borda y Saúl Ubaldini. Los otros dos cosecretarios, Baldasini y Triaca, quienes en su testimonio en el juicio de Buenos Aires contra las tres primeras juntas militares aseguraron desconocer la desaparición de gremialistas durante la dictadura y afirmaron haber recibido un trato excelente durante su detención por los militares, no comparecieron en la plaza. Hubiera resultado grotesco verles guardar el minuto de silencio por los sindicalistas desaparecidos con que se dio comienzo al acto cegetista.

El líder cervecero Saúl Ubaldini, el principal orador, no desentonó del carácter político dado a la campaña de propaganda previa a la concentración. El centro de Buenos Aires fue tapizado con carteles en los que se ve a un niño desnudo y famélico con la leyenda de que éste será el precio que Argentina pagará por satisfacer la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la banca extranjera. La foto del niño hambriento corresponde a un reportaje sobre la desnutrición infantil en Tucumán durante el Gobierno de la última Junta Militar. El Gobierno radical consideró doblemente insultante y falso el cartel por cuanto ha desarrollado un plan alimentario nacional para erradicar el hambre infantil en el país de los alimentos.

Ubaldini exigió que la deuda externa se debata en el Congreso de la nación y arremetió contra el FMI y los "usureros internacionales". No dio tregua al Gobierno e insistió en su denostada formulación verbal: "Si no cambian de política económica, que se vayan".

"En Argentina", dijo, "no va a haber otro golpe de Estado, pero no porque no lo quiera el Gobierno, sino porque lo impediríamos los trabajadores". Contra el presidente Alfonsín fue directo y sarcástico, remedando sus frases: "Con promesas no se cura, con promesas no se educa, con promesas no se come...".

Hasta seis veces se interrumpió su discurso con la marcha peronista -"¡Perón, Perón, qué grande sos; mi general, cuanto valés!"- antes de ordenar a la multitud que se dispersara en paz renunciando a la manifestación hasta el Congreso de la República. El desbordamiento de la plaza de Mayo contrastó con un seguimiento parcial -un 50% de inasistencia al trabajo- de la huelga general de 13 horas. La tranquilidad ciudadana fue absoluta, y los 23 detenidos de la jornada lo fueron en su calidad de carteristas.

La opinión más extendida entre los analistas políticos argentinos es que con el acto del jueves el hundimiento gradual del peronismo ha tocado fondo, salvado por la Confederación General del Trabajo; que Saúl Ubaldini emerge ya como líder público indiscutible de la CGT -sin brillo público, manda en la sombra Lorenzo Miguel, jefe de los sindicatos peronistas-, y que lo peor que le podía ocurrir no ya a Raúl Alfonsín, sino al país, es que los sindicatos levanten la bandera de la oposición al Gobierno, abandonada por el peronismo político y parlamentario.

El Gobierno trata de restar importancia a la concentración cegetista poniendo énfasis en el relativo fracaso de la huelga general, pero altos funcionarios gubernamentales no ocultan su preocupación porque el bipartidismo radical-peronista degenere en un choque radicalismo-sindicalismo.

La CGT ordenó que no se perturbara el juicio de los militares (25-5-1985)

La 21ª jornada de la vista oral del juicio de Buenos Aires se celebró normalmente, pese a la huelga general. Las seccionales judiciales de la Confederación General del Trabajo (CGT) ordenaron expresamente que el proceso no fuera interrumpido por la huelga, y de hecho, la del jueves fue la más larga sesión celebrada hasta ahora.

Ante la Cámara Federal de Apelaciones comparecieron testigos anónimos, profesionales, amas de casa, obreros, estudiantes,desaparecidos en los chupaderos Club Atlético, El Banco, Olimpo, Malvinas o Escuela de Mecánica de la Armada. Varios de ellos testificaron que habían comprobado personalmente la presencia del entonces coronel Camps y del general (prófugo) Suárez-Mason, así como de otros jefes del Ejército y la Marina en los pozos de detención ilegal y en las mismas sesiones de tortura.

Mientras las defensas parecen desmoronadas y ya apenas -sabiamente- formulan preguntas a los testigos, el fiscal Julio César Strassera continúa acumulando testimonios sobre la responsabilidad en el genocidio de altos jefes operativos de las fuerzas armadas, lo que anula la tesis -en cualquier caso atrabiliaría- de que los triunviros desconocían las acciones ilegales cometidas por debajo de su escalón de mando.

El patetismo en la jornada del jueves residió en la confirmación de que numerosos desaparecidos dados la vuelta fueron obligados a colaborar en la Administración e Intendencia de los chupaderos y en la aplicación de tormentos a otros detenidos: una reedición criolla de la figura delkapo de los campos de concentración hitlerianos.

El ingeniero Mario César Villani inicialmente se negó a colaborar, pero terminó accediendo al comprobar que la picana averiada provocaba mayores laceraciones y sufrimientos a los atormentados que bajo su funcionamiento normal.

El ingeniero Villani vio en sus sucesivos lugares de secuestro, y conversó con ellos, al coronel Camps y a los generales Suárez-Mason y Ricchieri y a los capitanes de navío Allara, Supisiche y D'Imperio. Suárez-Mason, conociendo su preparación técnica, llegó a consultarle sobre la forma de interferir emisiones televisadas con fines de propaganda.

Villani relató cómo en 1979, durante la visita realizada a Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada fueron trasladados a la isla de El Tigre, en el delta del Paraná.

Otros desaparecidos narraron cómo en cada chupadero funcionaba un Consejo, integrado por cautivos de confianza, encargado de tareas de administración, falsificación de documentos, sanidad y camuflaje de vehículos rodados.

Los sindicatos argentinos desean capitalizar la oposición ante la debilidad peronista (25-5-1985)

Más de 100.000 personas -un número superior a los concentrados en la plaza de Mayo el pasado 26 de abril en defensa de la democracia- se reunieron el jueves frente a la Casa Rosada en protesta por la política económica del Gobierno, en un acto que indica que la Confederación General del Trabajo se apresta a capitalizar la oposición, ante la debilidad del peronismo. La huelga general de 13 horas sólo fue seguida en un 50% en todo el país.

El mes de movilizaciones ordenadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) culminó en la plaza de Mayo con un acto completamente político y sin la menor connotación gremial. Fue una concentración peronista, fuertemente apoyada por la izquierda extraparlamentaria, y que denota que la CGT se apresta a asumir el papel de oposición al Gobierno ante la debilidad y fragmentación del peronismo político.La tribuna de oradores levantada de espaldas a la casa del Gobierno fue ocupada sólo por dos de los cosecretarios generales de la CGT: Osvaldo Borda y Saúl Ubaldini. Los otros dos cosecretarios, Baldasini y Triaca, quienes en su testimonio en el juicio de Buenos Aires contra las tres primeras juntas militares aseguraron desconocer la desaparición de gremialistas durante la dictadura y afirmaron haber recibido un trato excelente durante su detención por los militares, no comparecieron en la plaza. Hubiera resultado grotesco verles guardar el minuto de silencio por los sindicalistas desaparecidos con que se dio comienzo al acto cegetista.

El líder cervecero Saúl Ubaldini, el principal orador, no desentonó del carácter político dado a la campaña de propaganda previa a la concentración. El centro de Buenos Aires fue tapizado con carteles en los que se ve a un niño desnudo y famélico con la leyenda de que éste será el precio que Argentina pagará por satisfacer la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la banca extranjera. La foto del niño hambriento corresponde a un reportaje sobre la desnutrición infantil en Tucumán durante el Gobierno de la última Junta Militar. El Gobierno radical consideró doblemente insultante y falso el cartel por cuanto ha desarrollado un plan alimentario nacional para erradicar el hambre infantil en el país de los alimentos.

