31/10/85

Explosión de una potente bomba ante la casa de un general argentino amigo de Alfonsín (31-10-1985)

A las dos y media de la madrugada de ayer explosionó en el elegante barrio de Belgrano, en la capital federal, el más potente artefacto utilizado hasta ahora en la campaña terrorista de desestabilización política. Fue colocado en el portón del garaje del edificio ocupado por el general Medrano, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, acantonado en Córdoba, artillero y decimocuarto en el escalafón general del Ejército; José María Parajón, radical histórico, íntimo amigo del presidente Alfonsín y asesor del ministro del Interior, Antonio Troccoli, y tres coroneles en situación de retiro.

Ninguno de los citados se encontraba en el edificio al producirse la explosión -la mayor carga de trotyl colocada en Buenos Aires durante la transición democrática-, que dañó seriamente las fachadas de tres edificios colindantes, destruyó automóviles estacionados y despedazó vidrieras a centenares de metros a la redonda. Fue el sexto atentado en poco más de un mes contra edificios militares, ocupados por militares o relacionados con la figura o el entorno del ministro del Interior.La bárbara campaña de amenazas de bomba sobre la población infantil, destinada a irritar a los padres que -muchas veces- claman más contra la ineficacia del Gobierno y la policía que contra la eficacia de los terroristas, continúa con frenesí. El martes fue desalojado el hospital de niños de San Isidro, en el gran Buenos Aires, y se contabilizan 610 desalojos en los últimos 30 días.

El efecto secundario de esta campaña psicológica reside en que el domingo los electores de la capital federal habrán de depositar su voto en las legislativas parciales en estas escuelas violadas por la conjura terrorista, y en que el estado de sitio, según la tradición y la buena lógica, habrá de levantarse ese día por 24 horas.

Anoche -madrugada en España- el presidente Raúl Alfonsín tenía previsto dirigirse por radio y televisión a sus conciudadanos, trayendo por los pelos la ocasión del segundo aniversario de su triunfo electoral y de la recuperación de la democracia. Se espera que aportase explicaciones sobre la necesidad del estado de sitio y que apelara nuevamente a la defensa de la República.

Por lo demás, los 12 perseguidos por el poder ejecutivo continuan prófugos o en libertad, con la extraña excepción de un jefe y un oficial del Ejército que habitan en el comando logístico de su Arma detenidos, retenidos, hospedados o protegidos: a ciencia cierta jurídica se ignora.

Tres salas de la Cámara del Crimen siguen lentamente revocando loshábeas corpus concedidos por algunos jueces de instrucción, pero los abogados de 11 de los supuestos golpistas -el duodécimo, el ex general Suárez Mason, carece de amparo judicial al estar prófugo por anteriores- supuestos defitos- recurren sistemáticamente los dictámenes de la Cámara y reclaman y obtienen la libertad de sus clientes hasta que no sea firme la sentencia recurrida.

El vodevil judicial se aproxima hacia el esperpento y, desde luego, este es el estado de sitio más insólito en toda la historia de los estados de sitio. En la consideración van implícitos un reproche y un elogio hacia estos radicales herederos del krausismo español, incapaces de matar una mosca, moderados, prudentes, incapacitados genéticamente para rodear las leyes y, presumiblemente, única raza de corderos políticos en el mundo aún convencida de que se puede platicar con los lobos o, en última y peligrosa instancia, llamar al pastor.

30/10/85

La dignidad de Juan Vicente Chiarino (30-10-1985)

Existen los lapsus calami y hasta los errores de mayor o menor envergadura frutos de la inhabilidad de un corresponsal o de dificultades objetivas para obtener una información exacta.

No son estos los casos que podrían justificar que este corresponsal, en su crónica del lunes, atribuyera al ministro de Defensa uruguayo, Juan Vicente Chiarino, el rango de general y el título de principal colaborador de la dictadura militar.

Juan Vicente Chiarino es una de las figuras más respetables y respetadas de Uruguay, pais sobrado de ellas. Líder de la democristiana Unión Cívica, se enfrentó a la dictadura activamente, con energía insólita para sus años y con gran dureza.

En las históricas reuniones entre militares y políticos en el parque hotel y en el Club Naval de Montevideo, Chiarino, aún bajo la dictadura y sin ninguna seguridad de que la democracia sería finalmente restaurada a corto plazo, siempre fue el que llegó más allá que sus colegas en la exposición de las más crueles verdades a los uniformados.

