El FMI concede a Argentina un crédito de 1.400 millones de dólares (27-9-1984)

En los próximos 60 días Argentina obtendrá un crédito a 15 meses de 1.400 millones de dólares, unos 240.000 millones de pesetas a cambio actual, del Fondo Monetario Internacional (FMI). Bernardo Grinspún, ministro argentino de Economía, así lo anunció el martes ante la asamblea del FMI que se celebra en Nueva York, en medio de una insólita ovación de muchos delegados que revela la preocupación existente en tomo a las negociaciones entre el Gobierno de Buenos Aires y sus acreedores.

La prensa argentina destaca la posibilidad de que Estados Undos -el 20% de los votos de la directiva del Fondo- haya presionado finalmente para dar este pequeño balón de oxígeno a Argentina. El caso es que el ministro Grinspún pudo anunciar el principio de acuerdo, el aval del director gerente del Fondo 48 horas después de la entrevista celebrada entre los presidentes Reagan y Alfonsín y a escasas semanas de una visita privada de Henry Kissinger a Buenos Aires, en la que el ex secretario de Estado procuró armonizar los criterios de Gobierno argentino y banca acreedora.

Ayer, en el domicilio privado neoyorquino de Kissinger, el presidente Raúl Alfonsín se reunió en un almuerzo con los representantes de los principales bancos con los que su nación se encuentra endeudada y con quienes ahora comenzará una larga y dificil negociación política y técnica.

Largas discusiones

El acuerdo de hecho con el FMI ha necesitado nueve meses de discusiones, y es importante por cuanto significa cierto respaldo del Fondo al inmediato debate entre Argentina y los bancos y por lo que supone de alivio financiero a la estrangulada economía del país.Se espera que el Gobierno radical solicite a la banca privada internacional un primer aporte de 3.500 millones de dólares, y que los banqueros exijan a fin de mes parte de los intereses de la deuda (950 millones de dólares) que deben de cobrar el próximo sábado.

El monto de la deuda a negociar en esta primera fase de conversaciones con la banca extranjera se estima en unos 20.000 millones de dólares (la deuda completa argentina se cifra en unos 43.000 millones) correspondientes a principal e intereses vencidos desde 1982 El respaldo del FMI a la República Argentina respeta la carta de intenciones del Gobierno radical que aspira a no reducir drásticamente sus importaciones y a mantener crecimientos reales de los salarios entre un 6% y un 8%.

No obstante, la descontrolada hiperinflación argentina ha hecho caer los salarios reales en un 3,1% en los ocho primeros meses de año, y es perceptible en el gran Buenos Aires la falta de artículo importados de primera necesidad El entusiasmo por el principio de acuerdo con el FMI y el crédito otorgado -acompañado de otro aún por evaluar como compensación por caída de exportaciones- no es grande ni puede serlo; sólo implica un cierto alivio en la presión acreedora ejercida sobre e país. La situación es realmente dura: en Argentina los niños no nacen con un pan debajo del brazo sino con una deuda externa, cada uno, de más de 1.500 dólares.

Los jueces militares de Argentina denigran a los desaparecidos (27-9-1984)

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas anunció el martes a la Cámara Federal de Apelaciones su imposibilidad de dictar sentencia contra las tres primeras juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982 dentro de los plazos legales establecidos. En un extenso documento, los jueces militares califican de "inobjetables" las órdenes dictadas por la dictadura para ahogar la subversión y desparraman una teoría de sospechas sobre los desaparecidos, sus familiares y amigos.El Consejo Supremo no sólo se ha negado a juzgar a sus pares, sino que indirectamente ha juzgado a las víctimas de la represión y a quienes denunciaron la violación de los derechos humanos por las juntas militares. Los argentinos aún no han salido de su asombro.

El tribunal castrense estima que las órdenes y decretos instruídos para acabar con la subversión fueron inobjetables y que los mandos militares sólo podrían ser acusados, en el peor de los casos, de responsabilidad indirecta por falta de control para evitar los posibles excesos denunciados". El Consejo señala además que "el delito de privación ilegítima de la libertad requiere que la detención efectuada por la autoridad con facultades para detener recaiga en persona que no haya infringido ninguna norma penal, porque, de haberlo hecho, es obvio, la restricción de su libertad no sería ilegítima". Los jueces, militares estiman que, a tenor de los autos policiales, los desaparecidos resultaban presuntos responsables de graves delitos, y que las denuncias personales contra la dictadura militar están formuladas por parientes de desaparecidos o personas implicadas en la subversión.

