31/7/83

El Gobierno militar argentino pide a la Iglesia que apoye ante el pueblo la ley de autoamnistía (31-7-1983)

El Gobierno argentino ha pedido formalmente a la Iglesia que interceda ante el país para que sea aceptada la futura ley de anmistía o de pacificación nacional. El ruego fue formulado por el presidente de la nación, teniente general Reinaldo Bignone, al presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan Carlos Aramburu, en una imprevista reunión celebrada en la residencia presidencia¡ de Olivos.

El prelado argentino estaba acompañado del obispo de Corrientes, Jorge López. Esta petición a la Iglesia argentina desvela el sentido último de los recientes deseos de la Junta Militar y del Gobierno argentinos de otorgar a los prelados el papel de hombres buenos en los conflictos sociales.Ya el miércoles, los miembros del equipo de Pastoral Social que preside el obispo de Morón, Justo Laguna, se reunían con los ministros económicos para hacerle llegar las propuestas de las dos CGT y de la multipartidaria (un plan de emergencia a corto plazo para llegar a las elecciones de octubre con mayor poder adquisitivo), dando con ello por cerrada una gestión mediadora en este terreno. "Ustedes", dijo a los obispos un miembro del Gobierno, "son los únicos que pueden conseguir que todos los sectores se sienten a una misma mesa con el Gobierno". No era otra cosa que el primer paso para convencer a la Iglesia de que ayude a pasar el mal trago de la ley de autoamnistía, considerada clave de la transición argentina hacia la democracia.

Excesos en la represión

El general Llamil Reston, ministro del Interior, volvió a recordar por segunda vez en pocos meses que en prisiones castrenses se encuentran "unos 150" militares y policías por haber cometido excesos durante la represión. Nuevamente, no facilitó nombres, ni cargos concretos ni condenas.Las diversas asociaciones de familiares de muertos por la subversión, propiciadas por el Gobierno para contrapesar a las madres y abuelas de la plaza de Mayo, y otros organismos defensores de los derechos humanos no convencen a nadie, pese a las listas de asesinados por el terrorismo que hacen insertar en los diarios.

O acaso por ello mismo: documentos oficiales del Gobierno argentino cifran el número de muertos por el terrorismo entre los años 1970 y 1979 en 647, de los que sólo un centenar son civiles.

Desde 1976 hasta 1979, el Gobierno admite oficialmente la desaparición de 6.200 ciudadanos, mientras que otras evaluaciones disparan la cifra hasta las 30.000 personas.

Aun aceptando las cifras gubernamentales, la desproporción entre el número de personas muertas por la guerrilla (Montoneros -extrema izquierda peronista- y Ejército Revolucionario del Pueblo -troskistas-) y el de desaparecidos por la guerra sucia antisubversiva es tan grande que echa por tierra la tesis de que se trató de una guerra civil no declarada.

Las estimaciones de la actual Junta Militar cifran en unos 5.000 los jefes y oficiales (principalmente del Ejército y la Marina) que podrían verse implicados en reclamaciones judiciales ordinarias por tortura, asesinato o desaparición. No es de extrañar, pues, que el Gobierno se haya decidido a pedir socorro a la misma Iglesia.

La Iglesia argentina, al contrario de la chilena, guardó silencio durante la represión y volvió la cabeza ante la barbarie.

Un sueño penoso

No por ello, sin embargo, ha perdido su papel hegemónico en la sociedad (la mayoría del pueblo argentino ignoró culposamente la represión) y ahora es requerida para cerrar vergonzantemente aquel capítulo.Al término de la entrevista con el presidente Reynaldo Bignone, el cardenal Juan Carlos Aramburu declaró que "hemos sido informados sobre los diversos contenidos de la ley de pacificación. Se trata de un anteproyecto destinado a lograr el orden, la tranquilidad, que debe tener sus condicionamientos adecuados basados en la verdad, la justicia, el amor y, por consiguiente, en el perdón". Subrayó el cardenal que "por la información que recibimos, el Gobierno actual no quedará incluido en la ley".

Todo lo demás es en la política argentina anecdótico: la batalla electoral se perfila entre Raúl Alfonsín, líder indiscutido de los radicales (ya es presidente del partido y virtual candidato presidencial), e Ítalo Argentino Lúder, ex presidente provisional y abogado de Isabel Perón.

El fantasma de la viuda de Perón, la ex presidenta Isabel Martínez, sigue planeando sobre el justicialismo. Las Fuerzas Armadas están revisando en estos días con detenimiento sus escalillas y se especula con el pase a retiro anticipado de al menos 10 generales de división comprometidos en la guerra sucia.

Pero se den las vueltas que se den, todo termina conduciendo a la misma piedra en el camino: la cuenta moral y judicial por el genocidio de la disidencia política argentina.


28/7/83

El Partido Justicialista pide la rehabilitación total de la ex presidenta argentina Isabel Perón (28-7-1983)

El Partido Justicialista pidió formalmente el lunes a la Junta Militar argentina el restablecimiento sin dilaciones ni cortapisas de los derechos políticos de Isabel Perón, "para que la institucionalización del país se realice sobre bases firmes y legítimas".

En la nota petitoria, presentada por Deolindo Bittel, vicepresidente del partido, se insiste en que "es necesario un acto histórico de reparación moral de tantos agravios e injusticias", y se recuerda que Argentina tiene trágicas experiencias sobre proscripciones.Isabel Perón puede ostentar cargos dentro de su partido y regresar al país cuando desee, pero no puede desempeñar cargos públicos, al haber quedado inhabilitada por una sentencia judicial posterior a su derrocamiento. Recientemente se especuló con la posibilidad de que la Junta Militar dictara un indulto especial para la viuda de Perón, y esta es la primera vez que el justicialismo solicita oficialmente la completa rehabilitación de su líder.

En vísperas de su retorno, todo vuelve a recordar la novela de los anteriores regresos, frustrados o realizados, de Perón al país.

El Gobierno paraguayo ha desmentido las informaciones publicadas aquí sobre la supuesta estancia de José López Rega, brazo derecho de la fámilia Perón, en el país para someterse a operaciones de cirugía estética que habrían cambiado su rostro.

Bittel partió ayer hacia Asunción, dado que Paraguay puede ser una de las etapas en el regreso escalonado de Isabelita. El vicepresidente panameño Jorge Illueca negó que la señora haya realizado gestiones para ser acogida provisionalmente en su país.

Un ex gobernador peronista de Tucumán define a Isabel Perón como una niña, reina del movimiento" que debe regresar "para dirigimos como una madre y apaciguar los ánimos de los hijos revoltosos".

Las elecciones internas del Partido Justicialista son aún una masa gaseosa de la que sólo es predecible una ligera preeminencia de la figura de Italo Argentino Luder, prudentemente a medio camino entre los ultraverticalistas que quieren el regreso de Isabelita como dictadora del movimiento y quienes defienden la necesidad de democratizar el partido.

24/7/83

La viuda de Perón, invitada a presidir el congreso del Consejo Nacional Justicialista (24-7-1983)

El Consejo Nacional Justicialista ha invitado oficialmente a Isabel Martínez de Perón a presidir las deliberaciones del congreso partidario que antes del 10 de septiembre habrá de decidir la candidatura peronista para las elecciones de octubre. Así lo anunció Deolindo Bittel, vicepresidente del movimiento, quien, no obstante, recalcó enfáticamente que "nada ni nadie interferirá en el proceso de reorganización del partido". Como antaño, nuevamente la política argentina se hace mirando hacia Madrid y todo son especulaciones sobre el pensamiento de la ex presidenta y viuda de Perón.Los líderes sindicales peronistas Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel, en nombre de la CGT radical y de las 62 organizaciones peronistas, han remitido un telegrama a Isabel Perón en los siguientes términos: "Ante la confusión que se crea en la actualidad, rogamos contemple la posibilidad de que si es necesaria alguna directiva, ésta sea transmitida a los cuerpos orgánicos, a fin de garantizar su fiel cumplimiento". Intentan así desenmascarar a quienes se erigen en supuestos mensajeros de las intenciones y deseos de la ex presidenta y que están sumiendo al movimiento en un océano de confusiones. El silencio de la ex mandataria y las características del peronismo contribuyen a ello. "Yo no pienso mandarle ningún telegrama a nadie", declara Deolindo Bittel; "y menos a la señora de Perón para pedirle explicaciones. Y creo que con su actitud de dignidad y silencio la misma señora de Perón ya nos está dando uña clara directiva de cuál debe ser la conducta de los peronistas en esta etapa en la que tenemos que dejar de distraernos con visiones o fantasmas y dedicarnos a trabajar en serio por el futuro del país".

Toda esta efervescencia ha sido originada por el inminente retorno de Isabel Perón y la posibilidad de que la preceda, con instrucciones políticas, el coronel croata Milos Deboguetich, viejo amigo de la familia y hombre de confianza en Madrid de lseñora. Sobre el coronel Milos, dirigentes peronistas estiman que "nada tiene que hacer en Argentina, porque el partido tiene sus propias autoridades y está en trámite de su reorganización definitiva".

Rehabilitación de 'la señora'

Una comisión de dirigentes del partido está organizando el regreso de la señora y reclamar su completa rehabilitación. Por el momento, Isabel Perón puede ejercer cargos partidarios, pero, condenada por sentencia firme, continúa inhabilitada para desempeñar cargos públicos. Periódicos, revistas, noticieros de la televisión, todos se ocupan amplia y obsesivamente por desentrañar este misterio de la esfinge: lo que hará o dejará de hacer Isabelita. Aquí aún se recuerda que durante su gobierno, los ministros se perseguían a la carrera dando vueltas a la mesa del consejo en la Casa Rosada, para agredirse físicamente, pero el recuerdo no obsta para que su figura política, purificada por cinco años de reclusión militar, siga siendo respetada. La Prensa más crítica caricaturiza sin piedad a figuras militares que aún ostentan poder, pero hasta los más decididos antiperonistas se cuidan de ridiculizar a esta mujer.

15/7/83

La liberación de Valdés, severo golpe para el régimen de Pinochet (15-7-1983)

Por dos votos contra uno, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto las detenciones y procesamientos del ex canciller y secretario general de la Democracia Cristiana, Gabriel Valdés, y de sus cinco correligionarios implicados en el caso de los panfletos. La corte ha dejado en libertad incondicional y revocado su procesamiento hasta a la propietaria de la imprenta donde la policía incautó 700.000 octavillas convocando a la jornada de protesta del martes pasado.

