Las tesis de febrero (28-2-1982)

Antes del inicio del proceso del 23 de febrero pocos españoles dudaban sobre lo que se trataba de enjuiciar: un golpe militar destinado a frenar el proceso democrático, basado en un empedramiento de egoísmos corporativos, incultura política y rencores personales, que hubiera sumido a este país en el descrédito y, acaso, en la sangre, el terror y el oscurantismo. A la semana del juicio, por mor de unos pasos procesales que nunca hubieran respetado los sublevados, ya ni siquiera sabemos si existió el golpe de febrero. Hemos entrado en una zona informativa y judicial en la que los árboles de las llamadas telefónicas incomprobables, las entrevistas personales indemostrables, los comportamientos individuales en fechas determinadas o las reputaciones de toda la vida, impiden ver el bosque en toda su brutal dimensión: la primera sociedad en la historia de las relaciones políticas que pasa de una autocracia a una democracia, en paz y sin depuraciones, ve frustrado su acceso a los manuales de ciencia política por un grupo de militares que estiman como Mirabeu que Prusia no es un Estado que posea un ejército, sino un ejército que posee un Estado. Y que ese ejército, por el mero hecho de estar constituido como tal, se encuentra en su derecho de dictar las leyes políticas que han de hacer felices a los ciudadanos y a la patria.Las tesis de febrero se distribuyen antes; y después del golpe. Antes se quiere vender la idea de que un estado de necesidad crea las condiciones objetivas para una intervención militar: terrorismo, descontrol de las autonomías, paro, etc. Después del golpe se pone en circulación la idea de que gracias al 23 de febrero la clase política española recapituló y recondujo sus pasos hacia una situación más o menos tolerable cómo la actual. Ergo los encausados en este proceso son patriotas que han logrado un bien para el país. No se debe cargar la mano sobre tales caballeros, tan proclives al sacrificio personal.

Todo ello encierra una falacia más en este juicio. La cúspide de los 33 encausados ha tenido que responder a preguntas sumariales sobre cómo tenían previsto acabar con el desempleo, el terrorismo o el sentimiento autonómico. No saben, no contestan es la resultante mayoritaria a esta interrogante. No podía ser de otra manera cuando el terrorismo reciente nace en España bajo los últimos años del régimen franquista y cuando el paro -paliado por Franco y una administracción tecnócrata en base a tina dolorosa emigración masiva- se acrecienta, como en todo el Occidente desarrollado, por una crisis energética disociada de la bondad o maldad de las opciones políticas.

Así, para un grupo de militares los problemas contemporáneos que afectan al Occidente industrial se diluyen como un azucarillo ante los supuestos efectos taumatúrgicos de un sable colocado encima de la mesa. Obviamente hay algo más que todo eso: la visceral incomprensión de Milans sobre las bondades de la democracia y la adscripción de su monarquismo a las tesis de un Eugenio Vegas Latapié (Carlos I contra Carlos III), a más de la proximidad del 23 de febrero a su pase a la situación B y su no entrada en la historia de España, o el mesianismo de Armada, autoconsiderado como hombre-remedio para los males y sinsabores del siglo XX.

Pero antes y después del golpe hay más tesis de febrero. Una es la que se esfuerza por destacar a toda costa la nobleza personal, el cociente intelectual y la profesionalidad de estos hombres que ahora se juzga. Nadie ha negado sus cualidades personales. Cuando ha venido a cuento recordarlas así se ha hecho y para nada afectabn al desarrollo de lo que se enjuicia. Pardo Zancada -ese mito a crear- es inteligente y humanamente valioso. ¿Y qué?. Por ello es más culpable de no haber obedecido las órdenes de su Rey. Nunca la deficiencia intelectual ha sido tenida por agravante de las conductas. A mayor discernimiento, mayor culpabilidad.

En esta teoría de despropósitos ha llegado a considerarse los buenos resultados logísticos de la ocupación de Valencia por Milans y el éxito táctico de Tejero al ocupar un Congreso. Sobre esto cabe toda una traslación, nada irónica, sobre las páginas de sucesos de los diarios. Cabría, si así son las cosas, escribir sobre la limpieza del navajazo que acabó con un ciudadano o sobre la acertada puntería del pistolero de turno. Los delitos también tienen su técnica y su arte -por supuesto-, pero siguen siendo delitos.

¿Ha mejorado este país tras la barbaridad de febrero?. Hemos perdido el crédito internacional acumulado en los cinco años anteriores que nos reputaba de país civilizado, el vídeo de Tejero en el Congreso ha recorrido el mundo dificultando nuestra financiación y abundando en la imagen de una España retrasada y tercermundista. Ha empobrecido el horizonte de esta sociedad ante el, tan falso como lógico, sentimiento común de amenaza militar. Ha escarbado en el foso entre sociedad civil y estamento castrense. Hace falta villanía, egoísmo e insensatez para dar por buena la tesis de que el 23 de febrero ha aportado algo bueno a este país.

Ciñéndonos al juicio madrileño de Campamento, no debemos perder de vista que -excepción hecha de Armada- no se enjuician conductas, sino graduación de las mismas. Tejero y sus guardias ocuparon y secuestraron el Congreso. Eso no hay que demostrarlo, se sabe. Milans y su equipo de Valencia pusieron a esta sociedad a un brete de la guerra civil. Y no les sirve de excusa una pretendida lealtad al Rey. La Constitución se encuentra por encima de la figura del monarca, a quien, así, han traicionado doblemente.

Las anteriores son las perspectivas políticas -y hasta éticas- que no deben olvidarse. Los últimos días y los próximos, en el obligado seguimiento procesal del juicio, continuaremos reflexionando sobre el alcance de cada responsabilidad concreta. Pero en ningún caso sería inteligente caer en la creencia de Armada, expresada ante testigos tras uno de sus careos con Milans: "Aquí lo que hace falta es un hombre con imaginación para resolver todo este embrollo". Embrollo hay, sin duda, pero lo que aquí entendemos por pasteleo desde Martínez de la Rosa a nuestros días no cabe a estas alturas. Este no debe ser un proceso contra el ejército ni un proceso contra el sistema democrático. Debe ser un juicio en el que además de dilucidar responsabilidades concretas se evidencie la capacidad de una comunidad libre para erradicar un síndrome militar, de origen muy sectorizado y que pesa sobre esta sociedad desde la pérdida de las colonias y, con mayor intensidad, desde el ocultamiento del informe del general Picasso mediante el golpe militar de Primo de Rivera.

