Jacobo Timerman -ex director de La Opinión, actual subdirector
ejecutivo de La Razón, desaparecido y torturado bajo la dictadura militar
argentina, estadounidense- compareció el viernes ante el juicio de Buenos Aires
para testificar larga y minuciosamente contra sus verdugos. El autor de Preso
sin nombre, celda sin número, obra sobre la que se realizó una serie de
televisión, centró sus ataques contra el general Ramón Camps, ex jefe de la
policía de Buenos Aires.
Acompañado por su
esposa, Risha; digno, seguro de sí mismo, agresivo y acusatorio en sus
respuestas al tribunal, Timerman terminó de demoler jurídicamente el general
Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, al que reconoció como uno de sus
torturadores. "Me confesé judío, sionista y socialista, y eso me salvó la
vida. Camps pensó que tenía en sus manos un proceso espectacular que
demostraría la conjura judeomarxista contra Argentina".Tímerman, a quien
le aplicaron corriente eléctrica tendido en una camilla de lona empapada de
agua, es el más prestigioso periodista argentino, y sobre su caso el general
Camps creyó haber encontrado una clave conspiradora internacional, viniendo a
establecer que el diario que dirigía -La
Opinión- era
financiado con el dinero que los Montoneros obtenían de sus exacciones y
secuestros cobrados.
Para la
mentalidad nazi del general Camps, el sionismo de Timerman, que publicaba en su
periódico las peticiones de hábeas corpus por los desaparecidos, terminaba de
maquillar al enemigo perfecto de Argentina: el judeomarxismo internacional.
Timerman recordó
cómo sus torturadores se planteaban la existencia de una tercera guerra
mundial, secreta y no declarada, entre el marxismo y la civilización cristiana
occidental, cuya batalla más cruenta se estaba librando, precisamente, en
Argentina. El almirante Massera fue más explícito y concreto: en conversaciones
privadas le admitió que no podía procederse a consejos de guerra sumarísimos
seguidos de fusilamientos "porque el Papa se opondría".
También se
comentó que si se planteara internacionalmente el problema de la desaparición
de personas se perjudicaría la política económica desarrollada por el entonces
ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, furibundo monetarista y
responsable de laguerra sucia económica
y del vaciamiento financiero del país.
Los testimonios
contra Camps, al margen de su peso en la causa que se sigue contra él,
refuerzan la responsabilidad penal de la primera Junta Militar: Camps, entonces
coronel y jefe de la policía de Buenos Aires, dependía directamente de la
comandancia del I Cuerpo de Ejército, que mandaba el ahora prófugo general
Suárez-Mason.
Sólo había dos
escalones de mando que estaban por encima de las atrocidades de Camps:
Suárez-Mason y el teniente general Videla.
Jacobo Timerman,
que tras la tortura fue expulsado del país y privado de su ciudadanía, recordó
las responsabilidades de la Iglesia católica argentina por haber guardado silencio
sobre la barbarie cometida, permitiendo que continuara la matanza; de la
comunidad judía argentina, por no haber reaccionado en la medida de sus
posibilidades contra el genocidio, y del periodismo nacional, por haberse
resignado y amedrentado tras la desaparición de cerca de 100 de sus miembros.
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