La Cámara Federal de Apelaciones ha pedido rápidamente al Consejo Supremo todas las causas que tramita por violación de derechos humanos. Aun cuando el requerimiento sólo lo es a efectos de información, se da por inevitable que la justicia civil proceda hacia mediados de octubre a instruir los sumarios contra los militares comprometidos en la guerra sucia.

"No quieren condenar a nadie", es el comentario de Hebbe de Bonacini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. La única reacción oficial ha sido la del ministro del Interior, Antonio Proccoli: "Este episodio no cierra el caso, sino que el mismo pasa a la justicia civil", precisó.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas se desentiende de los juicios contra las tres juntas militares (26-9-1984)

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas ha decidido desentenderse de los juicios contra las tres primeras juntas militares por presunta violación de los derechos humanos. En la tarde de ayer (madrugada de hoy en España) se esperaba que el máximo tribunal castrense, agotados sus plazos legales, informara a la Cámaira Federal -Tribunal Supremo argentino- de su imposibilidad de dictar sentencia por falta de pruebas fehacientes. Se espera que la justicia militar, en su argumentación inhibitoria, replique directamente las consideraciones del informe Sábato, sobre desaparición de personas.

El 13 de diciembre del año pasado el presidente Alfonsín decretaba el procesamiento de las tres primeras juntas por "homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás delitos de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices". La causa abierta incluía a los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri, los almirantes Massera, Lambruschini y Ánaya y los brigadieres del Aire Agosti, Graffigna y Lami Dozo. Posteriormente se incluyó en la causa al general Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires, luego que éste se responsabilizara en unas declaraciones al semanario español Tiempo de la desaparición de miles de personas.Una vez aprobada la reforma del Código dé Justicia Militar, que hace apelables ante la justicia ordinaria las sentencias cástrenses, la Cámara Federal otorgó al Consejo Supremo un plazo de 180 días, para sentenciar; en julio se concedió un lapso adicional de 90 días, y ulteriormente aplazamientos por 30 días, el último de los cuales expiraba ayer.

La justicia militar aduciría en su descargo que en los casos en que se han encontrado evidencias firmes de culpabilidad, como en los casos del general Videla y del almirante Massera, el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas decretó la prisión rigurosa de ambos en espera de juicio, pero que una sentencia global sobre las tres juntas procesadas resulta aún imposible. Si así son las cosas se habrá perdi do definitivamente la esperanza, albergada por los radicales, de que los propios militares entregaran simbólicamente las cabezas de los principales protagonistas de la represión como gesto de buena voluntad hacia la democracia que permitiera a la sociedad civil ser clemente con miles de uniformados comprometidos en la guerra sucia contra la subversión.

Entregada la causa a la Cámara Federal, será la justicia ordinaria la que tenga que vérselas con un juicio arriscado que envenenará aún más si cabe: la relación entre las fuerzas armadas y el poder civil. La inhibición de la justicia castrense coincide, además, con la polémica sobre la no publicación de los nombres de los supuestos genocidas -más de 3.000- detectados por el informe Sábato. Uno de los miembros de la comisión que investigó la desaparición de personas ha asegurado que cuando menos, la nómina de los torturadores militares acabará siendo expuesta al público, al tiempo que aseguraba que desde el holocausto promovido por los nazis la humanidad no había conocido otro horror como el de Argentina.

Carlos Alconda Aramburu, ministro de Educación, ha reconocido como inevitable que muchos de los crímenes cometidos durante los siete años de dictadura militar queden impunes por la dificultad de acumular suficientes pruebas jurídicas. Y el presidente de la Conf'erencia Episcopal Argentina ha extraído, a la Iglesia católica de la polémica anunciando que los obispos no emitirán su opinión sobre el informe Sábato y que hay que dejar que hable la justicia.

Por lo demás, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha entrado en la recta final del procesamiento de la penúltima Junta Militar por la pérdida de la guerra de las Malvinas; ha trascendido la intención de juicio del Consejo de degradar al almirante Anaya y al brigadier Lami Dozo y condenar a reclusión perpetua al alcohólico teniente general Galtieri.