Sigue el proceso, caben fundadas esperanzas de que sea devuelta su acreditación al director de Diario- 16 y -para qué lo vamos a olvidar- no faltan las expectativas agoreras sobre nuevos incidentes procesales y extraprocesales, destinados no a influir en el juicio sino a calentar su clima. No por ello los que han hecho lo que hicieron -colocarnos al borde de una confrontación civil- encontrarán una mejor comprensión ciudadana o una exculpación judicial. El día a día del proceso, que nos adentra en los detalles conspirativos, no puede borrar los orificios en el estuco del Congreso o los desperfectos en el asfalto de las calles de Valencia. Ni el miedo generalizado de aquella noche de febrero. No hay otra tesis.

Rocambole acecha (27-2-1982)

La sexta jornada de la vista del juicio contra los 33 procesados por la rebelión militar del 23 de febrero fue consumida íntegramente en la lectura de los testimonios solicitados por Ramón Hermosilla, defensor del general Alfonso Armada. Mediante una amplia red de declaraciones, -entre las que se incluyen las de dos empleadas de hogar de la familia, las hijas del procesado y amigas de éstas-, la defensa intenta demostrar que el entonces segundo jefe de Estado Mayor del Ejército no asistió a ninguna reunión preparatoria del frustrado golde de Estado, como consta en el escrito de conclusiones del fiscal y como afirman otros procesados en la misma causa. La vista se desarrolló con normalidad, aunque permanece ausente el director de Diario 16, al que no le ha sido devuelta su credencial. No se registraron, por otra parte, incidentes notables de orden público provocados por la extrema derecha, como venía sucediendo en días pasados. La policía dió cuenta ayer de la detención del jefe nacional del Frente de la Juventud y otros ocho miembros de esta organización extremista. El fiscal general del Estado, José María Gil-Albert, manifestó en Oviedo que no es posible la concesión de un indulto general a los procesados, por prohibirlo la Constitución.

Ramón Hermosilla, defensor del general Armada, colocó ayer el clavo de su defensa y empezó a machacar. Desde las diez de la mañana a las seis de la tarde, con el habitual receso matinal al filo de las doce y las dos horas para el almuerzo, martilleó obsesivamente una petición de lecturas sumariales que conducían, una por una, a lo mismo: la caballerosidad y honradez personal del general Armada, su comportamiento rigurosamente disciplinado hacia su jefe natural -Gabeiras- en las jornadas 23 y 24 de febrero del 81, y el asentamiento de coartadas para hacer indemostrable su supuesta entrevista con Tejero en unas oficinas de la madrileña calle Juan Gris en los días 19, 20 ó 21 de febrero pasado. De entre las numerosísimas declaraciones leídas ayer, incluidas las de dos empleadas de hogar de Armada, destaca el relato del comandante Bonell, siete años ayudante del general y acompañante de éste en su prímera entrevista con Tejero en el Congreso secuestrado:-Soy el general Armada.

-Sí, ya le conozco (Tejero).

Ambos entran en el Congreso y se encierran en uno de los despachitos acristalados. Puede vérseles, pero no se les escucha. Se advierte que discuten y hablan por teléfono. En una de las llamadas de Armada sale Tejero y dice a sus hombres: "Nos ofrecen un avión". El capitán Bobis -encausado- y el comandante Bonell entablan el siguiente diálogo:

-¿Qué te ha parecido lo nuestro?.

-Vaya sorpresa nos habéis dado.

-No habrá sido sorpresa para el general Armada.

-Tanto como para mí. Yo le di la noticia cuando estaba reunido con Gabeiras.

-¿Pero no venís de La Zarzuela?.

-No, venimos del Cuartel General.

-¡Otra vez Tejero! (Y volviéndose a los guardias exclama: "¡No vienen de La Zarzuela!").

La defensa de Armada, como ya queda dicho, se centra, hasta ahora, en buscar coartadas sobre los días en que Tejero afirma haberse entrevistado con él en las oficinas de la calle Juan Gris. Tejero cree que fue el 20 de febrero, dudando sobre una fecha más o menos. Allí, supuestamente, habría recibido de Armada las últimas instrucciones para el asalto al Congreso. Armada tiene cubiertas todas las horas de esos días por declaraciones de su mecánico -que sólo llevaba doce días a su servicio y del que no se puede esperar particular fidelidad personal-, sus dos sirvientas, una de sus hijas, oficiales y jefes subordinados, el general Vigón que cenó en su casa, o amigos y amigas de sus hijas que le vieron en su diaria misa vespertina.

Aún faltan declaraciones que abunden en su defensa y refuercen su coartada, pero algún abogado de la línea Milans estima que a Armada le falta por justificar una hora. Aún así, una hora en esos tres posibles días es una marca de justificación de los pasos dados por un ser humano bastante notable.

De entre las numerosas petíciones de lectura sumarial solicitadas por esta defensa destaca igualmente la del general Sáenz de Santamaría: relata el actual Capitán General de Valladolid que la conducta de Armada en el 23-24 de febrero le ocasionó desconcierto y perplejidad. Todo ello en función de que se ofrecía a entrar en el Congreso y plantearle a Tejero un Gobierno provisional presidido por él, siempre y cuando los parlamentarios lo aceptaran y votaran. Armada recalcó que la oferta era a título personal, desvinculándola de la persona del Rey, e insistiendo en que "aquí tiene que haber un sacrificado y ese seré yo".

Hasta aquí, los elementos de información judicial son conocidos; se ignoraba una nueva versión en la que coinciden por lo escuchado ayer multitud de testigos, todos ellos jefes y oficiales del Cuartel General del Ejército: Armada fue sugerido telefónicamente para autoproponerse como jefe del Gobierno a un Congreso sujeto a coacción. Numerosos mandos militares atestiguan de una conversación de Armada con alguíen a quien el general llamaba "Jaime" y a quien respondía con las siguientes frases: "Pero eso no es posible. Eso es una barbaridad. Esto es anticonstitucional. Bueno, lo intentaré, pero tengo que consultar a mis jefes. Si no están de acuerdo te llamo". A contínuacíón, Armada cuenta a los presentes que el Capitán General de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, le sugiere como salida a la gravísima situación creada en el Congreso ofrecerse como jefe del Gobierno.