Ubaldini exigió que la deuda externa se debata en el Congreso de la nación y arremetió contra el FMI y los "usureros internacionales". No dio tregua al Gobierno e insistió en su denostada formulación verbal: "Si no cambian de política económica, que se vayan".

"En Argentina", dijo, "no va a haber otro golpe de Estado, pero no porque no lo quiera el Gobierno, sino porque lo impediríamos los trabajadores". Contra el presidente Alfonsín fue directo y sarcástico, remedando sus frases: "Con promesas no se cura, con promesas no se educa, con promesas no se come...".

Hasta seis veces se interrumpió su discurso con la marcha peronista -"¡Perón, Perón, qué grande sos; mi general, cuanto valés!"- antes de ordenar a la multitud que se dispersara en paz renunciando a la manifestación hasta el Congreso de la República. El desbordamiento de la plaza de Mayo contrastó con un seguimiento parcial -un 50% de inasistencia al trabajo- de la huelga general de 13 horas. La tranquilidad ciudadana fue absoluta, y los 23 detenidos de la jornada lo fueron en su calidad de carteristas.

La opinión más extendida entre los analistas políticos argentinos es que con el acto del jueves el hundimiento gradual del peronismo ha tocado fondo, salvado por la Confederación General del Trabajo; que Saúl Ubaldini emerge ya como líder público indiscutible de la CGT -sin brillo público, manda en la sombra Lorenzo Miguel, jefe de los sindicatos peronistas-, y que lo peor que le podía ocurrir no ya a Raúl Alfonsín, sino al país, es que los sindicatos levanten la bandera de la oposición al Gobierno, abandonada por el peronismo político y parlamentario.

El Gobierno trata de restar importancia a la concentración cegetista poniendo énfasis en el relativo fracaso de la huelga general, pero altos funcionarios gubernamentales no ocultan su preocupación porque el bipartidismo radical-peronista degenere en un choque radicalismo-sindicalismo.

La CGT ordenó que no se perturbara el juicio de los militares (25-5-1985)

La 21ª jornada de la vista oral del juicio de Buenos Aires se celebró normalmente, pese a la huelga general. Las seccionales judiciales de la Confederación General del Trabajo (CGT) ordenaron expresamente que el proceso no fuera interrumpido por la huelga, y de hecho, la del jueves fue la más larga sesión celebrada hasta ahora.

Ante la Cámara Federal de Apelaciones comparecieron testigos anónimos, profesionales, amas de casa, obreros, estudiantes,desaparecidos en los chupaderos Club Atlético, El Banco, Olimpo, Malvinas o Escuela de Mecánica de la Armada. Varios de ellos testificaron que habían comprobado personalmente la presencia del entonces coronel Camps y del general (prófugo) Suárez-Mason, así como de otros jefes del Ejército y la Marina en los pozos de detención ilegal y en las mismas sesiones de tortura.

Mientras las defensas parecen desmoronadas y ya apenas -sabiamente- formulan preguntas a los testigos, el fiscal Julio César Strassera continúa acumulando testimonios sobre la responsabilidad en el genocidio de altos jefes operativos de las fuerzas armadas, lo que anula la tesis -en cualquier caso atrabiliaría- de que los triunviros desconocían las acciones ilegales cometidas por debajo de su escalón de mando.

El patetismo en la jornada del jueves residió en la confirmación de que numerosos desaparecidos dados la vuelta fueron obligados a colaborar en la Administración e Intendencia de los chupaderos y en la aplicación de tormentos a otros detenidos: una reedición criolla de la figura delkapo de los campos de concentración hitlerianos.

El ingeniero Mario César Villani inicialmente se negó a colaborar, pero terminó accediendo al comprobar que la picana averiada provocaba mayores laceraciones y sufrimientos a los atormentados que bajo su funcionamiento normal.

El ingeniero Villani vio en sus sucesivos lugares de secuestro, y conversó con ellos, al coronel Camps y a los generales Suárez-Mason y Ricchieri y a los capitanes de navío Allara, Supisiche y D'Imperio. Suárez-Mason, conociendo su preparación técnica, llegó a consultarle sobre la forma de interferir emisiones televisadas con fines de propaganda.

Villani relató cómo en 1979, durante la visita realizada a Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada fueron trasladados a la isla de El Tigre, en el delta del Paraná.

Otros desaparecidos narraron cómo en cada chupadero funcionaba un Consejo, integrado por cautivos de confianza, encargado de tareas de administración, falsificación de documentos, sanidad y camuflaje de vehículos rodados.

24/5/85

Los sindicalistas culminan con la huelga general su campaña contra la política económica de Alfonsín (24-5-1985)

Tanquetas de la Guardia de Infantería (policía de choque) tomaron posiciones desde la medianoche del miércoles junto a la Casa Rosada y la plaza de Mayo para prevenir incidentes y provocaciones en la jornada de huelga general decretada para ayer por la CGT (Confederación General del Trabajo) contra la política socioeconómica del Gobierno. En la mañana del jueves, la propia Policía Federal cortó el tráfico para facilitar la concentración de los huelguistas y dio instrucciones para quienes quisieran aproximarse con sus vehículos a la manifestación. La CGT culmina así su plan de lucha, comenzado hace un mes con huelgas y actos en cinco provincias, para restarle iniciativa política al Gobierno y erigirse en cabeza de la oposición.

La huelga general de ayer fue parcial: de once de la mañana a doce de la noche, con exclusión de los transportes públicos, que sólo pararon simbólicamente durante 15 minutos para facilitar el traslado de huelguistas desde el Gran Buenos Aires al centro urbano de la capital federal.A última hora de la noche de ayer (hora peninsular española) tenían previsto tomar la palabra en la plaza de Mayo Saúl Ubaldini y Osvaldo Borda, dos de los cuatro cosecretarios de la CGT Después, las columnas de trabajadores marcharían en manifestación por la avenida de Mayo hasta el Congreso de la nación. La huelga y concentración cuentan con el apoyo del Partido Justicialista y de otras agrupaciones extraparlamentarias, como el Partido Intransigente, el Movimiento al Socialismo o el Partido Comunista de Argentina.

La plaza de Mayo fue dividida en dos para que, en la mitad fronteriza a la Casa Rosada, las Madres y Abuelas pudieran llevar a cabo su manifestación de todos los jueves. Madres y Abue las, que repudian al sindicalismo por su connivencia con los militares, no han querido saber nada de la huelga ni de la concentración de la CGT.

La tranquilidad en la ciudad era ayer por la mañana completa y el único temor residía en que por la noche, en el dislocamiento de las columnas sindicales, se produjeran choques entre diferentes fracciones del multidividido peronismo. El tráfico es más fluido que de costumbre, pero sostenido; las emisoras de radio y los canales de televisión emiten sus programas y sus noticiarios los hospitales y consultorios atienden normalmente a sus enfermos, y la compañía Aerolíneas Argentinas sólo ha cancela do cinco vuelos de cabotaje manteniendo sus horarios en el tráfico exterior. En el casco urbano permanecen abiertos algunosboliches (bares) en los que se puede comer y tomar un café, y la banca ha cerrado sus puertas principales, haciendo pasar a sus clientes por puertas de servicio y atendiéndoles con funcionarios cualificados.

La huelga general en Argentina carece del dramatismo político que adquiere en otros países occidentales y no suele ser un recurso para derribar a un régimen. Tal es así, que la CGT, durante los siete años de dictadura militar, no decretó ninguna huelga hasta 1982, días antes de la invasión de las islas Malvinas cuando ya el proceso de reorganización nacional se había práctica mente ahogado en sus propios despropósitos.

