El Congreso argentino aprueba la ley de 'punto final' (26-12-1986)

El Congreso argentino aprobó en la noche del martes (madrugada del miércoles, hora peninsular española), por 126 votos a favor, 16 en contra, una abstención y la ausencia de la mayoría de los diputados peronistas, la ley que en 60 días pondrá punto final a los procesamientos de militares y policías por la guerra sucia contra la subversión. La ausencia del peronismo, primer partido de la oposición, redujo el debate parlamentario. a cero, pese a la enérgica oposición al proyecto de ley del pequeño e izquierdista Partido Intransigente (PI).El peronismo -sus diferentes fracciones- se lavó las manos en este asunto pero envió a la Cámara a sus diputados de extrema derecha para lograr el mínimo quórum -la mitad de los diputados más uno- que permitió al Gobierno sacar adelante la ley de punto final. No hubo debate propiamente dicho, pero sí íncidentes verbales y físicos. Desde los palcos destinados al pueblo las Madres de Plaza de Mayo entonaban una y otra vez: "Dicen los radicales que son la vida y son la paz / pero dejan a los asesinos en libertad".

La infantería de choque de la policía federal obvió sutilezas tales como pelotas de goma o gases lacrimógenos y cargó brutalmente con largos garrotes de madera quebrando huesos por doquier. Los manifestantes se ensañaron con las vidrieras del Congreso y se empeñaron entusiásticamente en la destrucción de escaparates y vehículos. Terminada la votación, los diputados abandonaron la Cámara bajo custodia.

Pero los incidentes deben ser tenidos como mínimos, dadas las dimensiones de esta gran ciudad, y el Gobierno radical se puede dar por satisfecho: ha signado su ley de punto final con rapidez, la víspera de la Nochebuena.

Las Fuerzas Armadas, sincera o hipócritamente, continúan dirigiendo mensajes de amor al Gobierno democrático y, así, el jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Ramón Arosa, ha vuelto a descartar que nadie que vista uniforme esté pensando en nuevos gobiernos militares. El viernes la Corte Suprema fallará respecto a las apelaciones de la fiscalía y de los encausados en el juicio a las tres primeras juntas.

El Senado argentino aprueba la ley de 'punto final' por amplia mayoría (24-12-1986)

El Senado argentino aprobó en la noche del lunes (madrugada de ayer en España), por 25 votos contra 10, la prescripción de acciones penales contra militares, policías y funcionarios carcelarios por la guerra sucia contra la subversión desarrollada entre 1976 y 1982. Con esta votación, la llamada ley del punto final adquiere media sanción, y para la noche de ayer se esperaba que el Congreso de los Diputados, en el que el radicalismo, en el poder, es mayoritario, terminara por respaldar el controvertido proyecto de ley

La ausencia de 10 senadores peronistas facilitó la abultada votación en la Cámara Alta favorable a la propuesta gubernamental. Las Madres de Plaza de Mayo fueron desalojadas del recinto senatorial cuando una de ellas comenzó a reputar a los gritos de "traidor a la patria" a un senador en el uso de la palabra. En las puertas del Senado, no más de una docena de manifestantes armó un pequeño tinglado simulando dos calabozos de detención.

La sociedad argentina, que mayoritariamente se siente culpable por beneficiarse económicamente de los años de la dictadura militar, aparece secretamente aliviada por este comienzo del final de los juicios sobre la guerra sucia.

Los militares argentinos, por otra parte, alentados por la negativa de sus pares uruguayos a ser juzgados por la ley civil, estaban presionando enérgicamente para poner fin a sus procesamientos.

La ley prevé que en 60 días se extingan las acciones penales sobre laguerra sucia que no hayan sido denunciadas o comenzado a instruirse. Las causas vistas en primera instancia o ya indagadas -proceso a las tres primeras juntas militares, policía de Buenos Aires, Escuela de Mecánica de la Armada o tercer cuerpo de Ejército acantonado en Córdoba- proseguirán su curso.