Armada pide un texto constitucional e insiste en que la pretendída solución le parece una barbaridad. Después llama a La Zarzuela y a la Junta de Jefes de Estado Mayor -en donde está Gabeiras- y relata lo que se le ha sugerido. Tras el regreso de Gabeiras al Cuartel General del Ejército, éste pide quedarse sólo en su despacho, luego manda que entre Armada, pide su coche dispuesto a acompañar a Armada al Congreso, lo despide a continuación y Armada sale para ir sólo al Congreso entre ofrecimientos de generales para acompañarle. Queda claro que La Zarzuela no acepta que Armada haga tal propuesta a los diputados en nombre de la Corona; no se sabe hasta qué punto se le autoriza para hacerlo a título personal. En cualquier caso el general Armada, a partir de aquí, va repitiendo a todo el que le quiere oir que está hondamente preocupado por la suerte de los secuestrados, que está dispuesto al sacrificio personal y que sin involucrar al Rey, a título personal, pero con autorización de sus superiores, intentará encontrar una solución con Tejero que incluye el avión de Getafe -preparado desde las dos de la madrugada del 23- y la propuesta a los diputados.

El resto de las declaraciones leídas a petición de la defensa de Armada constituyen ese repiqueteo monocorde sobre su excelente reputación personal y profesional, su acendrada religiosidad, su amor por España y la institución monárquica, con pequeños detalles ancedóticos que recrean la figura y el entorno del encausado. Así, cuando terminado el secuestro Suárez le da un gran abrazo, Gutiérrez Mellado le ignora, Fraga le estrecha la mano secamente y Luis Solana le da las gracias efusivamente. O cuando el 25 de febrero, al recibir el cese, encuentra la solidaridad de muchos compañeros de armas ante lo que estiman una injusta decisión política y Armada los calma anteponiendo los íntereses de España y la Momarquía y aludiendo a su deseo de ser designado como jefe de la Artillería. Otro punto a resaltar de tan larga lectura sobre lo mismo es la continua referencia a un sargento de la Guardia Civil -nunca identificado- que al llegar el general al Congreso por primera vez, exclama: "Por fin llega Armada. Le estábamos esperando desde el principio".

Este turno de defensa de Armada -que continuará el lunes, hoy no hay sesión- ha sido sólido, elefantiásico, pesado, machacante. Un punto en la línea del coronel San Martín tomándose del brazo de su jefe, el general Juste -no procesado-, Armada parece querer graparse a Gabeiras y demostrar que en todo momento, durante el 23-24 de febrero, fue un subordinado leal y diligente. En concreto parece demostrado que fue personalmente Armada quien, en ausencia de Gabeiras, ordenó la retirada a las unidades que habían ocupado Radiotelevisión Espafíola. Y testigos presenciales de aquellas horas en el Cuartel General del Ejército respaldan la actitud de Armada: ni el menor auxilio -dicen- a los golpistas, ninguna, reticencia a las órdenes del mando o atisbo de doblez; colaboración absoluta con Gabeiras, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército.

En los pasillos de la Sala se comenta este puzzle que lentamente comienza a encasillarse. Es un rompecabezas complicado donde los haya que, se quiera o no, está royendo la imagen de unos militares que tan encarecidamente aluden al honor de sus armas. Parece no haber salida: o se miente o no se dice la verdad. Y, entre tanto, se teje lanovela. La conversación telefónica, ante testigos, de Armada con Jaimerecuerda en su estructura a la de Milans con Alfonso el domingo 22. Siempre hay alguien al otro lado del hilo telefónico imposible de verificar más que por la palabra dada por cada declarante. La entrevista Armada-Tejero-Cortina en Juan Gris -pieza esencial- que ya se perfila como indemostrable y que va a quedar en un pulso de lo que dice uno contra lo que afirma otro. En la Operación Galaxia, el teniente coronel Quintero afirmó haber recibido la visita conspirativa de Tejero y éste -de tan prodigiosa memoria- niega haberle visto. Ahora se invierte la torna en esta historia, prolongación de una Galaxia que no acaba.

Y en la novela en la que imperceptiblemente penetra este proceso adquiere perfiles relevantes el comandante Cortina, jefe de operaciones especiales de la inteligencia militar y presunto hombre-puente entre Armada, Milans y Tejero. Cortina: un hombre que desde teniente pertenece a los servicios secretos, curiosamente identificado con posiciones próximas a la UMD, que despachaba directamente con Rodríguez Sahagún cuando éste era ministro de Defensa, tenido por inteligente, silencioso y sinuoso. Dos teorías extraprocesales: o aceleró el golpe por cuenta de esa trama civil que no se sienta en el banquillo -García Carrés, a la postre, es tan anecdótico como Tejero- o intentóprovocarlo para desactivarlo, se pilló los dedos y ahora no puede contar lo que sabe.

El caso es que estamos a las doce menos cinco de penetrar en un mundo borgiano -tanto de Borges como de los Borgia-, florentino, donde si Armada no vio a Tejero en Juan Gris, ni llamó a Milans ante Ibáñez Inglés y Zancada, ni Milans llamó a Armada para sugerírle su propuesta al Congreso, ni entre los diputados nadie esperaba al elefante, vamos a hacer buena la tesis de Tejero de que como esto siga así, él tampoco estuvo el 23 de febrero en la Carrera de San Jerónimo. Ya se corre la voz, entre oficiales que han conocido a Cortina, de que éste es experto en transformismo, y parece que es verdad. Y para que la realidad continúe imitando al arte, el general Urrutia -hermano del jefe de Estado Mayor de Milans en Valencia- es el delegado del ministro Oliart en el proceso y máximo responsable del aparato extraprocesal. Rocambole acecha.

El orden reinó en Valencia (25-2-1982)

La quinta jornada del juicio por el intento golpista del 23 de febrero de 1981 celebrada ayer, ha contado como en días anteriores con alteraciones del orden público debidas a grupos ultraderechistas que en el Museo de Cera de Barcelona quemaron la figura del Rey Juan Carlos. Por otra parte, la lectura en el Servicio Geográfico del Ejército, donde se celebra la vista de juicio, de un informe secreto del CESID conteniendo graves acusaciones contra el diputado comunista Ignacio Gallego, motivó la celebración de una conferencia de Prensa del secretario general del PCE, Santiago Carrillo. La sesión del juicio se consumió casi por entero en la lectura, a petición del defensor del teniente general Milans, coronel Salvador Escandell, de las declaraciones de los miembros del Estado Mayor de la III Región Militar, que mandaba Milans, y otros responsables militares de la zona. La generalidad de las declaraciones coinciden en que Milans les comunicó con antelación que ocurriría. un hecho grave aquél día, y que dictaría un bando para mantener el orden. Estos jefes conocieron el bando, que no les pareció ilegal, por la aducida razón de que trataba de mantener el orden, y sobre todo porque Milans les dijo que todo se hacía por orden del Rey. Algunos de estos oficiales y jefes viajaron a plazas de la región para dejar a los responsables militares sobres con instrucciones. En la última parte de la sesión se leyeron, a petición del defensor del general Armada, Ramón Hermosilla, las declaraciones del jefe de prensa del Estado Mayor del Ejército, de un magistrado del Tribunal de la Rota, -quien declaró que vio a Armada acudir a misa, en Madrid, a las doce de la mañana del día 22-, y del general Aramburu.