Una huelga general en Argentina es una matera, una ocasión para quedarse en casa viendo televisión y sorbiendo mate, y ocasiona relativas molestias para quien opta por salir a la calle. El desempleo ha desarrollado el cuentapropismo, y son miles los quiosquitos que pueblan las esquinas vendiendo cigarrillos, velas, pilas, golosinas, todo lo imaginable, que se mantienen abiertos para evitar el lucro cesante otrosí de los taxistas y propietarios de autobuses, algunas salas de cine y restaurantes. Es duro en la Argentina golpeada por la hiperinflación perder un solo jornal.

Frenar la iniciativa política

Esta huelga general -la segunda sufrida por el Gobierno radical en dos años de mandato- es un intento de la CGT por frenar la recuperación de la iniciativa política por parte de Raúl Alfonsín y una respuesta a la concentración gubernamental de hace un mes en la plaza de Mayo. Los sindicatos peronistas quieren expresar su protesta contra una política económica vacilante y, finalmente, sumisa a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y contra una inflación de al menos el 1 % diario, que destruye hasta la más humilde cesta de la compra a partir del 15 de cada mes.Pero la razón política de la huelga se encuentra en la propia descomposición del movimiento justicialista, escindido en dos partidos y en cuatro grupos parlamentarios. El peronismo renovador, el único legal, cuenta con mayoría de gobernadores provinciales, diputados y senadores. El peronismo oficialista, jurídicamente inexistente, cuenta con el viejo aparato del movimiento, la burocracia y el control del núcleo del sindicalismo- peronista a través de Lorenzo Miguel, capo de las 62 organizaciones (secciones sindicales de militancia peronista). La respuesta del peronismo de vieja guardia, acantonado y perdedor de las elecciones presidenciales ante el peronismo renovador, de los cargos electos, de los aspirantes a construir un partido moderno, está, lógicamente, en arrojar sobre la calle el peso de los sindicatos que aún controlan.

Y los sindicalistas, ante la multidivisión de la oposición peronista política,ante el cuarteamiento de los parlamentarios, no han visto con desagrado la posibilidad de erigirse en la única oposición seria y sólida al Gobierno radical.

23/5/85

La congelación de depósitos en dólares convulsiona al mundo financiero argentino (23-5-1985)

Tras el hundimiento del Banco de Italia y Río de la Plata -intervenido por el Estado para su liquidación-, una de las entidades financieras argentinas de mayor prestigio y motivo de orgullo para la importantísima colectividad italiana del país, la congelación de los depósitos en dólares a tasa libre por 120 días ha convulsionado al mercado financiero de Buenos Aires.

El Banco Central argentino ha ofrecido a los ahorradores en dólares que "hacían trabajar su dinero depositándolo a plazo fijo y elevadas tasas de interés", su restitución en bonos de 1984, con lo que perderán un 27% de sus imposiciones. Pese a la preocupación reinante entre los ahorradores en moneda extranjera, se han mantenido los depósitos y sólo una minoría ha optado por el cambio a la baja.Las autoridades económicas argentinas pretenden evitar con esta medida que continúe la fuga de dólares hacia Montevideo -la banca uruguaya paga el pasaje aéreo de ida y vuelta a los inversores-, a más de lograr un mayor control sobre las especulaciones fraudulentas de la banca comercial. El Banco de Italia se precipitó en el vacío cuando no pudo restituir sus depósitos en dólares: los habían cambiado en el mercado para pagar los pesos de redescuentos obligados al Banco Central argentino.

La necesidad de liquidez por parte de la banca y las empresas ha reavivado la polémica sobre la inmoralidad de las altas tasas de interés libre -sin garantía estatal- ofrecidas por los bancos: hasta el 33% mensual. Grandes y pequeños ahorradores, expertos en la bicicleta financiera, cambian sus pesos a dólares y los hacen trabajar en este circuito inseguro pero rápida y milagrosamente rentable. El crack del Banco de Italia, incapaz de seguir pedaleando, ha llevado a la ruina a miles de ahorradores, todos ellos especuladores con la divisa estadounidense. Ya se tiene noticia de al menos el suicidio de un joven matrimonio (43 y 33 años) en La Plata, capital de Buenos Aires, desbordado por el naufragio del Italiano.

El Estado, necesitado de avivar el flujo de capitales al mercado financiero, ofrece una tasa regulada -y garantizada- de hasta el 30%. mensual, pero que sólo cubre cantidades de hasta ocho millones de pesos argentinos (unos 12.500 dólares estadounidenses).

La filosofía del Banco Central argentino, impulsada por el nuevo ministro de Economía, Juan Sourrouille, un técnico no partidario, reside en dejar caer las entidades financieras edificadas sobre la mera especulación monetaria, como método doloroso, pero necesario, para sanear y recuperar credibilidad en La Plata. La réplica de los financieros se basa en la desconfianza que los depositantes generarán tras la liquidación del Italiano y la congelación temporal de depósitos e intereses en dólares por 120 días. El Gobierno argumenta, razonadamente, que no tiene por qué acudir en socorro de este mercado que sólo genera intereses particulares y que no revierte para nada en la creación de riqueza pública estable.

Depósitos en Nueva York

No obstante, la picaresca city porteña ha resuelto las dudas y desconfianzas de la especulación ofreciendo depósitos en dólares en la banca neoyorquina, pero por un monto no inferior a los 20.000 dólares. En los corros financieros de Buenos Aires se formaron las tradicionales vaquitas (concentración de vacas, concentración de ahorradores en dólares) para juntar entre varios los 20.000 dólares, mínimo que puede ser depositado a plazo fijo en Nueva York.Sin embargo, y pese a las airadas protestas de los patrocinadores del liberalismo económico salvaje, el mercado financiero y la tranquilidad de los ahorradores -salvo los aplastados por el hundimiento del Banco Italiano- no se han alterado en demasía. Todos saben que las nuevas medidas saneadoras del Gobierno apuntan a un mejor acatamiento de las normas acordadas con el Fondo Monetario Internacional para la renegociación de la deuda externa del país. El deliberado cruzamiento de brazos ante la caída del Banco Italiano, la congelación temporal de los depósitos en dólares, la trabajosa y paulatina aproximación de los valores del dólar oficial y dólar marginal, libre o negro, forman parte de la necesaria cirugía de caballo que precisa la economía argentina.

El secretario del Vicariato castrense argentino admite que conocía casos de torturas y desapariciones (23-5-1985)

Emilio Graselli, secretario del vicariato castrense, fue el martes ante la Cámara Federal de Apelaciones un vivo testimonio de la esquizofrenia moral en que cayó buena parte de la sociedad argentina bajo la represión militar. Comenzó testificando que entre los años 1976 y 1980 sólo había tenido conocimiento de "algunos casos" de desaparición de personas; acabó confesando, sin que nadie le insistiera, que aún poseía un fichero con 2.500 casos documentados de desapariciones y que tenía constancia de que en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) funcionó un centro clandestino de detención y tortura.