Secuestros de niños

Igualmente, la ley llamada de punto final no amparará a quienes secuestraron a niños durante el cautiverio de sus padres o a aquellos uniformados que se hayan sustraído a la acción de la justicia, como el prófugo ex teniente general Guillermo Suárez Mason, ya degradado, que fuera comandante en jefe del primer cuerpo del Ejército acantonado en el Campo de Mayo de Buenos Aires.Como no podía ser de otra manera, todo ha sido preparado y bien preparado. Chorros de plomo candente se deslíen sobre el aplastante verano porteño, y los habitantes de Buenos Aires no piensan en otra cosa que en escapar hacia las playas atlánticas, al mismo y exacto tiempo en que los diputados uruguayos se han partido la cara en su Congreso tras votar afirmativamente una ley de amnistía para los militares de la República oriental sin haber llevado adelante ni un solo juicio sobre sus atrocidades.

Además, y por su parte, el fiscal general de la República argentina, Julio César Strassera, ha apelado ante la Corte Suprema de Justicia las sentencias sobre la causa que engloba al general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, y la que absuelve por prescripción al teniente de navío Alfredo Astiz en la desaparición de la adolescente sueca-argentina Dajmar Hagelin. El fiscal apela dos absoluciones por falta de pruebas en el caso de Ramón Camps -tormentos y robos- y estima que la desaparición de Dajmar Hagelin debe ser vista en el sumario de la Escuela de Mecánica de la Armada, el más feroz centro de detención clandestino bajo la dictadura militar.

La mal llamada ley de punto final dará satisfacción a unas Fuerzas Armadas justamente arrastradas por los rastrojos desde hace tres años, pero para nada anula los juicios pendientes.

Dentro de algunos años el sustituto de este corresponsal deberá seguir escribiendo sobre los procesos militares argentinos.

Para ayer noche, Ragnar Hagelin había citado a la Prensa para una conferencia informativa sobre el tema Astiz, el asesino de mi hija. Sólo el infierno del húmedo verano austral colocará un poco de bálsamo sobre todas estas heridas.

Más de 50.000 personas, contra la ley de 'punto final' en Argentina (21-12-1986)

Entre 50.000 y 60.000 personas se manifestaron el viernes en el centro de Buenos Aires como protesta contra la ley de Reconciliación Nacional, llamada de punto final, que comenzará a debatirse el lunes en el Senado de la nación. Comunistas y peronistas de izquierda se enfrentaron con gran violencia. Probablemente fue ésta la manifestación más multitudinaria desarrollada en la capital federal desde la recuperación de la democracia, hace tres años.

Convocada por las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y partidos extraparlamentarios de izquierda, la marcha contó con el apoyo de los peronistas revolucionarios y la Confederación General del Trabajo (CGT).

El hecho políticamente más grave reside en que a la manifestación se sumó Franja Morada, la fracción preponderante de las juventudes de la Unión Cívica Radical, así como numerosos radicales a título particular descontentos con la llamada ley de punto final, que impedirá en el futuro nuevos procesamientos de militares y policías por la guerra sucia contra la subversión.

Un chaparrón veraniego anegó el final de la marcha y, contra lo que pudiera suponerse, acaloró los ánimos. Comunistas y peronistas revolucionarios chocaron violentísimamente en las proximidades del Congreso.

Pese a las disensiones dentro de la propia Unión Cívica Radical sobre la llamada ley de punto final, los bloques de diputados y senadores radicales respaldan unánimemente el proyecto del Gobierno.

El proyecto de 'punto final' divide a los argentinos (8-12-1986)

El proyecto de ley de Reconciliación Nacional -mal llamado de punto final-, presentado por el Gobierno de Raúl Alfonsín ante las dos cámaras, y la nueva y tercera absolución del teniente de navío Alfredo Astiz, por prescripción de la agresión, tortura y muerte de la joven argentino-sueca Dagmar Haguelin, han vuelto a dividir a los argentinos.

El intento del Gobierno radical de establecer una fecha final para los interminables procesos contra los militares y policías involucrados en laguerra sucia frente a la subversión izquierdista ha sido mal explicado al país y no demasiado correctamente presentado a la opinión pública por el presidente Alfonsín, quien en su discurso radiotelevisado del jueves pasado se encontró al borde de equiparar la violencia ilegítima del Estado con la ilegal violencia del terrorismo revolucionario.Pero el mayor daño lo ha causado la coincidencia en el tiempo del anuncio del proyecto de ley mal llamado de punto final y la tercera absolución de Astiz. El teniente de navío no es en absoluto ni el más criminal ni el más abyecto de los militares argentinos que perdieron su honor en la represión de la guerrilla, pero ha devenido en un arquetipo de lo peor de todos ellos: doblez, engaño, traición, fanatismo, cinismo, crueldad, prepotencia.