La lectura del sumario solicitada por el coronel Escandell, defensor de Milans y de su subordinado Ibáñez Inglés, trae a la memoria el viejo cuento, tantas veces hecho realidad, del buen muchacho que ansiaba tanto ser bombero y ayudar a sus semejantes que devino en pirómano para poder practicar el bien. Prácticamente todo el Estado Mayor de la tercera región militar, al mando de Milans del Bosch, paseó ayer por los folios sumariales en una cantata obsesiva: el vacío de poder creado por el secuestro físico de los poderes ejecutivo y legislativo, la obsesión por no generar sucesos cruentos, la garantía del orden público, la corrección y el guante blanco para con las autoridades civiles, la obediencia a los deseos del Rey... Uno tras otro, jefes y oficiales de Estado Mayor de la Capitanía valenciana van haciendo su canto del hombre que, según ellos, el 23 de febrero quiso llevar la calma a los valencianos y que logró que aquella noche no hubiera víctimas en su circunscripión militar.

La tesis encuentra algunas fallas en la declaración del comandante militar de Marina, quien escucha de labios de Milans: "Aquí en Valencia no se mueve ni una mosca". O en la del general Hermosilla, jefe de la tercera zona de la Guardia Civil, cuando relata que tras una reunión de la junta de orden público en el Gobierno Civil todos se distendieron, felicitándose por lo relajado de la situación, y mientras comentaban que el bando de Milans no había causado alarma alguna se estacionó un carro de combate en las puertas del edificio. Urrutia, el general de Estado Mayor con quien Milans no consulta en favor de Ibáñez Inglés, subordinado de aquel, ¡lega a precisar la reacción alterada del Capitán General al escuchar por radio el tiroteo en el Congreso: "¡Qué es esto. Esto no era lo previsto; tenía que ser incruento!"

La sesión comenzó a las diez en punto de la mañana, con una puntualidad exquisita y sin duda medida tras los incidentes del día anterior. La asistencia de periodistas -con la excepción de Diario-16- fue normal y la tensión ambiental, que existe, no es sin embargo claramente perceptible. Los encausados se abstuvieron, en la apertura de la sesión, de volver sus rostros para escrutar a periodistas o familiares y se mantuvieron más rígidos que en días anteriores. Sólo Camilo Menéndez se aproximó a Miguel Angel Aguilar para apuntarle: "Mis hijos no se tapan la cara; rectificad, rectificad". Aludía el marino a una fotografía publicada por este periódico en la que un oficial de Marina se cubría el rostro con su gorra y que errónea mente fue identificado como hijo del encausado. Todo sea dicho: el capitán de navío hizo su puntualización con simpatía. Por lo demás, familiares, periodistas, comisiones militares, observadores, se soportan con corrección. Todo lo más, una conversación que se apaga al paso de una tarjeta de identificación de Prensa. Y en no pocos casos cabe el diálogo y la discusión civilizada.

El fiscal terminó ayer su petición de lecturas sumariales con declaraciones de García Carrés -que continúa ausente de la Sala-, oficiales y números de la Guardia Civil relacionados con la inteligencia militar, y Reventós y Ciurana (alcalde socialista de Lérida) a cuenta del almuerzo entre Armada, Múgica y los anteriores. Lo más curioso de la declaración de Carrés -que lo niega todo- es otra negativa: no tuvo el ofrecimiento de un destacamento de serenos armados (el declarante rigió por muchos años el sindicato vertical de actividades diversas) para operar la noche de autos. Sus conversaciones con Tejero, ya ocupante del Congreso, obedecieron, según dice, a la preocupación que tenía este por un hijo suyo con dolores de cabeza. Carrés se ofreció en el papel de intermediario telefónico entre el asaltante y su familia. Y entre recado y recado un comentarío de Tejero: "Lo que quiere Armada es una poltrona".

De lo declarado -y de lo interrogado- a guardias civiles del CESID (Centro Superior de Inteligencia de la Defensa) a las órdenes de los encausados Cortina y Gómez Iglesias, se podría deducir, o bien que individuos de la inteligencia militar facilitaron infraestructura de comunicaciones a los golpistas por incapacidad del comandante Cortina -jefe de operaciones especiales- de mantener la disciplina entre sus subordinados, o que nuestros servicios secretos no alcanzan precisamente la sutileza de lo retratado por Le Carré y se aproximan a lo descrito por Greene, particularmente en Nuestro hombre en La Habana.Así, el secretario de Cortina en el CESID informa que por una señora de la limpieza tuvo noticia de que el sargento Parra rebuscaba en los cajones de los demás agentes a oficina vacía tomando las llaves del llavero general, de lo que informó a Cortina sin que sepa si éste tomó medidas para remediarlo. Sea como fuere, la iconografía de Forges sobre las señoras de la limpieza quedó materializada en la Sala.

En la selección de lecturas del sumario, en la orientación de las preguntas a los declarantes, existe, es lógico, una intención. Acaso rebajar la credibilidad de los servicios del CESID esté en el ánimo de alguien. Bien sea por relación a los dos procesados de este organismo, bien sea a efectos de enmarcar la supuesta información de los servicios, hecha llegar a Milans, acerca de que había armamento en poder de las Comisiones Obreras de Valencia; un papel con notables dosis de veneno político.

Con no menos carga de trastienda política hacia las afueras de la Sala se leyeron declaraciones de Joan Reventós, jefe de filas de los socialistas catalanes, y de Ciurana, alcalde leridano. Ambos coinciden e insisten en que aquel almuerzo de octubre de 1.980, organizado para que: trabaran conocimiento Armada y Enrique Múgica, entraba dentro de las relaciones sociales y de cortesía entre un político experto en temas castrenses y un militar de prestigio. Se habló de política general, y mucho de los problemas agropecuarios de Lérida sobre los que Armada estaba imbuído, y hasta sobre el deseo de Defensa de comprar un aeropuerto leridano. Ambos declarantes coinciden en que para nada se especuló sobre una posible salida de emergencia a la situación política mediante un gobierno presidido por el general, al que darían su aquiescencia y su colaboración los socialistas. Armada se mostró fuertemente severo con los militares de la UMD expulsados del Ejército. Los dos declarantes se ven sometidos a una constante arremetida de preguntas -la mayoría en base a comentarios de Prensa de aquellas fechas- sobre una posible tentación socialista de puentear un vado político aparentemente infranqueable -Adolfo Suárez, sin citarle- mediante un gobierno de transición presidido por una espada independiente. No, no, no y no.