Pese a sus diferencias políticas con el partido triunfante en las elecciones -el Colorado-, el presidente Sanguinetti le designo ministro de Defensa por su gran autoridad moral, reconocida por todo el pueblo oriental incluidas sus fuerzas armadas.

Cualquier explicación disculpatoria por parte de este corresponsal -que, además, conoce personalmente al ministro Chiarino- resultaría banal ante la -magnitud del incalificable error transmitido; por más que fuera, obviamente, involuntario.

Alfonsín plantea a la cúpula militar su preocupación por la situación argentina (30-10-1985)

Fuera de su agenda del día, el presidente Alfonsín citó el lunes en la quinta presidencial de Olivos al ministro de Defensa, Roque Carranza; al subsecretario, Horacio Jaunarena, y a los titulares de los estados mayores de las tres armas, general Héctor Ríos Ereñú -jefe del Estado Mayor Conjunto-; al vicealmirante Arosa, y al brigadier general del Aire, Ernesto Crespo.

El presidente argentino planteó ante la cúpula de las Fuerzas Armadas la preocupación de su Gobierno por la situación que obligó a implantar el estado de sitio en todo el país, calificando la medida como estrictamente necesaria.La reunión fue iniciativa personal del presidente, quien deseaba obtener información de primera mano sobre el estado de opinión en los cuarteles y estados mayores tras la intoxicación informativa que están sufriendo sobre hipotéticas nuevas órdenes de detención de civiles y militares.

Por su parte, el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, se vio obligado a desmentir la existencia de una lista de sospechosos de involución política cuya detencion estaría considerando el Gobierno. Se trata de una lista de más de 40 civiles y militares que incluye a siete altos jefes del Ejército, divulgada a través de las ondas de Radio Mitre por Guillermo Patricio kelly, extraña pimpinela escarlata de la política argentina.

La lista de Kelly

Kelly afirmó que el Gobierno tenía pruebas sobre la implicación en la conjura golpista de los generales en actividad Rojas Alcorta, Olea, y Norberto Deymundo y de los coroneles -también en activoCalderali, Raúl Suárez, Carlos Omar y Alfredo Dietrich. Otras personalidades militares ya en retiro, incluidas en la lista Kelly son entre otros los generales Iberico Manuel Saint-Jean, Tomás Liendo, Víctor Pino, Díaz Bessone, Alfredo Valín, Domingo Bussi, Suárez Nelson,-Roberto Flouret y Fernando Werplaetsen, a más de otros coroneles y mayores.

La difusión del listado cayó como una bomba en las salas de banderas y alimentó el clima de nerviosismo militar. Kelly adujo la necesidad de "defender a muerte" al presidente Alfonsín y anunció su intención de aportar su lista y las pruebas consecuentes a la justicia para una mejor defensa de la democracia. Una vez más se, comprueba la veracidad del axioma de que existen sospechosos amores que matan.


29/10/85

Respiro judicial para Alfonsín en su lucha contra el golpismo (29-10-1985)

El Gobierno argentino encontró su primer respiro de alivio en ocho días en su batalla contra un segmento de la judicatura comprometido ideológicamente con la involución política. La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -la misma que está juzgando a las tres primeras juntas militares de la dictadura- declaró constitucionales tres de las órdenes de arresto decretadas bajo el estado de sitio: las del coronel Oscar Guerriri, el capitán Leopoldo Cao y el periodista Daniel Rodríguez.Por tercera vez en ocho días se ha ordenado la detención de estas tres personas; el jefe y el oficial se presentaron voluntariamente en sus acuartelamientos; se desconoce, por el momento, el paradero del periodista. Para la tarde de ayer se esperaba que la cámara federal se pronunciara sobre otras peticiones de hábeas curpus que cobijan a otros ocho reclamados por el poder ejecutivo. El ex general Suárez Mason, obviamente, no puede buscar ningún amparo judicial, al encontrarse prófugo.

En la noche del domingo al lunes se produjo una nueva explosión -sin víctimas- en el céntrico gimnasio de María Amuchástegui, conocida presentadora en la televisión matinal de un programa de ejercicios gimnásticos, y el Canal 9 -el único privado de la capital federal- y Radio del Plata -en la provincia de Buenos Alres- sufrieron amenazas de bomba. La información oficial atraviesa periodos de desmayo o ignorancia y aún no ha sido posible confirmar si la última explosión fue una bomba o un escape de gas ciudad, y aun menos comprobar rumores autorizados sobre la incautación de armamento en un almacén del puerto de Buenos Aires. El caso es que en las pesadísimas, bochornosas y húmedas noches de esta primavera porteña se está poniendo de moda aliviarse en los balcones aguzando el oído hacia las explosiones ensordecidas por el espesamiento del aire.

