28/3/87

Alfonsín nombra a un peronista ministro de Trabajo (28-3-1987)

Carlos Elvio Alderete, un electricista al que le faltan escasas materias para recibirse de abogado, peronista ortodoxo, secretario del Sindicato Luz y Fuerza, muy próximo a la Iglesia católica, jurará el martes como nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social argentino, a menos que antes la Confederación General del Trabajo (CGT) no se lo impida disciplinariamente. Si llega a jurar el cargo, por primera vez un peronista regentaría la cartera de Trabajo en un Gobierno radical.

El pasado martes renunció al cargo Hugo Barrionuevo para facilitar al presidente Alfonsín libertad de movimientos para concretar algún tipo de pacto social con la CGT (ocho huelgas generales en tres años de democracia y prácticamente un ministro de Trabajo por año) y el Gobierno ofreció la cartera a José Rodríguez, secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (el poderoso SMATA), quien, tras varios días de reflexión, declinó el ofrecimiento.Este primer intento radical de incluir a un sindicalista peronista en el Gobierno fue frenado por Antonio Casiero, ex ministro de Economía bajo el Gobierno de Isabelita Perón, líder de los peronistas renovadores y actual candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires para las elecciones parciales del próximo septiembre. Casiero adujo que el pacto social que procura el Gobierno debe lograrse negociando con la cúpula de la CGT, de poder a poder entre el Gobierno y los sindicatos, y que es insuficiente la inclusión en el Gobierno de un sindicalista a título personal.

La Casa Rosada mantuvo su estrategia ofreciendo el ministerio a otro sindicalista, Alderete, quien se encontraba en Roma organizando los preparativos del viaje del Papa a Argentina por cuenta de la CGT.

Alderete aceptó tras activas negociaciones a través de la Embajada argentina en Roma, pero se ignora la decisión final de Saúl Ubaldini, secretario de la CGT, sobre si aceptar que uno de sus centuriones se ocupe, ni más ni menos, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cartera que, por lo demás, maneja considerables fondos económicos y capacita a su titular para extender excelentes relaciones políticas en las provincias.

El ofrecimiento radical es, sin duda, una maniobra política, legítima y audaz, tendente a desenmascarar a la oposición peronista y a la CGT en sus papeles de perro del hortelano, que ni gobiernan ni dejan gobernar, y a comprometer a la CGT, que ha venido asumiendo el papel de la oposición ante la división del movimiento peronista, en proyectos globales de gobierno.

Encarrilar el sindicalismo

Desde el inicio del mandato de Raúl Alfonsín, en 1983, el Gobierno radical ha intentado infructuosamente encarrilar el sindicalismo argentino sobre rieles modernos, occidentales y democráticos, desmontando una burocracia sindical cerrada en sí misma y, en muchos casos, de corte y maneras mafiosos. Entusiasmados con su triunfo electoral, los radicales llevaron a las cámaras un proyecto de reorganización sindical contra el que el justicialismo y sus aliados provinciales cerraron filas, infligiendo así al Gobierno su primera derrota.Después, todos los esfuerzos radicales por repetir clónicamente en Argentina los pactos españoles de la Moncloa, para apuntalar la frágil democracia, fueron vanos. Los ministros de Trabajo se fueron quemando como cohetes y la catarata de huelgas generales les llevó incluso al enfrentamiento personal entre Alfonsín y Ubaldini, quienes se brindaron improperios desde las tribunas de los actos partidarios.

Alfonsín tildó a Ubaldini de "mantequita y llorón", y éste, al presidente, de "falaz y mentiroso". Las cosas llegaron a un punto en el que el presidente se negó a reunirse a solas con el líder sindical en el supuesto de que éste utilizaba un doble lenguaje: uno en la Casa Rosada, aceptando y comprendiendo los rigores de la economía de guerra implantada por el Gobierno, y otro en la calle, ante las masas, denunciando a los radicales de ser meros operadores políticos de la oligarquía internacional.

Alderete será, con toda probabilidad, nuevo ministro el próximo martes, a tenor de sus declaraciones, efectuadas en Roma antes de su llegada al país. Saúl Ubaldini, al menos, no ha puesto pies en pared ante el ofrecimiento, y los líderes de Luz y Fuerza no muestran ninguna oposición al nombramiento de su secretario general como ministro.