Acabadas estas actuaciones del Ministerio Fiscal, el letrado Adolfo de Miguel solicitó la suspensión de la vista hasta el lunes. El Presidente de la Sala estimó excesiva la petición y, teniendo en cuenta que hoy no se celebra sesión, se limitó a un receso de media hora. Previamente los abogados Segura y Muñoz Perea -que defienden al capitán Muñecas, al teniente Carricondo y al capitán Pascual Gálvez- hicieron que constara en acta una protesta por supuesto quebrantamiento de forma a efectos de casación, a cuenta de la existencia o no de sus firmas en una de las actas sumariales. La casación por quebrantamiento de forma del juicio supondría la repetición de todas las actuaciones sumariales a partir de las actas que dan pie al recurso. El turno de petición de lectura por la defensa, iniciado ayer, sigue el mismo orden que el que tienen asignado los letrados: de mayor a menor empleo y antigüedad de sus defendidos. El coronel Escandell (Milans e Ibáñez Inglés) pidió se leyera la declaración de Gutiérrez Mellado, las citadas al inicio de esta crónica del Estado Mayor de Milans, así como las hojas de servicio de sus dos defendidos. El Presidente de la Sala rogó repetidamente al coronel Escandell evitara la larguísima lectura de los servicios rendidos por un hombre público como Milans, o al menos la lectura de sólo los aspectos más destacados de esta prolongada biografía militar. Prosperó el criterio de la defensa y uno de los secretarios relatores inició, audiblemente fatigado, la lectura de la hoja.

El coronel Escandell rogó que el relator pusiera en su lectura los mismos énfasis y entonación que cuando leía folios solicitados por el fiscal. Respetuosa protesta del aludido en el supuesto de que, obviamente, los relatores no leen siempre igual a tenor de su cansancio. La Sala tuvo que escuchar, casi día a día, un relato de acciones durante la guerra civil espolvoreado de los apelativos militares de la época acerca de losrojos, la campaña de Rusia -sin perdonar el juramento de fidelidad del entonces joven oficial al Fürher- y los años de paz. Casi una hora y los ujieres dormitando. Muy probablemente fue una lectura interasante para esta causa -como la hoja de servicios de Ibáñez Inglés- por cuanto no se debate aquí la profesionalidad, conocida, de los encausados. Para saber del valor físico de Milans basta con ver los cinco galones por heridas en campaña que luce su manga izquierda.

Lógica expectación ante la lectura de un brevísimo documento del CESID en el que se da cuenta a la Capitanía General de Valencia de una conversación privada entre Ignacio Gallego, miembro del Comité Central del Partido Comunista, y dirigentes de las Comisiones Obreras valencianas. Según este informe, Gallego les dice que un golpe de Estado es posible y que ante tal eventualidad hay que reaccionar ocupando los cuarteles. "Armas no nos faltan" se transcribe que afirmó textualmente. A continuación se insiste sobre detección de arsenales de armas cortas adquiridas en Andorra por comisiones de vecinos que visitan el Principado y sobre el puerto de Valencia como punto fuerte del tráfico generalizado de armamento en España. Este es uno de los documentos que esgrime Milans para justificar la Operación Turia -autovigilancia militar en la ciudad- que el 23 de febrero se entremezcló con ejercicios tácticos fuera de Valencia y la orden de Gabeiras de acuartelar y que llevó a los blindados de la división Maestrazgo al centro de la ciudad del Cid.

Por lo demás, ya queda dicho que los jefes y oficiales a las órdenes del Capitán General concuerdan en términos casi idénticos en que, ante las noticias y las decisiones de Milans, nunca pensaron en un golpe de Estado sino en el acatamiento de deseos reales, y la preocupación por el orden y la paz en su región militar. Las órdenes de la Junta de Jefes de Estado, Mayor -dicen- fueron cumplidas a medida que llegaban, así como las posteriores y apremiantes del Rey, al que suponen es siempre leal Milans.

El letrado Ramón Hermosilla (que defiende a Armada; sin codefensor) fue breve en sus peticiones: por razón de tiempo y por su continua renuncia a la lectura cuando cree que se ha oído lo que interesa a su defensa. Solicitó una declaración de Milans en la que éste pregunta a Gabeiras por Armada; una nota confidencial de Gabeiras relatando el 23-24 de febrero y parte de la declaración del general Aramburu. De lo leído se puede decantar una de las intenciones de esta defensa clave en el proceso: demostrar que Armada siempre obedeció las órdenes recibidas y consultó con Gabeiras todos sus pasos. Una de las declaraciones solicitadas por el letrado Hermosilla movió a curiosidad; Pedro Alvarez Soler, magistrado de La Rota, declara escuchar misa diariamente junto a Armada en el monasterio madrileño de la Encarnación. Y el domingo 22 de febrero, en la misa de doce y media le saludó y le convidó a cenar con tres obispos. No se ha dicho en la Sala, pero en esas pías horas de ese mismo día Milans afirma haber hablado por teléfono con Armada. Por ahí, por la investigación de los pasos del general Armada en los días y las horas previas al golpe, en que testigos de Milans le vieron -pero no le escucharon- hablar con Alfonso, van a ir sin duda los mejores pasos de esta defensa.

Primer incidente (24-2-1982)

Coincidiendo con el primer aniversario del intento de golpe del 23 de febrero de 1981, la cuarta jornada de la vista que se sigue contra los 33 procesados por su participación en el mismo, se inició ayer con tres horas y media de retraso, por la negativa del capitán Alvarez-Arenas a comparecer en la sala del juicio, en protesta por la publicación en Diario 16 de una entrevista a un supuesto policía militar, que estuvo en el Congreso en la noche de su ocupación, en el que se vierten graves acusaciones contra el encausado.. Fue secundado por el resto de procesados, que se negaron a comparecer en la sala hasta tanto no se retirara la acreditación al director de Diario 16, Pedro J.Ramirez, petición a la que accedió el presidente del tribunal. La vista se reanudó luego con la lectura de las declaraciones de doce oficiales de la Guardia Civil y del capitán de navío, Camilo Menéndez. Una campaña de octavillas y pintadas, en apoyo a los golpistas, se registró ayer en varias capitales españolas. En Madrid, mientras en el Congreso de los Diputados se desarrollaba la sesión con normalidad, se producían diversos incidentes, entre los que cabe destacar el intento de boicoteo ultraderechista a un acto democrático, que se celebraba en la Facultad de Derecho, y el lanzamiento de dos cócteles-molotov en la Glorieta de Bilbao. En relación con este hecho, la policía detuvo a nueve personas, algunas de ellas menores de edad.