Es un severo golpe para el régimen dado que las jornadas mensuales de protesta pacífica van a continuar indefectiblemente. A partir de este fallo, en el que se establece que los ciudadanos tienen derecho a la protesta pacífica, y a convocarla, el Gobierno -que recurrió ayer contra la resulción- ha perdido el ya escaso territorio jurídico sobre el que quería apoyar la represión de la disidencia.

A las nueve de la noche del miércoles, sonriente, alzando los brazos en la uve de la victoria, Valdés abandonó la cárcel de Santiago ante más de un millar de personas y las cámaras de televisión de medio mundo que convirtieron aquello en un plató. "Estoy feliz con la resolución de la corte, por el apoyo de todos mis amigos y por la solidaridad de todo el mundo. Esto es un triunfo por la libertad de mi país".

Valdés abrazó a Carmen Frei, hija del ex presidente Eduardo Frei, y mientras sus partidarios entonaban el himno nacional, marchó a su domicilio, escoltado por, una caravana de vehículos que hacían sonar sus bocinas. El ex parlamentario Jorge Lavandero, que permaneció cinco días en huelga de hambre, declaró que su liberación "es un triunfo moral; siempre la razón se impone sobre la fuerza, nunca tuve la mínima duda de que íbamos a triunfar; ni la cárcel ni este tugurio donde nos han metido es suficiente cuando uno es hombre para soportar cualquier cosa que sea cuando se tienen ideales".La satisfacción entre la Democracia Cristiana (DC) es completa. En el reparto de papeles con que la oposición organiza las protestas, la del martes era en exclusividad de la DC. Y todo ha salido a pedir de boca: el Gobierno se defiende desproporcionadamente con un toque de queda que provoca el mayor concierto de cacerolas que recuerda Santiago, amén de las inevitables molestias y perjuicios para todos, y da carta de martirologio a dirigentes democristianos que necesitaban algunas detenciones para que se terminen de olvidar las concomitancias de su partido con el golpe de Pinochet.

La oportuna intervención papal pidiendo por la paz en Chile cierra el circuito, y aunque el Gobierno declara aceptar y agradecer humildemente los consejos del Papa, la realidad es que han quedado a los pies de los caballos tras las palabras urbi et orbi de la plaza de San Pedro. El mensaje del Papa sólo viene a subrayar lo que el régimen pinochetista más desea ocultar: el profundo estado de anormalidad en que se desarrolla la vida del pueblo chileno.

El 11 de agosto habrá una cuarta jornada de protesta, y aún se ignora quién la protagonizará; si avanzan las negociaciones para una multisindical que agrupe a sindicatos de obreros y patronos, será ésta quien levante la bandera. Los partidos de izquierda de la Multipartidaria han asumido inteligentemente un segundo plano y deliberadamente no alzan cabeza en el entendimiento de que es la Democracia Cristiana quien tiene que derruir al régimen (que afirma no tener otro enemigo que la conspiración marxista internacional), evidenciando con su protagonismo las contradicciones y hasta las falacias de aquél.

Por otra parte, la preeminencia de la DC en la dirección de sindicatos de obreros y patronos le obliga a encabezar la demolición del régimen. La torpeza de Pinochet es tal que con el toque de queda del martes y la detención de Valdés no ha hecho otra cosa que primar al partido que le está segando la hierba debajo de los pies.

'Diabólica' operación

El país, por lo demás, permanece en calma. Es muy firme y meditada la decisión de limitar las prcotestas a una por mes en una diabólica (por lo sutil y eficaz) operación de acoso y derribo. Un ex ministro del Interior de un Gobierno democristiano me reconocía que hubiera dimitido inmediatamente arte una perspectiva como esta. Pío hay Gobierno ni régimen que resista unos cuantos muertos a plazo fijo y por mes. Y menos un toque de queda mensual. La admirable estrategia de la Multipartidaria y del Comando Nacional de Trabajadores ha hecho perder la iniciativa al general de la miseria que quería ser el general de los pobre.

La broma, por lo demás, recorre los mentideros de Santiago. A la esposa de Pinochet, muy influyente, junto con su hija Laura, sobre su marido, se la conoce por "la mayonesa" porque siempre está encima del loco (el loco es un marisco, suave pero insípido, que faenan pescadores chilenos y japoneses en sus costas). No es un dato baladí; es la expresión del desprecio y la falta de respeto en la que ha caído un hombre que se mantiene en el poder sorprendentemente, sin beneficiar a nadie. Las últimas especulaciones de Santiago -sin duda, voluntaristas- apuntan hacia una hipotética renuncia por razones de salud de su excelencia el presidente de la República y del supremo Gobierno.

Su comité de crisis -ministros clave, secretarios de Estado, generales- recomienda una estrategia de palo y zanahoria que ha llegado tarde: detenciones y liberaciones, autorización de libros y toque de queda, regreso de exiliados y amedrentamiento de la población mediante asesinatos durante las manifestaciones de protesta, férrea censura de Prensa y encarcelación de líderes sindicales.

Hace unos años, tras el referéndum constitucional de 1980, esta política habría servido de algo. Ahora no sirve de nada, destruido el sistema económico artificial que sirvió de peana a aquel referéndum.

El balance del toque de queda del martes arroja ya dos muchachas, de 17 y 19 años, muertas por disparos en Santiago y Valparaíso; un celador de liceo de 27 años desaparecido y presumiblemente secuestrado durante el toque, numerosos heridos por disparos, y 1.200 detenidos en cinco ciudades del país, muchos de los cuales tendrán que pasar por la jurisdicción militar.

Hasta la policía lo reconoce

Hasta la propia policía admite públicamente que al menos una de las muertas lo fue por disparos efectuados desde un auto sin matrícula, y aquí nadie duda de a quién pertenece. Un dirigente estudiantil democristiano denuncia en una carta al director que publica la revista católica Hoy que fue secuestrado por la Central Nacional de Informaciones y torturado. La policía intentó sodomizarlo mientras sacaban fotografías que después fueron remitidas a su madre y a sus amigos con leyendas obscenas. Todos temen los últimos coletazos de un régimen que indefectiblemente se encuentra en el cabo de la cuerda.

14/7/83

Dos jóvenes muertas, un herido y 500 detenidos, balance de la jornada de protesta en Chile (14-7-1983)

Dos jóvenes de 17 y 19 años muertas a balazos, un herido, y más de 500 detenidos es el balance del to que de queda impuesto el martes en Santiago por el Gobierno del general Augusto Pinochet para sofocar la tercera jornada de protesta nacional. En el extrarradio no se respetó el toque de queda y la capital dio el mayor concierto de cacerolas que recuerdan los chilenos.El efecto psicológico de la ruidosa protesta generalizada, junto a las reacciones internacionales por la detención de líderes de la Democracia Cristiana, se consideran como un éxito entre la oposición al régimen.

A las ocho en punto de la noche del martes, muchos de los corresponsales de Prensa -encerrados por el toque de queda en el hotel Carrera, de Santiago, frente al palacio de La Moneda- entraron en sus cuartos de baño convencidos de que se abrían misteriosamente los grifos. Un rumor sordo, como el del gorgoteo del agua corriente, comenzaba a llegar al centro comercial y financiero de la ciudad donde se encuentra el hotel.

Había comenzado con el toque de queda el más impresionante concierto de cacerolas que recuerdan los chilenos. La torpeza del régimen ha multiplicado el efecto psicológico de esta tercerajornada de protesta. Los chilenos, pueblo europeo, civilizado, despreciativo de lasrepúblicas bananeras, ya sometido a múltiples restricciones y empobrecido económicamente, no tolera que, después de 10 años de gobierno, el régimen les meta en sus casas, como a escolares, a las ocho de la tarde.

Y el espeso silencio de una capital recluida sirvió de telón de fondo al batir rabioso de las cacerolas, que Pinochet habrá escuchado nítidamente desde su residencia en el barrio alto de la ciudad.

Durante más de una hora, el caceroleo fue y vino bajo el cielo cárdeno de la: noche andina de Santiago, variando de ritmo, trasladándose de un barrio a otro sobre los tejados de la ciudad. Con las luces apagadas y en el alféizar de sus ventanas, desafiando el frío, los santiagueños cansaron sus brazos golpeando las ollas con cucharones. Otros descendieron a los garajes y agotaron las baterías de sus coches encerrados, repitiendo tres toques rítmicos de bocina. Los periodistas del hotel Carrera bloqueaban la centralita, telefoneando a los distintos barrios para obtener información.

Interlocutores desconocidos sacaban a las ventanas sus auriculares para que un corresponsal extranjero pudiera escuchar el concierto de un barrio periférico. La cadena telefónica -la inventiva de la castigada oposición chilena es infinita- comenzó a funcionar. Una llamada anónima te dice: "Chile debe volver a la democracia. Pase a otros tres teléfonos este mensaje y no rompa la cadena". Varias centrales telefónicas sectoriales de Santiago quedaron inmediatamente saturadas.

Hasta la medianoche, la ciudad mantuvo sus ventanas abiertas, escuchándose a sí misma, pese al invierno, y oyendo los disparos intermitentes que se producían por doquier. Las poblaciones del extrarradio ignoraron el toque de queda, cortaron sus calles de tierra con neumáticos prendidos y arrojaron cadenas sobre los cables de alta tensión.

Aunque las tropas, prudentemente, no fueron empleadas a fondo, se produjo la muerte de dos jóvenes. Una de ellas, una muchacha de 17 años, María Isabel Sanhueza Ortiz, hermana de un carabinero, alcanzada por una bala en el jardín de su casa. Otra, Carmen Gloria Larenas, de 19 años, cuya muerte se conoció anoche, fue víctima, según el informe policial, de los disparos efectuados por desconocidos desde un coche sin matrícula. La policía da cuenta de más de 500 detenciones por violación del toque de queda.