Graselli, al contrario que Von Varnich, confesor del general Ramón Camps, recientemente destituido como capellán de la policía bonaerense, no parece un cínico ni se tiene constancia de que frecuentara los chupaderos para pasearse entre los torturados y llevarles consuelo espiritual. Graselli testificó visiblemente afligido; y en algunos pasajes, abiertamente sollozante. "Usted, señor presidente", dirigiéndose al de la sala, "está recibiendo testimonios de hechos ocurridos ocho años atrás; yo escuchaba esos mismos testimonios horas o días después de que ocurrieran, y en esto no puede haber ninguna clase de teatro".Graselli realizó varias gestiones en favor de desaparecidos y fue por ello amenazado blandamente (llamadas telefónicas y carteles intimidatorios en su automóvil), y esencialmente contribuyó a la salida del país de montoneros dados la vuelta en la ESMA con pasajes aéreos que pagaba la Marina. A solicitud de los familiares de los desaparecidos, Graselli gestionaba visados para otros países. En carta a un religioso venezolano, que admitió como suya, y leída ante el tribunal, Graselli relataba en junio de 1978: "Hay quienes permanecen en la clandestinidad y otros han sido reeducados. Mi tarea consiste en salvar muchas vidas".

Aparte de sus gestiones para la expatriación de los reeducados, que le convierten moralmente en colaborador colateral de la teoría y práctica contrainsurgente aplicada por Massera en la ESMA, Graselli no presiono a sus jefes militares o eclesiásticos, no denunció los horrores de que tenía constancia y ni siquiera abandonó el vicariato castrense para apartarse de todos y de todo y sumirse en una parroquia rural del profundo sur del país.

Por esta y anteriores declaraciones de otros testigos se abre paso la evidencia de que un número de desaparecidos permanentes podría encontrarse en el exterior del país con nueva identidad. Fueron quebrados, dados la vuelta como un calcetín, entregaron a sus camaradas y hasta a sus familias y, finalmente, optaron por entrar en el túnel de una segunda desaparición, esta vez relativamente voluntaria. La confirmación de la extensión de esta categoría de desaparecidos -sólo se sabe de algunos casos aislados- para nada aliviaría la responsabilidad de los represores ni cabría condenar moralmente a losreeducados, dada la bestialidad del tratamiento reeducativo que padecieron.

Entre otras testificaciones destacó en esta jornada la del coronel (retirado) Roberto Roualdés, quien entre 1976 y 1978 desempeñó el puesto de jefe de Estado Mayor del comando de la capital federal del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando del general Suárez-Mason (prófugo). Por no recordar, el coronel hasta tuvo dudas sobre su edad en el interrogatorio preliminar. Afirmó que las tropas de su comando, siempre de uniforme, realizaron tareas de policía en la capital federal, pero entregando siempre sus presos a las comisarías de policía.

22/5/85

Galtieri concluye su declaración por la derrota argentina en la guerra de las Malvinas (22-5-1985)

Los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tomaron ayer la última declaración en Campo de Mayo -acantonamiento porteño del primer cuerpo de Ejército- al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri en el proceso que se le sigue por la pérdida de la guerra de las Malvinas. El ex presidente Galtieri, junto al almirante Isaac Anaya y el brigadier del Aire Basilio Lami Dozo, está procesado militarmente por "mal desempeño de sus funciones" en el aspecto civil, y, en el militar, por "Omisión, impericia o negligencia" y por "no prestar ayuda a una fuerza en peligro y no proveer abastecimientos necesarios a la tropa".

El proceso por la pérdida de la guerra, paralelo al seguido por la guerra sucia contra la subversión, no es oral ni público y se dilucida en el secreto de los despachos militares. De este otro proceso, apagado por el de los crímenes sobre la represión, ha trascendido no obstante la posibilidad de que Galtieri reciba la pena de muerte o en su defecto cadena perpetua; en cualquier caso se estima que recibirá una sentencia sensiblemente superior a la de sus camaradas de Junta.Con la declaración de Galtieri finaliza en este juicio la presentación de pruebas. Es imposible predecir cuándo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dictará sentencias; con toda seguridad, los jueces militares esperarán antes de fallar este juicio a conocer los resultados del otro proceso ante una corte civil.

El general Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires, se negó a declarar ante el juez penal de San Isidro (proximidades de la capital federal) en la causa abierta junto al también general Omar Riveros y el coronel Sali Pepa por asesinato cualificado de civiles y enterramientos clandestinos de cadáveres NN (ningún nombre). Ésta es una faceta más del entrecruzamiento de procesos e indagatorias judiciales en que está sumida la sociedad argentina y que puede dar pie a la confusión. Camps, junto a otros jefes oficiales del Ejército y la Armada, permanece procesado por orden directa de Raúl Alfonsín y su causa se sigue reservadamente ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Lo que ocurre es que las denuncias a instancia de parte formuladas por los deudos de los desaparecidos están movilizando a los jueces civiles, que se ven obligados a abrir nuevos sumarios. En casos como el del general Camps, ya procesado genéricamente por la comisión regular de atrocidades la justicia militar le reclama y le ampara sustrayendo las acciones a los jueces civiles.

Así, en Argentina se están celebrando actualmente dos grandes procesos: uno por la pérdida de la guerra de las Malvinas, reservado y ante la justicia militar. Este proceso a su vez cuenta con dos causas diferenciadas: una contra la junta militar que provocó la guerra y otra contra oficiales como Alfredo Astiz, que rindieron las Georgias del Sur sin disparar un solo tiro, o contra civiles como Benjamín Costa Méndez, entonces ministro de Asuntos Exteriores, acusado de no evaluar correctamente las consecuencias de una invasión de los archipiélagos australes.

El otro proceso se sigue por la violación de derechos humanos durante la guerra sucia Contra la subversión, y consta igualmente de dos causas: una contra las tres primeras juntas militares, cuya vista oral y pública se celebra ante una corte civil -pero aplicando el código militar- por retraso injustificado del estudio del sumario por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La otra causa permanece en el ámbito del alto tribunal militar y en ella se sigue, también reservadamente, el proceso contra jefes y oficiales como Ramón Camps, contraalmirante Chamorro, capitán de corbeta Acosta, nuevamente el teniente de navío Alfredo Astiz, etcétera.

Los procesos mayores absorben por su preeminencia las causasmenores o individualizadas que brotan como setas en los juzgados de toda la República, y la imparable inflación económica argentina parece haberse extendido a los despachos judiciales, civiles y militares.

Por lo demás, en la sesión del lunes en el proceso por la guerra suciatestificaron una decena de banqueros y bolsistas desaparecidos por dos meses en los cuarteles de Campo de Mayo, sospechosos de subversión económica. Con responsabilidades en la extinta banca Hurlingham, fueron acusados de recibir, blanquear y administrar el dinero negro de los montoneros obtenido mediante secuestros. Los financieros recibieron un trato vejatorio, rayando con la tortura física, pero excelente comparado con el dispensado a los no pertenecientes a la nobleza de la city porteña.

20/5/85

Alfonsín lanza un duro ataque contra los sindicatos peronistas en vísperas de la huelga general (20-5-1985)

El Gobierno radical de Raúl Alfonsín ha lanzado una dura ofensiva contra los sindicatos peronistas en vísperas de la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo jueves. Saúl Ubaldini, el más respetado de los cuatro secretarios generales de la central obrera argentina, ha pedido abiertamente al Gobierno "que se vaya", y, significativamente, la patronal argentina se ha sumado a las reivindicaciones de los sindicalistas. Entre tanto, hoy se reanuda la vista oral del juicio contra las tres primeras juntas militares.

La huelga general decretada para el jueves por la CGT viene siendo preparada desde hace un mes con toda cautela. La huelga ha sido limitada a 13 horas -entre las once de las mañana y las doce de la noche-, y excluye a los transportes, que sólo deberán parar 15 minutos simbólicos para facilitar el traslado de trabajadores a la plaza de Mayo, donde los sindicalistas íntentarán dar la réplica a la reciente concentración en defensa de la democracia auspiciada por el Gobierno.Durante las últimas semanas, la CGT, con el apoyo de la Iglesia católica, ha celebrado huelgas parciales en capitales de provincia para crear un ambiente propicio a una huelga general de dificil justificación. En cada provincia, los líderes sindicales se entrevistaban previamente con la jerarquía eclesiástica local para recabar su apoyo.

