Fuentes de la Cámara Federal
de Apelaciones estiman que el juicio a las tres primeras juntas militares
argentinas estará visto para sentencia en el mes de agosto, a tenor de la
marcha del proceso. Los intentos de los abogados defensores por prolongar
artiricialmente el juicio han sido cortados por los presidentes de la Sala de
Justicia -los seis jueces se relevan por semana en la presidencia-, que alargan
las sesiones hasta agotar los testigos citados para cada jornada, y por la
testirícación de tales atrocidades que obligan a las defensas a guardar
silencio y abstenerse de volver a preguntar.
Se estima que el Fiscal
Julio César Strassera puede optar por renunciar a la presentación de los 711
casos en los que ha centrado su alegato, conformándose con algo menos, de 200,
con lo que podría probar suficientemente, en su opinión, la responsabilidad de
los nueve triunviros en el genocidio cometido en Argentina entre 1976 y 1982.
La única estrategia válida para las defensas consistiría en la renuncia de
algún letrado, lo que obligaría a repetir las actuaciones respecto de su
deflendido, con el consiguiente retraso procesal y escándalo político.Pero, en
su conjunto, el proceso continúa con toda normalidad y mejor de lo previsto;
incluso la expectación ciudadana no es grande y los asientos destinados al
público presentan numerosas vacantes. El temor ha pasado de lo que pudiera
argumentarse en la sala del juicio a la provocación callejera que pueda
perpetrar la infraestructura paramilitar y parapolicial, aún sin desmontar.
Cuando el lunes volaron los depósitos de pólvora de Fabricaciones Militares en
el puerto de Buenos Aires -un mero accidente, con tres víctimas mortales-, con
una explosión que alarmó a la ciudad, que observaba la caída de las vidrieras y
una columna de hongo atómico levantándose sobre los malecones portuarios, se
temió el comienzo de los atentados desestabilizadores.
El plan de un paranoico
Nada ha ocurrido aún, pero
el ministro del Interior, Antonio Troccoli, ha reconocido la existencia de
planes operativos supuestamente organizados por los generales Ramón Camps y
Benjamín Menéndez desde sus respectivas prisiones en Buenos Aires y Córdoba,
donde esperan juicio. Camps fue cuantitativamente el mayor represor argentino
en su calidad de jefe de la policía bonaerense, y desde la cárcel ha afirmado
que volverá al poder y que no le temblará la mano cuando firme la futura orden
de fusilamiento del presidente Raúl Alfonsín. Es un paranoico. Luciano Benjamín
Meriéndez, tío carnal del que rindió las Malvinas a las tropas británicas, es
el máximo exponente del halconismo militar y, como comandante en jefe del
III Cuerpo de Ejército, acantonado en la provincia de Córdoba -segunda capital
del país, importante centro fabril y universitario-, se distinguió en la
ferocidad de la guerra sucia contra la subversión de
izquierdas.Según ElPeriodista de Buenos Aires -semanario de izquierdas que apoya
críticamente al Gobierno radical y defiende enérgicamente la continuidad
democrática-, estaría en marcha un operativo blanco y azul -los colores de la
enseña nacional por el cual serían asesinados en unanoche de los cuchillos largos centenares de políticos,
periodistas, intelectuales, etcétera. A la confirmación del ministro del
Interior se ha unido la captura por la Policía Federal de comandos que
disponían de arsenales de granadas de fabricación española, kilos de trotil y
variado armamento de guerra.
Por lo demás, sobre la Sala
de Justicia de la Cámara Federal de Apelaciones siguen cayendo desgarradores
testimonios de las víctimas de los suplicios.
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