Todos los partidos políticos
argentinos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las
asociaciones religiosas de esta comunidad multiconfesional han convocado una
concentración masiva mañana, a las siete de la tarde, frente al Congreso, para
respaldar la entrega simbólica al presidente Raúl Alfonsín del informe final
elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que preside
el escritor Ernesto Sábato. Se estima que el propio presidente se halla detrás
de la convocatoria, considerada en la Casa Rosada como un medio de recordar a
la justicia militar que debe cumplir su función. El informe consta de 50.00 folios, cuyas microfilmaciones ya han sido
depositadas en las cámaras acorazadas de la Casa Rosada y en una entidad
bancaria extranjera. Durante cerca de 10 meses, la comisión Sábato -creada por
orden directa de Raúl Alfonsín e integrada por personalidades relevantes de la
cultura, el periodismo, las religiones y el humanitarismo- ha recabado, con
pleno apoyo del Gobierno, testimonios solventes sobre al menos 10.000 personas
desaparecidas durante los siete años de intervención militar; se han localizado
numerosos campos clandestinos de detención y tortura (loschupaderos),
y se aportan los nombres y grados de cientos de militares, la mayoría aún en
activo, supuestamente responsables de genocidio contra su propio pueblo.
Testificaciones de
militares
Los integrantes de la
comisión admiten haber trabajado con entera libertad hasta el extremo de que,
tras serias controversias internas, optaron por dar a conocer la identidad de
los militares involucrados en los hechos, en contra del deseo del Gobierno.
Durante meses, los argentinos han sido
convocados por los canales de televisión, las emisoras de radio y los
periódicos y revistas a aportar datos sobre la desaparición de amigos y
familiares. No han sido pocos los militares que han testificado contra sí mismos
o contra sus compañeros de armas. Los primeros, según Ernesto Sábato, en claro
estado de necesidad de asistencia psiquiátrica al haber comparecido, por
obediencia debida, ante la comisión de delitos ominosos; los segundos -muchos
oficiales jóvenes-, en la intención de depurar la institución militar de
elementos altamente desprestigiados.
Durante semanas, los propios
radicales han discutido la oportunidad de una concentración mas¡va como la de
mañana, que marchará desde el Coqgreso a la Casa Rosada por la avenida de Mayo.
Finalmente, una directriz del propio Alfonsín decidió la programación de una
marcha multitudinaria, tanto en apoyo del Gobierno como de preaviso a los
miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -el máximo tribunal
castrense- remisos al enjuiciamiento de sus compañeros.
Los nueve integrantes de las
tres primeras juntas militares y varios otros generales y almirantes están
presos por decisión presidencial para responder de presuntos delitos contra el
derecho de gentes, pero la lentitud de la justiciá militar es tal que obliga a
suponer que aspira a agotar los plazos constitucionalmente legales y pasar la patata caliente a la Cámara
Federal. Alfonsín expresa en privado su disgusto por esta lentitud y, así,
habría alentado la manifestación de mañana para recordar a la cúpula militar
que el pueblo no ha olvidado su suplicio y que al menos debe entregar ella
misma algunos centenares de cabezas.
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