El Gobierno argentino ha pedido formalmente a la
Iglesia que interceda ante el país para que sea aceptada la futura ley de anmistía
o de pacificación nacional. El ruego fue formulado por el presidente de la
nación, teniente general Reinaldo Bignone, al presidente de la Conferencia
Episcopal, cardenal Juan Carlos Aramburu, en una imprevista reunión celebrada
en la residencia presidencia¡ de Olivos.
El prelado
argentino estaba acompañado del obispo de Corrientes, Jorge López. Esta
petición a la Iglesia argentina desvela el sentido último de los recientes
deseos de la Junta Militar y del Gobierno argentinos de otorgar a los prelados
el papel de hombres buenos en los conflictos sociales.Ya el
miércoles, los miembros del equipo de Pastoral Social que preside el obispo de
Morón, Justo Laguna, se reunían con los ministros económicos para hacerle
llegar las propuestas de las dos CGT y de la multipartidaria (un plan de
emergencia a corto plazo para llegar a las elecciones de octubre con mayor
poder adquisitivo), dando con ello por cerrada una gestión mediadora en este
terreno. "Ustedes", dijo a los obispos un miembro del Gobierno,
"son los únicos que pueden conseguir que todos los sectores se sienten a
una misma mesa con el Gobierno". No era otra cosa que el primer paso para
convencer a la Iglesia de que ayude a pasar el mal trago de la ley de
autoamnistía, considerada clave de la transición argentina hacia la democracia.
Excesos en la represión
El general
Llamil Reston, ministro del Interior, volvió a recordar por segunda vez en
pocos meses que en prisiones castrenses se encuentran "unos 150"
militares y policías por haber cometido excesos durante la represión.
Nuevamente, no facilitó nombres, ni cargos concretos ni condenas.Las diversas
asociaciones de familiares de muertos por la subversión, propiciadas por el
Gobierno para contrapesar a las madres y abuelas de la plaza de Mayo, y otros organismos
defensores de los derechos humanos no convencen a nadie, pese a las listas de
asesinados por el terrorismo que hacen insertar en los diarios.
O acaso por
ello mismo: documentos oficiales del Gobierno argentino cifran el número de
muertos por el terrorismo entre los años 1970 y 1979 en 647, de los que sólo un
centenar son civiles.
Desde 1976
hasta 1979, el Gobierno admite oficialmente la desaparición de 6.200
ciudadanos, mientras que otras evaluaciones disparan la cifra hasta las 30.000
personas.
Aun
aceptando las cifras gubernamentales, la desproporción entre el número de
personas muertas por la guerrilla (Montoneros -extrema izquierda peronista- y
Ejército Revolucionario del Pueblo -troskistas-) y el de desaparecidos por la guerra
sucia antisubversiva es tan grande que echa por tierra la tesis de que
se trató de una guerra civil no declarada.
Las
estimaciones de la actual Junta Militar cifran en unos 5.000 los jefes y
oficiales (principalmente del Ejército y la Marina) que podrían verse
implicados en reclamaciones judiciales ordinarias por tortura, asesinato o
desaparición. No es de extrañar, pues, que el Gobierno se haya decidido a pedir
socorro a la misma Iglesia.
La Iglesia
argentina, al contrario de la chilena, guardó silencio durante la represión y
volvió la cabeza ante la barbarie.
Un sueño penoso
No por
ello, sin embargo, ha perdido su papel hegemónico en la sociedad (la mayoría
del pueblo argentino ignoró culposamente la represión) y ahora es requerida
para cerrar vergonzantemente aquel capítulo.Al término de la entrevista con el
presidente Reynaldo Bignone, el cardenal Juan Carlos Aramburu declaró que
"hemos sido informados sobre los diversos contenidos de la ley de
pacificación. Se trata de un anteproyecto destinado a lograr el orden, la tranquilidad,
que debe tener sus condicionamientos adecuados basados en la verdad, la
justicia, el amor y, por consiguiente, en el perdón". Subrayó el cardenal
que "por la información que recibimos, el Gobierno actual no quedará
incluido en la ley".
Todo lo demás
es en la política argentina anecdótico: la batalla electoral se perfila entre
Raúl Alfonsín, líder indiscutido de los radicales (ya es presidente del partido
y virtual candidato presidencial), e Ítalo Argentino Lúder, ex presidente
provisional y abogado de Isabel Perón.
El fantasma
de la viuda de Perón, la ex presidenta Isabel Martínez, sigue planeando sobre
el justicialismo. Las Fuerzas Armadas están revisando en estos días con
detenimiento sus escalillas y se especula con el pase a retiro anticipado de al
menos 10 generales de división comprometidos en la guerra sucia.
Pero se den
las vueltas que se den, todo termina conduciendo a la misma piedra en el
camino: la cuenta moral y judicial por el genocidio de la disidencia política
argentina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario