Los tres integrantes de la
cuarta y última Junta Militar argentina -teniente general Nicolaides, almirante
Rubén Franco y brigadier general Augusto Hughes- comparecieron el viernes ante
el juicio de Buenos Aires seguido contra sus nueve antecesores en la
gobernación militar del país.
Los tres últimos triunviros,
tras la pérdida de la guerra de las Malvinas, administraron la transición a la
democracia bajo la presidencia nominal del general Reynaldo Bignone.
Los tres, particularmente el
general Cristino Nicolaides, destacaron el carácter de guerra que tuvo el enfrentamiento armado
contra la subversión de izquierdas. Nicolaides afirmó: "Como profesional
militar no tengo dudas de que ésta fue una guerra, y para ello voy a dar tres
argumentos. El primero es que había dos opositores armados cuyo objetivo era la
conquista del poder, uno la buscaba para imponer una ideología de izquierdas
ajena a las tradiciones y al sistema de vida del país. En segundo lugar, las
Fuerzas Armadas fueron convocadas por decreto para oponerse a esa usurpación,
es decir, salieron en cumplimiento de un mandato constitucional y lo lograron.
En tercer lugar, se habla de represión, pero yo me he tomado el trabajo de leer
el diccionario de la Real Academia y dice que represión significa neutralizar
los efectos de algo. En cambio, el término aniquilar está directamente
relacionado a la guerra. La guerra busca el aniquilamiento del enemigo".
Perdieron la seguridad
Los tres últimos triunviros
testificaron que la lucha contra la subversión fue responsabilidad de cada arma
y perdieron seguridad cuando se les interrogó sobre el documento final por ellos elaborado. El documento final fue un comunicado conjunto previo a la
ley de amnistía que después derogaría el Gobierno constitucional.
En él se reconocen errores en la represión -se llegan a citar 200
casos- supuestamente castigados militarmente, admitiéndose que personas
inocentes resultaron muertas en acciones de contrainsurgencia.
Nicolaides, Hughes y Franco
aseguraron que la detención de personas desarmadas en sus domicilios
colistituía una acción de guerra y obviaron profundizar sobre el alcance de
párrafos de aquel documento
final en el que se aludía al
"traspaso de los límites de los derechos humanos fundamentales", al
"robo cometido en algunas operaciones" y al "mal comportamiento
con la gente".
En cualquier caso, según los
testigos, se trató de errores que fueron sancionados militarmente. Nicolaides,
el hombre fuerte de la última Junta Militar, se negó por tres veces a
testificar para no resultar incriminado: cuando le preguntaron sobre si los
errores implicaban la tortura y la desaparición de personas, sobre si los
procedimientos inéditos a que se vieron obligadas las Fuerzas Armadas incluían
el tormento a los detenidos y sobre si se consideraba responsable de algún
hecho ilícito.
Reclamando su derecho de no
declarar contra sí mismo, el teniente general Nicolaides fue, al menos,
profundamente sincero y explícito con su silencio.
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