Respecto al alertamiento del Gobierno sobre la conjura, el, ministro uruguayo de Defensa, general Juan Vicente Chiarino, principal colaborador de la dictadural, ha declarado que desconoce up supuesto apoyo de los servicios secretos uruguayos al SIDE argentino (Servicio de Informaciones del Estado),en relación con la reciente oleada de violencia terrorista.

El vicepresidente brasileño, Ulyses Guimaraes, expresó por su parte la, preocupación del presidente, José Sarney, sobre un reflejo golpista en su país en caso de debilitación o receso de la democracia argentina.

La Prensa brasileña insiste en un eje conspirativo Miami (anticagtristas) Sao Paulo (logia masónica P-2), cuyos jefes operativos serían los ex generales Guillermo Suárez Mason, argentino, y Luis García Meza, boliviano, y que estaría estructurando parte del narcotráfico y la mercadería ilegal de armas en el subcontinente con el objetivo final de reedificar la logia P-2 en Brasil y voltear o al menos controlar las débiles democracias del Cono Sur.

El estado de sitio ha caído con el peso de una pluma sobre la ciudadanía; para bien o para mal, con acierto o descierto, el Gobierno sólo quiere poner presos por 60 días a cierto número de civiles y militares comprometidos en una conjura desestabilizadora.

La vigilancia visible callejera es la habitual, los mítines partidarios de cierre de campaña electoral se celebran en absoluta libertad, y por los canales de la televisión capitalina aún intervenidos por el Estado -a la espera de una ley regularizadora de transmisión de noticias por medios electrónicos- un ignoto político extraparlamentario afirma que el primer terrorista argentino es el Propio presidente Raúl Alfonsin.

Los enviados especiales de las televisiones extranjeras aterrizados sobre Buenos Aires en una consecuente búsqueda de imagenés callejeras de tensión militar no

otra cosa que el viejo_tanque Sherman encastrado sobre una rampa de cemento, pieza de museo exhibida en los jardincillos del edificio del comando en jefe del Ejército.

Solidaridad con el Gobierno

La mayoría de los líderes políticos con representación parlamentaria se han solidarizado con el Gobierno en su resistencia al terrorismo desestabilizador, pero han sido unánimes y severos en la condena de la torpeza de los equipos legales de la Cala Rosada y el Ministerio del interior, incapaces por impericia o sabotaje de interpretar sólidamente la Constitución y la ley de hábeas corpus, y dando pie a la judicatura no democrática a presentarle una batalla leguleya al presidente.

28/10/85

El Gobierno argentino apela la decisión de un juez favorable a 12 supuestos golpistas (28-10-1985)

El Gobierno argentino apeló el pasado sábado la decisión del juez de instrucción Luis Enrique Velasco de declarar inconstitucional la segunda orden de detención dictada por el ministro del Interior, Antonio Troccoli, contra 12 supuestos conspiradores contra la democracia, seis civiles y seis militares. El juez ordenó también la inmediata liberación de los seis detenidos bajo su jurisdicción, admitiendo los hábeas corpus presentados en su favor.

De los 12 individuos que el Gobierno ha intentado detener por dos veces la pasada semana mediante dos decretos acumulativos, cinco se encuentran prófugos, seis acaban de ser liberados por el juez Velasco y sólo uno, el coronel retirado Arias Dubal, permanece preso.El juez argumenta en los siguientes términos: la reforma de la ley de hábeas corpus, propiciada por el radicalismo, exige la presentación de indicios solventes de culpabilidad para las detenciones, aun bajo estado de sitio, como ocurre ahora.

Hasta altas horas de la noche del sábado se reunieron en el Ministerio del Interior su titular, Antonio Troccoli; el ministro de Educación y Justicia, Alconada Aramburu; el jefe del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE), Héctor Rossi, y el primer senador radical por la capital federal, Fernando de la Rúa, prestigioso jurista y autor de la reforma de la ley dehábeas corpus.

