Por tres votos contra dos,
la Corte Suprema de Justicia argentina decidió que el ex teniente coronel Aldo
Rico sea juzgado por la justicia militar y no por la civil, que también le
reclamaba. Aldo Rico se atrincheró entre el 16 y el 19 de abril en la Escuela
de Aplicación de Infantería de Campo de Mayo, cuartel general del Ejército.
La acción de Rico provocó la
ruptura de la cadena de mando en el Ejército de Tierra y la caída del jefe del
Estado Mayor de la fuerza.El teniente coronel fue separado de las fuerzas
armadas por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el juez federal Daniel
Piotti le intimó a la rendición procesándole por rebelión. Ahora, el fallo de
la Corte Suprema ha decidido que el juicio contra el ex teniente coronel
corresponde a la justicia militar por cuanto "no surgen elementos que
permitan, afirmar que el procesado pretendió arrancar una medida o concesión a
algunos de los poderes públicos del Gobierno nacional".
La Corte Suprema
preestablece así que la asonada de Rico fue un motín y no una rebelión. Los
magistrados Jorge Bacque y Enrique Petracchi disintieron, estimando el primero
que los sucesos de Semana Santa constituyeron una rebelión y el segundo que en
el caso Rico debe actuar primero la justicia militar y después la justicia
civil.
El caso es que Aldo Rico, preso
en Campo de Mayo, ha visto satisfechas sus aspiraciones de ser juzgado en su
fuero. De cualquier manera, tras la reforma del Código de Justicia Militar
argentiro en 1984, todas las sentencias castrenses son apelables ante la
justicia ordinaria. Así, en el futuro , la fiscalía de la Cámara Federai de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional podrá intervenir sobre la sentencia
que Rico reciba de sus camaradas de armas.
Por otra parte, ayer se
reunió durante toda la mañana el almirantazgo argentino para deliberas sobre la
situación del teniente de navío Ignacio Alfredo Astiz, quien tiene retrasado
dos años su ascenso a capitan de corbeta.
Alfredo Astiz vio congelado
su ascenso al encontrarse involucrado en gravísimos delitos contra los derechos
humanos, como la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin y de las
rrionjas francesas Alice Domon y Lconie Duquet.
La primera causa contra él
prescribió, aunque se probó su culpabilidad, y de la segunda fue desprocesado
en virtud de la ley de
obediencia debida.
No se espera que antes de la
próxima semana el presidente Alfonsín decida sobre el ascenso de Astiz, aunque
se sabe de su intención primera de ascenderle -con la ley en la mano no puede
hacer otra cosa- y exigirle de inmediato su pase a retiro. Otra solución más
suave consistiría en ascenderle a capitán de corbeta y dejarle indefinidamente
en disponibilidad para ganar tiempo, al tiempo en la esperanza de que se aburra
y pida él mismo su retiro. En cualquier caso, la sociedad civil no puede
tolerar que un oficial como Astiz prosiga y culmine su carrera naval.
La reacción de la Armada
argentina es imprevisible y comprende dos supuestos máximos y peligrosos. La
cúpula naval encabezada por el vicealmirante Ramón Arosa, podría pedir su
propio pase a retiro, si se corta la carrera de Astiz, provocando una crisis en
el arma, dado que ningún otro almirante aceptaría sus tituir a Arosa. Menos
probable pero posible es que los compañeros de promoción de Alfredo Astiz,
tenientes de navío y capitanes de corbeta, se autoacuartelen en la base naval
de Río Santiago en defensa de su camarada y en una reedición del planteo del
Ejército de Tierra durante Semana Santa.
El presidente Raúl Alfonsín,
una vez más, se ve abocado a elegir entre la peste y el cólera.
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