Por favor, siéntense. El defensor del capitán Alvarez-Arenas tiene la palabra.Así, a las 13.30 horas de ayer, primer aniversario de la intentona del 23 de febrero, con tres horas y media de retraso sobre el horario normal de sesiones, se constituía la Sala que está enjuiciando a los presuntos golpistas.

El defensor de Alvarez-Arenas, con recursos de oratoria ceñuda, hizo constar, en nombre propio y del resto de la defensa, su enérgica protesta por la publicación de un reportaje en el Diario 16 de la mañana sobre el comportamiento de su defendido durante la incorporación de la Policía Militar de la Acorazada al Congreso ocupado por los guardias civiles de Tejero. "Grave intromisión e interferencia en la actuación judicial", "gravísima provocación a este Consejo, al Ministerio Público, a la defensa, a los procesados y, a cualquier persona que tenga un mínimo sentido de la honestidad", "agravio a la institución militar y al honor de sus miembros", "intolerable e ignominiosa calumnia" y otras frases por el estilo dieron el tono de la intervención del letrado Gómez García.

A continuación le fue concedida la palabra al fiscal, que lamentó la publicación del reportaje y la inoportunidad de la fecha y anunció la instrucción al fiscal de la I Región Militar para que ejercite la acción penal que corresponda para el debido esclarecimiento de los hechos determinados en el citado reportaje. El fiscal resaltó que no se afirmaba en tal reportaje que la información hubiera sido recogida en la Sala y que nada, por tanto, impedía la continuación de la vista.

El Presidente de la Sala concedió la palabra al letrado y coronel Salvador Escandell, quien habló en nombre del teniente general De Santiago (ambos defienden al coronel Ibáñez Inglés) y, en tono aún más tronante que el empleado por el defensor de Alvarez-Arenas, se refirió a la "injuria gravísima" sufrida por su defendido y por toda la institución militar. Aquí sonaron los primeros aplausos, cerrados, en las filas de los familiares de los encausados.

A continuación el Presidente anunció la suspensión de la acreditación periodística de Diario 16 "hasta que se provea sobre el incidente por el artículo Así asaltamos el Parlamento". Las palabras del Presidente fueron apagadas por otra salva de aplausos y gritos de "fuera"," fuera" (principalmente voces femeninas). Tras un toque de campanilla y pedir orden en la Sala, el Presidente prosiguió: "Por los servicios de orden compruebesé el cumplimiento de esta orden".

Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, quien está informando del juicio para su periódico, tomó sus notas hasta ese momento, en que la Policía Militar que guarda la Sala se incorporó, y, tras algunas dudas iniciales sobre qué periodista retirar, le acompañó a la salida. Un alto funcionario de la Secretaría de Estado para la Información evitó el bochorno de que el director de Diario fuera conducido bajo directa presión de la policía militar al exterior del recinto.

Varios periodistas acompañaron al expulsado, mientras se repetían gritos de repulsa por parte de familiares. Voces perfectamente identificables como procedentes de los asientos reservados a las comisiones militares que asisten como observadoras al proceso gritaron repetidamente "¡A la mierda!", mientras Pedro J. Ramírez y otros periodistas abandonaban la Sala.

Restablecido el silencio, el Fiscal continuó solicitando la lectura de declaraciones. A los escasos minutos, Pedrol Rius, decano de los abogados, abandonaba el estrado de los observadores jurídicos, seguido de otros letrados. Hay que tener en cuenta que de la Sala se entra y se sale durante las sesiones a voluntad; de hecho, Pe drol regresó a la vista. Pero esta salida de Pedrol para recabar in formación sobre el director de Diario provocó otro movimiento de periodistas, que abandonaron la Sala en el entendimiento de que se estaban produciendo retiradas en protesta por la decisión del Presidente del Tribunal. Finalmente, con ocho periodistas en las tres filas de sillas reservadas a la Prensa, continuó la sesión hasta las dos y media. Ya en la sesión de la tarde la Prensa se restituyó a sus puestos.

Todo había empezado bien. Acaso demasiado bien; en un ambiente de cierto recelo entre familiares de los procesados y periodistas, pero que iba alcanzando cotas de aparente cordialidad. Obligados a convivir durante las esperas en espacios muy reducidos, se acaban comentando las cosas con respeto y hasta cierto humor, ya que no con simpatía. Se alargaban los minutos sin que se constituyera la Sala y un grupo de periodistas bromeaba con la esposa y una de las hijas del capitán de navío Camilo Menéndez sobre los errores en la identificación de fotografías, sin que nada hiciera prever la tensión y la agresividad de pocas horas después.

Pronto el murmullo del amplio pasillo en el que se espera para acceder a la Sala corrió la noticia de que los procesados se negaban a presentarse a juicio si no se retiraba el autor del artículo matutino deDiario. Creían, al parecer, que cubría la información. Sacados de su error, exigieron la retirada del informador del periódico. Pedro J. Ramírez fue requerido por el general Toquero, jefe de Prensa de la Defensa, y durante tres cuartos de hora intentó convencerle de que se retirara voluntariamente para poder continuar el juicio. Llegada de Pedrol y reunión permanente del Tribunal y los defensores para encontrar una solución a esta original huelga de procesados. Incitaciones a la calma y la reflexión por parte de los responsables militares del seguimiento del juicio y cierto aplanamiento de ánimos y conductas por parte de todos y que quisiera reflejar en estas líneas.

Pese a los incidentes reseñados, no se produjeron ni demasiadas malas caras ni nerviosismos. El entendimiento de que hay que hacer uso de elevadas dosis de buena voluntad está en la conciencia de la mayoría. Y así, esta suerte de 23-F contra la Prensa por parte de los procesados ha podido llevarse -el asunto no está solventado- sin más tensiones que las inherentes al problema, que no son pocas. Y en el comportamiento de los periodistas que cubren este proceso, en su responsabilidad, reside, hasta ahora, el mayor mérito.

