Los miembros del Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas tomaron ayer la última declaración en Campo de
Mayo -acantonamiento porteño del primer cuerpo de Ejército- al teniente general
Leopoldo Fortunato Galtieri en el proceso que se le sigue por la pérdida de la
guerra de las Malvinas. El ex presidente Galtieri, junto al almirante Isaac
Anaya y el brigadier del Aire Basilio Lami Dozo, está procesado militarmente
por "mal desempeño de sus funciones" en el aspecto civil, y, en el
militar, por "Omisión, impericia o negligencia" y por "no
prestar ayuda a una fuerza en peligro y no proveer abastecimientos necesarios a
la tropa".
El proceso por la pérdida de
la guerra, paralelo al seguido por la guerra sucia contra la subversión, no es
oral ni público y se dilucida en el secreto de los despachos militares. De este
otro proceso, apagado por el de los crímenes sobre la represión, ha trascendido
no obstante la posibilidad de que Galtieri reciba la pena de muerte o en su
defecto cadena perpetua; en cualquier caso se estima que recibirá una sentencia
sensiblemente superior a la de sus camaradas de Junta.Con la declaración de
Galtieri finaliza en este juicio la presentación de pruebas. Es imposible
predecir cuándo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dictará sentencias;
con toda seguridad, los jueces militares esperarán antes de fallar este juicio
a conocer los resultados del otro proceso ante una corte civil.
El general Ramón Camps, ex
jefe de la policía de Buenos Aires, se negó a declarar ante el juez penal de
San Isidro (proximidades de la capital federal) en la causa abierta junto al
también general Omar Riveros y el coronel Sali Pepa por asesinato cualificado
de civiles y enterramientos clandestinos de cadáveres NN (ningún nombre). Ésta
es una faceta más del entrecruzamiento de procesos e indagatorias judiciales en
que está sumida la sociedad argentina y que puede dar pie a la confusión.
Camps, junto a otros jefes oficiales del Ejército y la Armada, permanece
procesado por orden directa de Raúl Alfonsín y su causa se sigue reservadamente
ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Lo que ocurre es que las
denuncias a instancia de parte formuladas por los deudos de los desaparecidos
están movilizando a los jueces civiles, que se ven obligados a abrir nuevos
sumarios. En casos como el del general Camps, ya procesado genéricamente por la
comisión regular de atrocidades la justicia militar le reclama y le ampara
sustrayendo las acciones a los jueces civiles.
Así, en Argentina se están
celebrando actualmente dos grandes procesos: uno por la pérdida de la guerra de
las Malvinas, reservado y ante la justicia militar. Este proceso a su vez
cuenta con dos causas diferenciadas: una contra la junta militar que provocó la
guerra y otra contra oficiales como Alfredo Astiz, que rindieron las Georgias
del Sur sin disparar un solo tiro, o contra civiles como Benjamín Costa Méndez,
entonces ministro de Asuntos Exteriores, acusado de no evaluar correctamente
las consecuencias de una invasión de los archipiélagos australes.
El otro proceso se sigue por
la violación de derechos humanos durante la guerra
sucia Contra la subversión,
y consta igualmente de dos causas: una contra las tres primeras juntas
militares, cuya vista oral y pública se celebra ante una corte civil -pero
aplicando el código militar- por retraso injustificado del estudio del sumario
por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La otra causa permanece
en el ámbito del alto tribunal militar y en ella se sigue, también
reservadamente, el proceso contra jefes y oficiales como Ramón Camps,
contraalmirante Chamorro, capitán de corbeta Acosta, nuevamente el teniente de
navío Alfredo Astiz, etcétera.
Los procesos mayores absorben por su preeminencia las
causasmenores o
individualizadas que brotan como setas en los juzgados de toda la República, y
la imparable inflación económica argentina parece haberse extendido a los despachos
judiciales, civiles y militares.
Por lo demás, en la sesión
del lunes en el proceso por la guerra
suciatestificaron una decena de banqueros y bolsistas desaparecidos por
dos meses en los cuarteles de Campo de Mayo, sospechosos de subversión económica. Con responsabilidades en la extinta
banca Hurlingham, fueron acusados de recibir, blanquear y administrar el dinero negro de los montoneros
obtenido mediante secuestros. Los financieros recibieron un trato vejatorio,
rayando con la tortura física, pero excelente comparado con el dispensado a los
no pertenecientes a la nobleza de la city
porteña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario