El Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas argentinas anunció el martes a la Cámara Federal de Apelaciones
su imposibilidad de dictar sentencia contra las tres primeras juntas militares
que gobernaron el país entre 1976 y 1982 dentro de los plazos legales establecidos.
En un extenso documento, los jueces militares califican de
"inobjetables" las órdenes dictadas por la dictadura para ahogar la
subversión y desparraman una teoría de sospechas sobre los desaparecidos, sus
familiares y amigos.El Consejo Supremo no sólo se ha negado a juzgar a sus
pares, sino que indirectamente ha juzgado a las víctimas de la represión y a
quienes denunciaron la violación de los derechos humanos por las juntas
militares. Los argentinos aún no han salido de su asombro.
El tribunal castrense estima
que las órdenes y decretos instruídos para acabar con la subversión fueron
inobjetables y que los mandos militares sólo podrían ser acusados, en el peor
de los casos, de responsabilidad indirecta por falta de control para evitar los
posibles excesos denunciados". El Consejo señala además que "el
delito de privación ilegítima de la libertad requiere que la detención
efectuada por la autoridad con facultades para detener recaiga en persona que
no haya infringido ninguna norma penal, porque, de haberlo hecho, es obvio, la
restricción de su libertad no sería ilegítima". Los jueces, militares
estiman que, a tenor de los autos policiales, los desaparecidos resultaban
presuntos responsables de graves delitos, y que las denuncias personales contra
la dictadura militar están formuladas por parientes de desaparecidos o personas
implicadas en la subversión.
La Cámara Federal de
Apelaciones ha pedido rápidamente al Consejo Supremo todas las causas que
tramita por violación de derechos humanos. Aun cuando el requerimiento sólo lo
es a efectos de información, se da por inevitable que la justicia civil proceda
hacia mediados de octubre a instruir los sumarios contra los militares
comprometidos en la guerra
sucia.
"No quieren condenar a
nadie", es el comentario de Hebbe de Bonacini, presidenta de las Madres de
Plaza de Mayo. La única reacción oficial ha sido la del ministro del Interior,
Antonio Proccoli: "Este episodio no cierra el caso, sino que el mismo pasa
a la justicia civil", precisó.
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