El Gobierno estima en su recurso que lo que debe quedar probado es la necesidad objetiva de proceder al estado de sitio, necesario, precisamente, para detener a sospechosos sin pruebas acusatorias firmes. Si el Gobierno -se aduce- hubiera tenido abrumadores informes incriminatorios contra los 12 sospechosos de golpismo no hubiera ordenado su detención: se habría limitado a denunciarles ante un juez de guardia.

Una discusión bizantina

Es una discusión bizantina y estéril, en la que un sector de la judicatura argentina comprometido con la dictadura militar está intentando -con bastante éxito- dejar en ridículo al Gobierno, convirtiendo la amenaza real que pesa sobre esta frágil democracia en un vodevil con personajes detenidos, liberados, vueltos a detener y nuevamente puestos en libertad, entradas y salidas de los juzgados y reproches mutuos entre un juez y el Gobierno de la nación que puede aparecer así como torpe, incapaz y hasta inerme.Por supuesto, es un secreto a voces que el Gobierno argentino tiene pruebas suficientes para ordenar la detención de hasta 200 personas en la cúpula de la conspiración cívico-militar. Pero, obviamente, no puede presentarse en los juzgados con los informes de la SIDE, los recados de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y del Mosad (servicio secreto israelí), los favores informativos de Gobiernos como el brasileño y el uruguayo y, menos aún, con los kilómetros de cintas magnetofónicas de las conversaciones telefónicas de la trama golpista, grabadas por la inteligencia del Estado, ilegalmente, como se puede suponer.

Finalmente, el ministro de Defensa, Roque Carranza, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Ríos Ereñú, han tenido que salir al paso de la última iniciativa involucionista prohibiendo tajantemente las reuniones informales en las salas de banderas y exigiendo la unidad y disciplina de las Fuerzas Armadas. Los cuarteles argentinos han sido invadidos por panfletos en los que se detalla una fantasiosa operación Magnesia por la que el Gobierno de Alfonsín se apresta supuestamente a depurar pasando a retiro a centenares de jefes y oficiales, empezando por el propio Ríos Ereñú.

26/10/85

Alfonsín decreta el estado de sitio en Argentina por 6 días (26-10-1985)

El Gobierno argentino, presidido por Raúl Alfonsín, decretó ayer el estado de sitio en todo el país por un período de 60 días. El ministro del Interior, Antonio Troccoli, en una breve y sorpresiva conferencia de prensa, anunció la medida, poniendo énfasis en que las elecciones legislativas parciales del 3 de noviembre (renovación de un tercio del Congreso) se llevarán a cabo y que el Gobierno, pese al estado de sitio, amparará todas las garantías individuales y políticas y los derechos de reunión, asociación y expresión para no interferir el proceso electoral.

Por 60 días, el Gobierno se reserva el derecho de arrestar a las personas, trasladarlas dentro del territorio nacional o darles la opción de abandonar por ese lapso de tiempo el país. El decreto gubernamental de estado de sitio ha sido posible al encontrarse clausurado el período ordinario de sesiones del Congreso de Diputados y Senadores, que abrirá sus puertas en diciembre para sesiones extraordinarias y en mayo para el inicio del año legislativo.La última vez que se decretó el estado de sitio en Argentina fue el 6 de noviembre de 1974 bajo el Gobierno constitucional de Isabelita Perón. La medida de excepción fue mantenida por el régimen militar hasta poco antes de las elecciones democráticas de 1983.

La drástica decisión del Gobierno de la Unión Cívica Radical, presidido por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, ha tomado por sorpresa a la población, y culmina una semana de dubitaciones, desaciertos, errores legales, impericia, precipitación y evidente nerviosismo por parte del Gabinete argentino.

El pasado lunes, tras un octubre negro poblado de amenazas, de bomba en las escuelas porteñas -el pasado miércoles tuvieron que ser desalojadas 29 sólo en la capital federal- y de atentados consumados contra la sede del Comando en Jefe del Ejército, automóviles de jefes y oficiales en activo y la propia casa del ministro del Interior, Alfonsín se reunió con sus más directos colaboradores y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Rius Ereñu, en la quinta presidencial de Olivos.

Los reunidos descartaron, por improcedente en período electoral, la declaración de estado de sitio y optaron por ordenar la detención por 60 días de 12 personas, seis civiles y seis militares, como supuestos implicados en una conspiración cívico-militar tendente a desestabilizar esta frágil democracia.Cinco solicitudes de hábeas corpuspresentadas por los letrados de otros tantos detenidos fueron rechazadas por jueces federales en el entendimiento de que, cerrado el Congreso, el arresto gubernativo era constitucional. Anteayer, otro juez federal admitió dos hábeas corpus, en el entendimiento contrario de que sin declaración previa de estado de sitio el presidente de la República carecía de facultades para detener a las personas.

