Comienza en Argentina el interrogatorio de Raúl Guglielminetti (27-12-1985)

El presunto terrorista de extrema derecha Raúl Guglielminetti, supuesto lugarteniente de Aníbal Gordon, jefe operativo de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), ex miembro de los Servicios de Seguridad del Estado, entregado por España el pasado martes, comenzó ayer a ser indagado por un juez federal por el asesinato del industrial Emilio Esteban Naun el 22 de junio del pasado año.

Guglielminetti arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde fue trasladado en helicóptero al aeroparque porteño de vuelos de cabotaje, y desde allí en automóvil a la alcaldía central de la Policía Federal y, a la misma celda que en su día ocupó Mario Eduardo Firmenich, jefe de la organización guerrillera montonera.Varios jueces argentinos reclaman a Guglielminetti por tenencia de arsenales de armas de guerra, robo a mano armada, conspiración terrorista y pertenencia a la Triple A, pero sólo podrá ser juzgado, por decisión de la justicia española, por el asesinato de Naun, un joven propietario de una cadena de tiendas de zapatos y carteras de cuero ultimado de un tiro en la cabeza en pleno centro de Buenos Aires, en un supuesto ajuste de cuentas por deudas no satisfechas.

Por otras parte, entre el viernes y el martes pasados los defensores de los cinco condenados en el juicio de Buenos Aires (tenientes generales y ex presidentes Videla y Viola, almirantes Massera y Lambruschini, y brigadier general del Airé Agosti) presentaron sus recursos extraordinarios de apelación. El mismo martes el fiscal Strassera recurrio igualmente la sentencia.

El fiscal de la Cámara Federal arguye que el fallo del juicio es arbitrario y centra su apelación en el supuesto error jurídico de haber analizado la actuación de cada arma por separado y no el proceder de cada junta militar. En marzo, la Cámara Federal deberá resolver estas apelaciones, aunque los medios jurídicos y políticos porteños estiman que todas serán rechazadas.

Los cinco triunviros condenados en primera instancia ya se encuentran en el penal militar de Magdalena, a 65 kilómetros de La Plata. El régimen de detención no es particularmente dramático, hasta el punto de que los presos, cumplido el primer año, podrán salir un fin de semana cada dos meses.

Herminio Iglesias, destituido de su cargo de secretario general del peronismo (14-12-1985)

El Consejo Nacional Justicialista, por 31 votos sobre 47, decidió el jueves separar a Herminio Iglesias, caudillo peronista en la provincia de Buenos Aires -la más importante del país-, de su cargo de secretario general del movimiento.Al mismo tiempo, el consejo ordenó la remoción de la junta interventora del distrito bonaerense, solidaria con Iglesias, que, entre otros despropósitos, había expulsado del peronismo a Antonio Cafiero, ex ministro de Economía de Isabelita Perón y gran triunfador, como independiente, de las últimas elecciones legislativas.

Vicente Leónidas Saabi, anciano y cardiaco primer vicepresidente del peronismo oficial -los peronistas han logrado dividirse en tres bloques parlamentarios-, destituido tras la última derrota electoral del movimiento, condicionó su reaceptación del cargo a la salida de Herminio Iglesias.

'Capo' justicialista

Herminio Iglesias, capo del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, habitada por la mitad de los argentinos, es un hijo de inmigrantes orensanos, iletrado, propietario de una fortuna personal sin haber trabajado jamás por cuenta ajena, con prontuarios policíales por robo, supuesto alcahuete de la prostitución y responsable del juego ilícito en Avellaneda (Gran Buenos Aires), carente de un párpado tras un accidente automovilístico que le deformó la cara y propietario de un solo testículo al haber perdido su pareja en un tiroteo entre chulos de mujeres.Gran hacedor de las derrotas electorales peronistas en la provincia más peronista del país -todo el cinturón obrero que puebla el Gran Buenos Aires-, Herminio Iglesias representa el sector abiertamente fascista del justicialismo, en franca alianza con las fuerzas armadas y la Iglesia católica argentina, la más insensible de toda América del Sur a los reclamos democráticos. La mano derecha de Iglesias, Norberto Imbelloni, alias Beto, se ha refugiado en Paraguay (es amigo personal de Stroessner) para escapar de la justicia, que le reclama por el asesinato de un guardaespaldas sindical.