Tras el almuerzo del martes, las calles de Santiago comenzaron a vaciarse. Por los suelos, las pocas octavillas escapadas a la requisa militar de la imprenta clandestina de la Democracia Cristiana (la primera jornada de protesta la protagonizó el cobre; la segunda, el Comando Nacional de Trabajadores, y esta tercera, la Democracia Cristiana) rezan así: "Julio 12. ¡Proteste! Caceroleo de 20.00 a 22.00 horas. No compre nada. Termina la protesta a las 22.00 horas del martes 12". Otros panfletos, enviados por correo, dibujan un auto ocupado por personas que hacen sonar cacerolas y el claxon bajo la cruceta de un punto de mira telescópica. "¡No!", dice la leyenda, "no lo vuelva a hacer. Con su actitud recuerda los funestos mil días de Unidad Popular y le hace un daño a su familia. ¡Medítelo!". En el panfleto está escrita a mano la matrícula del auto del destinatario. Sólo la policía puede conocer la dirección de un automovilista por la matrícula de su coche.

Radio Cooperativa, prohibida la palabra protesta, emite música de Serrat y habla sesgadamente de "jornada de descontento". Cierran los comercios, mientras que las radios y los canales de televisión dan lectura al bando del toque de queda: "...quien se encuentre en las calles, deberá detenerse inmediatamente y aproximarse hacia las fuerzas de seguridad...". A las cinco de la tarde, los santiagueños se apretujan en las colas de los autobuses. Los pocos que circulan (se han arrojado miguelitos, pequeños trípodes de púas, en las calzadas) lo hacen abarrotados, con las puertas abiertas y viajeros colgando. En la céntrica avenida O'Higgins un grupo de taxistas, a grandes voces, convoca rutas de retirada hacia las casas y llena sus coches, con seis viajeros.

Camiones y tanquetas militares comienzan a entrar en la ciudad. Es inevitable el recuerdo de Missing y la secuencia del caballo blanco desbocado. A las cinco de la tarde, en la capital de Chile no se puede tomar un café ni comprar un periódico. Quienes cumplen horarios vespertinos se aprestan a encerrarse en sus trabajos; se altera el horario de los trenes que salen o llegan a Santiago. En los poblados periféricos (La Legua tuvo que ser bombardeado por la avia ción el 11 de septiembre de 1973: sus habitantes estaban colgando de las farolas a los carabineros rebeldes), los obreros parados están en las calzadas, expectantes. No pasa nada, pero por la noche se enfrentarán a las tropas.

El centro, sin civiles

A las siete de la tarde, el centro de Santiago está desierto de civiles. Unos pocos coches particulares cruzan las calles a toda velocidad; helicópteros militares sobrevuelan la desolación de la capital. Los alrededores de la Moneda están fuertemente protegidos por carabineros con casco y metralleta. La Moneda, palacio colonial hermosísimo, tiene en su centro un patio con naranjos que hasta el golpe de 1973 los chilenos cruzaban libremente para no tener que bordear el edificio. Llega el toque de queda y los últimos desprevenidos se refugian en las antesalas de los hoteles. Raúl Matas, que presentara en Televisión Española Discomanía, recuerda, desde la televisión estatal, que uno de los principios del derecho occidental reside en la ilegitimidad de la rebe lión contra el poder legalmente constituido, y enfatiza el rechazo de Chile a la protesta diplomática española por la detención de Gabriel Valdés y sus correligionarios.

Estamos en 1983. Hace 10 años que el general Pinochet gobierna en este país. En este tiempo no se ha atrevido a levantar el estado de emergencia.

Por el contrario, se incomunica en la cárcel a Gabriel Valdés y el Gobierno sigue emitiendo monó tonos comunicados sobre el peligro de la subversión comunista intemacional. Los chilenos, aburridos y encerrados en sus casas rompieron el martes sus cacerolas en la que puede haber sido la noche más solitaria y meditativa del general Pinochet.

13/7/83

Pinochet decreta, a la desesperada, el toque de queda para hacer frente a la nueva jornada de protesta de los chilenos (13-7-1983)

Hacia las 10 de la mañana, hora de Santiago, el Gobierno del general Augusto Pinochet anunció por radiotelevisión el toque de queda en la región metropolitana y en la provincia de Concepción para el día de ayer, desde las ocho de la tarde hasta las 12 de la noche. Nadie, por consiguiente, puede circular por las calles entre esas horas. Permanece inalterable el toque de queda para vehículos entre las dos y las cinco de la madrugada. No debe olvidarse, además, que rige en el país el estado de emergencia, que se renueva cada seis meses, y que restringe los derechos y libertades individuales de reunión, asociación y expresión, que la censura informativa es total y que el artículo 24 de la Constitución permite la detención o destierro indefinido y arbitrario de las personas.

No era bastante: ayer, y por cuatro horas, los chilenos tuvieron que correr a refugiarse a sus casas mientras las calles de Santiago eran patrulladas por las tropas. Y todo ello, 10 años después del golpe de Estado contra el Gobierno democrático de Unidad Popular. Esta desmedida y prepotente reacción del Gobierno ante una tercera jornada de protesta pacífica evidencia, más que las manifestaciones mismas, el profundo estado de anormalidad en el que se desarrolla la vida pública chilena bajo el régimen pinochetista. Un atronador cacerolazo desde las ventanas por parte de los santiagueños encerrados por decreto se esperaba a la hora de cerrar esta edición.Nuevamente el centro de Santiago y las poblaciones del extrarradio fueron ayer una concentración de autobuses de carabineros, de parejas de policías con perros, y de soldados en un despliegue intimidatorio excepcional. El general Mendoza, director de carabineros, ya declaró el lunes que "el que sea sorprendido, que se atenga a las consecuencias", que los organizadores de la protesta "son los mismos de siempre", que "hay algunos a quienes les interesa la vuelta al pasado" y que esperaba que "todas las medidas policiales tomadas no fuesen necesarias".

También el lunes, en el palacio de la Moneda se reunieron durante cuatro horas los ministros del Interior, Relaciones Exteriores Defensa, Hacienda, Justicia, Trabajo, secretario general del Gobierno y secretario general de la Presidencia, junto con el jefe de la guarnición militar de Santiago y de la zona en estado de emergencia y el director de la Central Nacional de Informaciones (policía política). Conforman una especie de comité de crisis del general Pinochet y dedicaron su tiempo a garantizar hoy el mantenimiento del orden público a toda costa. Al tiempo, Pinochet se reunía con el mismo fin con el vicecomandante en jefe del Ejército y con el jefe del Alto Estado Mayor. Nunca una protesta popular, que además se convocaba pacífica y que en sus ediciones anteriores no alcanzó a formar grandes manifestaciones por las calles (todo son saltos intermitentes, barricadas esporádicas, sonar de cocinas o de cacerolas desde las ventanas) habrá merecido tanto despliegue y tanta preocupación. Según fuentes solventes, en las anteriores reuniones se puso sobre la mesa el informe correspondiente al estado de sitio.

Cláxones y cacerolas

A las 12 de la mañana de ayer, hora de Santiago, seis de la tarde en Madrid, podía advertirse una disminución sensible en el tráfico de peatones por el centro de paseo de la ciudad, y ya había noticias de una masiva deserción escolar. Sin embargo, a esta hora la normalidad era completa fuera de la alarma generalizada por el brusco anuncio del toque de queda y de las anécdotas de breves y primerizos conciertos de claxon mientras los automovilistas se sonríen tímida y cómplicemente y alguna cacerola batida prematuramente en una ventana. En las facultades universitarias de la capital ya habían comenzado los encierros y las manifestaciones dentro de los campus.

Miguel Alex Schweitzer, ministro de Relaciones Exterior y sobre cuya dimisión se especula blandamente ante el bochorno internacional de la detención de Gabriel Valdés y sus correligionarios, tuvo que recibir a los embajadores y encargados de negocios de la Comunidad Económica Europea, quienes, en grupo, acudieron a la cancillería a expresar la preocupación de sus Gobiernos por el apresamiento de los dirigentes de la Democracia Cristiana chilena. No pudo contestarles otra cosa que se trataba de un asunto meramente judicial, en el que el Gobierno no decidía. Es obvio en Santiago que el Gobierno podía haber detenido a Gabriel Valdés, José Lavandero y José de Gregorio mediante la aplicación administrativa del artículo 24 de la Constitución pinochetista; ha optado, después de las quejas estadounidenses, por la detención de Rodolfo Seguel, por forzar la orden de prisión a través de un juez duro y complaciente. Tan es así que la querella de Interior por los 700.000 panfletos de la Democracia Cristiana se retrasó hasta que estuviera de guardia el juez adecuado.

Al manifiesto de 380 personalidades chilenas en favor de la libertad de los detenidos se suman ya otras 1.200 firmas encabezadas por la viuda del ex presidente Eduardo Frei. Aunque con prudencia y encomiable moderación, no hay nadie relevante en Chile, y podría decirse que hasta nadie decente, que ponga su firma al pie de un papel que apoye a este régimen, sino todo lo contrario. La reacción de Pinochet, de consecuencias imprevisibles a la hora de redactar esta crónica, es, como poco, la del hombre que ha perdido todo contacto con la realidad: toque de queda a las 8 de la noche en un Santiago muerto de frío, de rabia y de temor.

12/7/83

Goyo Álvarez, el Napoleón de una república novillera (12-7-1983)

Montevideo, azotada por los vientos, encerrada en sí misma, apagada, estuvo tres días en la calle saludando al rey Juan Carlos que Negaba desde la democracia. Así, el pasado 1º de mayo y la visita de don Juan Carlos después, pueden haber convencido a la oposición uruguaya de que el pueblo quiere ser convocado para terminar de salir de esta miseria. Miseria policiaca que llega hasta la saciedad. Un enviado especial de EL PAIS visitó recientemente Uruguay.

Las conversaciones de los lunes entre el Ejército uruguayo y los representantes de los partidos Blanco, Colorado y Unión Cívica, se celebraban en un salón del Parquehotel de Montevideo. Algo se había ganado y los líderes políticos recuerdan cómo hace unos meses tenían que esperar horas, en la calle, ante los portones de los cuarteles, para ser recibidos en audiencia militar. Éste era un diálogo que les repugnaba y para el que no estaban preparados. Asesores estadounidenses les habían convencido de que ganarían el referéndum constitucional de 1980 y encontraron en él sus Malvinas políticas. Aun así estimaron que al menos ganarían las elecciones internas de los partidos autorizados y se encontraron conque la extrema derecha de blancos y colorados quedaba barrida de las urnas."Tienen reflejos lentos", estima un dirigente de la proscrita Democracia, Cristiana. "Tardaron ocho meses en darse cuenta de que tenían que negociar y llegaron al diálogo sin entusiasmo y sin haber soltado lastre. Podían haber conseguido pactar con los partidos su impunidad, que es lo que más les interesa; razonables garantías para impedir que el terrorismo rebrote, e incluso la proscripción de los comunistas en una primera etapa. Pero no, lo que quieren es entrar en las casas por la noche".