A lo largo de la semana, y pese a las primeras detenciones, se incrementaron los actos de provocación -hasta ahora, siempre sin víctimas- y trascendió que la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), máximo órgano de espionaje estatal, había detectado una cúpula operativa de al menos 200 personas (militares en activo y retiro, periodistas, parapoliciales, paramilitares, sindicalistas), la cual a su vez se extendería en redes hasta conformar una trama golpista que procuraría la desestabilización de la democracia argentina.

Modelo a desestabiliza

rEs un secreto a voces -y hasta entra dentro de la lógica de las cosas- que en Argentina, tras siete años de una de las dictaduras militares más perversas de la historia, a sólo dos años de la recuperación democrática, con una crisis económica ciclópea, un proceso abierto a los nueve primeros triunviros de la dictadura que terminará en severas condenas, con recortes presupuestarios militares que están obligando a la venta de parte de la flota misilística y submarina de la Armada y con una oposición -el peronismo- multidivida e inclinada mayoritariamente sobre su extrema derecha, el país ha devenido en un modelo tipo a desestabilizar.

Aunque el Gobierno ha alcanzado logros en la desarticulación de tramas civiles como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) ha carecido de tiempo político para desactivar todo el aparato de la inteligencia militar que diseñó, dirigió y ejecutó la guerra sucia contra la subversión, y que permanece operante, amenazante y sumergido.

En las últimas semanas, la Secretaría de Informaciones del Estado presuntamente recibió información reservada de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y del Mossad (inteligencia israelí) sobre una red de tráfico de droga y mercadería ilegal de armamentos organizada por el ex dictador boliviano García Meza -reclamado por la justicia de Bolivia y por la argentina- y por el ex gobernador de Buenos Aires bajo la dictadura, ex general Suárez Mason, degradado y prófugo desde hace dos años, requerido por presuntos delitos contra la humanidad como jefe directo del general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense y tenido como el carnicero de Buenos Aires.

A su vez, los Gobiernos brasileño y uruguayo habrían completado la información de la Casa Rosada sobre el compló involucionista interior argentino, su capacidad económica y, logística y algunos alcances del planOmega, tendente a dar la voltereta a la situación política en el cono sur latinoamericano.Muy probablemente los nervios de un Gobierno tan tensionado como el de Alfonsín se han terminado acalambrando en la adopción de decisiones contradictorias en una misma semana, hasta terminar por dictar el estado de, sitio a nueve días de unas legislativas parciales. Si en algo es aplicable la sabia filosofía de Rafael El Gallo de que "lo que no pue sé, no pue sé, y ademá ez impozible", es a la hipótesis de un golpe militar triunfante en Argentina en estos momentos. Es un país-modelo (como queda escrito) para la provocación, pero en el que nadie en su sano juicio prevé a medio plazo que otro militar pueda ocupar el incómodo sillón de Rivadavia en el estrecho despacho presidencial de la Casa Rosada.

25/10/85

Arrecia la campaña terrorista contra las escuelas argentinas (25-10-1985)

Treinta escuelas -29 en la capital federal y una en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires- fueron desalojadas el miércoles tras amenazas telefónicas de ser voladas con explosivos. Hacia las dos de la madrugada de ayer un poderoso artefacto destruyó una oficina de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) también en la capital federal, y otra bomba de gran potencia explosionó frente al garaje de la quinta de fin de semana del ministro del Interior, Antonio Troceoli, en el Gran Buenos Aires. Los atentados consumados sólo ocasionaron daños materiales.

Fue una jornada en la que la provocación terrorista alcanzó niveles de histeria para los colegios, ya psicológicamente castigados desde hace cerca de un mes, particularmente aquellos donde se educan los nietos del presidente Raúl Alfonsín y una de las hijas del fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera, quien lleva la acusación contra las Juntas Militares.

La colocación de una bomba en las puertas de la casa de descanso del ministro del Interior, 24 horas después de que el Gobierno ordenara la detención por 60 días de 12 presuntos conspiradores de la extrema derecha, obliga a pensar en peligrosas, complicidades o incompetencias en las seguridad policial.

