Treinta escuelas -29 en la
capital federal y una en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires-
fueron desalojadas el miércoles tras amenazas telefónicas de ser voladas con
explosivos. Hacia las dos de la madrugada de ayer un poderoso artefacto
destruyó una oficina de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) también
en la capital federal, y otra bomba de gran potencia explosionó frente al
garaje de la quinta de fin de semana del ministro del Interior, Antonio
Troceoli, en el Gran Buenos Aires. Los atentados consumados sólo ocasionaron
daños materiales.
Fue una jornada en la que la
provocación terrorista alcanzó niveles de histeria para los colegios, ya
psicológicamente castigados desde hace cerca de un mes, particularmente
aquellos donde se educan los nietos del presidente Raúl Alfonsín y una de las
hijas del fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera,
quien lleva la acusación contra las Juntas Militares.
La colocación de una bomba
en las puertas de la casa de descanso del ministro del Interior, 24 horas
después de que el Gobierno ordenara la detención por 60 días de 12 presuntos
conspiradores de la extrema derecha, obliga a pensar en peligrosas,
complicidades o incompetencias en las seguridad policial.
El jueves ya eran siete los
detenidos por la policía militar y federal de entró los 12 perseguidos por el
Gobierno: todos los militares menos el ex general Suárez Mason, prófugo desde
hace dos años, y dos de los seis civiles. Cinco solicitudes de hábeas corpus presentadas por los abogados de los
requeridos han sido rechazadas por dos jueces, que sancionaron la
constitucionalidad de la medida decretada por Alfonsín en período de receso del
Congreso de la nación.
Apoyo masivo
La gran mayoría de los
partidos políticos ahora en liza electoral por unas legislativasparciales (un
tercio del Congreso) han respaldado la medida gubernamental o la han objetado
sólo en sus aspectos formales, aduciendo defectos legales en su aplicación. Las
voces más hostiles a la decisión cautelar del Gobierno, han procedido del
justicialismoortodoxo: Herminio Iglesias, secretario general del
movimiento peronista y primer candidato en estas elecciones a diputado
bonaerense y Jorge Tríaca, cosecretario de la CGT (Confederación General del
Trabajo) y vicepresidente del justicialismo.Ambos han rechazado las detenciones
y Tríaca -quien como testigo en el juicio contra las Juntas Militares declaró
haber sido excelentemente tratado por los uniformados durante su breve
detención-, acaba de rechazar tanto estas detenciones cautelares como el mismo
juicio a las juntas.
Sigue sin haber espacio
político para un golpe de Estado en la Argentina, pero, sin duda, las últimas
detenciones no desarticulan el aparato cívico-militar, del que cabe esperar
nuevas sorpresas o atrocidades entre el 3 de noviembre, fecha de las elecciones
parciales, y el 10 de diciembre, en el que se pronuncien las sentencias contra
las tres primeras juntas militares presuntamente responsables de la guerra sucia contra la subversión.
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