Después de una sesión de once horas terminaron el
martes las reuniones de los generales de división argentinos, llamados a
cónclave para analizar la situación política del país. Un escueto comunicado
informó del deseo del Ejército de "instaurar un sistema político estable,
auténticamente republicano y democrático".
Los
generales, dice el comunicado, "prestaron especial atención al
reprudecimiento de las campañas de rumores, agresiones y difamaciones en las
que se intenta hacer aparecer al Ejército o parte de él como comprometido en
actividades reñidas con el reafirmado objetivo de institucionalización del
país". Fuentes no oficiales estiman que el teniente general Nicolaides,
jefe del Ejército, representante de éste en la Junta Militar y responsable del
proceso electoral, dominó la reunión acallando las disidencias en tomo a la
futura ley de amnistía y a la exposición del doctor Jorge Whebe, ministro de
Economía."Se analizaron los aspectos fundamentales", afirma el
comunicado, "que hacen al contenido de la ley de pacificación y de la de
enjuiciamiento de las actividades terroristas y subversivas, así como la
necesidad de su oportuna promulgación, teniendo en cuenta particularmente sus
repercusiones sobre el mantenimiento de la cohesión de la fuerza y que el
objetivo esencial que persiguen no es otro que el de crear un clima de
concordia imprescindible para encarar con éxito el tránsito hacia la democracia
y asegurar la estabilidad del próximo Gobierno".
Presiones de Nicolaides
Para
hacerles aceptar la ley de amnistía, Nicolaides ha argumentado el hecho de que
se esperan unas cuatro mil denuncias contra militares que presuntamente se
excedieron en la lucha contra la subversión. Nicolaides se refirió
también a la necesidad de que el Ejército permanezca unido y disponga de un
valladar legal en el que resguardarse de una catarata de procesos de
consecuencias imprevisibles. No obstante, y aunque sea mejor que nada, la ley
de amnistía no despierta grandes entusiasmos ni entre sus mentores. Juristas de
renombre internacional están dándole vueltas al texto sin encontrar
posibilidades de que pueda ser considerado válido por el futuro Congreso
democrático.Otro elemento de presión del que se habría valido el general Nicolaldes
para imponerse a sus camaradas estaría en la amenaza de proceder ahora mismo a
los ascensos, pases a retiro y reordenación de escalillas. Tradicionalmente es
a finales de año cuando el Ejército argentino reclasifica sus mandos y de ahí
el empeño militar de no entregar el poder hasta el mes de enero; así, los
mandos del Ejército durante el primer año de democracia habrán sido nombrados
por la Junta Militar. Pero si aumentaran las disensiones en el Ejército,
Nicolaides estaría dispuesto a adelantar varios meses las reclasificaciones
para diseñar otra cúpula de mando en las fuerzas de tierra. Respecto a las
amnistías, se espera una de carácter especial que devolvería los derechos
políticos a Isabel Martínez de Perón. Fuentes solventes del peronismo estiman
que la viuda de Perón regresará a Argentina después del congreso justicialista
de agosto que designará el candidato a la presidencia, y antes de las
elecciones de octubre. No presidiría el partido, pero sí "el
movimiento", deviniendo en una suerte de jefa espiritual o ideológica del
peronismo.
El
Ejército, por otra parte, se ha hecho cargo de la seguridad en la provincia de
Tucumán, donde más de 1.500 policías continúan autoacuartelados en reclamo de
mejoras salariales. El general Merlo fue obligado el martes por el presidente
Bignone a renunciar a su cargo de gobernador, tras haber intentado dispersar a
los policías rebeldes revólver en mano. Merlo se autojustifica asegurando que,
"como general argentino, estoy capacitado para usar armas de fuego".
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