La destitución de Herminio Iglesias como secretario general es sólo un primer paso en la dificultosa tarea de erradicarle del justicialismo -quienes, siendo más inteligentes políticamente que él, pretenden expulsarle a las tinieblas exteriores resultan tan impresentables como el perseguido-, recomponer el movimiento y evitar su definitivo fraccionamiento. Pero pasarán meses e incluso años antes de que sea desbancado como caudillo bonaerense, dada la estratificación mafiosa del justicialismo en la provincia.

En cualquier caso, la dudosa recomposición peronista tendrá pocos visos de verosimilitud míentras su presidencia nominal permanezca en manos de una rica viuda que habita entre Madrid y Marbella, antaño íntima amiga de Pilar Franco, sometida a la tutela psicológica del doctor Flórez Tascón y que celebró las últimas elecciones argentinas concurriendo no a su consulado, sino a un espectáculo de variedades protagonizado por Analía Gadé.

Un juez argentino embarga al 'superministro' de la dictadura Martínez de Hoz, procesado por subversión económica (13-12-1985)

José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, superministro de Economía de la primera Junta Militar argentina, fue considerado el pasado miércoles responsable prima facie de delito de subversión económica por el juez federal Néstor Luis Biondi, quien decretó su prisión preventiva y el embargo de sus bienes por 850 millones de australes (unos 160.000 millones de pesetas). El juez Biondi es el mismo que el pasado lunes ordenó la prisión de Miguel Marcópulos, abogado defensor del brigadier general del Aire Basilio Lami Dozo, por supuesta vinculación con una red de falsificadores de Bonex (deuda pública argentina) descubierta en Paraguay, Uruguay y Suiza.

El proceso seguido contra Martínez de Hoz se centra en el vaciamiento financiero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la extractora y distribuidora estatal de petróleos argentinos cuyo endeudamiento total, interno y externo, pasó de 324 millones de dólares (unos 50.000 millones de pesetas) en diciembre de 1975 a 4.700 millones de dólares en el mismo mes de 1981.Dentro del período de la dictadura militar, el último tramo de la gestión de YPF estuvo a cargo del ex general de división Guillermo Suárez Mason, actualmente prófugo de la justicia, que lo reclama por la Interpol por supuestos delitos contra la humanidad.

La prisión preventiva contra Martínez de Hoz fue dictada a efectos puramente formales, ya que el inculpado se encuentra bajo caución juratoria por otras causas que se siguen contra él. En definitiva: según la práctica procesal argentina, sólo aplicable en determinados casos, un reo puede librarse de la prisión preventiva si en una o en anteriores causas ha jurado por Dios no sustraerse a la acción de la justicia. En cualquier caso, las autoridades judiciales le han prohibido a Martínez de Hoz la salida del país.

El impuesto más alto

El embargo preventivo de bienes contra su persona es el más alto impuesto en la historia judicial argentina. El inculpado aduce no poseer tal patrimonio, por más que este íntimo amigo de Nelson Rockefeller sea propietario de una de las más importantes fortunas del país, tanto por sí mismo como por su matrimonio.Martínez de Hoz, alías Joe, por mal nombre popular Hood Robin (el pueblo llano siempre entendió que robaba a los pobres para alimentar a los ricos), es un fanático de las teorías monetaristas de Milton Friedrnan y la Escuela de Chicago.

Ideólogo económico de la dictadura militar, Martínez de Hoz devaluó artificialmente el dólar respecto al peso argentino favoreciendo las importaciones y los gastos exteriores, propiciando una euforia económica -los años de la plata dulce- que sirvió de colchón amortiguador para la cruenta represión política.

El Mago de Oz se encuentra procesado en otras dos causas: una por el presunto traspaso irregular del paquete accionario de la empresa de navegación aérea Austral -la Aviaco argentina- y otra por la supuestamente fraudulenta compra por parte del Estado de la compañía suiza Italo Argentina de Electricidad, adquirida a un precio desmesurado en beneficio de la Banca Helvética.