¿Podía el Presidente de la Sala hacer otra cosa? Tres posibilidades tenía en su mano: obligar a comparecer en la Sala a los procesados mediante coacción de la Policía Militar; proseguir el juicio sin ellos y -prácticamente seguro- sin la presencia de algún abogado; resolver peligrosamente el incidente mediante la expulsión de Diario-16 de la Sala. Lo primero probablemente hubiera conllevado una presión física sobre Milans, Armada, Torres Rojas o San Martín. Lo segundo, la suspensión de la vista hasta que un nuevo letrado estudiara tan largo sumario. Lo último, lo decidido por el Presidente del Tribunal implica terreno ganado por los procesados, que pueden, a lo que se ve, decidir a qué hora empiezan las sesiones y qué periodistas van a informar sobre sus conductas públicas. El Presidente no tenía muchos resquicios por los que enderezar una decisión justa y procesalmente irreprochable y es muy posible que haya tomado una decisión que pretendía sabia.

Otras consideraciones caben sobre este incidente. La primera, que nada hace suponer que vaya a ser el último. Ayer -y ese el peligro de la expulsión de Pedro J. Ramírez, a quien, encima, no se le evitó siquiera el castigo con el bochorno de la expulsión física y pública- los procesados han ganado un escalón en su pulso con la Sala. Acaso sea el momento de decir ahora que aquéllos no guardan Sala: cruzan sus piernas o simplemente hacen esperar al Tribunal o no lo saludan al retirarse. La hora de los interrogatorios y de la mayor intensidad del juicio no puede esperarse, a la vista de lo de ayer, con demasiado optimismo.

Ayer, estos hombres, alguno de los cuales podría haber sido condenado a muerte, de no mediar un proceso democrático, que reformó el Código que los juzga, pretendieron enjuiciar una información que, en su día, será analizada por los Tribunales. Y, desdichadamente, con la ayuda de sus abogados defensores lo consiguieron en parte. Y acerca de los calificativos de éstos, leídos en representación, lo menos que puede afirmarse es su abierta demagogia, destinada a excitar sentimientos elementales de dignidad militar. Su recusación de ayer a la Prensa en la figura de Diario 16 denota su completo desconocimiento del significado de la libertad de expresión, sus límites y sus correcciones y su lúcido análisis sobre la relación entre prensa libre y sociedad libre.

Por lo demás, la breve vista de ayer dio para la lectura de declaraciones de oficiales de la Guardia Civil que tomaron el Congreso y la del capitán de navío Camilo Menéndez. Capitanes y tenientes de la Benemérita afirmando impávidos que fueron al Congreso a ayudar, a prestar un servicio, a obedecer y salvar al Rey. El capitán Ignacio Román llega a declarar que no obedeció la orden de retirada del general Aramburu en la creencia de que éste quería dar un golpe de Estado. Camilo Menéndez es un monumento a la teoría de nada entre dos platos, a la bonhomía y al hombre a quien nadie hace caso, sin que ello disuelva sus responsabilidades. En honor de su esposa y de su hija, amablemente indignadas con este periódico, dejemos así las cosas en una jornada en la que los periodistas recibieron una bofetada y colocaron la otra mejilla. Todo estará bien si es la última que se reparte.

El despliegue de la Acorazada (23-2-1982)

La tercera jornada de la causa que se sigue contra los procesados por el intento de golpe de estado del 23 de febrero estuvo dedicada en gran parte a la lectura de los testimonios de jefes y oficiales que de manera directa o indirecta se les considera relacionados con en el papel jugado por la División Acoraza en la operación de la ocupación del Congreso de los Diputados. El general Rorres Rojas, declaró que desconocía la operación de la toma del Congreso hasta que llegó a Madrid el dia 23 por la mañana. Pardo Zancada fue llamado a Valencia donde Milans le confió que la División era necesaria para una operación "dirigida por el Rey y respaldada por la Reina". Milans, según declaró Pardo Zancada, le comunicó también que Armada se iría a la Zarzuela "donde esperaba establecer su cuartel general". El coronel San Martín afirmó en su declaración que al conocer la operación "se puso nervioso y le pareció descabellada, pero se mostró dispuesto a colaborar por motivos patrióticos" porque se había invocado al Rey. RTVE y la cadena SER emitirán hoy programas especiales relativos a los sucesos del 23 y 24 de febrero

"No entiendo cómo estoy procesado". Esta frase pertenece al alegato que el coronel San Martín ha querido añadir a su declaración sumarial, leída ayer a petición fiscal. Una posdata declaratoria cortante, enérgica, construida en frases muy breves, que transpira toda la irritación contenida de este hombre corpulento, con una sólida carrera política y militar a sus espaldas, que no oculta en su declaración cómo el primer arresto que se le impuso tras los sucesos del 23 de febrero le impidió participar en los cursos de ascenso a general (también recuerda que era el número tres de su arma), cómo podía aspirar a la más elevada jerarquía castrense, máxima aspiración de un soldado, y la vé frustrada por este procesamiento.El coronel San Martín drena un corazón dolorido: como jefe de Estado Mayor de la Acorazada dice que sólo cumple las órdenes de su jefe, el general Juste, y las cumple a satisfacción; tras la intentona se felicita a su división; de su lealtad constitucional añade que dan fe sus charlas a los soldados sobre la carta magna; él asegura que no ha sido cerebro de ninguna conspiración y si retrasó información a su general fue por prudencia, por la misma prudencia que luego utilizó el general Juste para retrasar a su vez información a otros superiores. "¿Por qué?", se pregunta, "¿no está procesado mi jefe y lo estoy yo?". Compañeros de San Martín comentan que, a raíz de su detención, les decía, aludiendo a su eficiencia al frente de los servicios de información de Carrero Blanco: "¿Pero creéis que si esto lo monto yo hubiera salido tan mal?"

La declaración del general Juste, leída tras la pausa del almuerzo, añade leña a la indignación de su subordinado. La explicación del general es, objetivamente, una teoría de justificaciones que apenas velan dos hipótesis razonables: o se vió instalado en una actitud pusilánime ante los acontecimientos (lo que profesionalmente le pone a los pies de los caballos) o el nivel de sus dudas es, como poco, merecedor de una investigación más profunda. A mayor abundamiento, Juste declara que en ningún momento perdió el mando de la Brunete y que su jefe de Estado Mayor fue en todo momento un fiel subordinado que cumplió correctamente sus órdenes.

Tras las dos declaraciones, las palabras de San Martín -"¿por qué estoy procesado yo y no mi jefe"?- se adensaban en la conciencia de los presentes en la sala de la vista, en el entendimiento de que el general Juste puede verse abocado a serias dificultades jurídicas.

