El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas ha decidido
desentenderse de los juicios contra las tres primeras juntas militares por
presunta violación de los derechos humanos. En la tarde de ayer (madrugada de
hoy en España) se esperaba que el máximo tribunal castrense, agotados sus
plazos legales, informara a la Cámaira Federal -Tribunal Supremo argentino- de
su imposibilidad de dictar sentencia por falta de pruebas fehacientes. Se
espera que la justicia militar, en su argumentación inhibitoria, replique
directamente las consideraciones del informe Sábato, sobre desaparición de
personas.
El 13 de
diciembre del año pasado el presidente Alfonsín decretaba el procesamiento de
las tres primeras juntas por "homicidio, privación ilegítima de la
libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás
delitos de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o
cómplices". La causa abierta incluía a los tenientes generales Videla,
Viola y Galtieri, los almirantes Massera, Lambruschini y Ánaya y los
brigadieres del Aire Agosti, Graffigna y Lami Dozo. Posteriormente se incluyó
en la causa al general Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires,
luego que éste se responsabilizara en unas declaraciones al semanario español
Tiempo de la desaparición de miles de personas.Una vez aprobada la reforma del
Código dé Justicia Militar, que hace apelables ante la justicia ordinaria las
sentencias cástrenses, la Cámara Federal otorgó al Consejo Supremo un plazo de
180 días, para sentenciar; en julio se concedió un lapso adicional de 90 días,
y ulteriormente aplazamientos por 30 días, el último de los cuales expiraba
ayer.
La justicia
militar aduciría en su descargo que en los casos en que se han encontrado
evidencias firmes de culpabilidad, como en los casos del general Videla y del
almirante Massera, el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas decretó la
prisión rigurosa de ambos en espera de juicio, pero que una sentencia global
sobre las tres juntas procesadas resulta aún imposible. Si así son las cosas se
habrá perdi do definitivamente la esperanza, albergada por los radicales, de
que los propios militares entregaran simbólicamente las cabezas de los
principales protagonistas de la represión como gesto de buena voluntad hacia la
democracia que permitiera a la sociedad civil ser clemente con miles de
uniformados comprometidos en la guerra sucia contra la subversión.
Entregada la
causa a la Cámara Federal, será la justicia ordinaria la que tenga que vérselas
con un juicio arriscado que envenenará aún más si cabe: la relación entre las
fuerzas armadas y el poder civil. La inhibición de la justicia castrense
coincide, además, con la polémica sobre la no publicación de los nombres de los
supuestos genocidas -más de 3.000- detectados por el informe Sábato. Uno de los miembros de la comisión que
investigó la desaparición de personas ha asegurado que cuando menos, la nómina
de los torturadores militares acabará siendo expuesta al público, al tiempo que
aseguraba que desde el holocausto promovido por los nazis la humanidad no había
conocido otro horror como el de Argentina.
Carlos Alconda
Aramburu, ministro de Educación, ha reconocido como inevitable que muchos de
los crímenes cometidos durante los siete años de dictadura militar queden
impunes por la dificultad de acumular suficientes pruebas jurídicas. Y el
presidente de la Conf'erencia Episcopal Argentina ha extraído, a la Iglesia
católica de la polémica anunciando que los obispos no emitirán su opinión sobre
el informe
Sábato y que
hay que dejar que hable la justicia.
Por lo demás, el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha entrado en la recta final del
procesamiento de la penúltima Junta Militar por la pérdida de la guerra de las
Malvinas; ha trascendido la intención de juicio del Consejo de degradar al
almirante Anaya y al brigadier Lami Dozo y condenar a reclusión perpetua al alcohólico
teniente general Galtieri.
El caso, es que
las madres de plaza
de Mayo y los
jueces militares -sin pretender establecer la mínima identidad de objetivos-
han coincidido en su criterio respecto al enjuiciamiento del terror de la
dictadura: que sean exclusivamente los jueces civiles los que encausen a los
militares. Del Gobierno, radical de Alfonsín se podrá escribir todo menos que
ha encontrado alguna colaboración o apoyo en su camino.
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