El Senado argentino aprobó
en la noche del lunes (madrugada de ayer en España), por 25 votos contra 10, la
prescripción de acciones penales contra militares, policías y funcionarios
carcelarios por la guerra sucia contra la subversión desarrollada entre 1976 y
1982. Con esta votación, la llamada ley del punto final adquiere media sanción,
y para la noche de ayer se esperaba que el Congreso de los Diputados, en el que
el radicalismo, en el poder, es mayoritario, terminara por respaldar el
controvertido proyecto de ley
La ausencia de 10 senadores
peronistas facilitó la abultada votación en la Cámara Alta favorable a la
propuesta gubernamental. Las Madres de Plaza de Mayo fueron desalojadas del
recinto senatorial cuando una de ellas comenzó a reputar a los gritos de
"traidor a la patria" a un senador en el uso de la palabra. En las
puertas del Senado, no más de una docena de manifestantes armó un pequeño
tinglado simulando dos calabozos de detención.
La sociedad argentina, que
mayoritariamente se siente culpable por beneficiarse económicamente de los años
de la dictadura militar, aparece secretamente aliviada por este comienzo del
final de los juicios sobre la guerra
sucia.
Los militares argentinos,
por otra parte, alentados por la negativa de sus pares uruguayos a ser juzgados
por la ley civil, estaban presionando enérgicamente para poner fin a sus
procesamientos.
La ley prevé que en 60 días
se extingan las acciones penales sobre laguerra sucia que no hayan sido denunciadas o
comenzado a instruirse. Las causas vistas en primera instancia o ya indagadas
-proceso a las tres primeras juntas militares, policía de Buenos Aires, Escuela
de Mecánica de la Armada o tercer cuerpo de Ejército acantonado en Córdoba-
proseguirán su curso.
Secuestros de niños
Igualmente, la ley llamada
de punto final no amparará a quienes secuestraron a
niños durante el cautiverio de sus padres o a aquellos uniformados que se hayan
sustraído a la acción de la justicia, como el prófugo ex teniente general
Guillermo Suárez Mason, ya degradado, que fuera comandante en jefe del primer
cuerpo del Ejército acantonado en el Campo de Mayo de Buenos Aires.Como no
podía ser de otra manera, todo ha sido preparado y bien preparado. Chorros de
plomo candente se deslíen sobre el aplastante verano porteño, y los habitantes
de Buenos Aires no piensan en otra cosa que en escapar hacia las playas
atlánticas, al mismo y exacto tiempo en que los diputados uruguayos se han
partido la cara en su Congreso tras votar afirmativamente una ley de amnistía
para los militares de la República oriental sin haber llevado adelante ni un
solo juicio sobre sus atrocidades.
Además, y por su parte, el
fiscal general de la República argentina, Julio César Strassera, ha apelado
ante la Corte Suprema de Justicia las sentencias sobre la causa que engloba al
general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, y la que absuelve por
prescripción al teniente de navío Alfredo Astiz en la desaparición de la
adolescente sueca-argentina Dajmar Hagelin. El fiscal apela dos absoluciones
por falta de pruebas en el caso de Ramón Camps -tormentos y robos- y estima que
la desaparición de Dajmar Hagelin debe ser vista en el sumario de la Escuela de
Mecánica de la Armada, el más feroz centro de detención clandestino bajo la
dictadura militar.
La mal llamada ley de punto final dará satisfacción a unas Fuerzas
Armadas justamente arrastradas por los rastrojos desde hace tres años, pero
para nada anula los juicios pendientes.
Dentro de algunos años el
sustituto de este corresponsal deberá seguir escribiendo sobre los procesos
militares argentinos.
Para ayer noche, Ragnar
Hagelin había citado a la Prensa para una conferencia informativa sobre el tema Astiz, el asesino de mi hija. Sólo el infierno del húmedo verano
austral colocará un poco de bálsamo sobre todas estas heridas.
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