25/3/87

Argentina y los nazis de siempre (25-3-1987)

El presidente argentino, Raúl Alfonsín, ha aludido a los nazis de siempre que están conspirando permanentemente contra la libertad de los argentinos". "Que no se confundan; peronistas y radícales estaríamos juntos codo a codo para defender la democracia", señaló el lunes Alfonsín.En uno de los constantes discursos que pronuncia en sus giras relámpago por las provincias (dos o tres por mes), esta vez en Córdoba, Alfonsín ha vuelto a advertir sobre la existencia de una conjura cívico-militar que pretendería su derrocamiento. Por una parte, la recién inaugurada cuarta fase del Plan Austral -ahora denominado irónicamente Australito- no cuenta como en su versión inicial con el entusiasmo de una sociedad ya fatigada por la lucha titánica contra la inflación.

La nueva congelación de precios y salarios presenta esta vez agujeros, agio, acaparamiento y principios de des abastecimiento en algunos productos. Por otra parte, la relación austral-dólar (un dólar se compra a 1,54 australes en el mercado oficial y a 1,88 en el mercado negro) se está reteniendo voluntaristamente a golpes de intervención del Banco Central.

El Gobierno, así, está liaciendo los mayores esfuerzos por renegociar el pago de los servicios de la deuda externa en las más favorables condiciones posibles.

Neutralización política

Sobre este contexto económicamente desfavorable camina el nuevo intento desestabilizador, que buscaría no tanto un imposible golpe militar como la neutralización política, la renuncia o el fallecimiento del presidente. La conjura aspiraría a la sustitución de Raúl Alfonsín por su vicepresidente (mera figura decorativa al estilo político estadounidense), Víctor Martínez, perteneciente a la derecha más conservadora del radicalismo, ultracatólico y excelentemente considerado por la Administración de Reagan y los centros de poder económico argentinos.

El voto argentino en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra impidiendo la iniciativa estadounidense de condenar a Cuba ha sido presentado fuera de contexto como una connivencia entre Alfonsín y Fidel Castro. Ciertamente, el Gobierno radical argentino está pagando las visitas de Alfonsín a Moscú y La Habana.

Fuentes de la Embajada estadounidense en Buenos Aires no se molestan en negar la profunda indignación del presidente norteamericano, Ronald Reagan, ante la invitación formulada por Alfonsín al líder soviético, Mijail Gorbachov, para que visite Argentina, en lo que sería el primer viaje de un mandatario soviético a América fuera de Estados Unidos o Cuba.

En su discurso del lunes, el presidente Alfonsín se ha visto obligado a explicar irritadamente que el voto argentino en Ginebra fue acompañado por el de otros países como México, Venezuela, Perú o Colombia y que los derechos humanos no deben ser instrumentalizados para operaciones políticas. "Para nuestra ética, para nuestra filosofía", dijo, "se violan los derechos humanos allí donde no existe pluralismo político. Y entonces deberíamos condenar a multitud de Gobiernos de la tierra. Es clara nuestra definición antifascista y nuestro rechazo a los Gobiernos de partido único y a las dictaduras del proletariado. Y yo personalmente sigo dispuesto a dar examen diario de mi condición democrática".

El otro frente desestabilizador se abre ante los procesamientos de militares de las tres armas por excesos represivos denunciados antes de la entrada en vigor en febrero de la ley de exenciones pdnales por estos casos, mal llamada ley de puntofinal.

Entre 400 y 500 jefes y oficiales de las fuerzas armadas, más algunos suboficiales y miembros de la Policía Federal, han sido citados por los tribunales o lo serán en breve por la presunta comisión de delitos aberrantes. Su número exacto es desconocido hasta por el Ministerio de Defensa, por cuanto están interviniendo las cámaras federales de las 23 provincias de la República (tribunales supremos provinciales), más la Cámara Federal de la capital nacional, y muchos casos se encuentran solapados en tribunales distintos.

En cualquier caso, las apreciaciones más solventes y moderadas no bajan de 400 el número de militares que serán procesados: generales, almirantes, brigadieres del Aire, coroneles, capitanes, tenientes, la mayoría en retiro, pero muchos en actividad, como el propio ayudante de campo de Héctor Ríos Ereñú, jefe del Estado Mayor del Ejército.

De repente han comenzado a aparecer anuncios publicitarios en los diarios porteños exaltando al ex teniente general Jorge Videla como un héroe que liberó al país de la subversión marxista.