En efecto, uno de los más caros empeños de los militares en los diálogos del Parquehotel consistía en la reforma de la Constitución para limitar la inviolabilidad del domicilio, al menos en las noches. Con el argumento de que la subversión utiliza con nocturnidad los pisos particulares para sus demoniacas tenidas, quieren que el Ejército y la policía pueda allanar las casas sin mandamiento judicial en cuanto se ponga el sol. Y que esa facultad quede reflejada en la futura Constitución.

Romper la baraja

Es perfectamente comprensible el radicalismo de Wilson Ferreira, líder exiliado indiscutible de los blancos, que busca desde Londres romper la baraja de este diálogo imposible. "Pero Ferreira", afirman los colorados, "puede acabar como Haya de la Torre, que ganaba todas las elecciones y no gobernó nunca porque los militares peruanos cuando juraban la Constitución añadían por lo bajinis: 'Y odio eterno a Haya". Finalmente blancos, colorados y cívicos han abandonado la charada del Parquehotel y han emprendido la senda chilena de las movilizaciones periódicas y pacíficas.

La oposición uruguaya llama la atención por su cordura política. Son partidos viejos, que datan -los dos hegemónicos- de la independencia, divididos en múltiples fracciones que coexisten amigablemente entre sí, con liderazgos definidos como los de Sanguinetti entre los colorados y Ferreira entre los blancos. Los partidos tolerados informan regularmente a los proscritos de sus negociaciones con los militares. La civilidad de estos "suizos de América" se refleja también en sus políticos. La cerrazón de los uniformados que detentan el poder puede llevar, sin embargo, al Uruguay a ser el último país del Cono Sur en recuperar sus libertades, pero una vez alcanzadas es la nación que tendrá un futuro democrático más estable y menos convulso. Su presupuesto nacional es el de una multinacional media y podrán repararse con menor coste social los desastres de una economía con gorra de plato. Pero la checoslovaquización del país aún permite a los militares seguir mandando en la tierra que hizo feliz a Garibaldi.

La embajada estadounidense en Montevideo no ha movido un dedo por la oposición uruguaya. Y tras la guerra de las Malvinas gran parte del personal diplomático de la representación de Buenos Aires ha sido trasladada a esta orilla del Plata. Ante la demolición controlada de las dictaduras castrenses en el Cono Sur, EE UU podría -así se estima en Montevideo- reservarse Uruguay como un último reducto de observación en un país pequeño y controlable y de gran importancia estratégica. Paraguay, sencillamente, no existe; gracias al presidente Stroessner, Asunción no pasa de ser la capital de una ensoñación geográfica.

La pinza democrática en la que Uruguay se encuentra, entre Brasil y Argentina, influye escasamente en este país, siempre un poco a trasmano del mundo. Como me admite un diplomático, "éste es un destino apasionante, que no interesa a nadie". La opinión pública internacional puede molestarse en poner sus ojos sobre los sucesos de Santiago o Buenos Aires, pero es indiferente hacia el sufrimiento escondido, callado, sin bombas ni tiros, de los montevideanos.

Y eso lo sabe el teniente general Gregorio Goyo Álvarez, presidente de la Junta Militar, que se tiene por peruanista, que sólo ha viajado al exterior para abrazar a Pinochet y que pretende perpetuarse en el poder. Hace tres meses utilizó una gira interior para lanzar una proclama en la que venía a proponer su propio partido político. Sus conmilitones le desautorizaron; los políticos se llevaron las manos a la cabeza: "Ya se ve como un Napoleón de una república novillera". PeroGoyo ha hecho todo lo posible por enarenar el diálogo político militar: suspensión de publicaciones, detenciones arbitrarias, provocaciones constantes.

Dentro del Ejército sólo el general Rapallo, que manda la primera, división del país y preside los debates del Parquehotel, cree en la necesidad de restaurar la democracia; en febrero pasa a la reserva. Sin proyecto político alguno, apoyándose en su ambición, en el hecho de que Uruguay es una gigantesca comisaría y en el desinterés internacional y el carácter pacífico de su pueblo, el presidente Goyo Álvarez rumia su permanencia en el poder más allá de 1985.

Un motivo de inspiración

Bajo un gobierno que llegó a encarcelar a Juan Carlos Onetti porque no le gustó el cuento premiado por un jurado del que aquél formaba parte, los uruguayos pueden haber encontrado en la reciente visita del Rey de España un motivo de esperanza. "Sólo el Papa", te aseguran, "podría haber hecho aquí lo que hizo el Rey: Convidar a cenar bajo el mismo techo a Goyo y a los políticos proscritos".

El canciller uruguayo justificó el secuestro de la revista Democracia por una foto en la que el Rey saludaba a Wilson Ferreira, aduciendo que éste era un delincuente común. Fernando Morán tuvo que advertirle, cortante, que el Rey no estrechaba la mano de delincuentes. Los tupamaros españoles sobre los que nuestra diplomacia negoció con esperanzas siguen pudriéndose en las prisiones más abyectas del Cono Sur. Tras una visita del Rey hasta la Junta Militar argentina, antes de las Malvinas, liberó presos e incluso aparecieron desaparecidos. Los militares de Montevideo no están dispuestos ni a pagar esta moneda de elegancia, pese a los esfuerzos hercúleos e impagables de nuestra embajada en Uruguay. Lo dicho: Checoslovaquia y que el Ejército pueda entrar de noche en las casas. Así están las cosas.

La censura de Pinochet no conseguirá evitar que los chilenos participen hoy en la tercera jornada de protesta nacional (12-7-1983)

Pese a una censura de Prensa que el franquismo hubiera reclamado envidiosamente para sí, los chilenos han sido convocados hoy a su tercera jornada nacional de protesta, mediante llamadas telefónicas, avisos verbales y alguna octavilla que ha escapado a la caída en manos policiales de la Imprenta de la Multipartidaria; todo un ingenioso tam-tam de una población amordazada.

El Comando Nacional de Trabajadores y la Multipartidaria piden la suspensión de actividades comerciales y financieras, paros intermitentes en los centros de trabajo, no asistencia a las escuelas y, a las seis de la tarde, concierto de cacerolas, sinfonía de bocinazos, el encender y apagar las luces de los pisos exteriores, en un sorprendente guiño nacional, y retirada a los domicilios, para evitar las provocaciones de los elementos parapoliciales y nuevos asesinatos de franco tiradores desde automóviles sin matrícula. No obstante, éste será sólo un escalón más -el tercero- en la lucha de los chilenos contra Pinochet. Las detenciones, los despidos, la desinformación y el amedrentamiento dominan el crudo invierno de Santiago.El domingo, 380 personalidades chilenas presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra la detención e incomunicación del ex canciller Gabriel Valdés, secretario de la Democracia Cristiana chilena, y los dirigentes también democristianos José Lavandero y José de Gregorio. El jueves deberán decidir los jueces si continúa su prisión preventiva. Junto a ellos quedaron encarcelados un sociólogo, un estudiante de teología y la dueña de la imprenta donde se imprimieron los 700.000 panfletos de la Multipartidaria, convocando a la jornada de lucha de hoy. Entre los firmantes del escrito figuran el ex vicepresidente de la República, Bernardo Leighton, el obispo auxilar de Santiago, monseñor Hourton, Radomiro Tomic, escritores, artistas, un exrector de la todopoderosa Universidad Católica de Santiago...

Valdés, Lavandero y De Gregorio fueron interrogados durante seis horas antes de ser introducidos en un furgón y trasladados a la cárcel pública de Santiago, en un régimen de incomunicación que ni siquiera se le impuso a Rodolfo Seguel, líder de los trabajadores del cobre y del comando nacional. Asimismo, ha sido el poder judicial quien se ha plegado a los requerimientos del Ministerio del Interior, encarcelando al secretario general de la primera fuerza social y política del país. Con aplausos y vivas y cantando en la calle el himno nacional, unas 50 personas despidieron el furgón celular que trasladaba a los detenidos. Horas después eran detenidas tres mujeres, capitaneadas por la ex parlamentaria Wilda Saavedra.

La sede de la Coordinadora Nacional Sindical -la más combativa de las cinco organizaciones que integran el Comando Nacional de Trabajadores- fue allanada durante dos horas, practicando la policía cinco detenciones. También en el centro de Santiago, los carabineros detuvieron a 14 familiares de desaparecidos que se manifestaban pacíficamente. El menor movimiento opositor es reprimido con celeridad y eficacia. El presidente Pinochet, que aseguró no tolerar una protesta más, cumple sus amenazas. El temor en la víspera de esta tercera protesta nacional residía en que se multiplicaran los actos de vandalismo del mes pasado, durante los cuales la policía declaró zona libre barrios enteros de Santiago y en los que el lumpen al servicio de la Central Nacional de Informaciones (policía política) saqueó a discreción y asesinó a cuatro jóvenes, atribuyéndose los desórdenes a una conspiración de la Internacional Comunista.

Lo que no ha llegado a la población chilena es la unánime reacción internacional de repulsa por estas detenciones, y más concretamente por las de Valdés, Lavadero y De Gregorio. Las agencia de noticias recogen, sin que la amordazada Prensa chilena pueda, evidentemente, reflejarlas, las duras declaraciones de destacadas personalidades políticas de todo el mundo. Quizá por su severidad y por las pocas sospechas que puede levantar quien las pronunció haya que destacar las palabras del canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl, para quien el encarcelamiento de Valdés y sus correligionarios constituye "un error catastrófico de las autoridades chilenas".

El Gobierno de Felipe González y varios partidos políticos españoles también se han sumado al coro de protestas internacionales, lo mismo que Instituto de Cooperación Iberoamericana, con el que el ex ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Eduardo Frei colabora asiduamente.

Mientras, comienzan a llegar los primeros exiliados que se acogen a las recientes autorizaciones para volver. Desde el sábado se encuentra en Chile la viuda del excanciller Orlando Letelier, asesinado en Estados Unidos.