En una de esas concentraciones de calentamiento, el líder cervecero Ubaldini sugirió la dimisión del Gobierno ante su incapacidad para encontrar salidas a la crisis económica. En la Sociedad Rural Argentina -templo de la oligarquía agricola-ganadera-, empresarios y sindicalistas alcanzaron un acuerdo por el que la patronal apoyaba las reivindicaciones genéricas de la CGT (crecimiento económico con justicia social).

En la tradición laboral argentína, la huelga general carece de las connotaciones revolucionarias que esta medida tiene en el sitidicalismo europeo. Aun así; el Gobierno radical estima que la medida de la CGT es un ataque frontal contra la democracia.

Raúl Alfonsín aprovechó un viaje al confín austral del país para inaugurar dos plantas industriales y lanzar un ataque verbal visceral y desgarrado contra la CGT: "Los problemas que agobian a Argentina no vamos a resolverlos con llorones que se ponen frente al pueblo para decirle que hay que cambiar la economía o que el Gobierno se vaya. Alcanzaremos la solución de nuestros problemas aunque algunosmantequitas estén llorando y quejosos" (alusión personal al perennemente acatarrado y lloroso Saúl Ubaldini).

Bajo la consigna de que "la democracia también es justicia social", el comité nacional de la Unión Cívica Radical cerró filas en torno al presidente de la República, emitiendo un documento de rechazo a la convocatoria de huelga general, "modalidad sólo justificable como arma de lucha contra Gobiernos autoritarios". Sutilmente, el partido en el Gobierno recuerda al sindicalismo peronista que, pese a su fuerza y su crédito, el 24 de marzo de 1976 no decretó la huelga general cuando los militares derrocaron a un Gobierno peronista y constitucional; esperaron hasta marzo de 1982, cuando ya los militares habían consumado el genocidio sobre la izquierda.

Por lo demás, el clima de alarma desestabilizadora continúa latente. Buenos Aires es un hervidero de rumores, donde una tarde se especula con el secuestro de uno de los hijos de Alfonsín y por la noche se da por encontrado en Brasil el cadáver del industrial Pezcarmona, secuestrado hace semanas por presuntos grupos paramilitares.

Triunviros, a golpes

Parece que la única calma se encontrara en este vapuleado país en la Cámara federal de apelaciones, donde se enjuicia oralmente a los nueve triunviros militares que sembraron el horror en el país. Calma no extensible a la Unidad Penal 22, donde permanecen presos seis de los encausados. El almirante Emilio Massera, de la primera Junta Militar, agredió fisicamente al teniente general Viola, presidente de la segunda. Caídos por los suelos del depósito penitenciario, enzarzados a golpes, tuvo que separarlos el místico teniente general Videla, primer presidente de la pesadilla argentina.

18/5/85

Frondizi pide en el juicio de Buenos Aires castigo a los crímenes y respeto al Ejército (18-5-1985)

"Es preciso castigar los crímenes y a la vez preservar a las fuerzas armadas como institución, porque son parte imprescindible de la nación",afirmó el jueves el ex presidente argentino Arturo Frondizi, actual jefe del Movimiento de Integración y Desarrollo (extraparlamentario), en la 18ª sesión del juicio oral contra las tres primeras juntas militares argentinas que se celebra en la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires.

"Hay que encontrar una solución jurídica y política razonable", añadió Frondizi, "que nos permita afianzar la paz y trabajar para el futuro. La lucha contra la subversión terrorista no ha cesado, porque el terrorismo va a volver a revivir en la Argentina como ocurre en América Latina" (fuertes murmullos en la sala). Frondizi fue derrocado en 1962 por un golpe militar, estuvo preso durante meses y actualmente es uno de los políticos argentinos que ha mantenido conversaciones reservadas con altos mandos militares para la desestabilización del Gobierno radical de Raúl Alfonsín.Sólo a la trombosis cerebral que padeció y a sus secuelas de amnesia tempo-espacial sería atribuible la conducta y los testimonios del ex mandatario argentino. No sólo fue derrocado infamemente por los militares, sino que en 1974 -fecha que no recuerda- su hermano Silvio, profesor de filosofia, brillante teórico marxista, esperanza del disminuido socialismo argentino, fue secuestrado y fusilado en los alrededores del aeropuerto internacional Ezeiza. No es bastante: tres de sus sobrinos permanecen desaparecidos.

Frondizi relató alguno de sus esfuerzos por detener la guerra sucia contra la subversión: "He tenido algunas reuniones con el Ministerio del Interior, primero con Harguindeguy y luego con Reston -los dos generales responsables- consecutivos de la cartera durante las dos primeras Juntas-". El ex presidente admitió que en el Ministerio del Interior le negaron la existencia de desaparecidos, reconoció que secuestraron y asesinaron a su hermano, "por ser un teórico marxista".

La declaración de Frondizi -segundo ex presidente tras Ítalo Argentino Lúder en testificar ante la sala- es el primer balón de oxígeno que reciben los encausados desde el comienzo de la vista oral. Frondizi no sólo ha perdonado cristianamente a los asesinos de su hermano y tres de sus sobrinos, lo cual es encomiable, sino que se ha permitido presuponer públicamente dos falsedades: que el juicio de Buenos Aires es un proceso contra las instituciones militares argentínas y que la subversión terrorista de izquierdas en el país no ha cesado pese a su aniquilación física.

Entre otros testimonios, cabe destacar el del doctor Rabossi, ex integrante de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y actual subsecretario de Derechos Humanos -que reveló que durante algunos meses de 1976 se alcanzó el promedio de 13 desapariciones diarias-, y las declaraciones del contraalmirante (retirado) Horacio Zaratiegui, jefe de la secretaría del almirante Massera durante la primera Junta militar.

Zaratiegui afirmó que existieron serias diferencias de opinión entre Jorge Videla, Emilio Massera y Oriando Agosti sobre la lucha contrainsurgente, y que en 1978 el Negro (Massera), tras recibir consejo del senador estaodunidense Javits, había propuesto a sus pares la terminación de la guerra sucia con la publicación de las listas de bajas por los dos bandos, y en un comunicado conjunto. Indirectamente, se confirman así las sospechas sobre los contactos políticos entre Massera y los montoneros, destinados a firmar la paz y a erigir al almirante en un nuevo Perón.

16/5/85

La policía argentina dinamitó a 30 presos en 1976 (16-5-1985)

Los cadáveres de 30 personas aparecieron dinamitados el 22 de agosto de 1976 en la localidad de Fátima, próxima a Buenos Aires, como resultado de una venganza de la policía por la bomba terrorista que el 2 de julio de ese año, tres meses después del golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón, voló el comedor de Coordinación Federal -central policial- en Buenos Aires y mató a 22 guardias.Gregorio Joaquín Ferrá, ex médico de la policía bonaerense, declaró en el juicio contra las juntas militares argentinas cómo sus jefes le conminaron a realizar una inspección rápida y somera "porque las cosas apremiaban".

Sobre la matanza de Fátima declaró también el ex cabo de la policía federal Armando Luchina, quien insistió en los actos inmorales y aberrantes cometidos por la policía con los detenidos. "Un interrogatorio normal", dijo a la Cámara, "es lo que ustedes hacen conmigo. Allí -por Coordinación Federal- se vivía la aberración total; se cometían los actos más innobles, se buscaba destruir a las personas. Me repugna recordar los casos de torturas mediante colgaduras, el submarino, golpes de cadenas, las violaciones. Se violaba a las mujeres y se llegaba al extremo de hacerlo con los hombres".

