El Gobierno argentino
encontró su primer respiro de alivio en ocho días en su batalla contra un
segmento de la judicatura comprometido ideológicamente con la involución
política. La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -la
misma que está juzgando a las tres primeras juntas militares de la dictadura-
declaró constitucionales tres de las órdenes de arresto decretadas bajo el
estado de sitio: las del coronel Oscar Guerriri, el capitán Leopoldo Cao y el
periodista Daniel Rodríguez.Por tercera vez en ocho días se ha ordenado la
detención de estas tres personas; el jefe y el oficial se presentaron
voluntariamente en sus acuartelamientos; se desconoce, por el momento, el paradero
del periodista. Para la tarde de ayer se esperaba que la cámara federal se
pronunciara sobre otras peticiones de hábeas
curpus que cobijan a otros
ocho reclamados por el poder ejecutivo. El ex general Suárez Mason, obviamente,
no puede buscar ningún amparo judicial, al encontrarse prófugo.
En la noche del domingo al
lunes se produjo una nueva explosión -sin víctimas- en el céntrico gimnasio de
María Amuchástegui, conocida presentadora en la televisión matinal de un
programa de ejercicios gimnásticos, y el Canal 9 -el único privado de la
capital federal- y Radio del Plata -en la provincia de Buenos Alres- sufrieron
amenazas de bomba. La información oficial atraviesa periodos de desmayo o
ignorancia y aún no ha sido posible confirmar si la última explosión fue una
bomba o un escape de gas ciudad, y aun menos comprobar rumores autorizados
sobre la incautación de armamento en un almacén del puerto de Buenos Aires. El
caso es que en las pesadísimas, bochornosas y húmedas noches de esta primavera
porteña se está poniendo de moda aliviarse en los balcones aguzando el oído
hacia las explosiones ensordecidas por el espesamiento del aire.
Respecto al alertamiento del
Gobierno sobre la conjura, el, ministro uruguayo de Defensa, general Juan
Vicente Chiarino, principal colaborador de la dictadural, ha declarado que
desconoce up supuesto apoyo de los servicios secretos uruguayos al SIDE
argentino (Servicio de Informaciones del Estado),en relación con la reciente
oleada de violencia terrorista.
El vicepresidente brasileño,
Ulyses Guimaraes, expresó por su parte la, preocupación del presidente, José
Sarney, sobre un reflejo golpista en su país en caso de debilitación o receso
de la democracia argentina.
La Prensa brasileña insiste
en un eje conspirativo Miami (anticagtristas) Sao Paulo (logia masónica P-2),
cuyos jefes operativos serían los ex generales Guillermo Suárez Mason,
argentino, y Luis García Meza, boliviano, y que estaría estructurando parte del
narcotráfico y la mercadería ilegal de armas en el subcontinente con el
objetivo final de reedificar la logia P-2 en Brasil y voltear o al menos
controlar las débiles democracias del Cono Sur.
El estado de sitio ha caído
con el peso de una pluma sobre la ciudadanía; para bien o para mal, con acierto
o descierto, el Gobierno sólo quiere poner presos por 60 días a cierto número
de civiles y militares comprometidos en una conjura desestabilizadora.
La vigilancia visible
callejera es la habitual, los mítines partidarios de cierre de campaña
electoral se celebran en absoluta libertad, y por los canales de la televisión
capitalina aún intervenidos por el Estado -a la espera de una ley
regularizadora de transmisión de noticias por medios electrónicos- un ignoto
político extraparlamentario afirma que el primer terrorista argentino es el
Propio presidente Raúl Alfonsin.
Los enviados especiales de
las televisiones extranjeras aterrizados sobre Buenos Aires en una consecuente
búsqueda de imagenés callejeras de tensión militar no
otra cosa que el
viejo_tanque Sherman encastrado sobre una rampa de cemento, pieza de museo
exhibida en los jardincillos del edificio del comando en jefe del Ejército.
Solidaridad con el Gobierno
La mayoría de los líderes
políticos con representación parlamentaria se han solidarizado con el Gobierno
en su resistencia al terrorismo desestabilizador, pero han sido unánimes y
severos en la condena de la torpeza de los equipos legales de la Cala Rosada y
el Ministerio del interior, incapaces por impericia o sabotaje de interpretar
sólidamente la Constitución y la ley de hábeas corpus, y
dando pie a la judicatura no democrática a presentarle una batalla leguleya al
presidente.
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