Un comando de 10 personas jóvenes, atléticas, con el pelo rapado,
tomó por asalto a primera hora de la mañana de ayer el centro emisor de Radio
Belgrano, a 30 kilómetros de Buenos Aires. Tras atar y amordazar a los tres
técnicos de mantenimiento de la planta emisora, los asaltantes colocaron cargas
expansivas e incendiarias y destruyeron completamente las instalaciones, sin
ocasionar víctimas. Radio Belgrano es una de las emisoras más antiguas de
Argentina; desde sus micrófonos, Evita Perón, actriz de radioteatros, movilizó
a las masas hacia la plaza de Mayo para exigir la libertad del entonces coronel
Juan Domingo Perón, detenido en un hospital militar.
Radio Belgrano,
expropiada por la dictadura militar, aún no ha sido privatizada y es
administrada por el Estado; en cerca de dos años de democracia su programación
ha sido la más avanzada y libre en la crítica a los horrores de las juntas
militares. Recientemente el líder de la Unión de Centro Democrático, ingeniero
Álvaro Alsogaray, públicamente acusado de mantener contactos con el golpismo
militar, reputó de infiltrados marxistas a sus redactores.El atentado ha sido
unánimemente repudiado y achacado a la mano de obra desocupada: los integrantes
de los grupos de tareas parapoliciales y paramilitares que entre 1976 y 1982
expandieron el terror represor en Argentina. En la misma mañana Radio Belgrano
regresó a las ondas gracias a una operación de ayuda técnica montada con toda
urgencia por el resto de las emisoras porteñas.
Tras este primer
atentado producido a la semana del inicio del juicio contra las juntas
militares argentinas, el Gobierno se reunió en la residencia presidencial de
Olivos para perfilar los detalles de la economía de guerra anunciada por Raúl
Alfonsín y que origina serias divergencias en el equipo ministerial.
Por supuesto que
la figura oratoria de Alfonsín hace referencia al cúmulo de privaciones y a la
disciplina económica que habrán de afrontar los argentinos y no a una
intervención de la economía; antes bien, el Gobierno se apresta a privatizar
buena parte del extenso sector público argentino y a encarar las causas de que
Yacimientos Petrolíferos Fiscales -la CAMPSA argentina- sea la única empresa
extractora de petróleo que pierde dinero en el mundo o que los Ferrocarriles
Argentinos pierdan un millón de dólares diarios.
Las diferencias
de criterio entre los radicales sobre la aplicación de una cirujía de caballo a
la economía del país podrían motivar una crisis gubernamental de amplias
proporciones. Los intentos de moralizar la vida económica ya comenzaron a
advertirse hace tres meses con el rígido control aduanero y las batidas policiales
por la city porteña, intentando dificultar las transacciones financieras
ilegales basadas en el dólar estadounidense. Los depósitos en moneda extranjera
están intervenidos y sólo puede retirarse su contravalor oficial en pesos
argentinos. El Gobierno intenta, todavía débilmente, poner fin a la
superestructura económica porteña que vive, ahorra, compra, vende y presta en
dólares estadounidenses, en negro, y al precio de su propio mercado
clandestino.
Por su parte, la
Confederación General del Trabajo (CGT) ha comenzado en Rosario, la tercera
capital de la República, su primera movilización contra la política económica
del Gobierno, que habrá de culminar el 23 de mayo en una huelga general de 24
horas. Los secretarios de la CGT se reúnen previamente, en cada provincia a
movilizar, con el obispado local, procurando -y obteniendo- el apoyo de la
Iglesia católica para sus reivindicaciones.
No obstante,
monseñor Novak, obispo de Quilmes, uno de los escasísimos prelados progresistas
argentinos, ha denunciado a los dirigentes sindicales "que hacen de su
función un negocio".
La CGT comienza
así su mes de movilizaciones fuertemente golpeada por la indignación general
provocada por las declaraciones, ante el juicio a las juntas, de sus
secretarios Tríaca y Baldassini, quienes afirmaron -desconocer la desaparición
de líderes sindicales durante la represión militar (un 30%. de las
desapariciones). Además del viejo y tácito pacto sindical-militar que ha
presidido buena parte de la reciente política argentina, se estima que la
extrema prudencia de los secretarios declarantes está fundada en la posesión
por las fuerzas armadas de los antecedentes mafiosos, delictuosos y comunes de
la dirigencia burocrática del sindicalismo peronista.
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