11/7/83

Los militares son conscientes de que nunca serán aceptados por el pueblo (11-7-1983)

Cuando me recibe, la esposa del general Líber Seregni acaba de regresar de la visita semanal que hace a su marido en la Central de Montevideo (Jefatura de Policía también utilizada como prisión para detenidos especiales). Su teléfono no viene en la guía, y del portal de su casa en la avenida Artigas (embargada), algún montevideano ha arrancado como recuerdo la placa metálica con el apellido Seregni. General brillante -la mejor carrera de su promoción- fue degradado, torturado y condenado a 14 años por haberse negado a violar la Constitución.

Sin adscripción a un partido determinado, tenido por liberal progresista, Seregni lideró en 1973 el Frente Amplio que aglutinó a la izquierda y fue el candidato más votado de la capital. Acaso sea el único general en el Cono Sur de quien se oye hablar con veneración. Acaban de otorgarle el premio Lenin de la Paz y en opinión de todos los políticos demócratas uruguayos "le han hecho polvo".

El régimen aprovechó la ocasión para propalar la falacia del comunismo del general Seregni. Hasta su esposa-viuda admite que a veces duda de las intenciones políticas de quienes pretenden ayudar e insiste en que no se puede provocar a este gobierno militar. Aún entera, llena de dignidad, todavía recibe llamadas nocturnas en las que se le comunica el traslado de su marido agonizante a un hospital. Se levanta, corre a la calle y comprueba una vez más la falsedad de la torturante llamada. La explicación de tanta crueldad con Seregni y su familia reside en que el general es la mala conciencia del régimen y la evidencia del origen oligárquico y no pacificador de la intervención militar.

Hace un mes, tras cumplir su pena, fue liberado el general Víctor Licandro, y otros 24 oficiales y jefes de capitán a coronel continúan en la cárcel junto a Seregni. A raíz del golpe de Estado, más de 150 jefes y oficiales tuvieron que pasar a la reserva, algunos con hasta 12 años de carrera por delante. Bien o mal, la guerrilla urbana había sido erradicada y nada justificaba la toma del poder por los militares, por eso se dividieron entre ellos y los golpistas depuraron la institución encarcelando o expulsando a lo mejor de sus filas.

Pero la oligarquía ganadera y financiera estaba por el golpe militar desde mucho antes de que aparecieran los tupamaros, y a ese interés se sirvió, con la ayuda de unos funcionarios de Washington que no saben dónde está Montevideo e ignoran que este país tiene fortísimas tradiciones democráticas y occidentales y que lo incluyeron en el mismo paquete que a Chile y Argentina. Y aquí nunca peligró la democracia por la izquierda, ni siquiera en lo más álgido de la ofensiva tupamara.

Anarquía insalvable

El caso es que como a los uruguayos no se les podía salvar de la anarquía (jamás dejaron de constituir una envidiable sociedad pacífica, culta y paciente), los militares influidos por un lado por la crítica tupamara al sistema económico y empujados por otra parte por quienes olfateaban el negocio monetarista a corto plazo, decidieron modernizarun Estado que por sus características físicas podía ser manipulado. Ardió Troya y el experimento lo fue con gaseosa.En un país que tenía una de las legislaciones sociales más avanzadas de América, los ciegos hacen sonar su lata con monedas en las esquinas de Montevideo, y a lo largo de la Avenida 18 de julio (por la primera Constitución del país) se expande el olor dulzón de los cacahuetes con chocolate que en carritos improvisados expenden jóvenes parados. Un exilio selectivo de un millón de uruguayos abandonó el país hasta el extremo de que la emigración supera actualmente a la tasa de mortalidad ("el último que se marche que apague la luz del aeropuerto"), las cazadoras más baratas se ofrecen en cómodos plazos mensuales y la tasa oficial de desempleo se cifra en un 15%. Un país de clase media y de jubilados (dos por cada trabajador activo) quedó convertido en 7 años en una nación de emigrados y de pobres.

Aunque la verdad es que algo ha logrado el régimen militar: refinanciar por dos años (el plazo que se han autoimpuesto para entregar el poder) la deuda externa. "Son maravillosos", me dice un probable presidente democrático; "en cuanto nos dejen el poder a los civiles lo primero que vamos a tener que hacer es salir corriendo por el mundo para ver cómo demonios pagamos sus deudas".

Uruguay tenía, en efecto, una estructura económica obsoleta basada en el comercio internacional y en las periódicas necesidades europeas de alimentos. Las ganancias que produjeron las dos posguerras mundiales financiaron la ya anticuada infraestructura del país, y una legislación social avanzada. Es cierto que había que invertir el signo de las cosas y que el proteccionismo tradicional, por ejemplo, hacia la industria automotriz convirtió Montevideo (aún lo es) en un museo admirable de Buick, Oldsmobile, Mercedes, Citroën, Ford, de los años cuarenta. Los talleres mecánicos de Montevideo son capaces todavía de fabricar en 24 horas, artesanalmente, la biela de un Ford-T. Pero el librecambismo arruinó lo poco que quedaba y ni siquiera terminó de renovar el parque móvil: aquellas redondas Isettas todavía cruzan animosas la capital.

Sólo los militares uruguayos y De Gaulle pierden los referendos que convocan. "No se han dado cuenta", afirma socarronamente un líder político, "de que aquí si sacan a votación la tabla del dos, los uruguayos votan en contra aunque no puedan volver a multiplicar correctamente en su vida. Sencillamente, se vota contra el régimen".

El control policiaco

Y en este clima comienzan las conversaciones con los partidos para devolver el poder a los civiles en 1985. Los militares son conscientes de que nunca serán aceptados por el pueblo, pero no olvidan que mantienen intacto su control policiaco sobre el país. Y en un hotel de Montevideo, todos los lunes, hasta hace una semana, generales y políticos se sientan a una mesa y comienzan un diálogo kafkiano:Un general: 'No podemos admitir a la democracia cristiana porque obedece órdenes de un movimiento internacional".

Un político: "Qué más quisieran ustedes que la democracia cristiana uruguaya estuviera influida por su internacional. ¿Usted sabe quien es Strauss?".

Otro general: "No se puede legalizar a los socialistas; de ellos salieron los tupamaros".

Otro político: "Claro, 'salieron', luego ya no están".

Otro general: "Pero ustedes, los blancos y los colorados, ¿por qué insisten tanto en legalizar a los otros partidos? Si entre ustedes se reparten el 80% del electorado del país, ¿para qué quieren que legalicemos a los otros, a los socialistas, a los comunistas, a los democratacristianos ...?".

Otro político: "Mire usted mi general, la democracia ... ". Éste era el diálogo literal y no ficticio de los políticos uruguayos con los generales en el poder. No es de extrañar que una de las partes haya perdido la paciencia y haya convocado al pueblo a la calle.

10/7/83

La Multipartidaria argentina, próxima a su derrumbamiento (10-7-1983)

Con sorpresa y desagrado fue recibida en Buenos Aires la suspensión de la reunión de la Multipartidaria solicitada por el Partido Intransigente y prevista para el pasado jueves. Enzarzados entre sí y ocupados en sus luchas intestinas, los presidentes de los cinco partidos que forman la Multipartidaria no fueron capaces ni de ponerse de acuerdo en la hora de la reunión. Democristianos y radicales propusieron sustituir el plenario por una reunión del secretariado permanente de esta gaseosa agrupación política, a lo que se han negado, airados, los intransigentes. Es patente la agonía y la ineficiencia de una Multipartidaria argentina que tantas esperanzas despertó en el Cono Sur. Así, las lejanas posibilidades de organizar una multipartidaria internacional contra las dictaduras militares en esta parte del mundo, como propuso Raúl Alfonsín, líder de los radicales argentinos, queda arrumbada.Así son las cosas: no existen pactos previos de no agresión política, los partidos aparecen cada vez más desunidos y hasta enfrentados. Parece no existir el entendimiento de que sólo una mínima plataforma democrática permitirá llegar a las elecciones y de que, una vez efectuadas éstas, sólo un pacto político-social entre peronistas y radicales permitirá que la democracia sobreviva.

Y ante el derrumbe de la Multipartidaria, los dos sindicatos peronistas -radical y moderado- y la Iglesia han encontrado la hora de su protagonismo, proponiendo un plan de emergencia por la paz social y la democracia que permita llegar a las elecciones de octubre. Saúl Ubaldini y Jorge Tríaca, dirigentes de las dos CGT (Confederación General de Trabajadores), se han reunido en insólita alianza con el equipo de Pastoral Social de la Iglesia para intentar conjurar la crisis y proponer un aumento inmediato de salarios, un sueldo mínimo acorde con el coste real de la cesta familiar, la reducción de tasas de interés, la contención de los ajustes tarifarios y la utilización selectiva del crédito como mecanismo de reactivación económica. Y con su programa en la mano han solicitado audiencia a la Junta Militar y a la destruida Multipartidaria. Puede ser muy peligroso, vienen a decir, hacer votar a un pueblo que, al margen de otros gravísimos problemas, ni siquiera sabe cómo llegar a fin de mes.

Los militares continúan tejiendo y destejiendo su ley del olvido. Ahora el Ejército propone que la amnistía comprenda desde el comienzo de la actividad guerrillera hasta ahora, incluyendo los recientes asesinatos de Cambiaso y Rosi, y la Armada y la Fuerza Aérea sólo quieren la amnistía hasta el día 1 de julio de 1982, fecha de la asunción de la presidencia por Reynaldo Bignone.

Julián Marías, finalmente, intenta, desde el canal televisivo de la Marina, insuflar optimismo y esperanza en sus charlas orteguianas a la descreída sociedad argentina.

Una de las más desconocidas dictaduras militares de América Latina (10-7-1983)

La semana pasada los tres partidos uruguayos tolerados por la dictadura militar (Blanco, Colorado y Unión Cívica) rompieron el diálogo semanal que venían manteniendo con los generales, ante la intransigencia de éstos, la continuación de las detenciones políticas y su empeño en perpetuarse como un poder paralelo ante el futuro Gobierno democrático. Los políticos uruguayos habrán decidido ayer la fecha de una jornada de protesta nacional como alternativa a una discusión con los militares que se presenta cada vez más dificultosa. Apagada su lucha por el relieve de la de los argentinos o chilenos, los demócratas uruguayos se enfrentan a una de las más obtusas dictaduras de esta zona del mundo. Un enviado especial de EL PAIS visitó recientemente esta república latinoamericana.