José Alfredo Martínez de Hoz estima en su descargo que todos sus males procesales vienen de la crisis económica y estructural del país, de la continua e imparable devaluación del peso y del deseo del Gobierno de abrir juicios políticos contra los presuntos responsables de una supuesta guerra sucia económica.

El fiscal Strassera anuncia su intención de recurrir las sentencias del juicio contra las juntas argentinas (12-12-1985)

El fiscal de la Cámara Federal, Julio César Strassera, anunció ayer su intención de recurrir las sentencias contra las tres primeras juntas militares argentinas ante la Suprema Corte de Justicia de la nación. La fiscalía, al igual que los abogados defensores de los condenados, tiene de plazo hasta el 23 de diciembre para la presentación de los recursos. Strassera no ha querido ser más explícito en sus declaraciones públicas, dado que aún no ha tenido tiempo de leer los cerca de 1.500 folios de la sentencia, pero sí ha señalado su principal línea de discrepancia con el fallo: que la Cámara haya sentenciado por armas, y no por juntas.

Strassera fue particularmente contundente a este respecto: "Para mí, el brigadier Agosti es tan responsable de lo que sucedió en la Escuela de Mecánica de la Armada como el almirante Massera".Dentro de la reserva judicial ha trascendido que la Cámara aceptará todos los recursos que le sean presentados, tanto por el fiscal como por las defensas. También puede afirmarse que, si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -máximo tribunal castrense- continúa, como durante los dos últimos años, utilizando tácticas dilatorias para no juzgar a sus conmilitones, todas las actas de este proceso regresarán nuevamente a la Cámara Federal para que ella resuelva sobre las responsabilidades de los oficiales superiores que comandaron zonas operativas en laguerra sucia contra la subversión.

Los argentinos -los argentinos que sienten alguna zozobra ante estos problemas; la generalización sería engañosa- se encuentran divididos frente a las sentencias, entre los que estiman que el fallo es correcto y los que aprecian en él excesivas dosis de clemencia o de medrosidad ante la necesidad de hacer justicia a los antaño todopoderosos militares. Ni una sola voz, por más que las haya, se ha atrevido a protestar públicamente por la presunta severidad de estas condenas.

Es unánime, en cambio, la autocomplacencia porque, por primera vez en la historia argentina, la justicia le haya sentado la mano a la barbarie militar; se entiende así el juicio y su fallo, al menos, como un signo de normalización democrática y de regreso al mundo civilizado. Ernesto Sábato, por ejemplo, ex presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) ha declarado: "El resultado del juicio no es el que muchos esperábamos, sobre todo aquellos que hemos estado entrañablemente vinculados a las investigaciones y nos duele que hayan quedado en libertad o con leves penas hombres de los que tenemos la vehemente sospecha de ser culpables, pero con todos los defectos que pueda tener, debemos considerarlo como una honrosa demostración de la democracia argentina para un mundo donde nunca hubo un hecho semejante".

"La misma disparidad en las condenas", agregó Sábato, "está indicando que el juicio no ha sido un juicio dominado por un prejuicio político, que habría llevado a una condena masiva y predeterminada".

Los radicalizados

De la anterior unanimidad no participan, lógicamente, los sectores más politizados de la sociedad argentina, honesta y legítimamente radicalizados por la desaparición, tormento o muerte de sus seres queridos.Las Madres de Plaza de Mayo convocaron ayer desde las siete de la tarde y por 24 horas su quinta marcha de la resistencia bajo las consignas de Aparición con vida para defender la vida, Cárcel a los genocidas para defender la nación, Libertad a los presos políticos y No al Punto final.

No han formulado un repudio total a la sentencia y dedicarán sus mejores esfuerzos a impedir ese hipotética ley de punto final o ley deolvido que impida la eternización de los procesos abiertos a instancia del Gobierno o de particulares contra los asesinos que aún quedán sueltos.

