Antes del próximo 31 de
diciembre el teniente de navío Ignacio Alfredo Astiz será ascendido a capitán
de corbeta, al haber sido declarado apto para el empleo inmediato superior por
la junta de calificaciones de la Armada argentina. Astiz debería haber
ascendido en 1985, pero los procesos en que se vio involucrado por violación de
los derechos humanos demoraron su ascenso.
Una vez ascendido, el flamante
capitán de corbeta deberá iniciar su período anual de vacaciones, por lo que
podrá retrasarse hasta comienzos de febrero la decisión de otorgarle destino,
sugerirle el retiro, obligarle a retirarse o dejarle indefinidamente a
disponibilidad del Estado Mayor de su arma.No obstante, la presión de la Armada
es muy fuerte y cerrada para que Astiz prosiga su carrera naval sin ninguna
interferencia del poder político. El presidente Raúl Alfonsín y su ministro de
Defensa, Horacio Jaunarena, han mantenido reuniones con expertos jurídicos
civiles y militares sin encontrar el menor resquicio legal para impedir el
ascenso del oficial que comandó un grupo
de tareas en la Escuela de
Mecánica de la Armada durante la guerra
sucia contra la subversión,
bajo el apodo de Cuervo. Astiz es acusado, entre otros delitos,
de la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, y de las monjas
francesas Alice Domon y Leoni Duquet.
Su pase a retiro por orden
del ministro de Defensa sería una decisión política que debería enfrentarse a
la explícita amenaza de la dirección de la fuerza, que encabeza el
vicealmirante Ramón Arosa, de dimitir el bloque. Sólo dentro de 10 años, si el
régimen democrático pervive en la Argentina, Astiz podría ver truncada su
carrera sin traumas institucionales; en 1997 deberá hipotéticamente ascender a
capitán de fragata, rango a partir del cual sólo se puede ascender mediante
acuerdo secreto del Senado de la nación.
Esperanza remota
Resta una remota esperanza
de que Astiz solicite voluntariamente su retiro y acepte las ofertas que se le
están haciendo de trabajar como instructor de la Marina, en astilleros civiles
o incluso como agregado a una embajada como la de Argentina en Suráfrica, donde
ya sirvió durante algunos años a plena satisfacción del régimen surafricano. El
caso es que el presidente Alfonsín, tras el golpe de Estado blando del Ejército de Tierra durante la
pasada Semana Santa, y perdida su mayoría parlamentaria y en las gobernaciones
de las provincias en las elecciones del 6 de septiembre, carece de poder real
para plantarle cara a la Armada.Cabría una última posibilidad de solucionar el
caso Astiz en un terreno judicial.
El Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas, máximo tribunal castrense, juzgó y condenó a los responsables
militares de la pérdida de la guerra de las Malvinas. Dado que, desde la
asunción del Gobierno radical, las sentencias militares son apelables ante la
justicia ordinaria, el fiscal federal Julio César Strassera recurrió aquellas
por no estimarlas ajustadas a derecho; particularmente la que absolvía a Astiz
por la rendición de las islas Georgias del Sur sin disparar un solo tiro, aún
en el supuesto de haber recibido órdenes para hacerlo así.
Código de honor
La fiscalía de la Cámara
Federal de Apelaciones estima que según el código de honor de las Fuerzas
Armadas argentinas, el jefe de una plaza no puede rendirla sin haber agotado el
parque o haber perdido dos tercios de sus hombres en la batalla.Si en esta apelación,
que comenzará a verse en febrero próximo, el ahora capitán de corbeta Alfredo
Astiz resultara condenado, se facilitaría políticamente su definitivo retiro de
la Armada argentina.
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