Pero su absolución por la Cámara Federal de Apelaciones -civil- tras dos absoluciones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas debe escribirse en cursiva por implicar, al mismo tiempo, una condena moral. La Cámara Federal ha reconocido a Astiz como autor del descerebramiento y ulterior desaparición de la adolescente Dagmar Haguelin, pero se ha visto incapaz de condenarle ante la prescripción de su delito, cometido hace más de 10 años.

La queja de lo más sensibilizado de la población tiene fundamentos: los delitos de lesa humanidad no deben ser prescriptibles y, en todo caso, en ese país las prescripciones penales debieran contarse a partir de 1983, cuando, ya bajo un régimen democrático, las denuncias podrían presentarse sin correr peligro de muerte.

La absolución del teniente de navío, quien, no obstante, se encuentra involucrado en el sumario de la Escuela de Mecánica de la Armada que se verá próximamente, ha influido negativamente en la presentación del proyecto de ley de Reconciliación Nacional.

Aquél no prevé para nada un borrón y cuenta nueva, sino la fijación de un plazo para presentar nuevas denuncias. Los procesos en marcha o en apelación continuarán su curso, así como las indagatorias sobre los militares o policías prófugos y los casos relativos a la desaparición de niños.

Aún aprobándose en los tres primeros meses de 1987 esta ley de reconciliación, los procesos por la guerra sucia continuarían en Argentina al menos durante dos años más. El proyecto de ley, además, ni perdona, ni indulta, ni amnistía a los ya condenados en primera instancia o a los que le fueren en firme en el futuro.

El debate que se abre se enreda en los gaseosos conceptos de la obediencia debida y en los límites contingentes entre la brutalidad criminal y la lesa humanidad. Buena parte de los argentinos, cierto que tardíamente, descubre ahora que hay atrocidades que en su día fueron patrocinadas por el Estado y que ni pueden ni deben ser perdonadas, reconciliadas o finalizadas con la sola ofrenda de las cabezas de turco de los principales o más visibles responsables. Al menos el presidente Alfonsín ha logrado la más firme declaración de constitucionalidad de las Fuezas Armadas en la entrega de despachos, el sábado, de las nuevas promociones de oficiales y suboficiales de las tres armas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general del Aire Teodoro Waldner, afirmó que "...nunca habrá mejor revolución que la de las urnas, ni mejor golpe que el que vuestro respeto a las leyes y subordinación al orden constituido aplique a los que quieran incitarlos a su quebrantamiento".

"Cuidado", continuó Waldner, "con sus cantos de sirena y con sus propuestas de convertirlos en salvadores; casi siempre, al final de los Gobiernos de facto, quedaron muchos más militares desprestigiados que instigadores al golpe que hayan asumido su responsabilidad".

Raúl Alfonsín informa al Gobierno argentino del proyecto de 'punto final' (6-12-1986)

El presidente argentino, Raúl Alfonsín, reunió a su Gabinete a las nueve de la mañana de ayer (una de la tarde, hora peninsular española) para informarle y hacerle firmar el proyecto de ley de Reconciliación Nacional, o de punto final, que será enviado inmediatamente para su sanción a las dos Cámaras.

Por la tarde, el ministro del Interior, Antonio Troccoli, informó de su contenido a las bancadas oficialista y de la oposición en el Congreso y en el Senado.,A las nueve de la noche (una de la madrugada, hora peninsular española), Alfonsín lanzó un mensaje radiotelevisado haciendo un llamamiento a la solidaridad nacional y anunciando el envío al Parlamento del proyecto de ley de punto final, que puede acabar con el océano de procesos por violación de los derechos humanos en Argentina. El proyecto es breve y ha sido redactado con meticulosa prolijidad jurídica para evitar inútiles debates técnicos en el Congreso. En él se prevé un plazo a partir de su aprobación para que los damnificados bajo la dictadura militar presenten sus denuncias ante los tribunales castrenses o civiles.

