Coincidiendo con el primer
aniversario del intento de golpe del 23 de febrero de 1981, la cuarta jornada
de la vista que se sigue contra los 33 procesados por su participación en el
mismo, se inició ayer con tres horas y media de retraso, por la negativa del
capitán Alvarez-Arenas a comparecer en la sala del juicio, en protesta por la
publicación en Diario 16 de una entrevista a un supuesto policía militar, que
estuvo en el Congreso en la noche de su ocupación, en el que se vierten graves
acusaciones contra el encausado.. Fue secundado por el resto de procesados, que
se negaron a comparecer en la sala hasta tanto no se retirara la acreditación
al director de Diario 16, Pedro J.Ramirez, petición a la que accedió el
presidente del tribunal. La vista se reanudó luego con la lectura de las
declaraciones de doce oficiales de la Guardia Civil y del capitán de navío,
Camilo Menéndez. Una campaña de octavillas y pintadas, en apoyo a los
golpistas, se registró ayer en varias capitales españolas. En Madrid, mientras
en el Congreso de los Diputados se desarrollaba la sesión con normalidad, se
producían diversos incidentes, entre los que cabe destacar el intento de
boicoteo ultraderechista a un acto democrático, que se celebraba en la Facultad
de Derecho, y el lanzamiento de dos cócteles-molotov en la Glorieta de Bilbao.
En relación con este hecho, la policía detuvo a nueve personas, algunas de
ellas menores de edad.
Por favor, siéntense. El
defensor del capitán Alvarez-Arenas tiene la palabra.Así, a las 13.30 horas de
ayer, primer aniversario de la intentona del 23 de febrero, con tres horas y
media de retraso sobre el horario normal de sesiones, se constituía la Sala que
está enjuiciando a los presuntos golpistas.
El defensor de
Alvarez-Arenas, con recursos de oratoria ceñuda, hizo constar, en nombre propio
y del resto de la defensa, su enérgica protesta por la publicación de un
reportaje en el Diario 16 de la mañana sobre el comportamiento
de su defendido durante la incorporación de la Policía Militar de la Acorazada
al Congreso ocupado por los guardias civiles de Tejero. "Grave intromisión
e interferencia en la actuación judicial", "gravísima provocación a
este Consejo, al Ministerio Público, a la defensa, a los procesados y, a
cualquier persona que tenga un mínimo sentido de la honestidad",
"agravio a la institución militar y al honor de sus miembros",
"intolerable e ignominiosa calumnia" y otras frases por el estilo
dieron el tono de la intervención del letrado Gómez García.
A continuación le fue
concedida la palabra al fiscal, que lamentó la publicación del reportaje y la
inoportunidad de la fecha y anunció la instrucción al fiscal de la I Región
Militar para que ejercite la acción penal que corresponda para el debido
esclarecimiento de los hechos determinados en el citado reportaje. El fiscal
resaltó que no se afirmaba en tal reportaje que la información hubiera sido
recogida en la Sala y que nada, por tanto, impedía la continuación de la vista.
El Presidente de la Sala
concedió la palabra al letrado y coronel Salvador Escandell, quien habló en
nombre del teniente general De Santiago (ambos defienden al coronel Ibáñez
Inglés) y, en tono aún más tronante que el empleado por el defensor de Alvarez-Arenas,
se refirió a la "injuria gravísima" sufrida por su defendido y por
toda la institución militar. Aquí sonaron los primeros aplausos, cerrados, en
las filas de los familiares de los encausados.
A continuación el Presidente
anunció la suspensión de la acreditación periodística de Diario 16 "hasta que se provea sobre el
incidente por el artículo Así
asaltamos el Parlamento". Las
palabras del Presidente fueron apagadas por otra salva de aplausos y gritos de
"fuera"," fuera" (principalmente voces femeninas). Tras un
toque de campanilla y pedir orden en la Sala, el Presidente prosiguió:
"Por los servicios de orden compruebesé el cumplimiento de esta
orden".
Pedro J. Ramírez, director
de Diario 16, quien está informando del juicio para
su periódico, tomó sus notas hasta ese momento, en que la Policía Militar que
guarda la Sala se incorporó, y, tras algunas dudas iniciales sobre qué
periodista retirar, le acompañó a la salida. Un alto funcionario de la
Secretaría de Estado para la Información evitó el bochorno de que el director
de Diario fuera conducido bajo directa presión
de la policía militar al exterior del recinto.
Varios periodistas
acompañaron al expulsado, mientras se repetían gritos de repulsa por parte de
familiares. Voces perfectamente identificables como procedentes de los asientos
reservados a las comisiones militares que asisten como observadoras al proceso
gritaron repetidamente "¡A la mierda!", mientras Pedro J. Ramírez y
otros periodistas abandonaban la Sala.
Restablecido el silencio, el
Fiscal continuó solicitando la lectura de declaraciones. A los escasos minutos,
Pedrol Rius, decano de los abogados, abandonaba el estrado de los observadores
jurídicos, seguido de otros letrados. Hay que tener en cuenta que de la Sala se
entra y se sale durante las sesiones a voluntad; de hecho, Pe drol regresó a la
vista. Pero esta salida de Pedrol para recabar in formación sobre el director
de Diario provocó otro movimiento de
periodistas, que abandonaron la Sala en el entendimiento de que se estaban
produciendo retiradas en protesta por la decisión del Presidente del Tribunal.