Ya el ministro de Defensa, Roque Carranza, se ha apresurado a desmentir que el Gobierno esté estudiando un proyecto de ley de punto final. Sin embargo, y sin necesidad de desmentir al ministro, cabe afirmar que miembros del Gobierno y dirigentes de la Unión Cívica Radical se encuentran enzarzados en una discusión -aunque por ahora sólo sea intelectual- sobre la necesidad o no de ponerle fin algún día, a este océano de procesamientos.

Y entra dentro de la lógica de las cosas que, de aquí a un año, finalizados los recursos de este proceso, terminado el juicio por las Malvinas, ultimada la causa contra Camps, Chamorro, Acosta y Astiz, y cerrados los nuevos juicios contra los oficiales superiores operativos durante la guerra sucia, el Gobierno, ya para entonces con mayoría también en el Senado y Alfonsín en las lindes de la mitad de su mandato, haga votar en el Congreso una ley de olvido.

Por lo demás, las Fuerzas Armadas no han abierto la boca ni se detectan en su seno irritaciones peligrosas. Es más: es advertible en las reuniones sociales de los uniformados una creciente simpatía por Raúl Alfonsín de parte de sus esposas; espantoso elogio, pero cuando menos tranquilizador. La Iglesia, finalmente, carece de tiempo material para opinar, ocupada como está en evitar, incluso con amenazas de violencia física, la proyección en las salas porteñas de la película Je vous salue, Marie, de Jean-Luc Godard.

Detenido el ahogado del absuelto general Lami Dozo (12-12-1985)

Mario Miguel Marcópulos, abogado del brigadier general Basilio Lami Dozo (absuelto) fue detenido por agentes de la Divisón de Leyes Especiales de la policía federal y encarcelado en la alcaldía del palacio de los tribunales, inmediatamente después de que la Cámara Federal de Apelaciones hiciera pública su sentencia contra las tres primeras juntas militares.La orden de detención fue ímpartida por el juez federal Néstor Blondi por su supuesta vinculación con la venta y distribución de Bonex (títulos públicos) falsos. La detención se postergó durante meses para no interferir en el juicio a las juntas militares.

Marcópulos y su socio Mario Crespo participaron en la compra de la fábrica de caramelos Mumu y tienen intereses en la fábrica de bombones Cabsha. Hace tres meses, la filial uruguaya del NMB Bank holandés descubrió que 1.210 Bonex argentinos por 5.000 dólares (unas 800.000 pesetas) de valor nominal cada uno eran falsos. El banco poseía los Bonex en depósito como garantía de un crédito a Marcópulos y Crespo.

Ambos argumentaron que no eran propietarios de los Bonex sino arrendatarios de los mismos, habiéndolos alquilado a un tal François Jean Jules Gerard, protegido del Gobierno paraguayo. Marcópulos y Crespo se vieron obligados a restituir el crédito recibido, evitando así el escándalo.

Pero, a principios de noviembre, un argentino cuya filiación no ha sido facilitada fue detenido en Suiza al intentar negociar 9.850.000 dólares (más de 1.500 millones de pesetas) en Bonex falsos.

El juez Blondi, en el entendimiento de que podría existir alguna conexión entre los Bonex falsicados llegados a Montevideo desde Paraguay y los Bonex falsos detectados en Suiza, ordenó la detención aplazada de Mario Miguel Marcópulos.

Mientras su defendido el brigadier general del Aire, Lami Dozo, el único que verdaderamente empujó a pelear a su Arma durante la guerra de las Malvinas, quedaba en libertad por la causa de la guerra sucia contra la subversión (tiene pendiente el juicio por la pérdida de la guerra contra el Reino Unido), su abogado defensor pasó la noche en la cárcel de los tribunales, y en la mañana de ayer declaraba ante el juez, mientras su domicilio era allanado en busca de pruebas inculpatorias.

El fiscal Strassera había solicitado penas más altas que las impuestas (11-12-1985)

El fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera, reclamó el pasado 16 de septiembre, para los nueve triunviros de las tres primeras juntas militares argentinas, penas generalizadamente más altas que las impuestas.Strassera solicitó reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado para los ex presidentes Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, a más de para los ex comandantes de la Armada, Massera y Lambruschini, y para el ex titular de la Fuerza Aérea en el primer Gobierno de la dictadura, brigadier general Agosti.

