La Cámara Federal de
Apelaciones en lo Correccional y lo Criminal de Buenos Aires condenó al general
Ramón Camps a 25 años de prisión, y le declaró culpable de haber practicado
torturas en 73 casos en el curso de la guerra sucia contra la subversión en la
provincia bonaerense durante la pasada dictadura militar. Ramón Camps, del arma
de Caballería, ostentó en aquellos años la jefatura de la policía de la
provincia y llegó a jactarse públicamente de haber hecho desaparecer a 15.000
personas. El tribunal condenó también al general Pablo Ricchieri a 14 años de
prisión por aplicación de torturas en 20 ocasiones.
Camps, quien torturó
personalmente a Jacobo Timermann, entonces director de La Opinión, se encuentra desde hace un año en un
hospital militar acosado por un cáncer de próstata con metástasis generalizada,
y sus expectativas de sobrevivir son escasas.El comisario general de la policía
bonaerense, Miguel Etchecolatz, que le sucedió en el cargo fue condenado a 23
años de reclusión, mientras el médico policial Jorge Bergez lo fue a seis años
de cárcel e inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.
El fiscal Julio César
Strassera y su adjunto, Moreno Campo, solicitaron cadena perpetua para Camps y
Etchecolatz, pero no ha podido probarse su participación directa en ningún
asesinato.
Respecto a la prescripción
de las causas, ha prevalecido el criterio de la fiscalía de calcularlas a
partir del 1 de diciembre de 1983, asunción del Gobierno democrático, por
estimar que con anterioridad era inane cualquier denuncia sobre violación de
derechos humanos. Por el contrario, ha favorecido a los encausados el principio
de obediencia debida que hace recaer la mayor culpabilidad sobre los triunviros
de las tres primeras juntas militares que instrumentalizaron las órdenes de
destrucción de la guerrilla.
Se trataba esta vez del
tercer gran proceso contra la barbarie militar instaurada entre 1976 y 1983 en
Argentina, tras eljuicio a las tres primeras juntas militares y el iniciado
contra la penúltima junta por la pérdida de la guerra de las Malvinas. El
próximo jueves, se inicia también en Buenos Aires el juicio contra el teniente
de navío Alfredo Astiz -que se rindió ante los británicos en las Georgias del
Sur- por la desaparición de la súbdita sueca de 17 años Dagmar Hagelin.
Astiz se encuentra
igualmente involucrado en el caso de la desaparición de dos monjas francesas
colaboradoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Su proceso despertará chispas
ante la renuencia de la Armada para que los juicios por violación de derechos
humanos desciendan a rangos medios o inferiores.
Tras el proceso de Astiz
caerá indefectiblemente el gran juicio sobre los horrores cometidos en la
Escuela de Mecánica de la Armada, el más ominoso chupadero de personas articulado en el país. Y
ya es dudoso que toda esta teoría de juicios prosiga durante algún tiempo más.
El Gobierno radical tiene
preparado un proyecto de ley de punto
finalque será aprobado, aunque no sin discusión, por el Congreso y el
Senado, para evitar que en cascada decreciente terminen sentándose en el
banquillo hasta los más modestos furrieles del Ejército.
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