Finalmente, con ocho periodistas en las tres filas de sillas reservadas a la
Prensa, continuó la sesión hasta las dos y media. Ya en la sesión de la tarde
la Prensa se restituyó a sus puestos.
Todo había empezado bien.
Acaso demasiado bien; en un ambiente de cierto recelo entre familiares de los
procesados y periodistas, pero que iba alcanzando cotas de aparente
cordialidad. Obligados a convivir durante las esperas en espacios muy reducidos,
se acaban comentando las cosas con respeto y hasta cierto humor, ya que no con
simpatía. Se alargaban los minutos sin que se constituyera la Sala y un grupo
de periodistas bromeaba con la esposa y una de las hijas del capitán de navío
Camilo Menéndez sobre los errores en la identificación de fotografías, sin que
nada hiciera prever la tensión y la agresividad de pocas horas después.
Pronto el murmullo del
amplio pasillo en el que se espera para acceder a la Sala corrió la noticia de
que los procesados se negaban a presentarse a juicio si no se retiraba el autor
del artículo matutino deDiario. Creían,
al parecer, que cubría la información. Sacados de su error, exigieron la
retirada del informador del periódico. Pedro J. Ramírez fue requerido por el
general Toquero, jefe de Prensa de la Defensa, y durante tres cuartos de hora
intentó convencerle de que se retirara voluntariamente para poder continuar el
juicio. Llegada de Pedrol y reunión permanente del Tribunal y los defensores
para encontrar una solución a esta original huelga de procesados. Incitaciones
a la calma y la reflexión por parte de los responsables militares del
seguimiento del juicio y cierto aplanamiento de ánimos y conductas por parte de
todos y que quisiera reflejar en estas líneas.
Pese a los incidentes
reseñados, no se produjeron ni demasiadas malas caras ni nerviosismos. El
entendimiento de que hay que hacer uso de elevadas dosis de buena voluntad está
en la conciencia de la mayoría. Y así, esta suerte de 23-F contra la Prensa por
parte de los procesados ha podido llevarse -el asunto no está solventado- sin
más tensiones que las inherentes al problema, que no son pocas. Y en el
comportamiento de los periodistas que cubren este proceso, en su
responsabilidad, reside, hasta ahora, el mayor mérito.
¿Podía el Presidente de la
Sala hacer otra cosa? Tres posibilidades tenía en su mano: obligar a comparecer
en la Sala a los procesados mediante coacción de la Policía Militar; proseguir
el juicio sin ellos y -prácticamente seguro- sin la presencia de algún abogado;
resolver peligrosamente el incidente mediante la expulsión de Diario-16 de la
Sala. Lo primero probablemente hubiera conllevado una presión física sobre
Milans, Armada, Torres Rojas o San Martín. Lo segundo, la suspensión de la
vista hasta que un nuevo letrado estudiara tan largo sumario. Lo último, lo
decidido por el Presidente del Tribunal implica terreno ganado por los
procesados, que pueden, a lo que se ve, decidir a qué hora empiezan las
sesiones y qué periodistas van a informar sobre sus conductas públicas. El
Presidente no tenía muchos resquicios por los que enderezar una decisión justa
y procesalmente irreprochable y es muy posible que haya tomado una decisión que
pretendía sabia.
Otras consideraciones caben
sobre este incidente. La primera, que nada hace suponer que vaya a ser el
último. Ayer -y ese el peligro de la expulsión de Pedro J. Ramírez, a quien,
encima, no se le evitó siquiera el castigo con el bochorno de la expulsión
física y pública- los procesados han ganado un escalón en su pulso con la Sala.
Acaso sea el momento de decir ahora que aquéllos no guardan Sala: cruzan sus piernas o simplemente hacen
esperar al Tribunal o no lo saludan al retirarse. La hora de los
interrogatorios y de la mayor intensidad del juicio no puede esperarse, a la
vista de lo de ayer, con demasiado optimismo.
Ayer, estos hombres, alguno
de los cuales podría haber sido condenado a muerte, de no mediar un proceso
democrático, que reformó el Código que los juzga, pretendieron enjuiciar una
información que, en su día, será analizada por los Tribunales. Y,
desdichadamente, con la ayuda de sus abogados defensores lo consiguieron en
parte. Y acerca de los calificativos de éstos, leídos en representación, lo
menos que puede afirmarse es su abierta demagogia, destinada a excitar
sentimientos elementales de dignidad militar. Su recusación de ayer a la Prensa
en la figura de Diario 16 denota su completo desconocimiento del
significado de la libertad de expresión, sus límites y sus correcciones y su
lúcido análisis sobre la relación entre prensa libre y sociedad libre.
Por lo demás, la breve vista
de ayer dio para la lectura de declaraciones de oficiales de la Guardia Civil
que tomaron el Congreso y la del capitán de navío Camilo Menéndez. Capitanes y
tenientes de la Benemérita afirmando impávidos que fueron al Congreso a ayudar,
a prestar un servicio, a obedecer y salvar al Rey. El capitán Ignacio Román
llega a declarar que no obedeció la orden de retirada del general Aramburu en
la creencia de que éste quería dar un golpe de Estado. Camilo Menéndez es un
monumento a la teoría de nada
entre dos platos, a la
bonhomía y al hombre a quien nadie hace caso, sin que ello disuelva sus
responsabilidades. En honor de su esposa y de su hija, amablemente indignadas
con este periódico, dejemos así las cosas en una jornada en la que los
periodistas recibieron una bofetada y colocaron la otra mejilla. Todo estará
bien si es la última que se reparte.
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