Las misas mensuales de Famus (Familiares de Muertos por la Subversión) han comenzado a nutrirse, los militares en activo llamados a declarar son acompañados multitudinariamente por camaradas de armas, amigos y familiares, y ya se ha producido una mediana manifestación deapoyo ante el penal militar de Magdalena, en la provincia bonaerense, donde en chalés ind.lvlduales y sin restricción de visitas cumplen sus condenas los integrantes de las juntas militares de la dictadura.

El pasado viernes, una bomba explosionó frente al domicilio de Andrés d'Alessio, actual presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -la que juzgó a las juntas-, y otra bomba mataba el domingo a un ama de casa que la manipuló cuando barría su tramo de vereda.

El conjunto de abogados defensores de los acusados en la causa de la Escuela de Mecánica de la Armada ha solicitado de la Cámara Federal porteña el aplazamiento indefinido del proceso por falta de tiempo para armar sus alegatos y sigue en pie el enfrentamiento entre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (máximo tribunal castrense) y la Cámara Federal de Buenos Aires.

Delitos comunes

La justicia militar aduce que la cámara, civil, no puede juzgar hechos de guerra, y la cámara estima que lo que tiene entre sus manos no son hazañas bélicas sino delitos de derecho común, aunque, dada la profesión de los imputados, éstos sean juzgados por el código castrense. La justicia militar ha pedido, ante el disenso de competencias, la mediación del presidente Alfonsín en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, y los más próximos colaboradores de aquél -que guarda silencio- les han ilustrado que el presidente, llegado el caso, no mediará, sino decidirá.

Y en ésas estamos.

20/3/87

Normalidad en Argentina pese a las tensiones por los juicios a militares (20-3-1987)

La normalidad institucional en la República Argentina es completa pese al público enfrentamiento entre la justicia militar y la civil sobre los precesamientos de jefes y oficiales de las tres armas supuestamente implicados en excesos represivos durante la guerra sucia contra la subversión en los años de la dictadura militar instaurada en 1976.

El presidente argentino, Raúl Alfonsín, se reunió el miércoles en la quinta presidencial de Olivos con el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y con el secretario de Estado de Justicia, Ídeller Tonelli, para informarse sobre la marcha de los cientos de procesamientos e indagatorias sobre personal de las Fuerzas Armadas que se están siguiendo en los tribunales.Algo más de un millar de jefes y oficiales de las tres armas se encuentran involucrados judicialmente en presuntas violaciones de derechos humanos, aplicación de tormentos, robo, sometimiento de personas a servidumbre, asesinato, homicidio, falsedad de documento público, detención ilegal y secuestro y entrega de menores. Juzgadas y condenadas las tres primeras juntas militares de la dictadura, están entrando ahora en los juzgados los segundos escalones de la represión, entre los que se encuentran numerosos militares en actividad.

Conflicto de competencias

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -máximo tribunal castrense- desperdició más de un año en instruir la causa contra las tres juntas militares y el sumario fue traspasado a la justicia civil (Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correcional), que fue la obligada a sentenciar y condenar. El resto de las causas globales, como la de la escuela de Mecánica de la Armada, también han debido traspasarse a la justicia civil, ante la imposibilidad del tribunal militar de encontrar pruebas acusatorias sobre un solo uniformado que le hubiera levantado la mano a un ciudadano.Toda esta crisis no es otra cosa que un gran montaje psicológico previo a la visita papal de primeros de abril. El 6 del próximo mes arribará a la Argentina Juan Pablo II, y de él se espera el inevitable mensaje de reconciliación, paz y perdón para todos que podría ser instrumentalizado por las fuerzas armadas para lograr alguna especie de amnistía hacia sus integrantes.

5/3/87

Ledesma firma en Buenos Aires el nuevo tratado de extradición con Argentina (5-3-1987)

Fernando Ledesma, ministro español de Justicia, finalizó ayer su visita oficial a Argentina, tras firmar con su colega el ministro argentino de Educación y Justicia, Julio Rajneri, el nuevo acuerdo de extradición entre los dos países. Todo delito punible con más de un año de cárcel en ambas naciones será extraditable, incluidos los delitos económicos y tributarios. El ministro Ledesma se entrevistó durante cerca de una hora con el presidente Raúl Alfonsín, quien sugirió la posibilidad de que emigrantes españoles pueblen la Patagonia.Alfonsín ofreció tierras fiscales en la provincia de Santa Cruz (un habitante por cada dos kilómetros cuadrados) a la emigración española. La Patagonia argentína, magnífica para la explotación ovejera y rica en minerías, despoblada y lentamente penetrada por emigrantes chilenos, es lanueva frontera de Alfonsín, empeñado en trasladar la capital de la República a Viedma-Patagones, en el Sur, y en aumentar los 33 millones de argentinos sobre cerca de tres millones de kilómetros cuadrados. Alfonsín, en su reciente viaje a la Unión Soviética, acordó la emigración argentina de judíos rusos deseosos de abandonar la URSS.