El caso, es que las madres de plaza de Mayo y los jueces militares -sin pretender establecer la mínima identidad de objetivos- han coincidido en su criterio respecto al enjuiciamiento del terror de la dictadura: que sean exclusivamente los jueces civiles los que encausen a los militares. Del Gobierno, radical de Alfonsín se podrá escribir todo menos que ha encontrado alguna colaboración o apoyo en su camino.

Infinitamente superior a la crueldad nazi (22-9-1984)

El resumen de 15 folios -sobre 50.000- que del informe Sábato ha sido dado a conocer a la opinión pública informa sobre 8.961 casos de personas desaparecidas de todas las clases sociales y ocupaciones, desde un 30,2% de obreros a un 0,3% de religiosos, pasando por un 3,8% de amas de casa y un 1,6% de periodistas. Excelentemente redactado -se advierte la mano de Ernesto Sábado-, ha obviado la publicación de nombres de militares implicados. Esta primera punta de información revela procedimientos de tortura, debidamente testificados, como el enterramiento hasta la cabeza, desnudos y hasta por cuatro días o más, de los prisioneros o la aplicación de electrodos múltiples por vía oral hasta el estómago. La señora A. Z., abogada, relata: ". ..cuando las personas llegaban allí eran llevadas a fosas que cavaban en la tierra con anterioridad, enterraban allí a las personas hasta el cuello, hasta que pedían que los sacaran para declarar. Los tenían sin agua y sin comida al sol o bajo la lluvia. De allí eran llevados a las salas de torturas...".

El ciudadano J. A. M testifica: "...los interrogatorios se hicieron luego más cortos, pero la picana era cada vez más fuerte persiguiendo con encarnizamiento los esrinteres, siendo verdaderamente horrendos los electrodos en los dientes; parece que un trueno te hace volar la cabeza en pedazos; y un delgado cordón con pequeñas bolitas que me introducían en la boca y que era muy difícil de tragar, pues provocaba arcadas.y vómitos, intensificándose por ello los castigos hasta conseguir que uno trague. Cada bolita era un electrodo, y cuando funcionaba parecía que mil cristales se rompían y astillaban en el interior de uno y se desplazaban por el cuerpo hiriéndolo todo. Eran tan enloquecedores que no podía uno ni gritar ni gemir ni moverse...".

El informe Sábato pasará, sin lugar a dudas, a los anales del horror humano y será de consulta obligada para psiquiatras en el futuro. Sólo con levantar este pico de la manta -más lo que se conoce extraoficialmente-, lo delatado sugiere que el refinamiento de las atrocidades es infinitamente superior a la crueldad nazi. La comisión Sábato no duda en afirmar que ciertos métodos de tortura aplicados por la dictadura argentina son "inéditos en el mundo". Se secuestró y torturó a los niños y a los impedidos fisicos.

El documento no da tregua a aquella barbarie: informa explícitamente que es imposible hablar de "excesos en la represión" por cuanto la represión fue diseñada exactamente así, en sus excesos, como un perfecto trabajo de Estado Mayor, destinado a aterrorizar a la población.

El informe recoge las declaraciones en 1977 del teniente general Jorge Videla, entonces presidente de la nación, sobre el caso de Claudia Inés Grumberg, menor de edad y lisiada de por vida: "El caso de esta niña a quien ustedes hacen referencia, que no conozco en detalle, entiendo que está detenida, a pesar de ser lisiada. Vuelvo a la parte inicial: el terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana". Claudia Inés sigue desaparecida.

Ni la CGT ni las Madres de Mayo acudieron a la gran manifestación de Buenos Aires en apoyo al 'informe Sábato' (22-9-1984)

La abstención de la Confederación General del Trabajo (CGT), del peronismo metropolitano de Buenos Aires y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no impidió que a primera hora de la noche del jueves, frente a la Casa Rosada, se concentrara la mayor manifestación de las celebradas en esta ciudad desde la asunción del Gobierno democrático. Más de 70.000 personas colmaron la plaza de Mayo en repudio de la barbarie cometida durante la dictadura militar y en apoyo al informe Sábato sobre desaparición de ciudadanos, que fue recibido oficialmente por el presidente Raúl Alfonsín.