La fiscalía pidió igualmente 15 años de prisión para el ex presidente Galtieri y para el ex jefe de la Fuerza Aérea de la segunda Junta, Omar Graffigna (siempre en libertad provisional y uno de los cuatro indultados); 12 años para el almirante Anaya y 10 para el brigadier Lami Dozo, ambos de la penúltima Junta Militar, que provocó la guerra de las Malvinas.

Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo han resultado absueltos por sus responsabilidades en su calidad de ex comandantes de arma aunque podrán ser nuevamente procesados por sus responsabilidades supuestas cuando se desempeñaban en cargos inferiores a las órdenes de cualquiera de las dos anteriores juntas militares.

La 'guerra sucia'

Al mismo tiempo, y por el desempeño de esas mismas actividades previas a su responsabilidad gubernamental -ya cosa juzgada- permanecen expuestos a los reclamos judiciales de particulares por sus responsabilidades en la guerra sucia.Los abogados defensores ya han anunciado su intención de apelar las sentencias ante la Suprema Corte de Justicia, por más que observadores solventes y ante la generalizada clemencia de las sentencias estiman que nada podría lograr con su recurso. El fiscal Strassera, que a la postre obedece a instrucciones del Estado, aún no ha anunciado su intención de recurrir el fallo aunque quienes le conocen saben que lo haría de buen grado. Hará -lógicamente- lo que le ordenen, y eso reflejará el sentir del Gobierno radical ante este fallo judicial.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, no ha transcendido ninguna reacción institucional y sí la preocupación por la elevación al Consejo Supremo de las FF AA -máximo tribunal castrense- de todo lo actuado para dilucidar las responsabilidades de los mandos subalternos.

La única manifestación callejera, en el centro de Buenos Aires, se produjo en rechazo de la sentencia, y los partidos se han pronunciado a través de las manifestaciones personales de sus líderes, pero no institucionalmente. Dirigentes radicales, lógicamente, han acatado la sentencia como síntoma de normalización democrática; los de la extrema izquierda peronista la han repudiado y otro tanto han hecho los dirigentes de los partidos de izquierda. El estado de multidivisión del movimiento justicialista hace imposible recabar una opinión homogénea del primer partido de la oposición.

Descontento general en Argentina por las sentencias (11-12-1985)

Las sentencias a las tres primeras juntas militares que gobernaron la República Argentina entre los años 1976 y 1982, enjuiciadas por sus responsabilidades en la denominada guerra sucia contra la subversión, no han contentado a nadie y han contribuido a encrespar la convivencia ciudadana. Las cuatro absoluciones y la escasa condena impuesta al brigadier Orlando Agosti, integrante de la primera Junta -y la más cruel-, no han compensado las severas penas recaídas sobre Rafael Videla y Emilio Massera ni han satisfecho la necesidad de justicia de los deudos de los miles de víctimas del terror militar argentino.

Desde primeras horas de la mañana del lunes, los aledaños del Palacio de los Tribunales de Buenos Aires, donde tiene su sede la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que ha juzgado a las Juntas (segundo tribunal civil tras la Suprema Corte de Justicia) estaban tomados por la policía federal.El presidente de la Cámara doctor Carlos León Arslanian, leyó los resultados de la sentencia, cuyo conjunto se desparrama por más de 1.500 folios. Comenzó de negando 12 presunciones de nulidad e inconstitucionalidad planteadas por las defensas, además del amparamiento de la ley de amnistía dictada por la última Junta militar presidida por el general Reynaldo Bignone.

Inmediatamente después declaró culpable al teniente general Videla de numerosos delitos de homicidio con agravantes de alevosía, aplicación de tormentos, detención ilegal y robo de pertenencias y enseres y lo sentenció a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, destitución y pago de costas. En la sala, el silencio era espeso. En el país comenzaron a descorcharse miles de botellas panzudas de Barón B, el mejor champaña argentino.