Sobre un Estado-ciudad de tres millones de habitantes pesa una de las más duras y desconocidas dictaduras militares latinoamericanas. El control del Estado sobre los ciudadanos intenta ser absoluto, y en el Uruguay de 1983 pueden haberse cumplido algunas de las profecías de Orwell. Para empezar: en Uruguay la cárcel se paga, no ya con los sufrimientos y las separaciones y los años perdidos inherentes a toda reclusión, ni con la destrucción psicológica que caracteriza turbiamente a las penitenciarías de Libertad (hombres) y Punta Rieles (mujeres), no; en Uruguay la cárcel, como el hotel, se paga en pesos uruguayos contantes y sonantes; tanto por tantos días de hospedaje, por la comida, por la ropa, por los desperfectos originados... Y como del hotel, no te vas de la cárcel si no pagas la cuenta.Presumiblemente, la mayoría de los 1.200 presos políticos que hay en el país (dato estimado) arrostraría más años de cárcel antes de pagar a sus verdugos, pero hicieran lo que hicieran, de todas formas su ruina económica estaría asegurada. Paralelamente a la detención, quedan embargados los bienes del detenido, y cumplida la pena, si no se abona la cuenta, salen a subasta pública el piso, el automóvil, los electrodomésticos, los muebles, se enajenan sus ahorros, todo. El preso queda en la calle, y su familia también. Es la aportación original de la dictadura militar uruguaya al equilibrio de los presupuestos y al liberalismo económico que desdeña esos Estados providencia, decadentes, que hasta sufragan la estadía de los presos en prisión.

Y el que la dictadura uruguaya haga pagar la cárcel a sus opositores no es sólo un dato colorista, sino que pone en blanco sobre negro el auténtico carácter de este régimen y su dificultosa salida hacia la normalidad democrática. Es un país pequeño en el que no se pueden recorrer distancias superiores a los 700 kilómetros; de sus poco más de tres millones de habitantes, al menos un millón ha tenido que exiliarse; llano, sin anfractuosidades de terrero, es casi un Estado-ciudad con una fértil sabana a su alrededor para el pastoreo de las reses. Una nación manejable en el sentido literal de la palabra, idónea para experimentar sobre ella ensayos de gobierno: el que la llevó, por ejemplo, en los años treinta-cuarenta a ser estimada como la Suiza americana, o el que la convirtió en 1976 en la Checoslovaquia del Cono Sur.

Categorías políticas

Los ciudadanos han quedado divididos en tres categorías: A, B y C. La pertenencia a la A implica estar por encima de toda sospecha; los ciudadanos adscritos a la B siempre encontrarán dificultades burocráticas y, permanentes sospechosos, serán objeto de seguimientos y escuchas; la plebe de la C sencillamente tendrá problemas para jubilarse, para cobrar sus pensiones, o se verá despedida de sus trabajos incluso en la empresa privada. Las categorías alcanzan también a los partidos; el régimen militar accedió finalmente a legalizar los dos partidos históricos que se reparten la mayoría política del país (Nacional, Blanco y Colorado), a más de la diminuta Unión Cívica, de raíz católica, pero mantienen su prohibición sobre comunistas, socialistas y democristianos, graduando su rencor en ese mismo orden.

A los comunistas que ahora pueblan las cárceles, aunque nunca tomaron una pistola, se les proscribe por razones obvias y porque coparon antaño la dirigencia sindical; a los socialistas se les castiga porque los tupamaros fueron una escisión por su izquierda, y a los democristianos no se les perdona haber sido el paraguas -Frente Amplio- bajo el que se cobijó la izquierda (un 18% de los votos) para enfrentarse a los tradicionales blancos y colorados, que en una abstracción algo forzada podrían equivaler a los partidos estadounidenses republicano y demócrata. A este respecto, merece atención la democracia cristiana uruguaya, cuyos integrantes, de ser arrojados a los leones del circo, serían devorados por éstos en vez de alimentarse de éstos, como se asegura ocurriría con sus homólogos europeos. Los democristianos uruguayos sí han creído en el Concilio Vaticano II.

A su vez, y dentro de los partidos tolerados, existen dirigentes legalizados y dirigentes proscritos. Así, el Partido Colorado cuenta entre sus más prestigiosos dirigentes a Jorge Valle, cuyo nombre no puede ni ser citado en los periódicos bajo pena de cárcel, y Wilson Ferreira, líder indiscutible de los blancos (exiliado en Londres), es tildado de delincuente común prófugo de la justicia, y cuando su semanario -Democracia- publica su foto saludando al Rey de España, la respuesta es el secuestro de la edición (el mismo día de la llegada del Rey) y seis meses de suspensión.

Legalizados y proscritos

Cientos de uruguayos, aun cuando no tengan pendientes problemas con la atrabiliaria justicia del régimen militar, ven así graciosamente suspendidos todos sus derechos políticos. Por decreto son uruguayos de la clase C, y se darán con un canto en los dientes si en la hora de su vejez consiguen los documentos precisos para cobrar su jubilación. Un destacado político uruguayo quería retratar me el carácter del régimen y recurrió a un recuerdo personal: "Hace unos meses un íntimo amigo, sin inquietudes políticas, funcionario de toda la vida, fue interrogado por la Seguridad del Estado antes de poder acceder a un cargo público superior. El militar que le inquiría admitió que mi amigo carecía de antecedentes sospechosos, pero antes de dar su visto bueno quiso hacerle una pregunta: '¿Qué hacía su automóvil en tal día de tal mes de 1969 estacionado frente a un club comunista de Montevideo?'. ¡Catorce años antes!, ¡cuatro años antes del comienzo de la intervención militar en el país! ¡siete años antes del derrocamiento del presidente Bordaberry! Tras muchos esfuerzos y sudores, mi amigo logró recordar que por aquellos años trabajaba en una empresa cuya sede estaba relativamente próxima a un club comunista y que entraba dentro de lo posible el haber aparcado su automóvil allí. La explicación fue acepta da y mi amigo ascendió. Este es el sistema".

En Uruguay la red telefónica funciona con criterios mágicos absolutamente ajenos a los principios científicos que rigen los impulsos electrónicos. Pero la computación del control militar sobre los ciudadanos es rigurosa, exacta matemática, inasequible a la des memoria. El aparato represor de la dictadura uruguaya ha sido mucho más sólido, y en ocasiones mucho más obtuso, que los aplicados en Brasil, Chile o Argentina, y consecuentemente, su salida hacia la democracia está menos elabora da y se adivina más lenta en Santiago, Buenos Aires o Brasilia. Ante las atrocidades cometidas por militares argentinos y chilenos en sus respectivos "procesos", los uniformados uruguayos pueden hasta ser vistos engañosamente con simpatía.

Es cierto que las organizaciones humanitarias de Montevideo sólo tienen datos acerca de 17 desaparecidos desde 1973 (cifra irrisoria en un proceso represor en el Cono Sur), pero debe considerarse que el Ejército uruguayo es llamado a batir la guerrilla tupamara por un Gobierno constitucional, el de Bordaberry, y que el choque represor se llevó a cabo, entre otros factores, con cierta libertad de Prensa y con un congreso abierto. La tortura y el asesinato de tupamaros o simplemente de izquierdistas fue moneda corriente en los cuarteles, pero sin alcanzar los niveles de paranoia que después se lograron en la otra orilla del Plata.

La fascinación tupamara

"Pero mire usted", dice el líder de otro partido democrático, "aquí el ejército cayó en la anarquía más absoluta. Se dio mano libre a los oficiales jóvenes para que acabaran con la guerrilla urbana, exonerándoles de antemano por cualquier exceso. Y cuando empezaron a aplicar la ley de fugas y algunos generales protestaron, los que entonces eran capitanes y se estaban manchando las manos les enseñaron los colmillos. Aquí los militares estaban muy influidos por los ideólogos franceses de la batalla de Argel, aunque mucho me temo que la mayoría no había pasado de leer las novelas de Jean Larteguy. El caso es que en Europa tienen que ser conscientes de que el Ejército uruguayo toma definitivamente el poder en 1976, cuando ya ha ganado su guerra contra los tupamaros. Acabaron con ellos en seis meses, pero muchos pensamos que después de torturarlos los envidiaban. La anarquía de la oficialidad joven propició el golpe y los generales cabalgaron la ola".

En efecto, el Ejército uruguayo ni es elitista, como el argentino, ni posee la tradición institucional que tenía el chileno. Su papel social era pequeño y nadie invitaba a un coronel a una recepción. Ahora, en el salón de una embajada puede escucharse a la esposa de un coronel comentar a su marido: "¿Y por qué no aprovechamos estos años para recorrer Europa?". Encontraron en su intervención bajo Bordaberry (1973-1976) un protagonismo del que siempre carecieron, y mientras torturaban e interrogaban a los tupas adquirieron cierta suerte de síndrome de Estocolmo invertido: el torturador quedó subyugado por la víctima. Mucho se especuló entonces acerca de posiles pactos entre tupamaros y militares jóvenes, y, en cualquier caso, pocos dudan hoy en Montevideo que Amodio Pérez, mano derecha de Raúl Sendic, fundador de los tupamaros y todavía en prisión (detenido con un tiro en la cara, los militares se ocuparon de que recibiera una continuada atención quirúrgica, salvándole la vida y el habla), fue el redactor del documento secreto e interno con que el Ejército uruguayo justificó su golpe. Acaso también entregó a la organización; nadie ha vuelto a verle ni en la cárcel ni en libertad. Wilson Ferreira, el carismático líder del Partido Blanco, leyó aquel documento en el Senado en las vísperas de la asonada y huyó del país. Y una vez más se cumplió el latiguillo cínico que todavía se escucha en las recepciones de las embajadas estadounidenses en América Latina: "Sólo se acaba con la guerrilla soltando a los perros; lo difícil es sujetarlos después". Comenzaba la checoslovaquización del país.

7/7/83

El Ejército argentino manifiesta su deseo de instaurar un sistema "auténticamente democrático" (7-7-1983)

Después de una sesión de once horas terminaron el martes las reuniones de los generales de división argentinos, llamados a cónclave para analizar la situación política del país. Un escueto comunicado informó del deseo del Ejército de "instaurar un sistema político estable, auténticamente republicano y democrático".