La concentración se llevó a cabo sin incidentes importantes (sólo pequeños risirases callejeros entre juventudes peronistas y radicales) pero en un clima de tensión. Por la mañana, el gigantesco obelisco situado en el cruce de avenida de Corrientes con Nueve de Julio apareció tapizado de pintadas tildando a Ernesto Sábato de embustero y reputando de locas a las Abuelas de Plaza de Mayo. "Los muertos no se usan" y "Fuera bolches imberbes (sic) de la plaza", eran otras de las leyendas.En la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Ezeiza, en las paredes de los puentes de intersección se habían escrito consignas como "Ajusticiamiento a los militares represores", sospechosamente firmadas por el Partido Comunista y la Juventud Peronista.

El temor a una provocación por parte de los antiguos servicios de inteligencia política de las fuerzas armadas - motivó un inusual despligue de seguridad en las calles.

Los 12 autores

A la siete de la tarde el presidente Alfonsín entró al Salón Sur de la Casa Rosada, donde alrededor de una gran mesa de caoba lo esperaban en pie los integrantes de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), que preside Ernesto Sábato. Alfonsín dio una vuelta completa a la mesa, saludando a la mujer y a los 11 hombres cuyo valor moral complicará sin duda el resto de sus vidas: el laureado Ernesto Sábato; la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, conductora del más prestigioso informativo radiofónico porteño; Eduardo Rabossi, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico; Ricardo Colombres, juez de la Corte Suprema de Justicia; Jaime de Nevares, abogado, salesiano y obispo de Neuquen; Gregorio Klimovsky, decano de la facultad porteña de Ciencias Exactas y Naturales; Carlos Gattinoni, obispo evangelista, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas; Marsal Thedore Meyer, gran rabino de la congregación israelita argentina; Hugo Píucill, diputado por la Unión Cívica Radical; Santiago Marcelino López, secretario del bloque parlamentario radical; Horacio Hugo Duarte, diputado radical, e Hilario Fernández Long, uno de los rectores de la Universidad de Buenos Aires.

Sentados a la mesa, con Alfonsín flanqueado por Ernesto Sábato y el ministro del Interior, Antonio Troccoli, y el edecán del presidente a sus espaldas, exageradamente firme y con rostro inescrutable, el presidente de la Conadep hizo entrega del informe con palabras durísimas: "Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda la documentación y hasta se han demolido edificios".

"Los desaparecidos", continuó Sábato, "arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia cívil; las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los hábeas corpus sólo daban por contestación el silencio ( ... ). La represión fue demencialmente generalizada ( ... )".

Alfonsín admitió que dudaba que otro presidente argentino se hubiera enfrentado a un drama de las características de éste y afirmó que "ahora cabe actuar a la justicia a través del debido proceso y en el marco del Estado de derecho. El país necesitaba este ejemplo de ustedes, porque sobre la base de mentiras o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Solamente sobre la base de la verdad y la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación. Lo que ustedes han hecho constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalrnente cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro".

Afuera, en la plaza de Mayo, las masas se encuadraron disciplinadamente por partidos, bien frente a la Casa Rosada bien contra los frontispicios de la catedral, el Banco Central o el Ministerio de Acción Social. Los mareantes y sincopados estribillos de las manifestaciones argentinas volvieron a escucharse: "Alfonsín, vos sos el presidente, hacé que los milicos nos devuelvan nuestra gente". "Hay que movilizar, para que la justicia sea del pueblo, y no militar". "Siga, siga, siga el baile, al compás del tamboril, que queremos la cabeza de Luciano Benjamín" (ex comandante detenido del Tercer Cuerpo de Ejército y cabeza de los militares halcones).

Un camión estaba preparado para que Ernesto Sábato, desde su plataforma, desconvocara la manifestación entonando el himno nacional. Se obvió la idea y las multitudes se disolvieron solas y en paz. Magdalena Ruiz Guiñazú comentaba: "Asomarse al informe ha sido asomarse al infierno".

La 'comisión Sábato' entregó a Alfonsín la documentación sobre los desaparecidos ante miles de personas que gritaban "¡Nunca más!" (21-9-1984)

La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que preside el escritor Ernesto Sábato, entregó ayer al presidente argentino, Raúl Alfonsín, los 50.000 folios, fruto de casi 10 meses de investigación, en los que se recogen los horrores padecidos por el pueblo argentino como consecuencia de la guerra sacia llevada a cabo por la dictadura militar que se instauró en el país en marzo de 1976. Al acto de entrega de la documentación, en la Casa Rosada, asistieron millares de argentinos convocados con una sola consigna: "¡Nunca más!".

