Las tesis de febrero (28-2-1982)

Antes del inicio del proceso del 23 de febrero pocos españoles dudaban sobre lo que se trataba de enjuiciar: un golpe militar destinado a frenar el proceso democrático, basado en un empedramiento de egoísmos corporativos, incultura política y rencores personales, que hubiera sumido a este país en el descrédito y, acaso, en la sangre, el terror y el oscurantismo. A la semana del juicio, por mor de unos pasos procesales que nunca hubieran respetado los sublevados, ya ni siquiera sabemos si existió el golpe de febrero. Hemos entrado en una zona informativa y judicial en la que los árboles de las llamadas telefónicas incomprobables, las entrevistas personales indemostrables, los comportamientos individuales en fechas determinadas o las reputaciones de toda la vida, impiden ver el bosque en toda su brutal dimensión: la primera sociedad en la historia de las relaciones políticas que pasa de una autocracia a una democracia, en paz y sin depuraciones, ve frustrado su acceso a los manuales de ciencia política por un grupo de militares que estiman como Mirabeu que Prusia no es un Estado que posea un ejército, sino un ejército que posee un Estado. Y que ese ejército, por el mero hecho de estar constituido como tal, se encuentra en su derecho de dictar las leyes políticas que han de hacer felices a los ciudadanos y a la patria.Las tesis de febrero se distribuyen antes; y después del golpe. Antes se quiere vender la idea de que un estado de necesidad crea las condiciones objetivas para una intervención militar: terrorismo, descontrol de las autonomías, paro, etc. Después del golpe se pone en circulación la idea de que gracias al 23 de febrero la clase política española recapituló y recondujo sus pasos hacia una situación más o menos tolerable cómo la actual. Ergo los encausados en este proceso son patriotas que han logrado un bien para el país. No se debe cargar la mano sobre tales caballeros, tan proclives al sacrificio personal.

Todo ello encierra una falacia más en este juicio. La cúspide de los 33 encausados ha tenido que responder a preguntas sumariales sobre cómo tenían previsto acabar con el desempleo, el terrorismo o el sentimiento autonómico. No saben, no contestan es la resultante mayoritaria a esta interrogante. No podía ser de otra manera cuando el terrorismo reciente nace en España bajo los últimos años del régimen franquista y cuando el paro -paliado por Franco y una administracción tecnócrata en base a tina dolorosa emigración masiva- se acrecienta, como en todo el Occidente desarrollado, por una crisis energética disociada de la bondad o maldad de las opciones políticas.

Así, para un grupo de militares los problemas contemporáneos que afectan al Occidente industrial se diluyen como un azucarillo ante los supuestos efectos taumatúrgicos de un sable colocado encima de la mesa. Obviamente hay algo más que todo eso: la visceral incomprensión de Milans sobre las bondades de la democracia y la adscripción de su monarquismo a las tesis de un Eugenio Vegas Latapié (Carlos I contra Carlos III), a más de la proximidad del 23 de febrero a su pase a la situación B y su no entrada en la historia de España, o el mesianismo de Armada, autoconsiderado como hombre-remedio para los males y sinsabores del siglo XX.

Pero antes y después del golpe hay más tesis de febrero. Una es la que se esfuerza por destacar a toda costa la nobleza personal, el cociente intelectual y la profesionalidad de estos hombres que ahora se juzga. Nadie ha negado sus cualidades personales. Cuando ha venido a cuento recordarlas así se ha hecho y para nada afectabn al desarrollo de lo que se enjuicia. Pardo Zancada -ese mito a crear- es inteligente y humanamente valioso. ¿Y qué?. Por ello es más culpable de no haber obedecido las órdenes de su Rey. Nunca la deficiencia intelectual ha sido tenida por agravante de las conductas. A mayor discernimiento, mayor culpabilidad.

En esta teoría de despropósitos ha llegado a considerarse los buenos resultados logísticos de la ocupación de Valencia por Milans y el éxito táctico de Tejero al ocupar un Congreso. Sobre esto cabe toda una traslación, nada irónica, sobre las páginas de sucesos de los diarios. Cabría, si así son las cosas, escribir sobre la limpieza del navajazo que acabó con un ciudadano o sobre la acertada puntería del pistolero de turno. Los delitos también tienen su técnica y su arte -por supuesto-, pero siguen siendo delitos.

¿Ha mejorado este país tras la barbaridad de febrero?. Hemos perdido el crédito internacional acumulado en los cinco años anteriores que nos reputaba de país civilizado, el vídeo de Tejero en el Congreso ha recorrido el mundo dificultando nuestra financiación y abundando en la imagen de una España retrasada y tercermundista. Ha empobrecido el horizonte de esta sociedad ante el, tan falso como lógico, sentimiento común de amenaza militar. Ha escarbado en el foso entre sociedad civil y estamento castrense. Hace falta villanía, egoísmo e insensatez para dar por buena la tesis de que el 23 de febrero ha aportado algo bueno a este país.

Ciñéndonos al juicio madrileño de Campamento, no debemos perder de vista que -excepción hecha de Armada- no se enjuician conductas, sino graduación de las mismas. Tejero y sus guardias ocuparon y secuestraron el Congreso. Eso no hay que demostrarlo, se sabe. Milans y su equipo de Valencia pusieron a esta sociedad a un brete de la guerra civil. Y no les sirve de excusa una pretendida lealtad al Rey. La Constitución se encuentra por encima de la figura del monarca, a quien, así, han traicionado doblemente.

Las anteriores son las perspectivas políticas -y hasta éticas- que no deben olvidarse. Los últimos días y los próximos, en el obligado seguimiento procesal del juicio, continuaremos reflexionando sobre el alcance de cada responsabilidad concreta. Pero en ningún caso sería inteligente caer en la creencia de Armada, expresada ante testigos tras uno de sus careos con Milans: "Aquí lo que hace falta es un hombre con imaginación para resolver todo este embrollo". Embrollo hay, sin duda, pero lo que aquí entendemos por pasteleo desde Martínez de la Rosa a nuestros días no cabe a estas alturas. Este no debe ser un proceso contra el ejército ni un proceso contra el sistema democrático. Debe ser un juicio en el que además de dilucidar responsabilidades concretas se evidencie la capacidad de una comunidad libre para erradicar un síndrome militar, de origen muy sectorizado y que pesa sobre esta sociedad desde la pérdida de las colonias y, con mayor intensidad, desde el ocultamiento del informe del general Picasso mediante el golpe militar de Primo de Rivera.

Sigue el proceso, caben fundadas esperanzas de que sea devuelta su acreditación al director de Diario- 16 y -para qué lo vamos a olvidar- no faltan las expectativas agoreras sobre nuevos incidentes procesales y extraprocesales, destinados no a influir en el juicio sino a calentar su clima. No por ello los que han hecho lo que hicieron -colocarnos al borde de una confrontación civil- encontrarán una mejor comprensión ciudadana o una exculpación judicial. El día a día del proceso, que nos adentra en los detalles conspirativos, no puede borrar los orificios en el estuco del Congreso o los desperfectos en el asfalto de las calles de Valencia. Ni el miedo generalizado de aquella noche de febrero. No hay otra tesis.