A partir de tal plazo prescribirían los crímenes cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, excepto las particularmente aberrantes, los supuestamente llevados a cabo por militares ahora prófugos (como el caso del ex general Guillermo Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército) y los que guarden relación con niños desaparecidos, secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautividad.

Todas las causas ahora abiertas contra los responsables o los sicarios de la guerra sucia contra la subversión permanecerán abiertas; entre ellas algunas tan importantes como la de la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires o la de las actuaciones presuntamente criminales del Tercer Cuerpo de Ejército acantonado en Córdoba bajo la dirección del general Menéndez, ahora en prisión preventiva, y sus conmilitones. Todo ello a más de los nuevos juicios que puedan abrirse hasta la fecha de prescripción dictada por esta hipotética ley de punto final.

El destino de los ya condenados

El proyecto de ley no prevé para nada supuestos de amnistía, perdón u olvido para los ya condenados o los que lo fueran en el futuro. La filosofía del Gobierno argentino, por supuesto que antes política que jurídica, se encauza, como acaba de afirmar el presidente de la Cámara, Juan Carlos Pugliesse, sobre este hecho: "Quien no haya sido procesado en estos tres años no debe ser procesado más. Y, aunque tengamos la convicción de la culpabilidad o la responsabilidad de alguien, no tenemos las pruebas que el Estado de derecho tiene que llevar a la justicia para que se pueda condenar".Condenados -siempre en primera instancia- los tres primeros Gobiernos militares desde 1976 por sus atrocidades contra la población, el primer escalón represor militar-policial en la gran provincia de Buenos Aires, la penúltima junta militar por la pérdida de la guerra en Malvinas, y abiertos procesos individuales en toda la nación como el que ahora afecta al teniente de navío Astiz, y colectivos como los de Córdoba o la Escuela de Mecánica de la Armada, Raúl Alfonsín ha llegado tan allá como para padecer intento de asesinato por parte de los uniformados bajo su mando y necesita alcanzar un descansillo de normalidad jurídico-militar para no exhalar un último aliento.

No obstante sus razones de Estado, su apuesta es delicada. Uno de los tres bloques de diputados peronistas ya ha anunciado que se opone a la prescripción de aquellos delitos propiciando sean declarados como de lesa humanidad.

La Cámara Federal argentina decide hoy si continúa el proceso contra Astiz (5-12-1986)

La Cámara Federal argentina dará a conocer hoy su resolución sobre la situación del teniente de navío Alfredo Astiz, encausado por la desaparición, ocurrida en 1977, de la súbdita sueco-argentina Dagmar Hagelin. Los jueces decidirán si continúa o no la acción jurídica contra Astiz.

Astiz ya fue absuelto con anterioridad por este presunto delito por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máxima autoridad legal castrense. Reclamada su causa por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Correccional y lo Criminal -superior instancia civil- el marino puede ser nuevamente absuelto en función de la obediencia debida o, como desearía el fiscal general de la República, Julio César Strassera, incluido su expediente penal en el juicio en ciernes sobre las atrocidades cometidas bajo la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).Astiz se desempeñó como capitán de navío provisional durante la guerra de las Malvinas rindiendo las Georgias del sur a los británicos sin presentar resistencia. Fue absuelto en la Corte marcial por la pérdida de la contienda en la estimación de que obedeció órdenes superiores que le obligaron a arriar su bandera.

Preso durante meses en Gran Bretaña, reclamado por el Gobierno sueco y por el francés -se le acusa igualmente de la desaparición de dos monjas galas colaboradoras de la Madres de la Plaza de Mayo- regresó finalmente a la Argentina, donde se desempeña como teniente de navío y buzo táctico en la base naval de Bahía Blanca.

Rubio, atractivo, de rasgos algo aniñados, conocido por el Angel, trabajó para la inteligencia naval infiltrándose entre las Madres como supuesto hermano de un hipotético desaparecido. Posteriormente fue trasladado a París a la Oficina Europea organizada por el almirante Massera para mejorar la imagen internacional de la dictadura argentina, corrompiendo económicamente a numerosos periodistas.

