El Gobierno argentino,
presidido por Raúl Alfonsín, decretó ayer el estado de sitio en todo el país
por un período de 60 días. El ministro del Interior, Antonio Troccoli, en una
breve y sorpresiva conferencia de prensa, anunció la medida, poniendo énfasis
en que las elecciones legislativas parciales del 3 de noviembre (renovación de
un tercio del Congreso) se llevarán a cabo y que el Gobierno, pese al estado de
sitio, amparará todas las garantías individuales y políticas y los derechos de
reunión, asociación y expresión para no interferir el proceso electoral.
Por 60 días, el Gobierno se
reserva el derecho de arrestar a las personas, trasladarlas dentro del
territorio nacional o darles la opción de abandonar por ese lapso de tiempo el
país. El decreto gubernamental de estado de sitio ha sido posible al
encontrarse clausurado el período ordinario de sesiones del Congreso de
Diputados y Senadores, que abrirá sus puertas en diciembre para sesiones
extraordinarias y en mayo para el inicio del año legislativo.La última vez que
se decretó el estado de sitio en Argentina fue el 6 de noviembre de 1974 bajo
el Gobierno constitucional de Isabelita Perón. La medida de excepción fue
mantenida por el régimen militar hasta poco antes de las elecciones
democráticas de 1983.
La drástica decisión del
Gobierno de la Unión Cívica Radical, presidido por el doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, ha tomado por sorpresa a la población, y culmina una semana de
dubitaciones, desaciertos, errores legales, impericia, precipitación y evidente
nerviosismo por parte del Gabinete argentino.
El pasado lunes, tras un octubre negro poblado de amenazas, de bomba en las
escuelas porteñas -el pasado miércoles tuvieron que ser desalojadas 29 sólo en
la capital federal- y de atentados consumados contra la sede del Comando en Jefe
del Ejército, automóviles de jefes y oficiales en activo y la propia casa del
ministro del Interior, Alfonsín se reunió con sus más directos colaboradores y
el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Rius Ereñu, en la quinta
presidencial de Olivos.
Los reunidos descartaron,
por improcedente en período electoral, la declaración de estado de sitio y
optaron por ordenar la detención por 60 días de 12 personas, seis civiles y
seis militares, como supuestos implicados en una conspiración cívico-militar
tendente a desestabilizar esta frágil democracia.Cinco solicitudes de hábeas corpuspresentadas por los letrados de
otros tantos detenidos fueron rechazadas por jueces federales en el
entendimiento de que, cerrado el Congreso, el arresto gubernativo era constitucional.
Anteayer, otro juez federal admitió dos hábeas corpus, en el
entendimiento contrario de que sin declaración previa de estado de sitio el
presidente de la República carecía de facultades para detener a las personas.
A lo largo de la semana, y pese
a las primeras detenciones, se incrementaron los actos de provocación -hasta
ahora, siempre sin víctimas- y trascendió que la Secretaría de Informaciones
del Estado (SIDE), máximo órgano de espionaje estatal, había detectado una cúpula operativa de al menos 200 personas
(militares en activo y retiro, periodistas, parapoliciales, paramilitares,
sindicalistas), la cual a su vez se extendería en redes hasta conformar una
trama golpista que procuraría la desestabilización de la democracia argentina.
Modelo a desestabiliza
rEs un secreto a voces -y
hasta entra dentro de la lógica de las cosas- que en Argentina, tras siete años
de una de las dictaduras militares más perversas de la historia, a sólo dos
años de la recuperación democrática, con una crisis económica ciclópea, un
proceso abierto a los nueve primeros triunviros de la dictadura que terminará
en severas condenas, con recortes presupuestarios militares que están obligando
a la venta de parte de la flota misilística y submarina de la Armada y con una
oposición -el peronismo- multidivida e inclinada mayoritariamente sobre su
extrema derecha, el país ha devenido en un modelo tipo a desestabilizar.
Aunque el Gobierno ha
alcanzado logros en la desarticulación de tramas civiles como la Triple A
(Alianza Anticomunista Argentina) ha carecido de tiempo político para
desactivar todo el aparato de la inteligencia militar que diseñó, dirigió y
ejecutó la guerra sucia contra la subversión, y que permanece operante,
amenazante y sumergido.
En las últimas semanas, la
Secretaría de Informaciones del Estado presuntamente recibió información
reservada de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y del Mossad
(inteligencia israelí) sobre una red de tráfico de droga y mercadería ilegal de
armamentos organizada por el ex dictador boliviano García Meza -reclamado por
la justicia de Bolivia y por la argentina- y por el ex gobernador de Buenos
Aires bajo la dictadura, ex general Suárez Mason, degradado y prófugo desde
hace dos años, requerido por presuntos delitos contra la humanidad como jefe directo
del general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense y tenido como el carnicero de Buenos Aires.
A su vez, los Gobiernos
brasileño y uruguayo habrían completado la información de la Casa Rosada sobre
el compló involucionista interior argentino, su capacidad económica y,
logística y algunos alcances del planOmega, tendente a dar la voltereta a la situación política en el cono sur
latinoamericano.Muy probablemente los nervios de un Gobierno tan tensionado
como el de Alfonsín se han terminado acalambrando en la adopción de decisiones
contradictorias en una misma semana, hasta terminar por dictar el estado de,
sitio a nueve días de unas legislativas parciales. Si en algo es aplicable la
sabia filosofía de Rafael El
Gallo de que "lo que no
pue sé, no pue sé, y ademá ez impozible", es a la hipótesis de un golpe
militar triunfante en Argentina en estos momentos. Es un país-modelo (como
queda escrito) para la provocación, pero en el que nadie en su sano juicio
prevé a medio plazo que otro militar pueda ocupar el incómodo sillón de
Rivadavia en el estrecho despacho presidencial de la Casa Rosada.
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