El fiscal general de la
Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera, reclamó el pasado 16 de
septiembre, para los nueve triunviros de las tres primeras juntas militares
argentinas, penas generalizadamente más altas que las impuestas.Strassera
solicitó reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo
indeterminado para los ex presidentes Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo
Viola, a más de para los ex comandantes de la Armada, Massera y Lambruschini, y
para el ex titular de la Fuerza Aérea en el primer Gobierno de la dictadura,
brigadier general Agosti.
La fiscalía pidió igualmente
15 años de prisión para el ex presidente Galtieri y para el ex jefe de la
Fuerza Aérea de la segunda Junta, Omar Graffigna (siempre en libertad
provisional y uno de los cuatro indultados); 12 años para el almirante Anaya y
10 para el brigadier Lami Dozo, ambos de la penúltima Junta Militar, que
provocó la guerra de las Malvinas.
Graffigna, Galtieri, Anaya y
Lami Dozo han resultado absueltos por sus responsabilidades en su calidad de ex
comandantes de arma aunque podrán ser nuevamente procesados por sus
responsabilidades supuestas cuando se desempeñaban en cargos inferiores a las órdenes
de cualquiera de las dos anteriores juntas militares.
La 'guerra sucia'
Al mismo tiempo, y por el
desempeño de esas mismas actividades previas a su responsabilidad gubernamental
-ya cosa juzgada- permanecen expuestos a los reclamos judiciales de particulares
por sus responsabilidades en la guerra sucia.Los abogados defensores ya han
anunciado su intención de apelar las sentencias ante la Suprema Corte de
Justicia, por más que observadores solventes y ante la generalizada clemencia
de las sentencias estiman que nada podría lograr con su recurso. El fiscal
Strassera, que a la postre obedece a instrucciones del Estado, aún no ha
anunciado su intención de recurrir el fallo aunque quienes le conocen saben que
lo haría de buen grado. Hará -lógicamente- lo que le ordenen, y eso reflejará
el sentir del Gobierno radical ante este fallo judicial.
En el ámbito de las Fuerzas
Armadas, no ha transcendido ninguna reacción institucional y sí la preocupación
por la elevación al Consejo Supremo de las FF AA -máximo tribunal castrense- de
todo lo actuado para dilucidar las responsabilidades de los mandos subalternos.
La única manifestación
callejera, en el centro de Buenos Aires, se produjo en rechazo de la sentencia,
y los partidos se han pronunciado a través de las manifestaciones personales de
sus líderes, pero no institucionalmente. Dirigentes radicales, lógicamente, han
acatado la sentencia como síntoma de normalización democrática; los de la
extrema izquierda peronista la han repudiado y otro tanto han hecho los dirigentes
de los partidos de izquierda. El estado de multidivisión del movimiento
justicialista hace imposible recabar una opinión homogénea del primer partido
de la oposición.
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