El Gobierno argentino ordenó en la madrugada del martes la
detención, durante 60 días, de seis militares -tres en activo- y seis civiles,
acusados de favorecer la perturbación de la vida pública. Al margen de la
detención gubernativa, la justicia ordinaria establecerá en su momento las
responsabilidades penales a que sean acreedores.
La orden de detención contra estas 12 personas se adoptó en función
de las atribuciones gubernamentales establecidas en el artículo 23º de la
Constitución nacional para períodos -como el actual- en que el Congreso
nacional está en.El Gobierno argentino llegó a especular con la posibilidad de
decretar el estado de sitio, medida rápidamente desechada por maximalista y por
cuanto, de hecho, podría haber invalidado las elecciones legislativas parciales
que han de celebrarse el próximo 3 de noviembre, en cuya campaña está sumergida
la nación.
La reunión de urgencia del gabinete ministerial se celebró tras el
descubrimiento en la tarde del lunes de una granada de guerra desanillada,
lista para explosionar, engarzada al desaguador de un retrete de varones en la
escuela pública Maria Curie de la capital federal.
Escuelas amenazadas
Desde hace al menos tres semanas son constantes y generalizadas las
amenazas contra diversas escuelas públicas de primera y segunda enseñanza, y el
temor ya había prendido en las familias, pero el hallazgo de esta trampa de
guerra cazabobos perfectamente
armada por un experto en granadas contra personas, colmó el vaso de la
paciencia del Gobierno.En el mismo lapso de tiempo -coincidente con la campaña
electoral por las legislativas parciales de noviembre y con la finanación del
descargo de las defensas en el juicio de Buenos Aires contra las juntas
militares- la capital federal ha padecido una continuada presión de terror
psicológico con amenazas de bomba, desalojos de edificios públicos, colocación
de artefactos explosivos en automóviles propiedad de militares (sin víctimas) y
la inevitable cascada de rumores desestabilizadores sobre el malestar reinante
en el conjunto de las Fuerzas Armadas.
En la mañana de ayer otra bomba explosionó en una garita del
edificio Libertad, sede del comando en jefe del Ejército, en las mismas
espaldas de la Casa Rosada, también sin causar víctimas humanas.
De entre los seis militares cuya detención fue ordenada, cinco ya
están presos en acuartelamientos; el principal militar implicado se halla
prófugo y degradado desde las elecciones democráticas: Carlos Guillermo Suárez
Mason, general de división, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires
durante la represión de la dictadura, y jefe directo del general Ramón Camps,
jefe de la policía bonaerense durante el mismo período.
Suárez Mason, al advenimiento de la democracia, declaró a sus
íntimos que "no pienso ser el pato en esta boda", y desapareció. Como
jefe directo de Camps fue procesado por crímenes contra la humanidad y al no
presentarse ante la justicia sufrió degradación. Algunas versiones le situaron
como residente en Madrid, en alguna urbanización de Majadahonda, pero
informaciones más recientes y solventes le ubican en Miami y en São Paulo.
Suárez Mason es actualmente, al parecer, el máximo dirigente de una
organización ultraderechista denominada Omega que agrupa a exiliados cubanos y
a la mafia de la droga y del tráfico de armas en Sudamérica capitaneada a su
vez por el ex dictador boliviano -también prófugo- general García Meza.
Omega, según se dice, tiene como objetivo de cobertura la
desestabilización de las frágiles democracias argentina, uruguaya, boliviana y
brasileña y, como propósito final, la consolidación del sindicato sudamericano
del tráfico de armas y narcóticos en el subcontinente.
Entre los detenidos por el Gobierno se encuentra también Alberto
Hernán Camps, cadete del colegio militar de la nación e hijo delcarnicero de Buenos Aires y
los periodistas Jorge Antonio Vago, editor-propietario de Prensa Confidencial, típico
boletín de intoxicación golpista, y Daniel Horacio Rodríguez, columnista de La Prensa, el
gran diario liberal argentino de antaño, hoy quebrado, desmayado en los brazos
de la reacción económica y política y asentado en la figura estrella del
periodista hispanoargentino Jesús Iglesias Rouco, entusiasta defensor de la
política de Reagan en el subcontinente y animoso debelador de todos los males
de la debilitada democracia argentina.
Por lo demás, la campaña electoral continúa con normalidad y sin
incidentes y con todos los sondeos de opinión apuntando hacia un repunte del
radicalismo y un nuevo retroceso del peronismo, podrido de metástasis.
Comparado con el proceso desestabilizador español en los primeros
años del posfranquismo, la arremetida involucionista argentina es débil, pero
el Gobierno de Raúl Alfonsín sumido en campaña electoral y en la mitad del río
de los procesos contra los militares involucrados en laguerra sucia contra
la subversión, ha optado por colocar entre rejas, temporalmente a las cabezas
visibles de esta mafia golpista que levanta la bandera de la civilización
cristiana occidental para seguir engordando con el narcotráfico y la venta de
armas -es así- a cualquiera, incluidos los movimientos insurgentes
suramericanos.
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