El juicio contra los
integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país entre
1976 y 1982, procesados por uno de los primeros decretos del presidente Raúl
Alfonsín, comenzará mañana en Buenos Aires.
Simbólicamente, se sentarán
en el banquillo de los acusados -no tienen obligación de comparecer, salvo en
determinadas circunstancias procesales- los tenientes generales Jorge Rafael
Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, ex presidentes de
la República y comandantes en jefe del Ejército de Tierra; los almirantes
Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini e Isaac Anaya, comandantes en jefe
de la Armada e integrantes de la juntas militares, y los brigadieres del Aire,
comandantes de la Fuerza Aérea y triunviros militares Orlando Ramón Agosti,
Omar Graffigna y Basilio Arturo Lami Dozo.
Los nueve se encuentran
procesados por detención ¡legal, desaparición de personas, aplicación de
tormentos a los detenidos y robos de bienes a los ciudadanos. Sólo el teniente
general y ex presidente Videla ha rechazado el proceso, reclamando su juez natural
-la justicia militar-, y es defendido de oficio.
El juicio se celebrará, ante
la Cámara Federal de Apelaciones de lo Criminal y Correccional, por el fuero
militar, tras que ésta reclamará la causa al Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas (máximo tribunal castrense) por demora injustificable de la instrucción
del juicio. La cámara está integrada por seis jueces civiles y su presidente, y
en el juicio intervendrán 21 abogados defensores. Al menos 2.200 personas
comparecerán como testigos del fiscal y las defensas en las audiencias, que
serán orales y públicas. El primer testigo en comparecer será Italo Argentino
Lúder, vicepresidente de la nación, en su calidad de presidente del Senado con
Isabelita Perón y candidato peronista en las últimas elecciones presidenciales.
Las medidas de seguridad son
excepcionales, y se ha llegado a cortar el tráfico en los aledaños del Palacio
de Tribunales, situado en pleno centro urbano de la capital. Unos 400
periodistas argentinos y extranjeros habrán de repartirse por sorteo 80 plazas
diarias para seguir directamente el juicio.
La fiscalía centrará su
alegato en 709 casos documentados y representativos de todas las provincias del
país de desaparición de personas, detenciones ilegales, internamiento en campos
de concentración clandestinos, aplicación sistemática de torturas y robos de
bienes llevados a cabo por personal de las tres armas de las fuerzas armadas.
Las defensas plantearán una
línea de actuación política basada en elestado de necesidad -conculcación de un derecho para
alcanzar un bien común superior-, en la orden impartida a los militares por la
presidenta Isabel Perón de exterminar a las guerrillas de izquierdas, en la
supuesta injusticia de que el proceso no se vea ante el tribunal militar
correspondiente y en la supuesta ausencia de conexión directa entre los
crímenes presentados por el fiscal y los nueve encausados.
Se espera todo un
cuestionamiento en regla del sistema democrático por parte de las defensas y
todo tipo de provocaciones desestabilizadorás y extraprocesales por parte de la
extrema derecha militar y civil involucionista. Los acusados y sus valedores no
acaban de entender por qué se les procesa por lo único que, a su juicio, han
hecho bien: el aniquilamiento de la subversión, sobre la que indudablemente
triunfaron, en contraste con el desastre económico de su gestión administrativa
y la derrota en las islas Malvinas frente a las tropas británicas. El
contralmirante Mayorga, defensor del general Camps, ex jefe de la policía
bonaerense y procesado en otra causa, ha sido explícito a este respecto:
"Teníamos que haber fusilado en la cancha del River, con coca-cola gratis y televisándolo. El error fue
hacerlo todo ilegalmente y no haber firmado la declaración de guerra
interna".
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