El presidente argentino,
Raúl Alfonsín, reunió a su Gabinete a las nueve de la mañana de ayer (una de la
tarde, hora peninsular española) para informarle y hacerle firmar el proyecto
de ley de Reconciliación Nacional, o de punto final, que será enviado inmediatamente
para su sanción a las dos Cámaras.
Por la tarde, el ministro
del Interior, Antonio Troccoli, informó de su contenido a las bancadas
oficialista y de la oposición en el Congreso y en el Senado.,A las nueve de la
noche (una de la madrugada, hora peninsular española), Alfonsín lanzó un
mensaje radiotelevisado haciendo un llamamiento a la solidaridad nacional y
anunciando el envío al Parlamento del proyecto de ley de punto final, que puede acabar con el océano de
procesos por violación de los derechos humanos en Argentina. El proyecto es
breve y ha sido redactado con meticulosa prolijidad jurídica para evitar
inútiles debates técnicos en el Congreso. En él se prevé un plazo a partir de
su aprobación para que los damnificados bajo la dictadura militar presenten sus
denuncias ante los tribunales castrenses o civiles.
A partir de tal plazo
prescribirían los crímenes cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983, excepto las particularmente aberrantes, los supuestamente
llevados a cabo por militares ahora prófugos (como el caso del ex general
Guillermo Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército) y los que
guarden relación con niños desaparecidos, secuestrados junto a sus padres o
nacidos en cautividad.
Todas las causas ahora
abiertas contra los responsables o los sicarios de la guerra sucia contra la subversión permanecerán
abiertas; entre ellas algunas tan importantes como la de la Escuela de Mecánica
de la Armada en Buenos Aires o la de las actuaciones presuntamente criminales
del Tercer Cuerpo de Ejército acantonado en Córdoba bajo la dirección del
general Menéndez, ahora en prisión preventiva, y sus conmilitones. Todo ello a
más de los nuevos juicios que puedan abrirse hasta la fecha de prescripción
dictada por esta hipotética ley de punto
final.
El destino de los ya
condenados
El proyecto de ley no prevé
para nada supuestos de amnistía, perdón u olvido para los ya condenados o los
que lo fueran en el futuro. La filosofía del Gobierno argentino, por supuesto
que antes política que jurídica, se encauza, como acaba de afirmar el
presidente de la Cámara, Juan Carlos Pugliesse, sobre este hecho: "Quien
no haya sido procesado en estos tres años no debe ser procesado más. Y, aunque
tengamos la convicción de la culpabilidad o la responsabilidad de alguien, no
tenemos las pruebas que el Estado de derecho tiene que llevar a la justicia
para que se pueda condenar".Condenados -siempre en primera instancia- los
tres primeros Gobiernos militares desde 1976 por sus atrocidades contra la
población, el primer escalón represor militar-policial en la gran provincia de
Buenos Aires, la penúltima junta militar por la pérdida de la guerra en
Malvinas, y abiertos procesos individuales en toda la nación como el que ahora
afecta al teniente de navío Astiz, y colectivos como los de Córdoba o la
Escuela de Mecánica de la Armada, Raúl Alfonsín ha llegado tan allá como para
padecer intento de asesinato por parte de los uniformados bajo su mando y
necesita alcanzar un descansillo de normalidad jurídico-militar para no exhalar
un último aliento.
No obstante sus razones de
Estado, su apuesta es delicada. Uno de los tres bloques de diputados peronistas
ya ha anunciado que se opone a la prescripción de aquellos delitos propiciando
sean declarados como de lesa humanidad.
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