Los generales, dice el comunicado, "prestaron especial atención al reprudecimiento de las campañas de rumores, agresiones y difamaciones en las que se intenta hacer aparecer al Ejército o parte de él como comprometido en actividades reñidas con el reafirmado objetivo de institucionalización del país". Fuentes no oficiales estiman que el teniente general Nicolaides, jefe del Ejército, representante de éste en la Junta Militar y responsable del proceso electoral, dominó la reunión acallando las disidencias en tomo a la futura ley de amnistía y a la exposición del doctor Jorge Whebe, ministro de Economía."Se analizaron los aspectos fundamentales", afirma el comunicado, "que hacen al contenido de la ley de pacificación y de la de enjuiciamiento de las actividades terroristas y subversivas, así como la necesidad de su oportuna promulgación, teniendo en cuenta particularmente sus repercusiones sobre el mantenimiento de la cohesión de la fuerza y que el objetivo esencial que persiguen no es otro que el de crear un clima de concordia imprescindible para encarar con éxito el tránsito hacia la democracia y asegurar la estabilidad del próximo Gobierno".

Presiones de Nicolaides

Para hacerles aceptar la ley de amnistía, Nicolaides ha argumentado el hecho de que se esperan unas cuatro mil denuncias contra militares que presuntamente se excedieron en la lucha contra la subversión. Nicolaides se refirió también a la necesidad de que el Ejército permanezca unido y disponga de un valladar legal en el que resguardarse de una catarata de procesos de consecuencias imprevisibles. No obstante, y aunque sea mejor que nada, la ley de amnistía no despierta grandes entusiasmos ni entre sus mentores. Juristas de renombre internacional están dándole vueltas al texto sin encontrar posibilidades de que pueda ser considerado válido por el futuro Congreso democrático.Otro elemento de presión del que se habría valido el general Nicolaldes para imponerse a sus camaradas estaría en la amenaza de proceder ahora mismo a los ascensos, pases a retiro y reordenación de escalillas. Tradicionalmente es a finales de año cuando el Ejército argentino reclasifica sus mandos y de ahí el empeño militar de no entregar el poder hasta el mes de enero; así, los mandos del Ejército durante el primer año de democracia habrán sido nombrados por la Junta Militar. Pero si aumentaran las disensiones en el Ejército, Nicolaides estaría dispuesto a adelantar varios meses las reclasificaciones para diseñar otra cúpula de mando en las fuerzas de tierra. Respecto a las amnistías, se espera una de carácter especial que devolvería los derechos políticos a Isabel Martínez de Perón. Fuentes solventes del peronismo estiman que la viuda de Perón regresará a Argentina después del congreso justicialista de agosto que designará el candidato a la presidencia, y antes de las elecciones de octubre. No presidiría el partido, pero sí "el movimiento", deviniendo en una suerte de jefa espiritual o ideológica del peronismo.

El Ejército, por otra parte, se ha hecho cargo de la seguridad en la provincia de Tucumán, donde más de 1.500 policías continúan autoacuartelados en reclamo de mejoras salariales. El general Merlo fue obligado el martes por el presidente Bignone a renunciar a su cargo de gobernador, tras haber intentado dispersar a los policías rebeldes revólver en mano. Merlo se autojustifica asegurando que, "como general argentino, estoy capacitado para usar armas de fuego".


5/7/83

El Ejército argentino intentará hoy unificar posiciones sobre la situación política (5-7-1983)

Para hoy martes ha sido definitivamente fijada la reunión en Campo de Mayo, en la periferia de Buenos Aires, entre el general Cristino Nicolaides, jefe del Ejército y miembro de la Junta Militar y los generales de división en activo del Ejército argentino. Nicolaides les informará sobre la situación interna del país, la marcha del proceso de democratización y las actuaciones judiciales que están afectando al Ejército.

El general Reston, ministro del Interior, y Jorge Whebe, ministro de Economía, asistirán también a esta cumbre militar.El Ejército de Tierra argentino aparece claramente dividido en dos líneas peligrosas. Los generales Expósito y Guadañabens, que mandan los cuerpos de Ejército de Rosario y de Córdoba, propician abiertamente el regreso a los cuarteles, a la profesionalización militar y el abandono de la política en manos de los políticos con todas sus consecuencias.

Los generales Trimarco y Whebe, al frente de los cuerpos de Ejército de Buenos Aires y Bahía Blanca no están de acuerdo con la futura ley de amnistía (no hay nada que amnistiar, sería su filosofía) y representan los intereses de los oficiales que estiman que las elecciones deben congelarse por un plazo fijo para antes mejorar la situación política y económica de la nación.

El jefe del Estado Mayor, Edgardo Calvi, apoyaría a los generales duros,mientras el ministro del Interior se inclinaría por el regreso a los cuarteles sin más dilaciones. El mando del quinto cuerpo de Ejército estaría indeciso, y el general Nicolaides se ve obligado a maniobrar haciendo equilibrios para no perder el control de la situación. Mientras, prosiguen en todo el país las elecciones internas de los partidos, que auguran una indefectible contienda electoral en octubre entre los peronistas encabezados por Italo Argentino Luder y radicales presididos por Raúl Alfonsín.

El clima político, gaseoso y de gran movilidad, propicia estos días movimientos de desobediencia entre las fuerzas de policía. El domingo 400 policías de Tucumán protestaron en abierta rebeldía ante el palacio del gobernador en reclamo de mejores salarios; el gobernador, general retirado Antonio Merlo, hombre implicado en las irregularidades financieras del Mundial de Fútbol de 1978, se enfrentó a los rebeldes con un revólver en la mano.

Tras una trifulca de puñetazos, forcejeos, caídas, que milagrosamente no derivó en una batalla a tiros, los policías y el gobernador y sus escoltas se retiraron intercambiándose improperios. Unos pasos más en el deterioro de la situación y se verán cargados de razones los oficiales duros que estiman que así no se debe celebrar los comicios de octubre.

Por otra parte, según reveló ayer el diario Tiempo Argentino en un adelanto de un libro sobre la guerra de las Malvinas, seis días antes de la capitulación argentina, el general Mario Menéndez, comandante de las tropas argentinas en el archipiélago, propuso una ofensiva con apoyo aéreo y naval contra las tropas británicas instaladas en las islas, pero su plan fue rechazado.

4/7/83

25.000 jóvenes piden en Buenos Aires la vuelta a la democracia (4-7-1983)

Más de 25.000 argentinos marcharon el sábado sobre el todavía inútil Palacio del Congreso, en Buenos Aires, para reclamar la democracia y un tratado de no agresión con Chile. La manifestación estaba convocada por las juventudes de los partidos justicialista, radical, intransigente, comunista, conservador popular, democracia cristiana, desarrollistas y los multidivididos socialistas argentinos.A mitad de la marcha se unieron a su cabeza viejos dirigentes históricos de los partidos y se adhirieron verbalmente Raúl Alfonsín, Arturo Frondizi, Rodolfo Seguel -desde la cárcel de Santiago de Chile- y el PSOE, entre otros.

Coreando consignas fuertemente críticas para las dictaduras militares y la intervención estadounidense en América Latina, la marcha transcurrió sin incidentes, leyéndose un comunicado en el que se destaca que la paz sólo será estable cuando se restablezca la democracia en toda América Latina.

"Nos une una misma historia desde San Martín y O'Higgins. Nos une un mismo idioma, un mismo origen e idiosincrasia. Nos une el dolor, el sufrimiento, el hambre de nuestros pueblos. Nos une también nuestra solidaridad y necesidad de ayudarnos con grandeza", afirma el llamamiento por la paz y la libertad en América Latina de las juventudes argentinas.

El importante III Cuerpo de Ejército, acantonado en la provincia de Córdoba, se ha pronunciado, por boca de su comandante, general Guafiadens, por la institucionalización de la República, el profesionalismo del Ejército y su apartamiento de las luchas políticas. Otro tanto estaría por hacer el general Expósito, que manda el IICuerpo de Ejército (Rosario). Muchos políticos estiman improcedentes estos pronunciamientos, aunque sean en defensa de la democracia, por parte de generales con mando en plaza.

Finalmente, se están produciendo relevos en la cúpula de la policía de Buenos Aires, afectada de lleno por el escándalo de los asesinatos de Cambiaso y Rossi.

3/7/83

Retrato de un almirante en un paí s que sale del túnel (3-7-1983)

El 28 de abril de 1977 el almirante Massera, entonces jefe de la Armada argentina, miembro de la junta militar en el poder, invitó a navegar en su yate a Fernando Branca, audaz empresario y marido de su amante. Nunca volvió a saberse de él y sus bienes fueron enajenados. Seis años después, un juez de 33 años, sorteando amenazas de muerte, ha logrado lo que parecía imposible: la prisión incondicional de Emilio Eduardo Massera, aun cuando sólo sea por ocultación de pruebas.

Durante la semana Santa de 1977, Fernando Branca, joven empresario argentino de 36 años dedicado al reciclaje de papel, tantea una enésima reconstrucción de su tortuoso matrimonio con la hermosísima Marta Rodríguez MeCormack. En compañía de uno de sus socios y de la esposa de éste, toma junto a Marta el ferry Buenos Aires-Montevideo, para desde allí continuar en su Mercedes Benz cupé color ciruela hasta Punta del Este, el exclusivo balneario que reúne a la jet-set uruguaya y argentina. El socio y compañero de viaje recordaría después que Marta viajó en su pose favorita: con la minifalda descuidadamente arrugada sobre los muslos hasta dejar entrever la ropa íntima.En Punta del Este, los dos matrImonios se alojan en el chalé propiedad de un tercer socio en las Papeleras Durbin y Brayer. Marta se abandona sobre la cama y no sale en dos días de sus habitaciones.

Branca y el matrimonio amigo gastan sus fichas en el exclusivo casino Nogaró. Al tercer día, Marta se les une y mientras Branca y su socio apuestan a la ruleta, se lamenta de las infidelidades de su marido. Marta, levantando la voz para que la escuchen los selectos y elegantes jugadores, le escupe a Branca: "Tenés algo gracias a mí". Él sigue jugando imperturbable. Marta continúa hablando en tono audible de sus deseos de separarse y del posible reparto de los bienes gananciales. Branca, harto, se vanta de la ruleta y se marcha. No sin antes escuchar, como todos, la amenaza: "A este hijo de puta lo voy a hacer sonar. Cuando llegue a Buenos Aires le voy a contar al Negro que lo quiere pasar en un negocio, y el Negro le va a pasar un camión por encima".

