La séptima sesión de la vista del juicio contra los 23 procesados
por la rebelión militar del 23 de febrero prosiguió ayer con la lectura de los
testimonios solicitados por Ramón Hermosilla, defensor del general Armada, y
finalizó con la lectura de la declaración del teniente coronel Sanz Esteban,
solicitada por Adolfo de Miguel en su turno de defensa del comandante Pardo
Zancada. El presidente de la sala, teniente general Luis Alvarez, denegó las
solicitudes efectuadas por los defensores del general Torres Rojas y el
comandante Pardo Zancada para que se leyeran dos artículos periodísticos
anteriores al intento de golpe de Estado, uno publicado en el diario El Alcazar
y otro firmado por Emilio Romero en el diario ABC. El defensor de Alfonso
Armada se apoyó en los testimonios de algunos capitanes generales para intentar
sostener, como ya hizo en la anterior sesión, que la llamada solución Armada
fue defendida y propuesta por el general Milans. Son especialmente
significativas en este sentido las declaraciones de los capitanes generales de
Canarias y Zaragoza, tenientes generales González del Yerro y Elícegui Prieto.
Repítase una palabra o una
breve oración varias veces y se observará, como rápidamente va perdiendo su
sentido hasta convertirse en un recitado mecánico e ininteligible para el
propio orador, Algo similar puede terminar por producirse en la relatoría de
este proceso. Tantas veces -¡Y estamos empezando!- hemos escuchado lo que
hicieron los encausados, lo que dejaron de hacer, lo que escucharon y lo que
dicen haber oído, sus remisiones a instancias más altas, que se corre el
peligro intelectual de perder el hilo del juicio y naufragar estrepitosamente
en un ensopado de anécdotas, frases más o menos
felices e irrelevancias procesales o políticas. Así, ya de lleno en la primera
fase de la intervención de las defensas, hay que acorazarse mentalmente ante
las repeticiones que no siguen un hilo conductor hacia determinadas
deducciones, sino que procuran remachar esquemas de opinión favorables a cada
defendido.A este respecto no es desdeñable, de la sesión de ayer, el tan eficaz
como monótono desfile de declaraciones de capitanes generales con mando en
plaza testificando sobre la caballerosidad o solvencia patriótica del general
Armada. El argumento básico de su defensor, Ramón Hermosilla, parecía ser el de
"atreveros a condenar a treinta años a un hombre que recaba estas
opiniones de nuestros capitanes generales". Opiniones por supuesto
excelentes, un punto incidentes en las virtudes teologales y morales, y menos
exultantes respecto a la santificación que debe hacerse de otras obligaciones
civiles. No obstante, si alguien hubiera tenido alguna duda de que el general
Armada era eso que se entiende comúnmente por un
señor, este proceso le
hubiera evitado la reflexión. El abogado Hermosilla, que ayer terminó su turno
de lecturas sumariales, ha logrado -escrito sea con todos los respetosque un
nutrido grupo de capitanes generales entonen a coro Es un muchacho excelente en honor de Armada. Como recurso
procesal esto carece de reproche, aunque no sirva para dar mínima luz sobre las
responsabilidades políticas y militares de este paradigma del caballero militar
y cristiano.
El protagonista de la sesión
de ayer fue el presidente de la Sala, teniente general Luis Alvarez Rodríguez.
El comienzo de su presidencia fue extremadamente cauto y moderado. Toleró la
lectura de la hoja de servicios de Milans y -hoy- parte de la del general
Torres Rojas, que nos ilustró sobre la afiliación falangista de este ex-jefe de
la Acorazada y acerca de sus marcas atléticas. Pero el presidente, advertido de
las rendijas dilatorias o meramente políticas que pueden pretender abrir la
mayoría de las defensas, ha cortado por lo sano. Aceptando protestas con
destino a futuras casaciones impidió la lectura de una relación de atentados
publicada por El Alcazar y de un artículo de Emilio Romero en
el ABC, en el que presuntamente se, retrataría, por inclusión o exclusión, al
más correcto sucesor de Adolfo Suárez y encarrilador de nuestros problemas.
Una salva de abogados cayó
sobre este infante, que ayer demostró no estar dispuesto a que el juicio se
prolongue hacia el infinito ni a que se decante políticamente en cualquier
dirección. Luis Alvarez Rodríguez tiene una biografía castrense equilibrada
entre el mando de armas y tareas de organización y docencia; mandó unidades de
Regurales durante la guerra civil y blindados en la paz, el Gobierno Militar de
Madrid y la Capitanía de Burgos; pasa a la B en septiembre próximo y tiene en
esta presidencia, de la Sala y del Consejo Supremo de Justicia Militar, el
difícil colofón de su carrera. Tras los tanteos iniciales del terreno, y pese
al grave incidente, aún no resuelto, de la expulsión de un periodista a
petición de los procesados, no parece que vaya a dejarse intimidar por una
defensa que, lógicamente, busca grietas políticas por las que deslizar sus
argumentos, o la inversión del proceso contraquienes
no supieron entender el mensaje de los golpistas y así
devinieron en traidores a una causa presentada como remota y difusamente
ilegal, pero moralmente saludable.
