El Gobierno argentino apeló
el pasado sábado la decisión del juez de instrucción Luis Enrique Velasco de
declarar inconstitucional la segunda orden de detención dictada por el ministro
del Interior, Antonio Troccoli, contra 12 supuestos conspiradores contra la
democracia, seis civiles y seis militares. El juez ordenó también la inmediata
liberación de los seis detenidos bajo su jurisdicción, admitiendo los hábeas
corpus presentados en su favor.
De los 12 individuos que el
Gobierno ha intentado detener por dos veces la pasada semana mediante dos
decretos acumulativos, cinco se encuentran prófugos, seis acaban de ser
liberados por el juez Velasco y sólo uno, el coronel retirado Arias Dubal,
permanece preso.El juez argumenta en los siguientes términos: la reforma de la
ley de hábeas corpus, propiciada por el radicalismo, exige
la presentación de indicios solventes de culpabilidad para las detenciones, aun
bajo estado de sitio, como ocurre ahora.
Hasta altas horas de la
noche del sábado se reunieron en el Ministerio del Interior su titular, Antonio
Troccoli; el ministro de Educación y Justicia, Alconada Aramburu; el jefe del
Servicio de Informaciones del Estado (SIDE), Héctor Rossi, y el primer senador
radical por la capital federal, Fernando de la Rúa, prestigioso jurista y autor
de la reforma de la ley dehábeas corpus.
El Gobierno estima en su
recurso que lo que debe quedar probado es la necesidad objetiva de proceder al
estado de sitio, necesario, precisamente, para detener a sospechosos sin
pruebas acusatorias firmes. Si el Gobierno -se aduce- hubiera tenido
abrumadores informes incriminatorios contra los 12 sospechosos de golpismo no
hubiera ordenado su detención: se habría limitado a denunciarles ante un juez
de guardia.
Una discusión bizantina
Es una discusión bizantina y
estéril, en la que un sector de la judicatura argentina comprometido con la
dictadura militar está intentando -con bastante éxito- dejar en ridículo al
Gobierno, convirtiendo la amenaza real que pesa sobre esta frágil democracia en
un vodevil con personajes detenidos, liberados, vueltos a detener y nuevamente
puestos en libertad, entradas y salidas de los juzgados y reproches mutuos
entre un juez y el Gobierno de la nación que puede aparecer así como torpe,
incapaz y hasta inerme.Por supuesto, es un secreto a voces que el Gobierno
argentino tiene pruebas suficientes para ordenar la detención de hasta 200
personas en la cúpula de la conspiración cívico-militar. Pero, obviamente, no
puede presentarse en los juzgados con los informes de la SIDE, los recados de
la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y del Mosad
(servicio secreto israelí), los favores informativos de Gobiernos como el
brasileño y el uruguayo y, menos aún, con los kilómetros de cintas
magnetofónicas de las conversaciones telefónicas de la trama golpista, grabadas
por la inteligencia del Estado, ilegalmente, como se puede suponer.
Finalmente, el ministro de
Defensa, Roque Carranza, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor
Ríos Ereñú, han tenido que salir al paso de la última iniciativa involucionista
prohibiendo tajantemente las reuniones informales en las salas de banderas y
exigiendo la unidad y disciplina de las Fuerzas Armadas. Los cuarteles
argentinos han sido invadidos por panfletos en los que se detalla una
fantasiosa operación Magnesia
por la que el Gobierno de Alfonsín se apresta supuestamente a depurar pasando a
retiro a centenares de jefes y oficiales, empezando por el propio Ríos Ereñú.
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