Un tiro en la nuca

El caso de Dagmar Hagelin es complicado. Astiz y un grupo de tareas de la ESMA cercaron la casa bonaerense de una supuesta joven montonera, con la que Hagelin mantenía relaciones amistosas de colegio. Durante días, la supuesta montonera -que acabó exiliándose en España- no apareció por su domicilio y un mal día lo hizo Dagmar -17 años, atleta fondista- que se vio rodeada de personas de paisano armadas. Corrió espantada y Astiz, rodilla en tierra, la intimó: "¡parate flaca!". La flaca aceleró su carrera y Astiz la disparó en la nuca. A punta de pistola, detuvieron un taxi y arrojaron a la herida en la callejuela camino de la ESMA. Testigos presenciales la vieron después en un sanatorio clandestino de la Marina en Mar del Plata semidescerebrada y sin control de esfinteres.El padre, sueco divorciado de una argentina, removió cielo y tierra y encontró inmediatamente apoyo de su embajada para llevar el caso hasta hoy, pese a que su desaparecida hija, Dagmar, nacida en el país de adopción de su padre, es argentina para los argentinos y sueca para los suecos. Sólo la Embajada francesa, movilizada por la desaparición de las monjas, dio algún que otro paso contra Astiz. Hasta 1983, la Embajada española no movió un dedo por la suerte de los españoles e hijos de españoles desaparecidos en la guerra sucia.

El general argentino Ramón Camps, condenado a 25 años por violación de los derechos humanos (3-12-1986)

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Correccional y lo Criminal de Buenos Aires condenó al general Ramón Camps a 25 años de prisión, y le declaró culpable de haber practicado torturas en 73 casos en el curso de la guerra sucia contra la subversión en la provincia bonaerense durante la pasada dictadura militar. Ramón Camps, del arma de Caballería, ostentó en aquellos años la jefatura de la policía de la provincia y llegó a jactarse públicamente de haber hecho desaparecer a 15.000 personas. El tribunal condenó también al general Pablo Ricchieri a 14 años de prisión por aplicación de torturas en 20 ocasiones.

Camps, quien torturó personalmente a Jacobo Timermann, entonces director de La Opinión, se encuentra desde hace un año en un hospital militar acosado por un cáncer de próstata con metástasis generalizada, y sus expectativas de sobrevivir son escasas.El comisario general de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, que le sucedió en el cargo fue condenado a 23 años de reclusión, mientras el médico policial Jorge Bergez lo fue a seis años de cárcel e inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.

El fiscal Julio César Strassera y su adjunto, Moreno Campo, solicitaron cadena perpetua para Camps y Etchecolatz, pero no ha podido probarse su participación directa en ningún asesinato.

Respecto a la prescripción de las causas, ha prevalecido el criterio de la fiscalía de calcularlas a partir del 1 de diciembre de 1983, asunción del Gobierno democrático, por estimar que con anterioridad era inane cualquier denuncia sobre violación de derechos humanos. Por el contrario, ha favorecido a los encausados el principio de obediencia debida que hace recaer la mayor culpabilidad sobre los triunviros de las tres primeras juntas militares que instrumentalizaron las órdenes de destrucción de la guerrilla.

Se trataba esta vez del tercer gran proceso contra la barbarie militar instaurada entre 1976 y 1983 en Argentina, tras eljuicio a las tres primeras juntas militares y el iniciado contra la penúltima junta por la pérdida de la guerra de las Malvinas. El próximo jueves, se inicia también en Buenos Aires el juicio contra el teniente de navío Alfredo Astiz -que se rindió ante los británicos en las Georgias del Sur- por la desaparición de la súbdita sueca de 17 años Dagmar Hagelin.

Astiz se encuentra igualmente involucrado en el caso de la desaparición de dos monjas francesas colaboradoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Su proceso despertará chispas ante la renuencia de la Armada para que los juicios por violación de derechos humanos desciendan a rangos medios o inferiores.

Tras el proceso de Astiz caerá indefectiblemente el gran juicio sobre los horrores cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el más ominoso chupadero de personas articulado en el país. Y ya es dudoso que toda esta teoría de juicios prosiga durante algún tiempo más.

El Gobierno radical tiene preparado un proyecto de ley de punto finalque será aprobado, aunque no sin discusión, por el Congreso y el Senado, para evitar que en cascada decreciente terminen sentándose en el banquillo hasta los más modestos furrieles del Ejército.