La sesión de ayer, dedicada corno las precedentes a lecturas sumariales a petición fiscal, fue apretada en interés. Sutiles incrementos en la seguridad fueron puestos en práctica, tales como adelantar el cordón de la policía militar en los descansos para distanciar periodistas de procesados Tejero, en el primer receso, siempre jovial, comentaba: "Yo no digo nada que estos -por los informadores- lo oyen todo". Quien esto firma fue cacheado individualmente a la mitad de la sesión y a la puerta de la sala, pesé a haber pasado, obviamente, los estrictos controles de acceso. Cacheo efectuado con la perfecta corrección que distingue a la seguridad del proceso. Cuando el público abandona el recinto, furgonetas de la Policía Nacional taponan la entrada para evitar que, como en las jornadas precedentes, los fotógrafos disparen directamente sus cámaras sobre los que salen.

El ministerio fiscal centró ayer sus peticiones de lectura sobre dos líneas definidas: oficiales del CESID -el comandante Cortina y el capitán Iglesias- y la División Acorazada Brunete-1. Cronológicamente cabe destacar la firmeza con la que Cortina niega todo conocimiento de Tejero. No se entrevistó con él; no le llevó al domicilio de sus padres (que Tejero describe con tanta precisión), no le facilitó apoyo logístico del CESID, etc. El careo Cortina-Tejero alcanza tintes de enfrentamiento personal Tejero afirma que vió a Cortina "borracho de verborrea". El comandante se indigna y pide se su prima el apelativo de la declaración. Tejero afirma que Cortina le habló de decretos firmados por el Rey para el nuevo Gobierno. Cortina replica: "Estaría desquiciado para hacer una cosa así". El teniente coronel: "Pues estaría desquiciado". Cortina tiene que contenerse y señalar que estaba lúcido. El capitán Iglesias, también del CESID, continúa, negando con la cabeza su relación con lo que se lee, aunque un fallo aparece en su firmeza: fue subordinado de Tejero en el País Vasco y las dos familias trabaron amistad. El teniente coronel, preguntado si recuerda la hora en que recibió material sofisticado de comunicaciones por parte de Cortina o Iglesias, responde: "La próxima vez que asalte un Congreso tomaré nota de las horas".

La Acorazada centra el resto de las lecturas y, lentamente, esta gigantesca unidad de intervención inmediata -doscientos kilómetros de longitud en línea de marcha desde Madrid- empieza a recordar a los paracaidistas franceses del general Massu tras el putsch de Argel. Un inquietante descontento político generalizado entre profesionales de élite.

Torres Rojas, ex-jefe de la Brunete, jefe claramente más querido por los divisionaríos que Juste, declara, insistiendo varias veces, que nunca dudó del respaldo real a la operación y que, a la vista de los acontecimientos, llegó a pensar que el Rey había cambiado de criterio. Interrogado sobre su opinión tras conocer los pasos que estaba dando La Zarzuela para sofocar el golpe insiste en que el monarca habría cambiado de parecer, por cuanto él nunca ponía en duda la palabra de Milans del Bosch. Los a veces ociosos bolígrafos de los periodistas -se da lectura a muchos folios conocidos- rasguean rápidos el fondo de silencio de la sala.

La declaración del comandante Pardo Zancada -el oficial que se sumó a un golpe ya fracasado- abunda en el mito que se está forjando en torno a este militar. Una declaración rectilínea, sin intentos exculpatorios ni derivación de responsabilidades. Al contrario, reconoce su papel como oficial de enlace de Milans en la operación y sus reproches a un superior -San Martín- por su inseguridad cuando la Acorazada recibe órdenes de acuartelamiento al filo de su salida para ocupar sus objetivos en Madrid.

Cuando se le solicita que razone su salida con las dos compañías de la policía militar divisionaria para unirse a Tejero en el Congreso, parece descender sobre la sala un friso en honor de la dignidad militar considerada en abstracto: pensó en los guardias civiles abandonados por todos los demás; en la posibilidad de que Milans le tuviera por tibio en sus misiones de enlace; en dar un aldabonazo en la conciencia de sus camaradas de armas; en marchar al sacrificio personal para concienciar a los cuadros profesionales del Ejército de la inanidad de criticar al mando sin ejercer una acción efectiva; en servir al compañerismo; en evitar la disolución física de España; "desprecio y rabia" ante una supuesta pasividad de sus conmilitones; etc. Su declaración llega al extremo de reconocer que obró así porque sabiendo el afecto, el cariño y el prestigio que tiene entre sus compañeros, sentía la mirada de todos fija en él y actuó en consecuencia.

Pardo Zancada no es un militar común, ni siquiera un hombre corriente. De la sinceridad de los principios que parecen regir su vida no caben muchas dudas. De su tirón entre muchos otros militares, tampoco. Hay quien. comenta que sería un oficial-tipo del Estado Mayor alemán, de origen prusiano, disuelto tras 1.945. Otros estiman que en una traslación histórico-temporal parecida, Keitel le habría mandado fusilar. Sea como fuere, su declaración no está libre de zonas oscuras. Capitanes que salieron con él admiten no saber a donde iban y que no le hubieran seguido de conocer el final del trayecto, "aunque se solidarizaran con la Guardia Civil". A más de que Pardo Zancada, ya en el Congreso, retrasa el cumplimiento de una orden directa del Rey; de hecho puede decirse que la ignora.

Y a este respecto no puede dejar de considerarse una reflexión elemental sobre la conducta de todos estos jefes y oficiales que constantemente evocan el cumplimiento de órdenes superiores y el lógico acatamiento a la cadena de mando militar: un comandante (Pardo Zancada) hace venir a Madrid al gobernador militar de La Coruña (Torres Rojas); un Capitán General, que le dice por teléfono a Juste que él solo manda en la III Región Militar, detrae de sus servicios de Madrid al comandante Pardo Zancada; Milans se salta a su jefe de Estado Mayor en honor de Ibáñez Inglés; el general Juste da por buenas las explicaciones de un comandante sin tomar antes contacto con su Capitán General (con la frase "Bueno, pues adelante", que está a punto de sacar la Acorazada); el coronel Manchado primero no acaba de dejarse convencer por su inferior Tejero y pocas horas después no obedece las órdenes del Director General de su Cuerpo; Tejero..., bueno, Tejero es otra historia.

Pero el caso es que, a tenor de las declaraciones que se están escuchando y a poca lógica militar que se tenga, la defensa de los acusados tiene bastante difícil el desarrollo de esa teoría de obediencia al mando, al escalón superior y al número uno. Por lo que se va sabiendo, en esta historia nadie obedece a nadie, o mejor dicho a nadie de los que deben obedecer.