Al mediodía siguiente Branca entra al dormitorio de Marta, que vuelve a recriminarle sus infidelidades y le arroja por la cabeza la bandeja con las pastas del desayuno. Branca estalla: "¡Esto se ha terminado!". Marta pide un taxi y regresa anticipadamente en avión a Buenos Aires, a su lujoso piso de la calle Ocampo. Branca vuelve en el ferry junto al matrimonio amigo y se instala en el apartamento de su última amante, la modelo Cristina Larentis, ahora asidua de Marbella.

El 26 de abríl, Branca acude al piso conyugal para retirar parte de sus ropas y un oficial naval le veta la entrada, en su propia casa: el almirante Massera, alias el Negro, comandante en jefe de la Armada argentina, triunviro de la junta militar que gobierna el país bajo la presidencia del general Videla, está acompañando a Marta y ha dado órdenes de no ser molestado, y menos por el marido.

Dos días después, el 28 de abril de 1977, Massera convida a Branca a navegar por el río de la Plata en el yate de respeto del almirante de la Armada. Tres meses más tarde, Isolina Margarita Maltaneri de Branca presenta un recurso de habeas corpus en favor de su hijo desparecido.

Las amenazas de una mujer

Marta Rodríguez de MacCormack es, a sus 38 años y sus dos embarazos, una mujer turbadora. De mediana estatura, melena negra, ojos grandes, párpados adormilados, muy delgada (es una fanática de las dietas), elegantísima, delicada pese a sus maneras y su vocabulario, puede reputarse de irresistible. Ejerce la fascinación de las serpientes y derrama todo el hechizo de las mujeres egoístas, viciosas e inmorales.

Contrajo su primer matrimonio con César Blaquier, perteneciente a una de las primeras familias terratenientes argentinas, dueña de ingentes ingenios azucareros en la provincia del Jujuy. De esta unión tuvo sus dos únicos hijos -Cecilia y César-, cuya custodia retiene tras su separación. En 1974 se casa en Paraguay con Fernando Branca (en Argentina no existe el divorcio), también separado y con dos hijos.

Dos años después una de sus hermanas la presenta al almirante Massera, en el cénit de su poder. César Blaquíer, temeroso de la perniciosa influencia que sobre sus hijos pueda tener el estilo de vida de su ex esposa y de Fernando Branca, reclama su custodia. Blaquíer pone su caso en manos del prestigiosísimo abogado Bruno Quijano, ex ministro de Justicia del general Lanusse, que pleitea contra Marta. Quijano es secuestrado por unos extraños tupamaros que lo liberan a los dos meses mediante rescate de 250.000 dólares. Lo único que Quijano revela tras su secuestro, es que no quiere saber nada de la querella.

Ningún abogado de Buenos aires accederá a representar a Blaquier contra su ex mujer. Dos años después, cuando Branca ya ha sido invitado a navegar en el yate oficial de Massera, Marta humilla públicamente a su primer: "Y a vos no te pasa lo que a Branca porque sos el padre de mis hijos".

Fernando Branca era un porteño, listo como el hambre, bien parecido, y que olvidó cualquier prejuicio moral en las aceras de una infancia desgarrada. De familia humildísima escapó de los orfelínatos para vender diarios en la calle Aires antes de hacerse policía. Logra casarse con Ana María Tocalli, una chica adinerada y de buena familia con la que tiene dos hijos y a la que arrastra a Miami, para tentar fortuna con una fábrica de soda. Fracasa, regresa a Buenos Aires, se separa y vive unos años de la asignación mensual de su ex esposa. Conoce a la McCormack, ya separada, y se identifica con su alma. Ambos son hermosos, distinguidos, fríos, ambiciosos y sin escrúpulos. Se casan y utilizan los bienes de ella para emprender pequeños negocios hasta que se produce el golpe militar en 1976 y comienza la era de la plata dulce,del dinero fácil, del dólar barato. Los Branca, junto con otros socios fundan Durbin y Brayer, empresas dedicadas a la importación y reciclaje de papel. La fortuna es inmediata, aunque irregularidades financieras obligan al Banco Central Argentino a inmovilizar 1.600.000 dólares de las cuentas de Branca. Este azuza a su mujer hacia Massera y el almirante libera las cuentas.

Branca ofrece al secretario de Massera hacer un negocio de reventa de una finca dejando fuera al Negro. Se produce la bronca entre Marta y su marido en Punta del Este. Massera, que ya mantiene relaciones íntimas con Marta, invíta a Fernando Branca a navegar. "Le metieron una capucha en la cabeza, le ataron los tobillos con alambre, le pusieron pesas de cemento, le tirotearon en la cabeza y lo arrojaron al agua", afirma Marcos Ravazzani, sastre, íntimo de Branca, negándose a revelar la fuente de su lúgubre información.

El almirante Massera es eso que en las sociedades latinas escasamente desarrolladas se entiende por un macho. Apodado el Negro por sus cabellos y su piel cetrina, de rasgos viriles y enérgicos, es desenvuelto y no carece de encanto. Casado, con dos hijos varones y con nietos, tiene fama de resistirlo casi todo menos la tentación de una mujer hermosa.

Coautor del golpe que derrocó a Isabel Perón, convirtió la Escuela de Mecánica de la Armada, en el centro de Buenos Aires, rodeada de bucólicos jardincillos, en el símbolo mundialmente conocido de todo el horror de la represión. Bajo su inspiración, los marinos robaron, violaron, secuestraron, distribuyeron niños, torturaron y asesinaron sin límite para construir "el proceso de reorganización nacional". Populista y demagogo acaba abandonando la junta militar al pasar a retiro, funda el partido Democracia Social y teje grotescos lazos con Isabel Perán a la que visita en secreto en Madrid.

El 28 de abril de 1977 un ayudante de Massera cierra la cita con Branca para la misteriosa navegación. Marta es la última persona conocida en verle con vida cuando pasa por el piso matrimonial para recoger algunas ropas. Al día siguiente, un amigo de Branca recibe un telegrama firmado por éste desde Uruguay rogándole recoja un mensaje depositado en su Mercedes color ciruela estacionado en el aeropuerto de Buenos Aires, el aeródromo para vuelos interiores que también sirve de puente aéreo con Montevideo. Allí está el Mercedes, con un mensaje en el que Branca afirma tener necesidad de ausentarse a Uruguay por un tiempo.

Los amigos piden audiencia al omnímodo almirante. Este, solícito, encarga una investigación al capitán Invierno (sic) de su servicio de inteligencia naval, que empantana la indagatoria.

La hermosa Marta asegura ni saber ni querer saber nada de su marido. Massera niega haberle invitado a navegar, aunque la secretaria de Branca recibió la invitación. Y mientras se desarrollan las investigaciones infructuosas del capitán Invierno, comienza una zarabanda de enajenación de bienes de Fernando Branca en Argentina y Estados Unidos, mediante las oportunas y necesarias firmas del propio Fernando Branca. En esos días, el auto oficial de Massera recoge asiduamente a Marta para que el almirante pueda suministrarle consuelo. Branca sigue sin aparecer, sólo aparece su firma al pie de documentos que autorizan la venta de sus bienes.

Finalmente, la madre de Branca, inculta, alejada del hijo, pero madre a la postre, presenta a los tres meses un recurso de habeas corpus en favor del desaparecido. Se hace cargo de la denuncia el juez Pedro Narváiz que comienza a citar en su despacho a los posibies implicados en la desaparición para su interrogatorio. Como todos los hilos conducen a Massera, termina citándole judicialmente. A los dos meses de sus investigaciones, el juez es convencido de que los aires de Buenos Aires no son los mejores para su salud, dimite en su cargo y se exilia primero en Brasil y después en Madrid.

Un juez valiente

Su sustituto paraliza la indagación y, al fin, un hombre de 33 años, el juez Salvi, compañero de estudios de los hijos de Massera, soltero, delgado, con un bigote ralo, de apariencia frágil, abriéndose paso por entre una selva de amenazas de muerte, dicta auto de procesamiento por ocultación de pruebas contra Marta Rodríguez McCormack, Massera y el capitán Invierno. Y prisión incondicional sin fianza para los dos últimos.

Massera huye a Brasil y la Marina le envia a Río de Janeiro un avión naval para traerlo a Buenos aires tras asegurarle que su caso pasará a la jurisdicción militar. El juez Salvi se niega y Massera e Invierno esperan su juicio en prisiones navales.

Marta se ha ocultado en compañía del duque de Maura, su nuevo y joven compañero. El capataz de la finca bonaerense de Branca, el cónsul argentino en Miami que certificó la firma tras su desaparición y el secretario de Massera para "asuntos económicos" han muerto de paros cardiacos.

El sumario se ha filtrado a la Prensa. El acta sumarial chorrea sangre, semen y lágrimas, adulterios, prostitución de altos vuelos, pasiones, asesinatos, falsificaciones, engaños, rapiña, corrupción, prepotencia. ...

¿Y qué importa -puede preguntarse- toda la sordidez del caso junto al drama de la intervención militar y de todos los horrores de la Escuela de Mecánica de fa Armada? Importa, y mucho. Hasta el caso Branca, los militares que en 1976 arrasaron su país podían aparecer a la postre como unos caballeros extraviados que cayeron en el error de estimar que el fin, un buen fin, justíficaba los medios. A partir del caso Branca, el almirante Massera y sus camaradas pueden aparecer bajo una nueva luz más ilustrativa: la de quienes, en nombre de la civilización cristiana y del sagrado principio de la patria, se estaban acostando con la mujer del socio, mataban a éste y se repartían sus bienes, mientras los revolucionarios de izquierda aullaban bajo las torturas en las prisiones.

Si en Argentina se llegan a celebrar las elecciones de octubre, el primer gobierno constitucional tendrá que contemplar cómo muchos oficiales y jefes ingresan en prisión; pero no será por razones ideológicas. Será por situaciones paralelas a la de Massera, que retratan la degradación moral de quienes terminaron perdiendo la guerra de las Malvinas.