El ministro español anunció la concesión gubernamental del cuarto pedido de extradición sobre el ultraderechista argentino Guglielminetti, esta vez por falsedad de documento público.

2/3/87

La Armada argentina acata la ley civil tras su primer pulso con el Gobierno (2-3-1987)

El primer pulso en Argentina entre la Armada y la justicia federal y el Gobierno ha terminado con el acatamiento naval del rigor de las leyes. La Cámara Federal de Apelaciones ha dictado este fin de semana la orden de prisión preventiva rigurosa contra 12 jefes y oficiales de la Armada, entre ellos, cuatro almirantes, el capitán de fragata Acosta y el teniente de navío Alfredo Astiz, que han empezado el domingo a cumplir la disposición judicial.

La Cámara comunicó su decisión al Ministerio de Defensa, quien ordenó cumplir los arrestos que, por primera vez desde la reinstauración de la democracia, incluyen a personal militar en actividad. Otros dos almirantes y un capitán de fragata, procesados en el sumario de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma, centro donde se practicaron torturas) han quedado en libertad provisional. Sin embargo, otro de los oficiales incluido en esa misma causa, Juan Piraña Azik, fue acusado ayer por un tribunal de haber torturado a un bebé de 20 días delante de sus padres para hacerles confesar.La prisión preventiva rigurosa se aplica, según el Código de Justicia Militar, cuando "haya datos suficientes a juicio del instructor (en este caso, la Cámara Federal) para creer que el detenido es responsable del hecho juzgado".

Los dos capitanes de fragata imputados en la causa y que se encuentran en viajes autorizados al extranjero declararán a su regreso al país, y el capitán de fragata aquejado de depresión aguda lo hará al ser dado de alta. No se espera, obviamente, la presentación del capitán de navío Jorge Vildoza, huido con los dos niños que robó haciéndolos suyos. La vista oral por los sucesos de la Esma comenzará a verse hacia mediados de abril.

El Papa no recibe

La comisión coordinadora de la visita papal a Argentina ha confirmado que Juan Pablo II no recibirá a las organizaciones argentinas defensoras de los derechos humanos "por falta material de tiempo".

El Papa tampoco dispondrá de tiempo en su agenda para visitar ni uno solo de los campos clandestinos de detención -llamados chupaderos-en los que desaparecieron miles de personas bajo la dictadura militar.

En cambio, el Papa oficiará una misa en Tucumán, venerado escenario militar, en el que el Ejército -dentro del Operativo Independencia-aniquiló a la guerrilla rural del Ejército Revolucionarlo del Pueblo y arrojó vivos a los prisioneros a las parrillas de los asados.

España firma hoy un nuevo tratado de extradición con Argentina (2-3-1987)

El ministro de Justicia español, Fernando Ledesma, el secretario general técnico del ministerio y el jefe del gabinete técnico del ministro llegaron el pasado sábado a Buenos Aires para una visita oficial de cuatro días. Hoy, lunes, el ministro Ledesma firmará con su colega argentino de Educación y Justicia, Julio Rajneri, el nuevo tratado de extradición entre los dos países, que sustituye al de 1881, que había quedado obsoleto. El viejo acuerdo establecía un listado de figuras delictivas cuyos actores podían ser extradidos; el nuevo amplía la extradición a todos los delitos punibles en las dos naciones.

Los altos funcionarios que acompañan a Fernando Ledesma iniciarán conversaciones con las autoridades argentinas para alcanzar un acuerdo por el que los penados españoles en Argentina puedan cumplir sus sentencias en cárceles españolas, y viceversa, tal como los que España tiene ya suscritos con México y Perú.

Fernando Ledesma será recibido por el presidente Raúl Alfonsín, al que entregará un mensaje del presidente Felipe González; asimismo, se reunirá con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera. En la universidad de Buenos Aires -estatal- pronunciará una conferencia-coloquio sobre la transición política española.

Todos los medios informativos han destacado la visita del ministro de Justicia español, que tiene su agenda repleta de compromisos con la Prensa argentina.