En el Gran Buenos Aires, aglomerado urbano triturado por la hiperinflación, la policía federal acaba de detener a una banda de extorsionistas, "gavilla de malvivientes" (en el encantador castellano de muchos periódicos argentinos), que extraían sumas de dinero a las familias de los desaparecidos. Presentándose como miembros de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, obligaban a pagar este ominoso impuesto a cambio de mantener con vida al familiar desaparecido y que supuestamente aún permanecía con vida en algún ignoto chupadero (campo clandestino de detención y tortura). Es el sobreprecio de dolor que pagan en Argentina quienes no han perdido la esperanza y aún aguardarán durante años a que cientos de los miles de desaparecidos llamen algún día a las puertas de sus casas.El hermano de un estudiante chupado en 1976 por un grupo de tareas de la Armada, hijo de un prestigioso oculista porteño, comentaba a este corresponsal que la colaboración con la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que preside Ernesto Sábato, había aportado alguna paz a toda la familia: "Ahora mis padres saben que su hijo fue asesinado con una inyección de pentotal en la Escuela de Mecánica de la Armada junto a otros muchachos, la fecha estimada de su ejecución y quién dio la orden para que se consumara el crimen. Su cuerpo fue arrojado al Atlántico desde uno de los aviones sin portezuelas que rendían servicio funerario a los centros clandestinos de detención. Es un horror, pero más cruel era la incertidumbre".

Pequeños apuntes del informe Sábato (50.000 folios ya microfilmados y guardados en bancos argentinos y uno extranjero) se han filtrado a los periodistas, pese al hermetismo de los miembros de la comisión investigadora. No añaden nuevos elementos de espanto a las líneas generales de este drama, ya conocido, y que sólo la fuerza verbal de Shakespeare podría relatar. Lo que aporta estimablemente el informe son confesiones de aquellos torturadores aquejados de problemas de conciencia, además de denuncias de cuantos regresaron con vida tras su detención-desaparición, y asimismo una ingente acumulación de pruebas sobre fechas, localización de chupaderos, testimonios, fisonomías, nombres, apodos, grados, que va a caer como una torre entera sobre los milicos argentinos.

La macabra historia de la noche de los lápices, de la que se informa en el recuadro de la página, es la última conocida y testificada, pero en modo alguno la más abyecta. El informe Sábato contiene datos fehacientes sobre bebés desaparecidos o sobre chupaderos en donde desaparecían las embarazadas, a quienes se llegó a aplicar corriente alterna al feto conectando la picana a una cuchara de metal. Existenmengeles, aún en libertad, que experimentaron con sus víctimas, y hasta sacerdotes católicos, en la nómina de los centros de tortura, que aportaban consuelo espiritual a los supliciados.

Con el informe Sábato el horror documentado campará por el país, por más que sean pocos los argentinos que no tengan conciencia larga, de aquellas atrocidades. Los militares sembraron deliberadamente el terror para acabar con la guerrilla urbana y rural y reconstruir la sociedad argentina sobre nuevas bases morales. Una niña de cinco años, secuestrada junto a sus padres -otro dato de la comisión Sábato- se suicidó de un tiro en la eabeza con la pistola colocada sobre una mesa de uno de los que torturaban, en su presencia, a su madre.

El conflicto de los nombres

Los 50.000 folios que ayer por la tarde (madrugada en España) se entregaron al presidente Alfonsín serán resumidos en 15 para la Prensa. Pocas horas antes del acto aún debatía lacomisión si el mínimo extracto que se hará inmediatamente público contendrá los nombres de al menos 200 jefes, oficiales y suboficiales de las tres armas directamente denunciados por los desaparecidos que recobraron la libertad. Es dudoso que resulte así. Otros 1.200 militares aparecen acusados en el informe por testimonios jurados, pero indirectamente, ya que no por sus propias víctimas, que siguen desaparecidas.

El general Ramón Camps presentó anteayer un recurso de amparo ante la justicia federal -efectuado desde su reclusión en el comando del primer cuerpo de Ejército- para que se impida la publicación de los nombres de militares que incluye el informe Sábato. Dar a la luz estos nombres es, sin duda, un problema jurídico y moral, pero esencialmente es un tema político que ser resolverá como tal.