El almirante Massera, por los mismos cargos, fue sentenciado a continuación a prisión perpetua más las mismas accesorias que Videla. La diferencia entre reclusión y prisión perpetua tenía un sentido antaño, cuando la una implicaba una mayor severidad de la vida carcelaria. Ahora ya no son las cosas así y la única diferencia entre las sentencias de Videla y Massera, a más de las distancias morales por la graduación de la pena, reside en que éste se beneficia del tiempo completo de su prisión preventiva.

La sentencia sobre el brigadier general del Aire Orlando Agosti cayó como un hueso tragado en una digestión pesada: cuatro años y seis meses para el tercer triunviro de la primera y más sanguinaria Junta y libre del cargo de homicidios (es cierto que la fiscalía no ha logrado probar homicidios a la Fuerza Aérea). El temido síndrome Agosti aterrizó con toda su fuerza sobre los jueces con toda su contradicción implícita: Agosti, psiquiatrizado, se quiere suicidar precisamente por no poder soportar el peso de su culpa o, cuando menos, de sus pecados por omisión.

El ex presidente Roberto Viola, el más siniestro personaje de los nueve junteros, un enfermo alcohólico desplazado de la presidencia por un borracho permanente como Leopoldo Galtieri -durante la guerra de las Malvinas conversaba en delirio etílico con el presidente Ronald Reagan- bajo la acusación de beber en demasía (aquella sucesión fue una reyerta entre ebrios), sólo recibía 17 años de prisión. El brigadier Omar Giraffigna, el único de los nueve en libertad provisional, el más limpio de todos, al menos judicialmente, quedaba absuelto. Después, la absolución de culpa y cargo del teniente general Leopoldo Fortunanto Galtieri, ex presidente de la nación, comandante del primer cuerpo de Ejército durante los peores años de la represión ilícita, héroe de película en el desastre de las Malvinas.

Fue entonces cuando Hebe de Bonafini, con un hijo y una nuera desaparecidos, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, se volvió a colocar en la cabeza el pañal que se había visto obligada a quitarse para que comenzara la sesión. El pañal de las Madres es un pañal y no un pañuelo como a veces equivocadamente se supone, es el remedo del cuadrángulo de tela absorbente retrato doméstico de la servidumbre maternal ante las necesidades fisiológicas de sus hijos y símbolo de su reclamación.

Las Madres de Plaza de Mayo, tan discutidas y tan discutibles, ya tienen nueva munición para sus razonamientos. Por lo demás, otras dos absoluciones hasta completar cuatro: el almirante Jorge Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo, ambos de la penúltima Junta Militar.

Incidentes al saberse la levedad de las penas a los militares argentinos (10-12-1985)

La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional argentina dictó ayer sentencia contra las tres primeras juntas militares, que gobernaron al país entre 1976 y 1983. El fallo, como solicitaba el fiscal, condenaba a cadena perpetua y a inhabilitación de por vida al general Jorge Rafael Videla y al almirante Emilio Eduardo Massera. En los otros casos, las condenas fueron mucho menores de lo solicitado. El fallo provocó incidentes entre los asistentes y protestas en la calle.

Resultaron absueltos de las acusaciones el teniente general Leopoldo Galtieri, el general Omar Rubén Graffigna, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo, mientras eran condenados el teniente general Roberto Eduardo Viola, ex presidente de la nación, a 17 años de cárcel, librándose de la acusación de homicidio; el almirante Armando Lambruschini, a ocho años de reclusión, y el brigadier Orlando Ramón Agosti, a cuatro y medio de prisión.La sentencia erizó los ánimos de los asistentes, que ya antes de que se constituyera el tribunal protagonizaron incidentes. La lectura del fallo comenzó con 48 minutos de retraso por un problema de cortesía procesal. La Cámara exigió a Hebe de Bonafini, presidenta de las madres de Plaza de Mayo, que se destocara. La señora de Bonafini lucía el pañuelo blanco distintivo de las Madres de Mayo. La Corte estimó que era un distintivo político que debía ser retirado. Hebe adujo a su vez que en la Cámara figuraban hombres con uniforme de las fuerzas armadas, lo que a su vez también significaba un distintivo político. Finalmente el propio fiscal, Julio César Strassera, la convenció de que se destocara. A la mitad de la lectura de las sentencias Hebe de Bonafini y otras madres abandonaron ostentosamente la sala, colocándose de nuevo sus pañuelos blancos en la cabeza, cuando el presidente del tribunal, León Carlos Arslain, leía las absoluciones. Paralelamente, en el centro de Buenos Aires unos 2.000 manifestantes protestaron el fallo interrumpiendo el tráfico.