El general Albano Harguindegui, ex ministro del Interior de la primera Junta Militar, obeso, lúdico, vitalista, aficionado a la caza mayor, un trasunto porteño de Herman Goering, edificó un monumento al cinismo en su declaración ante el tribunal. Tranquilo y relajado -la víspera había asistido al juicio como espectador para ambientarse- negó que durante su mandato ministerial -lo más duro de la represión- se hubiera producido en Argentina la menor violación de los derechos humanos y aseguró desconocer la existencia de un solo caso de desaparición de personas en manos de las autoridades. "La justicia estaba intacta", afirmó, "y todos los detenidos lo eran legalmente, pasando a dependencias penitenciarias". Admitió haber recibido reclamos múltiples por desaparecidos, que a todos atendió en las medidas de sus fuerzas sin haber podido encontrar responsabilidad en las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ante algunas repreguntas optó por no contestar para no incriminarse a sí mismo y ante las evidencias se escudó en repetidos fallos de su memoria. Hasta los asépticos locutores de la televisión argentina no pudieron evitar el comentario, al narrar esta sesión oral, de que la desmemoria del general Harguindegui era tal que pasaría inevitablemente a formar parte de la historia del país.

15/5/85

Las juntas argentinas decidieron la lucha ilegal contra la subversión, según Lanusse (15-5-1985)

El teniente general Alejandro Lanusse, ex presidente de la República Argentina (1971-1973), presentó el lunes un decisivo testimonio en el juicio seguido en Buenos Aires contra sus camaradas de armas. Afirmó que las juntas militares que gobernaban el país tenían conocimiento de lo que hacía cada fuerza por separado y que fue decisión de las juntas combatir la subversión al margen de la legalidad vigente.

Lanusse, a petición de la Cámara Federal de Apelaciones, relató una anécdota de segunda mano pero de la que afirma tener cono cimiento de su veracidad, referida a la desaparición de la diplomática Elena Holmberg. La funcionaria, destinada en la Embajada argentina en París, advirtió las actividades de inteligencia de la Marina en Europa desde su oficina en la capital francesa (intoxicación de la opinión pública infiltración entre los refugiados, etc). Regresó a Buenos Aires para explicar verbalmente sus descubrimientos a la cancillería y desapareció. Creyendo que su cadáver había sido, encontrado en El Tigre en las aguas de la desembocadura del Paraná, al noroeste de la capital, su hermano Enrique Holmberg y el general Suárez-Mason, entonces comandante del primer cuerpo de Ejército y ahora prófugo de la justicia, acudieron a visitar al jefe de la poli cía federal de la zona. Suárez Mason recriminó al policía no haber dado cuenta de la aparición del cadáver que podía haber sido el de la diplomática. "No se olvide general", respondió el policía, "que ya son más de 8.000 los cadáveres que ustedes han arrojado al río". Lanusse, de civil, enérgico, molesto y hasta enfadado, testificó esencialmente sobre la desaparición del periodista Edgardo Sajón, que fue su secretario de Prensa. Sus camaradas jamás perdonaron a Lanusse que fuera el artífice de la restauración democrática de 1973, que dio el triunfo a Héctor Cámpora y posteriormente a Juan Domingo Perón, e intentaron salpicar al ex presidente relacionando a- su ex jefe de Prensa con una delirante conspiración judeomarxista, en la que también entraba el banquero Graiver, el dinero negro de los montoneros y Jacobo Timerman, director y copropietario de La 9pinión. Todos los supuesto implicados en aquel montaje del general Camps salvaron la vida excepción hecha de Sajón. Lanusse realizó intensas gestiones al máximo nivel para salvar a su amigo y colaborador y se ocupó de detener el asesinato generalizado, por lo que sufrió distintos arrestos. En una de sus entrevistas, el almirante Emilio Massera le reconoció que Sajón había desaparecido en una operación por la izquierda realizada por el Ejército y con la autorización de la junta militar.

El teniente general Lanusse se irritó cuando le pidieron explicara lo que era un procedimiento por la izquierda, aduciendo, con razón, que era de dominio público que las juntas militares decidieron combatir la subversión por procedimientos a contramano, ilegales, clandestinos; sin participación de la justicia; "¡nadie puede ignorarlo!7, afirmó.

La acumulación de testimonios adversos hace mella entre las defensas de los nueve triunviros. El frente único que hasta ahora presentaban comienza a desmoronarse y ya muchos de ellos, por ejemplo, muestran su disgusto con la actuación del letrado Orgueira, defensor del ex presidente general Viola, jefe de la segunda junta. En sus repreguntas insiste en inquirir si tal o cual víctima fue "bien o mal secuestrada". El fiscal Julio César Strasiera estalló: "Claro, para determinar que a los montoneros se les puede torturar...".

12/5/85

Aparecen los desaparecidos (12-5-1985)

Los tenientes generales Videla y Viola, los almirantes Massera y Lambruschini y los brigadieres del Aire Agosti y Graffigna siguen la vista oral de su proceso desde la Unidad Penal 22 de la Policía Federal, en Buenos Aires, en pleno centro porteño y a dos cuadras -manzanas- del palacio de Justicia, donde la Cámara Federal de Apelaciones sesiona su causa. La Unidad Penal 22 es un caserón penitenciario para presos de elite que antes de recibirlos a ellos albergó al mayor de sus enemigos: Mario Eduardo Firmenich. El líder de los montoneros, tras ser extradido de Brasil, fue trasladado a la cárcel de Caseros, en las afueras de la capital, para recibir al otro platillo de la sangrienta balanza argentina.

El teniente general Galtieri -que entre los vapores de su cerebro creyó verse el niño mimado de Washington en América Latina y el nuevo Patton del Cono Sur- y el almirante Anaya permanecen en los acantonamientos militares de Campo de Mayo, en su doble condición de reos en el proceso civil que ahora se les sigue oralmente por la guerra sucia contra la subversión y en la causa militar ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por la pérdida de la guerra de las Malvinas. El brigadier del Aire Omar Graffigna vive en su domicilio, en libertad provisional por ambas causas; nadie se atrevió en este país a encarcelar antes de una sentencia firme al jefe de los pilotos que cruzaron el Atlántico Sur hasta el límite de su radio de acción para atacar con brillantez a la taskforce británica: los únicos oficiales que pelearon con valor.Los nueve, principalmente los dos reclusos en Campo de Mayo, gozan de un régimen carcelario privilegiado. Organizan su vida entre varias celdas, ven televisión, escuchan radio, leen periódicos, reciben visitas sin restricciones, se relacionan entre sí. Se encuentran bien: Massera, el que más tiempo lleva en prisión, ha engordado y combate su panículo adiposo con un aparato fijo de remo; Agosti, sumido en una depresión, recibe la adecuada farmacopea de sus doctores.

Los nueve guardan absoluto silencio público y, por supuesto, no comparecen en la sala del juicio, a lo que les da derecho el Código de Justicia Militar con que les juzga la cámara civil. Tras la primera semana de vista oral circuló la versión en Buenos Aires de que los triunviros habían decidido comparecer ante la sala y asumir gallardamente sus responsabilidades en la lucha contra la subversión. Las sesiones posteriores, sin duda, les hicieron variar de opinión.

El interrogatorio de los primeros testigos, ex ministros peronistas del Gobierno constitucional de Isabelita Perón, estuvo dedicado a demostrar que la señora había dado la orden a las Fuerzas Armadas de "combatir a la subversión hasta su aniquilamiento final". Orden cierta, legal y constitucional, firmada por el entonces presidente provisional, Italo Argentino Lúder -Isabelita había renunciado provisionalmente a la presidencia por una crisis de histeria-, y que para nada, como pretendían los abogados defensores de los triunviros, pretendía ni podía pretender la tortura y el asesinato de los subversivos.