Antes de un mes el informe será nuevamente resumido en 300 folios y editado en un libro, prologado por el propio Sábato, que el Estado distribuirá a precios populares. Los 50.000 folios microfilmados serán puestos a disposición del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, encargado de encausar a las tres primeras Juntas militares y a algunos destacados jefes de la represión, además de en manos de la justicia ordinaria.

La comisión Sábato la integran una periodista, un filósofo, un jurista, un obispo católico, un epistemólogo, un teólogo, un rabino, tres políticos y un académico. Durante nueve meses largos de trabajo han contado con todo el apoyo del Gobierno y serán reemplazados por una subsecretaría del Ministerio del Interior, ya con carácter permanente, encargada de velar por el respeto a los derechos humanos tanto en el pasado como en el futuro.

La noche de los lápices (21-9-1984)

La última filtración del informe Sábato relata el suplicio de quince adolescentes, estudiantes secundarios en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.Fuerzas del primer cuerpo de Ejército y de la Policía de Buenos Aires, al mando del general Ramón Camps -ahora en prisión preventiva por orden directa de Raúl Alfonsín- organizaron el 16 de septiembre de 1976 el operativo La noche de los lápicessecuestrando a Horacio Angel Hungaro (17 años), Daniel Alberto Rasero (18), Francisco López Muntaner (14), Maria Claudia Falcone (16), Pablo Alejandro Díaz (16), Emilse Moller (17), Patricia Miranda (16), Víctor Triviño (16), Claudio de Acha (17), María Claudia Ciochini (17), otra muchacha de 14 años de nombre Alejandra y cuyo apellido aún se desconoce, y cuatro adolescentes más de ambos sexos y menores de 18 años cuya identidad tampoco ha trascendido a la prensa.

La represión universitaria y escolar fue atroz en Córdoba y La Plata y la Junta Militar quiso poner orden en la protesta estudiantil de esta última capital donde los estudiantes pedían un bono escolar para viajar gratuitamente en los autobuses entre la ciudad y Buenos Aires. Los quince desaparecieron en los chupaderos Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, y en la jefatura de la policía bonaerense, las comisarías 5, 8 y 9 de La Plata, en la 3 de Lanus, y en el Polígono de tiro de la policía provincial.

Pablo Alejandro Díaz, Emilse Moller y Patricia Miranda fueron los únicos liberados y han relatado su odisea. Desnudos, sobre sábanas empapadas y rociados con mangueras, recibieron corrientes eléctricas en encías, lengua, zonas genitales y ano como escarmiento por la subversión en las escuelas. Ocho años después se albergan pocas dudas sobre la suerte de los doce muchachos y muchachas, que faltan por aparecer.

El Gobierno argentino anuncia la consecución de un "acuerdo técnico" con el FMI (20-9-1984)

El ministro de Economía Bernardo Grinspun anunció el pasado martes que Argentina había alicanzado un "acuerdo técnico" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un préstamo de 1.424 millones de dólares ampliables a otros 200 millones por la previsible caída de exportaciones. El acuerdo comenzaría a regir el 1 de octubre y se extendería por 15 meses.

El ministro argentino anunció el acuerdo antes de partir hacia Washington, para,participar en la reunión anual de gobernadores del FMI y del Banco Mundial. En Estados Unidos deberá continuar negociando con el Fondo y la banca extranjera acreedora los 20.000 millones de dólares que le vencen a Argentina, en lo que resta de año.Bernardo Grispun, contrariando su rudeza expositiva habitual, matizó repetidamente sus declaraciones, afirmando que "hemos logrado la preparación de un memorándum de entendimiento y conversaremos -con el director gerente del FMI para saber los pasos ulteriores que hay que dar ( ... ) queda una larga tramitación por delante". El titular de Economía se excusó de dar a conocer el texto del memorándum que llevaba a,Washington "por cortesía" hacia Jacques de Larosiére, director general del FMI. El pasado 9 de julio, cuando Argentina elevó al Fondo su carta de intenciones de pago, Grispun la divulgó a los cuatro vientos ante legisladores, dirigentes políticos y periodistas. El cambio de actitud y la ausencia del menor triunfalismo son patentes.