Por lo que se ve y se
escucha, de momento, solo cabe advertir una defensa: la de Armada; nítidamente
dirigida a demostrar que el general no estuvo donde afirma el fiscal ni
propició golpe alguno. Acaso puede reseñarse el ímpetu juvenil de los muchos
años de Adolfo de Miguel, defensor de Pardo Zancada, Carrés (quien sigue sin
personarse en la sala) y Camilo Menéndez; pero siempre en la línea de esparcir
responsabilidades por doquier. Armada, Cortina, Gómez Iglesias se defienden, afirman que no han sido; los demás, particularmente los más
involucrados procesalmente, insisten en que hay responsabilidades superiores.
Por lo demás, las lecturas
solicitadas ayer por las defensas -Armada, Torres Rojas y los encausados al
cuidado legal de De Miguel- no acaban de dejar mal al teniente general Gabeiras
(de quien nos enteramos que la tarde del 23 de febrero, al regresar de la Junta
de Jefes de Estado Mayor, distribuye granadas de mano entre su guardia) y
arroja a las tinieblas exteriores al general Juste, entonces al frente de la
Acorazada, por sus supuestos titubeos. Prácticamente la plana mayor de la
Brunete atestigua que Juste no perdió el mando de la misma en ningún momento,
aún cuando se supusiera. subjetivamente que no se encontraba satisfecho de las
órdenes que en un principio despachaba su Estado Mayor. Estamos ante una
deposición sumarial destinada a exculpar al general Torres Rojas, quien puede
que no impartiera órdenes directas a su antigua división, pero cuya presencia
física -es un hombre querido en El Goloso- tuvo que influir en los ánimos de
sus antiguos subordinados y de su sucesor.
Esta sesión ha servido
igualmente para resaltar el. papel de Quintana Lacaci, Capitán General de
Madrid. Sin sus frenéticas llamadas telefónicas regresando unidades a sus
cuarteles, una sospechosaOperación Diana modificada hubiera ocupado los centros
neurálgicos de la capital. Bajo la clave lunes toda la parafernalia de ese aparato
intimidatorio de la División Acorazada estaba dispuesta -con carburante y
munición y los permisos suspendidos desde una hora antes del asalto de Tejero
al Congreso- y en línea de salida hacia emisoras de radio, periódicos,
televisión -a la que llegaron-, nervios de comunicación o de energía, etc.
El Rey -no podía ser menos
en esta fábula de las exculpaciones por arriba- sigue apareciendo como el dosel
jerárquico en que se recuestan no pocos de los encausados. Las precisiones
teóricas alcanzan su cumbre en el general Torres Rojas cuando insiste en
precisar la supuesta voluntad de la Reina en la reconducción de nuestro proceso democrático. La
Reina, que constitucionalmente no puede asumir funciones constitucionales, resulta
que es traida a colación -no se sabe a cuenta de que- precisamente por quienes
soslayan directa o tortuosamente el texto constitucional. Afortunadamente no es
una sorpresa la remisión continua de casi todos los encausados a la obediencia
debida a la autoridad de los Reyes. Ayer ya se habló en plural de la Monarquía
a la hora de aliviar responsabilidades y atender directrices máximas; como si
la Corona fuese un matrimonio al frente de una sociedad anónima. Un elemental
repaso al calendario horario del 23 de febrero nos coloca en la pista de que el
Rey, a los veinte minutos delgolpe, había
generado las suficientes órdenes cómo para que los jefes del Ejército supieran
sin lugar a dudas que aquél se daba contra su nombre. Es una falacia retrasar
la respuesta hasta la intervención televisada de don Juan Carlos. Desde la toma
del Congreso los teléfonos y los télex de La Zarzuela tejieron una red que
evito el desastre.
El general Torres Rojas,
finalmente, no termina de aparecer, mal que pese a su defensa, bajo luces
excesivamente límpidas. Este general fue fulminantemente relevado del mando de
la Acorazada ante el ritmoenérgico que
daba a los ejercicios diarios de su división (sus ejercicios tácticos
penetraban excesivamente en Madrid) y no acaba de convencer su extraña coartada
respecto a su presencia en la división el día de autos. Aduce que vino a
requerimiento de Pardo Zancada y aprovechando que tenía asuntos notariales que
resolver. Sera difícil que convenza al tribunal de que un general de división
corre a requerimiento de un comandante de Estado Mayor -aunque medien asuntos
notariales- y de que su presencia el 23 de febrero en la Acorazada no implicó
una sutil presión psicológica sobre toda la oficialidad de laBrunete y su propio y dubitativo mando natural.
Sea como fuere los temores
de que este sea el juicio
eterno se han disipado en
parte ante un presidente de Sala que ha tomado las riendas en la mano de cara a
dilaciones o extrapolaciones de la defensa. Hay juicio por lo que se puede ver
para rato, pero al menos no parece que la vista oral del 23 de febrero pueda
acabar orillando las responsabilidades personales en favor de un juicio
político. El presidente de la Sala ha tomado la palabra.
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