[El fiscal Strassera manifestó anoche al programa Hora Veinticinco, de la Cadena SER: "A pesar de que no me satisfagan las penas, es positivo el solo hecho de la condena a miembros de la cúpula militar por un tribunal civil, cualquiera que sea el monto de las condenas". El fiscal añadió: "Tenemos la posibilidad de poner un recurso extraordinario contra la sentencia de este tribunal ante la Corte Suprema de Apelación"].

El fallo de la Cámara Federal se produjo horas después de que el presidente Alfonsín pusiera fin a la vigencia del estado de sitio impuesto el pasado 23 de octubre para hacer frente a la ola de atentados, amenazas y secuestros que se habían desencadenado en el país.

Ocho de los nueve implicados recibieron la sentencia en sus lugares de retención: en la Unidad Penal 22 de la policía federal, los tenientes generales Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola (ex presidentes de la nación), el almirante Armando Lambruschini y el brigadier general del Aire Orlando Ramón Agosti; en la cárcel militar de Magdalena, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri (ex presidente de la nación); en la base aérea El Palomar, el brigadier general del Aire Basilio Lami Dozo, y en la Escuela de Mecánica de la Armada, símbolo del horror de la represión, el almirante Jorge Isaac Anaya.

El brigadier general Omar Domingo Rubén Graffigna, único en libertad provisional, recibió su sentencia personalmente en la sala de la Cámara. A la lectura de las sentencias asistieron los fiscales Julio César Strassera y su adjunto Moreno Ocampo, así como los 23 abogados defensores. El acto judicial fue transmitido en directo por radio y televisión en cadena nacional.

La expectación, lógicamente, era grande y en Argentina, donde las corridas de toros están prohibidas, a las cinco de la tarde estaban todos prendidos de sus televisores o receptores de radio en las vísperas de la conmemoración mundial del Día Universal de los Derechos del Hombre. El juicio ha durado seis meses y se consuma poco menos de dos años después de que Raúl Alfonsín, tres días después de ser investido presidente de la República, decretara, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, el procesamiento de los nueve triunviros por supuestos crímenes contra la humanidad.

El alegato del fiscal Strassera, fielmente apoyado en el informe Nunca más -elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que presidió Ernesto Sábato-, fue demoledor para los acusados. Si las penas establecidas por el Código de Justicia Militar, con el que esta Cámara civil juzga a los acusados, fueran acumulativas, el teniente general Videla podría recabar para sí el dudoso honor de ser sentenciado a 10.728 años de prisión.

Antes de que se conociera el fallo se esperaban sentencias a cadena perpetua al menos contra Videla, Massera y Viola y una graduación de penas y responsabilidades sobre sus restantes camaradas de arma. Uno de los puntos esenciales de discusión era si se establecería la responsabilidad conjunta de cada junta militar o triunvirato o esta responsabilidad se definiría individualmente, tesis por la que parece que al final se optó. El fiscal Strassera había puesto todo su notable empeño jurídico en demostrar que las responsabilidades fueron conjuntas.

A este respecto se temía que pesase sobre la Cámara el síndrome de Agosti y que los jueces se hubieran inclinado por el costado de una mal entendida piedad. En la primera junta militar, el brigadier general Agosti, hombre moralmente débil y al frente de una fuerza con escasa capacidad operativa para la represión interior, quedó anulado por las fuertes personalidades de Videla y Massera: el primero, un hipócrita ligado al Opus De¡ que pretendía ser un freno para los halcones de su arma; y el segundo, un bandido amoral cargado de simpatía, malas intenciones, atractivo para las mujeres y con desmesuradas ansias de poder personal. Agosti, desde hace dos años, se encuentra en tratamiento psiquiátrico y alimenta unas profundas ganas de dispararse un tiro.