La civilización cristiana

Después los abogados defensores abrieron una línea de interrogatorios tendente a dejar por sentado que entre 1976 y 1982 en Argentina se estaba librando una guerra no declarada entre la subversión marxista internacional y la civilización cristiana occidental, con lo que, insólitamente y con absoluto desprecio porel honor de los militares argentinos, pretendían justificar la aplicación de tormentos a los detenidos (o a los prisioneros), el asesinato de los mismos la desaparición sistematizada de las personas y el robo de niños como prácticas de guerra. De aceptarse el estado de guerra como eximente, podría fantasear se sobre el príncipe Andrés o el general Jeremy Moore, hipotéti cos prisioneros en Puerto Argen tino, picaneados por el general Meriéndez para obtener informa ción operativa.

El tinglado defensor terminó de derrumbarse no ya por el razona miento lógico sino por la contun dencia de la aparición de los de saparecidos. El fiscal Julio César Strassera comenzó a desgranar los más de 700 casos que se eligieron sobre los cerca de 8.000 atro pellos a la humanidad, estudiados y documentados por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), que presidió Ernesto S ábato. La estadística de la Conadep no se contradice con las 30.000 desapariciones denun ciadas por las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo por cuanto la comisión Sábato sólo ofició de re ceptora de información, y son mi les los argentinos que sufrieron desaparición y que, vueltos de los infiernos, se niegan por temor a testificar públicamente.

Así, la aparición de los desaparecidos trastocó desde su inicio la estrategia de las defensas y disipó como humo la supuesta intención de los triunviros de comparecer ante la sala, sacar el pecho y proclamar que lo hecho bien hecho estuvo, que fue llevado a cabo para preservar a la nación argentina de sus enemigos y que asumían todas las responsabilidades.

Las citaciones del fiscal cercenaron la politización del juicio y lo centraron en su esencia: embarazadas pariendo rríaniatadas ante la presencia jocosa de policías federales militarizados y limpiando desnudas el suelo ensuciado por sus placentas; recién nacidos sustraídos a su familia; aplicación de torturas, no ya como sistema sino como excitante entretenimiento sexual; desaparición, asesinato, muerte, horror, con datos, nombres, fechas, locales, detalles, todos remitidos a altos jefes militares, vistos, escuchados, presentes en la Administración de la pesadilla.

La estrategia del fiscal ha sido muy clara y va dirigida directamente hacia el ex general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense durante lo peor de la represión, a las órdenes directas del comandante del Prirner Cuerpo de Ejército, general Suárez-Mason, ahora prófugo. Camps -un fanático paranoico, encausado en otro proceso- y Suárez-Mason, por su alta jerarquía rnilitar, tratan el trabajo en los centros clandestinos de detención, en los chupaderos o pozos, con los triunviratos castrenses que gobernaban el país. Es difícil sostener que los triunviros desconocían o desaprobaban lo que hacían los más destacados de sus jefes operativos con mando de armas.

De esta manera el proceso de Buenos Aires ha entrado en una monótona descripción de espantos, de tal eficacia jurídica y moral que ha hecho pensar al fiscal en reducir voluntariarriente su listado de testigos previsto.

El laberinto argentino (12-5-1985)

A poco menos de dos años de la reinstauración de la democracia, en Argentina se respira un cierto aire de crisis. Raúl Alfonsín, con su carisma personal hasta ahora intacto, lucha, sin embargo, contra demasiados factores que juegan en contra del Gobierno que preside. La celebración del juicio a los integrantes de las juntas militares que asolaron el país durante sus mandatos, una situación económica sin visos de solución, junto a, las incipientes, pero temibles, provocaciones terroristas complican todavía más el peculiar laberinto argentino.

Cada mañana el sol se levanta en Argentina sobre 75 millones de vacas propietarias de la mejor carne del mundo, más de 2.700.000 kilómetros cuadrados, una pampa húmeda, que al recorrerla provoca el vértigo horizontal o la melancolía de las estepas rusas y se extiende por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba, en una orgía de miles de kilómetros cuadrados de tierra con metro y medio de humus, "en los que escupes desde el caballo y crece un árbol", y sólo 30 millones de habitantes, en su mayoría descendientes de españoles e italianos, educados, corteses y hasta refinados.El país se autoabastece de petróleo, del que posee reservas inexplotadas; quema al aire su gas en los pozos australes por falta de aprovechamiento industrial; posee la primera industria atómica del subcontinente, y es el primer suministrador de grano de la Unión Soviética. El chovinismo que suponía que Dios es argentino siempre tuvo su razón de ser en este país privilegiado, como la amarga reflexión nacional que suponía que Dios mediaba cada noche lo que los argentinos estropeaban durante el día.Tantas bendiciones -ciertas- parecen tener crudas contrapartidas. Argentina tiene las peores fuerzas armadas del Cono Sur latinoamericano: más que golpistas, elitistas y autoconvencidas de la necesidad y bondad de su intervencionismo en política; la peor Iglesia católica: ultraconservadora, insensible a los sentimientos de las masas, sumisa aliada del poder económico; la peor oligarquía financiera y agrícola-ganadera: fuertemente antinacional, antilatinoamericana y siempre desmayada ante los fastos culturales europeos y el poder económico-tecnológico estadounidense; y los peores sindicatos:mafiosos, corruptos, políticamente reaccionarios -el sindicalismo argentino es el mejor freno para la izquierda-, perennes aliados de los militares.

El cuadro de las desventajas se completaría con la ausencia de proletariado, la destrucción de las opciones políticas de izquierda por el peronismo, la permanente, obsesiva y cainita multidivisión de éste, y el carácter homicida y bucanero de la última, intervención militar, que dejó por saldo contable nacional la desaparición de 30.000 personas y 50.000 millones de dólares.

Este es el imprescindible marco de referencia para situar a un Gobierno como el de Alfonsín que, electo por mayoría absoluta tras siete años de dictadura militar, se ve obligado a denunciar nuevas conspiraciones golpistas y a negociar con la oposición derrotada y dividida una nuevamultipartidaria que defiende el sistema, democrático.

En menos de dos años, el Gobierno de la Unión Cívica Radical se encontró illiaizado y vapuleado en los corrillos políticos de Buenos Aires como si hubiera ganado las elecciones de octubre de 1983 por el 20% de los votos en vez de por el 52%. Arturo Illía, un anciano médico rural cargado de buena voluntad y sentido común, gobernó constitucionalmente el país entre 1962 y 1964, tras ganar los radicales en minoría unas elecciones de las que estuvieron excluidos los peronistas. Una activa campaña de opinión pública basada en la hipotética ineficacia de Illía movilizó a las fuerzas armadas, encabezadas por el teniente general Onganía, a un nuevo arrasamiento de la Casa Rosada.

El 'síndrome de Illía'

Los últimos seis meses Buenos Aires ha vivido bajo el síndrome de Illíaante el desmoronamiento económico de una inflación aceptada oficialmente en un 1% diario y estimado en el doble por la oposición. Políticos sin representación parlamentaria o con sólo dos diputados, como Rogelio Frigerio y el ex presidente Arturo Frondizi (Movimiento de Integración y Desarrollo), o como Álvaro Alsogaray (Unión de Centro Democrático), representantes de la derecha más conservadora, plantaron dos puentes de diálogo en sendas direcciones: uno hacia las fuerzas armadas, descontentas con los severos recortes presupuestarios y de alguna manera enjuiciadas en el proceso a tres de sus cúpulas militares por la guerra sucia contra la subversión, y otro hacia la extrema derecha del peronismo, acaudillada por Herminio Iglesias.