El jueves ya eran siete los detenidos por la policía militar y federal de entró los 12 perseguidos por el Gobierno: todos los militares menos el ex general Suárez Mason, prófugo desde hace dos años, y dos de los seis civiles. Cinco solicitudes de hábeas corpus presentadas por los abogados de los requeridos han sido rechazadas por dos jueces, que sancionaron la constitucionalidad de la medida decretada por Alfonsín en período de receso del Congreso de la nación.

Apoyo masivo

La gran mayoría de los partidos políticos ahora en liza electoral por unas legislativasparciales (un tercio del Congreso) han respaldado la medida gubernamental o la han objetado sólo en sus aspectos formales, aduciendo defectos legales en su aplicación. Las voces más hostiles a la decisión cautelar del Gobierno, han procedido del justicialismoortodoxo: Herminio Iglesias, secretario general del movimiento peronista y primer candidato en estas elecciones a diputado bonaerense y Jorge Tríaca, cosecretario de la CGT (Confederación General del Trabajo) y vicepresidente del justicialismo.Ambos han rechazado las detenciones y Tríaca -quien como testigo en el juicio contra las Juntas Militares declaró haber sido excelentemente tratado por los uniformados durante su breve detención-, acaba de rechazar tanto estas detenciones cautelares como el mismo juicio a las juntas.

Sigue sin haber espacio político para un golpe de Estado en la Argentina, pero, sin duda, las últimas detenciones no desarticulan el aparato cívico-militar, del que cabe esperar nuevas sorpresas o atrocidades entre el 3 de noviembre, fecha de las elecciones parciales, y el 10 de diciembre, en el que se pronuncien las sentencias contra las tres primeras juntas militares presuntamente responsables de la guerra sucia contra la subversión.

23/10/85

Alfonsín ordena la detención de seis militares y seis civiles por perturbar la vida pública (23-10-1985)

El Gobierno argentino ordenó en la madrugada del martes la detención, durante 60 días, de seis militares -tres en activo- y seis civiles, acusados de favorecer la perturbación de la vida pública. Al margen de la detención gubernativa, la justicia ordinaria establecerá en su momento las responsabilidades penales a que sean acreedores.

La orden de detención contra estas 12 personas se adoptó en función de las atribuciones gubernamentales establecidas en el artículo 23º de la Constitución nacional para períodos -como el actual- en que el Congreso nacional está en.El Gobierno argentino llegó a especular con la posibilidad de decretar el estado de sitio, medida rápidamente desechada por maximalista y por cuanto, de hecho, podría haber invalidado las elecciones legislativas parciales que han de celebrarse el próximo 3 de noviembre, en cuya campaña está sumergida la nación.

La reunión de urgencia del gabinete ministerial se celebró tras el descubrimiento en la tarde del lunes de una granada de guerra desanillada, lista para explosionar, engarzada al desaguador de un retrete de varones en la escuela pública Maria Curie de la capital federal.

Escuelas amenazadas

Desde hace al menos tres semanas son constantes y generalizadas las amenazas contra diversas escuelas públicas de primera y segunda enseñanza, y el temor ya había prendido en las familias, pero el hallazgo de esta trampa de guerra cazabobos perfectamente armada por un experto en granadas contra personas, colmó el vaso de la paciencia del Gobierno.En el mismo lapso de tiempo -coincidente con la campaña electoral por las legislativas parciales de noviembre y con la finanación del descargo de las defensas en el juicio de Buenos Aires contra las juntas militares- la capital federal ha padecido una continuada presión de terror psicológico con amenazas de bomba, desalojos de edificios públicos, colocación de artefactos explosivos en automóviles propiedad de militares (sin víctimas) y la inevitable cascada de rumores desestabilizadores sobre el malestar reinante en el conjunto de las Fuerzas Armadas.

En la mañana de ayer otra bomba explosionó en una garita del edificio Libertad, sede del comando en jefe del Ejército, en las mismas espaldas de la Casa Rosada, también sin causar víctimas humanas.
De entre los seis militares cuya detención fue ordenada, cinco ya están presos en acuartelamientos; el principal militar implicado se halla prófugo y degradado desde las elecciones democráticas: Carlos Guillermo Suárez Mason, general de división, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la represión de la dictadura, y jefe directo del general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense durante el mismo período.

