El fiscal de la Cámara Federal, Julio César Strassera, anunció ayer
su intención de recurrir las sentencias contra las tres primeras juntas
militares argentinas ante la Suprema Corte de Justicia de la nación. La
fiscalía, al igual que los abogados defensores de los condenados, tiene de
plazo hasta el 23 de diciembre para la presentación de los recursos. Strassera
no ha querido ser más explícito en sus declaraciones públicas, dado que aún no
ha tenido tiempo de leer los cerca de 1.500 folios de la sentencia, pero sí ha
señalado su principal línea de discrepancia con el fallo: que la Cámara haya
sentenciado por armas, y no por juntas.
Strassera fue particularmente contundente a este respecto:
"Para mí, el brigadier Agosti es tan responsable de lo que sucedió en la
Escuela de Mecánica de la Armada como el almirante Massera".Dentro de la
reserva judicial ha trascendido que la Cámara aceptará todos los recursos que
le sean presentados, tanto por el fiscal como por las defensas. También puede
afirmarse que, si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -máximo tribunal
castrense- continúa, como durante los dos últimos años, utilizando tácticas
dilatorias para no juzgar a sus conmilitones, todas las actas de este proceso
regresarán nuevamente a la Cámara Federal para que ella resuelva sobre las
responsabilidades de los oficiales superiores que comandaron zonas operativas
en laguerra sucia contra
la subversión.
Los argentinos -los argentinos que sienten alguna zozobra ante
estos problemas; la generalización sería engañosa- se encuentran divididos
frente a las sentencias, entre los que estiman que el fallo es correcto y los
que aprecian en él excesivas dosis de clemencia o de medrosidad ante la
necesidad de hacer justicia a los antaño todopoderosos militares. Ni una sola
voz, por más que las haya, se ha atrevido a protestar públicamente por la
presunta severidad de estas condenas.
Es unánime, en cambio, la autocomplacencia porque, por primera vez
en la historia argentina, la justicia le haya sentado la mano a la barbarie
militar; se entiende así el juicio y su fallo, al menos, como un signo de
normalización democrática y de regreso al mundo civilizado. Ernesto Sábato, por
ejemplo, ex presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas
(CONADEP) ha declarado: "El resultado del juicio no es el que muchos
esperábamos, sobre todo aquellos que hemos estado entrañablemente vinculados a
las investigaciones y nos duele que hayan quedado en libertad o con leves penas
hombres de los que tenemos la vehemente sospecha de ser culpables, pero con
todos los defectos que pueda tener, debemos considerarlo como una honrosa
demostración de la democracia argentina para un mundo donde nunca hubo un hecho
semejante".
"La misma disparidad en las condenas", agregó Sábato,
"está indicando que el juicio no ha sido un juicio dominado por un
prejuicio político, que habría llevado a una condena masiva y
predeterminada".
Los radicalizados
De la anterior unanimidad no participan, lógicamente, los sectores
más politizados de la sociedad argentina, honesta y legítimamente radicalizados
por la desaparición, tormento o muerte de sus seres queridos.Las Madres de
Plaza de Mayo convocaron ayer desde las siete de la tarde y por 24 horas su
quinta marcha de la resistencia bajo las consignas de Aparición con vida para defender la vida,
Cárcel a los genocidas para defender la nación, Libertad a los presos políticos y No al Punto final.
No han formulado un repudio total a la sentencia y dedicarán sus
mejores esfuerzos a impedir ese hipotética ley de punto final o ley deolvido que impida la
eternización de los procesos abiertos a instancia del Gobierno o de
particulares contra los asesinos que aún quedán sueltos.
Ya el ministro de Defensa, Roque Carranza, se ha apresurado a desmentir
que el Gobierno esté estudiando un proyecto de ley de punto final. Sin
embargo, y sin necesidad de desmentir al ministro, cabe afirmar que miembros
del Gobierno y dirigentes de la Unión Cívica Radical se encuentran enzarzados
en una discusión -aunque por ahora sólo sea intelectual- sobre la necesidad o
no de ponerle fin algún día, a este océano de procesamientos.
Y entra dentro de la lógica de las cosas que, de aquí a un año,
finalizados los recursos de este proceso, terminado el juicio por las Malvinas,
ultimada la causa contra Camps, Chamorro, Acosta y Astiz, y cerrados los nuevos
juicios contra los oficiales superiores operativos durante la guerra sucia, el
Gobierno, ya para entonces con mayoría también en el Senado y Alfonsín en las
lindes de la mitad de su mandato, haga votar en el Congreso una ley de olvido.
Por lo demás, las Fuerzas Armadas no han abierto la boca ni se
detectan en su seno irritaciones peligrosas. Es más: es advertible en las
reuniones sociales de los uniformados una creciente simpatía por Raúl Alfonsín
de parte de sus esposas; espantoso elogio, pero cuando menos tranquilizador. La
Iglesia, finalmente, carece de tiempo material para opinar, ocupada como está
en evitar, incluso con amenazas de violencia física, la proyección en las salas
porteñas de la película Je vous salue, Marie, de
Jean-Luc Godard.
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