No obstante, el ministro argentino aseguró que se mantendrán las líneas generales de aquella carta de intenciones: recuperación del salario real entre el 6% y el 8% y mantenimiento de los volúmenes de importación-exportación y del saldo e la balanza de pagos.

Visita de Kissinger

La reciente visita privada de Heriry Kissinguer a Buenos Aires se interpreta aquí como muy favorable para limar desentendimientos entre Argentina y sus acreedores.Durante cinco días Kissinguer mantuvo infinidad de entrevistas (incluidas dos con el presidente Alfonsín y su ministro de Economía) y, pese a pequeños incidente callejeros en protesta por su presencia, hasta el peronismo valoró positivamente la actitud pública del ex secretario estadounidense de Estado hacia los ingentes problemas de la deuda externa argentina.

El pasado sábado venció el último crédito-puente de 750 millones de dólares logrado por Argentina del Fondo Monetario Intemacional, y cerca de 1.000 millones de dólares más caen a finales de mes. Las necesidades de financiamiento argentinas en el exterior se estiman para este año en 3.152 millones de dólares (la mayoría obtenidos en la banca privada internacional), y para 1985 se calcula que el país precisará 3.356 millones de dólares, de los que sólo unos 1.000 se espera provengan del Fondo Monetario.

Una gran manifestación, será testigo mañana de la entrega a Alfonsín del 'informe Sábato' sobre los desaparecidos (19-9-1984)

Todos los partidos políticos argentinos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las asociaciones religiosas de esta comunidad multiconfesional han convocado una concentración masiva mañana, a las siete de la tarde, frente al Congreso, para respaldar la entrega simbólica al presidente Raúl Alfonsín del informe final elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que preside el escritor Ernesto Sábato. Se estima que el propio presidente se halla detrás de la convocatoria, considerada en la Casa Rosada como un medio de recordar a la justicia militar que debe cumplir su función. El informe consta de 50.00 folios, cuyas microfilmaciones ya han sido depositadas en las cámaras acorazadas de la Casa Rosada y en una entidad bancaria extranjera. Durante cerca de 10 meses, la comisión Sábato -creada por orden directa de Raúl Alfonsín e integrada por personalidades relevantes de la cultura, el periodismo, las religiones y el humanitarismo- ha recabado, con pleno apoyo del Gobierno, testimonios solventes sobre al menos 10.000 personas desaparecidas durante los siete años de intervención militar; se han localizado numerosos campos clandestinos de detención y tortura (loschupaderos), y se aportan los nombres y grados de cientos de militares, la mayoría aún en activo, supuestamente responsables de genocidio contra su propio pueblo.

Testificaciones de militares

Los integrantes de la comisión admiten haber trabajado con entera libertad hasta el extremo de que, tras serias controversias internas, optaron por dar a conocer la identidad de los militares involucrados en los hechos, en contra del deseo del Gobierno. Durante meses, los argentinos han sido convocados por los canales de televisión, las emisoras de radio y los periódicos y revistas a aportar datos sobre la desaparición de amigos y familiares. No han sido pocos los militares que han testificado contra sí mismos o contra sus compañeros de armas. Los primeros, según Ernesto Sábato, en claro estado de necesidad de asistencia psiquiátrica al haber comparecido, por obediencia debida, ante la comisión de delitos ominosos; los segundos -muchos oficiales jóvenes-, en la intención de depurar la institución militar de elementos altamente desprestigiados.

Durante semanas, los propios radicales han discutido la oportunidad de una concentración mas¡va como la de mañana, que marchará desde el Coqgreso a la Casa Rosada por la avenida de Mayo. Finalmente, una directriz del propio Alfonsín decidió la programación de una marcha multitudinaria, tanto en apoyo del Gobierno como de preaviso a los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -el máximo tribunal castrense- remisos al enjuiciamiento de sus compañeros.

Los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares y varios otros generales y almirantes están presos por decisión presidencial para responder de presuntos delitos contra el derecho de gentes, pero la lentitud de la justiciá militar es tal que obliga a suponer que aspira a agotar los plazos constitucionalmente legales y pasar la patata caliente a la Cámara Federal. Alfonsín expresa en privado su disgusto por esta lentitud y, así, habría alentado la manifestación de mañana para recordar a la cúpula militar que el pueblo no ha olvidado su suplicio y que al menos debe entregar ella misma algunos centenares de cabezas.