Suárez Mason, al advenimiento de la democracia, declaró a sus íntimos que "no pienso ser el pato en esta boda", y desapareció. Como jefe directo de Camps fue procesado por crímenes contra la humanidad y al no presentarse ante la justicia sufrió degradación. Algunas versiones le situaron como residente en Madrid, en alguna urbanización de Majadahonda, pero informaciones más recientes y solventes le ubican en Miami y en São Paulo.

Suárez Mason es actualmente, al parecer, el máximo dirigente de una organización ultraderechista denominada Omega que agrupa a exiliados cubanos y a la mafia de la droga y del tráfico de armas en Sudamérica capitaneada a su vez por el ex dictador boliviano -también prófugo- general García Meza.

Omega, según se dice, tiene como objetivo de cobertura la desestabilización de las frágiles democracias argentina, uruguaya, boliviana y brasileña y, como propósito final, la consolidación del sindicato sudamericano del tráfico de armas y narcóticos en el subcontinente.

Entre los detenidos por el Gobierno se encuentra también Alberto Hernán Camps, cadete del colegio militar de la nación e hijo delcarnicero de Buenos Aires y los periodistas Jorge Antonio Vago, editor-propietario de Prensa Confidencial, típico boletín de intoxicación golpista, y Daniel Horacio Rodríguez, columnista de La Prensa, el gran diario liberal argentino de antaño, hoy quebrado, desmayado en los brazos de la reacción económica y política y asentado en la figura estrella del periodista hispanoargentino Jesús Iglesias Rouco, entusiasta defensor de la política de Reagan en el subcontinente y animoso debelador de todos los males de la debilitada democracia argentina.

Por lo demás, la campaña electoral continúa con normalidad y sin incidentes y con todos los sondeos de opinión apuntando hacia un repunte del radicalismo y un nuevo retroceso del peronismo, podrido de metástasis.

Comparado con el proceso desestabilizador español en los primeros años del posfranquismo, la arremetida involucionista argentina es débil, pero el Gobierno de Raúl Alfonsín sumido en campaña electoral y en la mitad del río de los procesos contra los militares involucrados en laguerra sucia contra la subversión, ha optado por colocar entre rejas, temporalmente a las cabezas visibles de esta mafia golpista que levanta la bandera de la civilización cristiana occidental para seguir engordando con el narcotráfico y la venta de armas -es así- a cualquiera, incluidos los movimientos insurgentes suramericanos.

14/10/85

La Armada argentina pone a la venta parte de su flota (14-10-1985)

El Ministerio argentino de Defensa alberga la intención, desde hace meses, de vender parte de las unidades de su Armada. "Toda la flota está en oferta", explicó a este periódico uno de los más altos responsables del citado ministerio, pero se calcula que "no venderá más allá de nueve o 10 de sus unidades modernas".

La necesidad argentina de desprenderse de parte de su flota viene dada por la elevada deuda externa de su Armada: unos 700.000 millones de pesetas, un 7% del monto total de la deuda externa del país. La Armada argentina debe refinanciar a corto plazo 1.000 millones de dólares y sólo los intereses de su deuda absorberán el 30% del presupuesto naval militar hasta 1992.Para romper este estrangulamiento financiero, Argentina está sondeando discretamente la posible venta de sus fragatas análogas a las Sheffield británicas hundidas en el estrecho de San Carlos durante la guerra de las Malvinas, y corbetas y submarinos de fabricación alemana.

Argentina cuenta con ocho fragatas dotadas de misiles, de las que aspirar a vender dos, venta ampliable a otras dos en caso de necesidad, seis corbetas en fabricación y dos submarinos alemanes de la serie 209 (los convencionales más modernos) y otros cuatro en astillero. Los responsables de Defensa argentina esperan obtener entre 500 y 1.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.
Taiwan parece estar interesado por alguno de los submarinos, e Indonesia por las corbetas, pero el mayor interés de compra es el de los iranies por las fragatas, dado que Argentina incentiva su venta dotándola de los misiles Exocet mar-mar que no fueron utilizados en la guerra de las Malvinas. El número de Exócet mar-mar en poder de Argentina es secreto militar, y nadie duda que cierto número de ellos será vendido bajo cuerda a los países que adquieran las fragatas equipadas con misiles.

El principal problema para avanzar en las conversaciones de compra venta reside en las características de los adquisidores: vender a Irán, Suráfrica o Taiwan implicaría consecuencias y represalias internacionales impredecibles; la venta más segura sería la de la fragatas dotadas de misiles Exocet a Irán, paso que el Gobierno argentino duda moralmente en dar.