Un camionetazo -miles de camionetas de estancieros convergiendo sobre la plaza de Mayo- intentó remedar la marcha de las cacerolas que significó el comienzo del fin de Salvador Allende en Chile; el ministro del Interior, Antonio Troccoli, impidió con la Guardia de Infantería que las camionetas de los hacendados invadieran la capital federal para protestar por la política económica del Gobierno.

Sumidas las fuerzas armadas en el mayor desprestigio de su historia -desapariciones, hundimiento y latrocinio económico, guerra de las Malvinas-, la conspiración golpista buscaría sólo el forzamiento de la renuncia de Alfonsín en su vicepresidente, Victor Martínez, oscuro representante de la derecha del partido. La reacción de Alfonsín fue su discurso radiotelevisado denunciando públicamente la conspiración y citando a las masas en plaza de Mayo para defender la democracia. El presidente argentino intentaba retomar políticamente el espacio perdido en el terreno económico, donde se mueve con mayor dificultad. Pero la realidad es que Alfonsín había dejado perder un año de gobierno.

La Unión Cívica Radical, firme, decidida y prudente en su política de defensa de las garantías cívicas, los derechos humanos y el juzgamiento de las cúpulas castrenses responsables del genocidio durante la dictadura, careció de valor moral para relatar *al país la dramática situación de la economía. Temerosa de perder el impulso de su victoria democrática sobre el peronismo, anunciando penurias, lo dilapidó prometiendo voluntaristas y mágicas recuperaciones económicas.

Alfonsín fracasó asimismo en un prematuro intento de democratizar la burocracia del sindicalismo, de mayoría peronista, y con su apoyo a Isabelita Perón coadyubó a disolver la oposición justicialista debilitando al antagonista necesario para pactar una economía de austeridad: la economía de guerra que prometió al pueblo argentino desde la Casa Rosada.

Ante la insostenible carga financiera que suponen los 50.000 millones de dólares de deuda externa -Argentina exporta por 7.000 millones de dólares anuales-, Raúl Alfonsín emprendió una política no menos errática. Al comienzo de su mandato rechazaba la idea de un club de deudores y, en su bonhomía, confiaba en que el Fondo Monetario Internacional, los Gobiernos europeos y Estados Unidos dieran a Argentina un trato político preferencial, individualizado y comprensivo. Negociaciones a cara de perro demostraron al presidente Alfonsín que los países ricos de Occidente se congratulaban por la recuperación de la democracia en la Argentina, pero que no estaban dispuestos a perder un sólo dólar por ella y exigían una política recesiva que contuviera la inflación y permitiera el pago ordenado de al menos los intereses por el dinero prestado. Bernardo Grispun, primer ministro de Economía de Alfonsín y resistente a las recomendaciones del FMI, acabó siendo sustituido por Sourrouille, un técnico proclive a respetar las pautas de la banca internacional: congelación del gasto público, ahorro obligatorio, nuevas cargas fiscales, retracción del consumo, economía de guerra.La derrota económicaNo obstante, para Raúl Alfonsín aún no ha llegado la hora de la impopularidad -mantiene intactos su carisma y credibilidad-; carece de alternativa dentro de su propio partido, y la antaño orgullosa Confederación General del Trabajo necesita ahora todo un mes de movilizaciones provinciales previas para atreverse a convocar la huelga general de 24 horas prevista para el día 23. Las fuerzas armadas tienen demasiados esqueletos en el armario -en el sentido literal de la expresión- como para intentar volver a gobernar, y el viento de la historia y de los intereses internacionales no sopla ya favorablemente a la instalación de dictaduras militares en el Cono Sur latinoamericano.

Pero con el juicio abierto a los triunviros de la dictadura, las provocaciones terroristas de la extrema derecha en la calle, la inflación galopando y la penuria institucionalizada, el hombre que hace menos de dos años se alzó en un triunfo histórico sobre el peronismo con el 52% de los votos acaba de sentarse en la Casa Rosada con Oraldo Britos, un dirigente peronista de tercera fila, cabeza del justicialismo renovador, para negociar el establecimiento de otra multipartidaria que defienda las instituciones democráticas y pacte la administración de la derrota económica argentina.

11/5/85

'La noche de los lápices', un testimonio aterrador en el juicio de Buenos Aires (11-5-1985)

Fuerzas del Ejército argentino secuestraron el 9 de septiembre de 1976, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a 10 adolescentes: Francisco López Muntaner (14 años), Alejandra (14), María Claudia Falcone (16), Pablo Alejandro Díaz (17), Víctor Triviño (16), Horacio Angel Hungaro (17), Emilse Moller (17), Patricia Miranda (16), Claudio de Hacha (17) y María Clara Clochini (17).Estudiantes secundarios habían desarrollado una campaña para reclamar un bono especial de transporte para los autobuses entre Buenos Aires y La Plata. El operativo militar que los aplastó fue denominado la noche de los lápices. Sólo regresaron 3 de los 10 muchachos desaparecidos. El jueves, Pablo Alejandro Díaz testificó en el juicio seguido en Buenos Aires contra las tres primeras Juntas Militares.

"Yo estaba durmiendo, siento ruidos, como que golpean la puerta. Al portón grueso le pegan culatazos ( ... ). Los vi y tenían puesto un pasamontañas en la cabeza. Me agarraron y me tiraron en el piso. Dijeron: 'Ejército argentino".

"Me desnudaron y me pusieron en un catre. Yo seguía gritando. Me dijeron que me iban a dar una sesión de tortura para que no me olvidara. Me quemaron los labios. ¡Ah, me olvidaba!: cuando me llevaron me dijeron que me iban a dar la máquina de la verdad; yo les pedí que sí, que por favor me llevaran a esa máquina porque suponía que era una de esas de las películas donde indica si estoy mintiendo. La máquina era al final la picana". "Se sentía olor a carne quemada cuando me aplicaban la picana. Me pedían a cada rato que les diera nombres. Después me atendió un médico; yo le pedí agua, pero me contestó que si me daba agua iba a reventar".

"Una vez, uno de los que estaban ahí dijo 'traedme la pinza'. Yo sentí después un tirón en el pie. El dolor era uno solo, en todo el cuerpo. Me habían sacado una uña".

De una de sus compañeras secuestradas escuchó: "Se murió, tiradla a los perros". "No", contestaba otro, "enterradla, se te murió a vos". Los 10 adolescentes eran mantenidos en calzoncillos y bragas en celdas que a veces contenían 10 centímetros de agua.

De María Clara Clochini recordó: "Le pidió a uno de los guardias que no la tocara más, que la matara, pero que no la tocara más. Tenía los ojos tapados con una venda que sujetaba unos algodones, que con el tiempo olían a podrido".

"Un día, en el pozo de Banfileld (chupadero de la Policía Federal de La Plata), un guardia humanitario me permitió que fuera por sólo 15 minutos a ver a Claudia Falcone, la chica con la que más hablaba. Me levantó la venda y pudimos conversar. Claudia me dijo: 'Gracias, Pablo, por la fuerza que me das`, ya que yo le dije que se quedara tranquila, que nos iban a soltar porque no éramos guerrilleros, nosotros no habíamos puesto ninguna bomba. Incluso le hablé de que cuando saliéramos íbamos a empezar una relación como novios, qué sé yo. Ella me dijo: 'Pablo, no me toques, porque me han violado".

Ni el fiscal ni los abogados defensores hicieron preguntas. En la sala se lloraba en silencio.